Gaceta N° 150 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Gaceta de la CNDHEn este sentido, a continuación se presentan en este Informe Especial los casos en que se acreditaronviolaciones a derechos humanos, incluyendo los que ya han sido objeto de sanción o acción penalpor parte de la autoridad competente, y aquellos en que no lograron acreditarse, enunciando los motivospor lo que ello no fue posible.A. DetencionesSe recibieron quejas en las que se señalan los casos de 75 indígenas de la Región Loxicha, quienes manifestaronhaber sido detenidos de manera ilegal, e indican, en general, que fueron privados de su libertadsin contar con orden de aprehensión, y en ocasiones, en el interior de sus domicilios, por lo quese lograron acreditar catorce casos en que la detención fue arbitraria.De la investigación que realizó esta Comisión Nacional, en relación con las detenciones de que fueronobjeto diversos habitantes de las comunidades de la región de San Agustín Loxicha, estado de Oaxaca,se observó que la autoridad ministerial, así como el personal de la policía judicial a su cargo, ordenarony realizaron detenciones que no estuvieron apegadas a lo consagrado en el artículo 16 constitucional,toda vez que para emitir la orden de detención por la autoridad ministerial en contra de una personadeterminada, sin que exista flagrancia ni tampoco mandamiento judicial al respecto, se requiere laconjunción de los siguientes elementos: que el indiciado hubiese participado en la comisión de un ilícitoconsiderado como grave, que exista un riesgo fundado de que pudiese sustraerse de la acción dela justicia, que debido a la hora, lugar u otra circunstancia, el Ministerio Público no pueda tener accesoa la autoridad jurisdiccional a fin de solicitar la orden de aprehensión correspondiente; aspectosque se encuentran establecidos en el referido precepto constitucional, así como en el artículo 23 BISA del Código de Procedimientos Penales para el estado de Oaxaca.En este orden de ideas, resulta evidente que el agente del Ministerio Público, en sus determinaciones,jamás acreditó la reunión de las tres circunstancias antes señaladas y mucho menos motivó suexistencia.En efecto, se observó que las detenciones obedecieron a patrones similares, tales como que la autoridadpolicial, llevaba a cabo recorridos de “revisión y vigilancia rutinarios” para detectar la comisiónde algún ilícito, que los agraviados fueron sorprendidos en “actitud sospechosa” o con “nerviosismo”.Este tipo de detenciones fueron realizadas con base en una supuesta flagrancia, aunado a que elMinisterio Público concedió a los partes informativos de policía pleno valor probatorio.Cabe mencionar que la detención en flagrancia se encuentra prevista en el artículo 16 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentra regulada en el artículo 23 BIS delCódigo de Procedimientos Penales para el estado de Oaxaca, que permite la detención de las personasen delitos flagrantes, es decir, cuando se está cometiendo el delito y cuando el inculpado es perseguidomaterialmente después de ejecutarlo.150