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CEPAL - Serie Políticas sociales N o 156Pueblos indígenas y programas de transferencias con corresponsabilidad…La dimensión de derechos es la menos desarrollada de forma explícita en los casosexpuestos, en el sentido de potenciar la integración de estos programas a una red más amplia depolíticas, acciones y miradas interculturales de largo plazo en el campo del desarrollo social,económico y político. Esto no es sorprendente, pues si éstos han logrado penetrar las esferasinstitucionales, gubernamentales e internacionales con fuerza durante los últimos años, aúnsubsisten múltiples brechas de implementación. En este sentido, un desafío mayor que enfrentan losEstados de la región es el de construir progresivamente sociedades interculturales en las que los pueblosindígenas tengan un rol central en todos los ámbitos de la vida social y política. Reconocer plenamentesus derechos involucra devolver el poder a estos pueblos para conducir su propio desarrollo. En estecontexto, la implementación de los PTC debiera ser permeada en cada etapa por mecanismos departicipación, empoderamiento y decisión de quienes son sus beneficiarios, para hacer de lastransferencias una más de las herramientas a través de las cuales se mejora, integralmente, el bienestar delos pueblos indígenas y se fortalece su inclusión bajo el respeto de sus derechos.Es relevante también examinar con mayor detención la aplicabilidad de la lógica de lacorresponsabilidad en las transferencias, con miras a evitar la generación de relaciones dedependencia, clientelismo o asistencialismo entre comunidades indígenas e instituciones estatales,particularmente en contextos donde su vínculo ha estado históricamente marcado por dinámicas dedesconfianza y violencia. El rol de las instituciones de autoridad tradicional de los pueblosindígenas –cuando éstas permanezcan vigentes– o de la comunidad y organizaciones indígenas a lolargo del proceso de diseño, implementación y evaluación de estos programas, parece ser unaspecto clave a potenciar en estos programas. En este sentido, las corresponsabilidades entreEstado y familias indígenas adquieren una naturaleza comunitaria, afianzadas desde las nociones deautodeterminación y control social.La consideración más específica de los pueblos indígenas dentro de estos programas es, sinduda, un avance en el camino hacia la reducción de las inequidades étnicas y la realización de losDPI, particularmente desde la óptica de los principios de igualdad y no discriminación, y losllamados a intensificar medidas de acción afirmativa. Sin embargo, queda un largo trecho porrecorrer para generar garantías explícitas de complementariedad entre los mecanismos quepermitan realizar, de manera complementaria, los DESC y DPI. En efecto, definir tales garantías esuna de las propuestas que emerge de esta revisión.Los tres casos muestran una preocupación por reducir las brechas interétnicas en losindicadores de capital humano así como la pobreza indígena. En los casos de Colombia y Panamáse procura fomentar los factores protectores de estos pueblos, incluyendo su capital cultural ysocial, así como adecuar las acciones desde una óptica de pertinencia cultural. De esta forma, losprogramas toman en consideración los factores territoriales, y en menor medida, demográficos queson relevantes para los pueblos indígenas. En los casos de Colombia y Panamá, las acciones de losprogramas se focalizan en los territorios indígenas como unidades integrales de reconocimiento yde habitabilidad simbólica, espiritual y material. Mientras Colombia considera los resguardos y lasparcialidades como las entidades constitutivas del trabajo, Panamá lo hace con las comarcas,aunque también amplía el radio de acción a familias indígenas que han migrado a zonas urbanas.Colombia, por su parte, toma en consideración el caso de las familias desplazadas, muchas de éstasindígenas, a quienes a raíz de la intervención de la Corte Constitucional incluye en las operacionesde Familias en Acción. Este país define explícitamente la necesidad de adecuar el programa a lospatrones y efectos de la migración que se observan al interior de las comunidades indígenas: losbeneficios se entregan a la persona que quede al cuidado de los niños y niñas. México, en cambio,adopta un enfoque centrado en las formas de administración institucional: la municipalidad comoeje del trabajo a desarrollar, más que el reconocimiento de las instituciones y espacios deautogobierno indígena.44