Gaceta N° 150 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Informes especialesmero se señala que Emiliano José Martínez y otros fueron detenidos a las cuatro de la mañana en elcrucero de Jalatengo y el camino que conduce a San Agustín Loxicha; sin embargo, en el segundo serefiere que fueron detenidos en Bahías de Huatulco, a las 17:30 horas, con motivo de la orden de detenciónlibrada en la indagatoria 406/996. También es importante establecer que existe una constanciaministerial del 26 de septiembre de 1996, de las 8:30 horas, relativa al parte informativo 131, en laque se presentan a Emiliano José Martínez y otros; sin embargo, el Ministerio Público libra de maneraposterior, a las 16:00 horas de la fecha, una orden de detención en contra del agraviado. Lo anterior,contradice también lo señalado por el agraviado en el sentido de que lo detuvieron a las 9:15 horas del25 de septiembre de 1996.Tal y como ha quedado vertido, y esto en relación con los elementos de la Policía Judicial del Estado,si bien es cierto tienen como función la persecución de los delitos bajo el mando inmediato y directodel Ministerio Público, también lo es que ello no les autoriza a detener a persona alguna por encontrarseen “actitud sospechosa” o “marcado nerviosismo”; ya que también su deber es el de protegerlos derechos y garantías fundamentales de las personas, principalmente de aquellas en cuyo arresto odetención intervengan. Las actitudes “sospechosas” o “marcado nerviosismo”, no constituyen evidenciasque denoten la comisión de un ilícito.En efecto, ha sido criterio de esta Comisión Nacional que no es posible afirmar que las actitudes“sospechosas” o “marcado nerviosismo” sean la evidencia por la cual los elementos policíacos tengannoticia de un delito o se percaten de la existencia del mismo, y en esta virtud no se puede señalar quelos agentes puedan legalmente proceder a detener a cualquier persona porque se encontraba en la comisiónde un flagrante delito, o a realizarle una revisión o interrogatorio, ya que se detiene para confirmaruna sospecha y no para determinar quién es el probable responsable de haber cometido un delito.Lo anterior, atenta contra los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en el artículo16 constitucional, anteriormente citado.Las incongruencias e imprecisiones referidas por el agente del Ministerio Público, originan dudarespecto de las circunstancias de detención de los agraviados, aunado al hecho de que, como se mencionó,aun cuando hubieran sido remitidos ante el agente del Ministerio Público con carácter de “presentados”para declarar en torno a los hechos materia de la indagatoria, debió haber existido una citaciónemitida conforme a derecho, con lo que queda acreditado que su detención se realizó de maneraarbitraria, violando así sus derechos humanos.Detención de Gregorio Ambrosio Antonio y Eleuterio Hernández GarcíaLa Policía Judicial del Estado, a través de su parte informativo número 154, del 15 de octubre de 1996, refirióal agente del Ministerio Público, que con base en su oficio de investigación 451, del 14 de mismomes, derivado de la averiguación previa 447/996, se entrevistaron con Gregorio Ambrosio Antonio,Eleuterio Hernández García y Fulgencio Almaraz Martínez, quienes proporcionaron datos paraesclarecimiento de los hechos, y “por su propia voluntad” decidieron comparecer a rendir su declaración,motivo por el que los presentaron ante el representante social, quien mediante acuerdo del 15 de153