Gaceta N° 150 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Gaceta de la CNDHEn cuanto al procedimiento administrativo, se ordenó imponer 30 días de suspensión sin goce desueldo al jefe de grupo y los agentes de la Policía Judicial mencionados.Sin embargo, en cuanto a la averiguación previa que se había iniciado con motivo de los hechosdenunciados, con fecha 4 de junio del 2001, el agente del Ministerio Público adscrito a la SubprocuraduríaGeneral de Averiguaciones Previas de la Procuraduría Estatal acordó reservar la indagatoria enel archivo por considerar que no se habían acreditado los elementos del cuerpo del delito, bajo el argumentode que los ofendidos no identificaron a los supuestos agresores, así como por haber incurridoen diversas contradicciones, haciendo mención a que las lesiones presentadas pudieron deberse al“forcejeo” con los policías al oponer resistencia en su detención.Sobre este último aspecto, cabe hacer mención que la autoridad ministerial, al no tener en claro lacausa o motivo de las lesiones que presentaron los agraviados, debió ordenar un peritaje de especialistaen mecánica de producción de lesiones, que elaboren especialistas en criminalística y medicinaforense, para el diagnóstico diferencial etiológico respecto de la naturaleza de las mismas, que esclarezcala causa probable de las lesiones a fin de determinar si fueron producidas como lo mencionanlos elementos policíacos.En este sentido, se considera que el Ministerio Público que conoció de los hechos referidos no agotóen su totalidad la integración de la averiguación previa, lo cual generó falta de certeza y posibleimpunidad ante eventos que, como se mencionó, incluso fueron materia de una recomendación de laComisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca.De la revisión realizada a otras averiguaciones previas iniciadas por denuncias en las que los agraviadosimputan a las autoridades y particulares conductas probablemente constitutivas de delitos, talescomo abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones, entre otros, se observa,en general, que las mismas se encuentran en reserva, en virtud de que la autoridad ministerial no harealizado todas las actuaciones conducentes a acreditar los elementos del cuerpo del delito, o bien, adesvirtuar las imputaciones atribuidas.Sobre el particular, en la mayoría de los casos, ante las denuncias por tortura, detenciones ilegaleso lesiones, la representación social puso a la vista de los agraviados el “álbum fotográfico” de los agentesjudiciales en activo, y al no poder identificar a alguno, consideró la no existencia de elementos deprueba, siendo que, al conocer la identidad de los elementos que realizaron las detenciones, pudo profundizaren la mecánica de las mismas citando a comparecer a los servidores públicos que participaronen los hechos.En ocasiones se observa que, si bien no identificaron claramente a los policías que participaron enlas conductas presuntamente constitutivas de delito, sí proporcionan la identidad de particulares queparticiparon en las detenciones, refiriéndose a ellos como “entregadores”, sin que se realizara por laautoridad ministerial investigación alguna sobre su participación o el testimonio que pudieran aportar,como es el caso de la averiguación previa 7032/98 iniciada por la denuncia de Luis José Martínez,172