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CEPAL - Serie Políticas sociales N o 156Pueblos indígenas y programas de transferencias con corresponsabilidad…principio de igualdad y no discriminación, así como de la universalidad en el acceso a losinstrumentos que permitan realizar los DESC (particularmente, en el caso de la carencia de ofertapública de salud y educación).Estos principios son también vulnerados en términos de la calidad y acceso de los serviciossociales de los que disponen quienes son indígenas. Éstos no sólo deben estar disponibles en unacantidad adecuada –cuestión que está lejos de ser alcanzada, especialmente en zonas rurales aisladas–, ycontar con estándares de calidad equivalentes a los de toda la ciudadanía. Para los pueblos indígenas, unámbito crucial es el de la adecuación cultural de los servicios a los que se tenga acceso, aspecto que sólorecientemente ha comenzado a ser trabajado de manera más extensa (CEPAL, 2008).Tanto la definición de garantías sociales en este campo, como la implementación de políticasde acción afirmativa, con metas y plazos explícitos respecto de su diseño y evaluación, podríancontribuir significativamente a mejorar estas contradicciones y desafíos para la ciudadaníamulticultural en América Latina. Esto es coincidente con las recomendaciones del Consejo deDerechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual llama a los Estados a adoptar medidas para laidentificación de los pueblos indígenas como uno de los grupos más vulnerables y afectados por laextrema pobreza en la región, y para eliminar las barreras de tipo sociocultural, político y legal queperpetúan la pobreza (Sepúlveda, 2008b: 10; Cariño, 2005: 30; CEPAL 2008). Tales acciones nosólo son recomendables: son también obligatorias y generan condiciones de exigibilidad para losEstados que han ratificado el PIDESC y el Convenio 169, en su calidad de tratadosinternacionales 9 . En el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de losPueblos Indígenas, si bien ésta no genera obligaciones en la misma línea que los convenios,tratados y pactos, se transforma en una fuente de orientaciones para las políticas sociales que sobrepueblos indígenas se implementen en la región.En este sentido, el principio de complementariedad de los derechos establece que los Estadosdeben velar por una articulación dinámica entre los estándares contenidos en los DESC y los DPI(Salomon, 2005: 7-8). Esto complejiza la acción en materia de política social, pues obliga aconsiderar una doble dimensión de derechos: individuales y colectivos bajo la óptica de laciudadanía multicultural. Al mismo tiempo, los principios de participación y rendición de cuentasse vuelven doblemente normativos para los Estados, pues éstos no sólo son centrales desde unenfoque de derechos, sino también son una dimensión clave de los DPI. Las acciones promovidasen este contexto deben, a su vez, respetar aquellos aspectos claves de reconocimiento de derechosindígenas, como los relacionados a la mantención de sus idiomas, formas de organización ycostumbres que no contravengan los derechos universales previamente reconocidos.Existen diversos ámbitos concretos de interrelación entre los DESC y DPI, con implicanciasdirectas para el diseño de políticas sociales bajo un enfoque de derechos. En el caso del derecho ala educación, la obligatoriedad del acceso a la educación primaria gratuita a lo menos requiere ladisponibilidad de escuelas, su accesibilidad desde la perspectiva de la no discriminación, la libertadde enseñanza bajo un enfoque pluralista en línea con los derechos indígenas, y la pertinencia de laeducación entregada, incluida la enseñanza en el idioma de los alumnos (Wilson, 2005: 56-58). Encuanto al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, se requiere contar con el accesogarantizado la los servicios de salud, no sólo desde la perspectiva de la infraestructura, sinotambién de la pertinencia (CEPAL, 2008). Debe fortalecerse la participación de los pueblosindígenas en cada una de las dimensiones contenidas en este derecho, así como promoverse laincorporación de los sistemas de salud tradicional, si corresponde. En ambas dimensiones, salud yeducación, debe también tomarse en cuenta que los pueblos indígenas cuentan con recursos9La judicialización de los derechos es un aspecto en desarrollo en la región. Mecanismos de reparación de tipo judicial son incluidosdentro de las garantías sociales, aún cuando “los alcances y modelos de judicialización” no están del todo determinados(Abramovich y Pautassi, 2009).21