Gaceta N° 150 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Gaceta de la CNDHCabe mencionar que el inculpado por el homicidio referido, Lucio Esteban Vásquez Ramírez, queen ese entonces fungía como Policía Judicial y posteriormente fue presidente municipal de San AgustínLoxicha, fue señalado recurrentemente como responsable de violaciones a derechos humanos en contrade los habitantes de la región.En el presente caso resultó evidente la violación al derecho a la vida cometida por Lucio EstebanVásquez Ramírez, actuando en exceso de su función como elemento de la entonces Policía Judicialdel estado de Oaxaca.Caso de las detenciones, tortura y abusos cometidos en contra de indígenas de la Región LoxichaCon motivo de las denuncias presentadas por abuso de autoridad, amenazas, golpes y tortura, en agraviode Jordán Almaraz Silva, Virgilio Cruz Luna, Celso Almaraz Martínez, Roberto Antonio Juárez,Constantino José Santiago, Laureano Ramírez García, Pedro Santiago Enríquez, Gaudencio GarcíaMartínez, Gerardo Ramírez Hernández, José Pacheco Contreras, Prisciliano Enríquez Luna, SilvanoPacheco Pacheco, Amadeo Valencia Juárez, Santiago Pérez Almaraz, Antonio Pacheco Sebastián,Guillermo Pacheco Pacheco, Arnulfo Almaraz García, Genaro López Ruiz y Donato José Ruiz, laProcuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca inició ocho averiguaciones previas, acumuladasen el expediente número 311/97.El 18 de septiembre de 2002, el agente del Ministerio Público de la Mesa VI de ResponsabilidadOficial, Médica y Técnica, adscrita a la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia delestado de Oaxaca, acordó el no ejercicio de la acción penal, ya que no quedaron demostrados los elementosdel cuerpo de los delitos de abuso de autoridad, golpes y amenazas, al considerar que las detencionesse dieron con fundamento legal y por no haber sido identificados los elementos que supuestamentecometieron dichas conductas por los agraviados, al habérsele puesto a la vista el álbumfotográfico de los elementos de la policía judicial.En cuanto a las lesiones, en general, la representación social argumentó que no se acreditan en virtudde existir certificaciones de integridad física, salvo el caso de los ofendidos Virgilio Cruz Luna, RobertoAntonio Juárez y Prisciliano Enríquez Luna, en las que mencionó que, aun y cuando presentaronlesiones, no fue posible atribuirlas a los agentes judiciales, ya que “no existen pruebas que corroborenel dicho de los supuestos ofendidos”, y se dio credibilidad a la versión de los agentes que realizaronla detención en el sentido que las lesiones de Prisciliano Enríquez se las causó cuando “subía a la camionetaoficial, resbaló y cayó, golpeándose en los glúteos”.Sobre lo anterior, resulta pertinente mencionar que es precisamente el Ministerio Público a quiencorresponde ordenar todas aquellas diligencias que resulten necesarias para esclarecer los hechos, incluyendoun dictamen pericial de mecánica de producción de lesiones, en especial las de PriscilianoEnríquez, en las que no queda claro cual fue la causa de las mismas, por lo cual no resulta válido dichoargumento para desestimar el posible delito de lesiones.170