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CEPAL - Serie Políticas sociales N o 156Pueblos indígenas y programas de transferencias con corresponsabilidad…Se ha planteado que ser pobre y ser indígena en América Latina es prácticamente sinónimo(Plant, 1998). Si bien es difícil obtener datos agregados para todos los países de la región, lainformación existente sobre la incidencia de la indigencia en la población indígena y no indígenaconfirma la persistencia de brechas (véase el cuadro 3), aunque con matices, confirmando ladiversidad de contextos que exhibe la inequidad étnica.Así, por ejemplo, en los casos de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia, las brechas sonde distinta naturaleza en las dimensiones revisadas: reducidas o inexistentes en el caso de laeducación, pero marcadas en los ingresos. En el caso de Panamá, por otro lado, se muestra undesempeño consistente en los tres indicadores, manteniendo brechas significativas en lasdimensiones de la salud e ingresos –al menos, para el caso de las zonas rurales para las quedisponemos de información– y sólo levemente menores en educación.Otra cuestión que observamos es el incremento, a lo largo de los años, de la brecha étnica entorno a la indigencia. De esta forma, pese a que en algunos países esta última se ha reducido demanera sostenida en el tiempo, la brecha se incrementa en función de la variable étnica. Este es elcaso de las zonas rurales en Chile, las urbanas en Ecuador y Nicaragua, y rurales y urbanas en elEstado Pluricultural de Bolivia.Todos estos aspectos muestran la necesidad de generar estrategias estatales orientadas a reducirestas brechas, así como promover el acceso de quienes son indígenas a los sistemas de formación decapital humano y otro tipo de activos para disminuir su vulnerabilidad. La actual situación de exclusiónque enfrentan estos pueblos no sólo constituye una fragante contradicción respecto de los avancesexperimentados en términos de su reconocimiento político en años recientes, sino que también unaconculcación de los derechos humanos, como se revisará a continuación.b. Un enfoque étnico en la política social:avances, contradicciones y desafíosEl comienzo de los años noventa marca un hito en la figuración pública de los pueblos indígenas enla región, momento en el cual se expande su movilización social y política a diferentes escalas 4 . Apartir de este momento se hace un llamado especial por parte de organismos internacionales a losgobiernos de la región para generar programas de acción afirmativa, específicamente dirigidos amejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, así como fomentar su participación en losasuntos públicos (ONU, 2005; UNPFII, 2005). En este contexto, el llamado hecho en el año 2006por el Relator Especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas 5 fue precisamente el de cerrarla llamada “brecha de implementación”, es decir, lograr conjugar los estándares internacionalmenteratificados sobre pueblos indígenas con los de nivel doméstico en los ámbitos legislativo, dejurisprudencia y de políticas sociales (CEPAL 2007a: 148).Estas décadas exhiben también logros inéditos a nivel nacional e internacional. Por unaparte, se ha avanzado sustantivamente en materia de derechos indígenas, primero con la aprobacióndel Convenio de la OIT 169 en 1989 6 , y recientemente, con la ratificación de la Declaración de lasNaciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007) (véase cuadro 4). Porotra parte, los Estados de la región han incorporado reformas a nivel legislativo y judicial para su456Diferentes factores contribuyeron a ello, entre éstos la conmemoración de los 500 años desde el arribo de Cristóbal Colón a tierrasamericanas, ante la cual se conformaron una serie de organizaciones y movimientos indígenas de protesta (Bengoa, 2000; Yashar,2005) y la proclamación del comienzo de la Década Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (1994 – 2005) por NacionesUnidas (Hall et al. 2006).Hasta el año 2008, el Sr. Rodolfo Stavenhagen.De los 20 países de América Latina, 12 lo han ratificado, más Chile que lo ratificó el año 2007 con algunas observaciones. Paísesque no lo han ratificado son: El Salvador, Nicaragua, Panamá y Uruguay.17