Gaceta N° 150 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Informes especialesAl respecto, resulta importante establecer que esta Comisión Nacional, de ninguna manera se pronunciaen contra de las detenciones que tenga que realizar la autoridad en contra de personas que haninfringido la ley penal, sin embargo, las mismas deben llevarse conforme a lo que dispone la ley, evitandoasí que se vulneren los derechos humanos, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídicaque poseen todos los individuos que se encuentren en la República Mexicana.Esta Comisión Nacional se encuentra en total desacuerdo con las detenciones arbitrarias, toda vezque las mismas atentan contra todo orden jurídico establecido, ya que la autoridad es la encargada desalvaguardar los derechos fundamentales de los individuos, por lo que resulta contradictorio que consu actuar sea quien los transgreda.En el presente caso se desprende que los procesados fueron detenidos en algunas ocasiones medianteórdenes de aprehensión, en otros en cumplimiento a órdenes de detención emitidas por una autoridadministerial, así como algunos otros fueron sorprendidos en flagranciaRespecto de las detenciones realizadas con base en órdenes de aprehensión emitidas por autoridadesjurisdiccionales, se observó que los partes informativos elaborados por los policías judiciales quelas cumplimentaron son deficientes e incompletos, al no especificar, ni detallar de manera circunstanciada,la mecánica en que se llevaron a cabo las detenciones, la identificación de las personas, ni lasdemás circunstancias que permitieran acreditar que dichas diligencias se hayan llevado a cabo en estrictoapego a derecho, salvaguardando los derechos humanos de los involucrados.En general, se observó una deficiente información sobre las circunstancias en que se llevaron a cabolas aprehensiones en los casos de Amadeo Valencia Juárez, Antonio Pacheco Sabastián, Arnulfo AlmarazValencia, Genaro López Ruiz, Gerardo Ramírez Hernández, Guillermo Pacheco Pacheco, JordánAlmaraz Silva, José Pacheco Contreras, Juan Sosa Maldonado, Laureano Ramírez García, PriscilianoEnríquez Luna, Roberto Antonio Juárez, Santiago Pérez Almaraz, Silvano Pacheco Pacheco y VirgilioCruz Luna, lo cual dificultó que esta Comisión Nacional se pronunciara sobre la legalidad de las detenciones,puesto que no detallan la mecánica en la que se ejecutaron, ni asientan datos tales como siportaban en el momento de la aprehensión la orden correspondiente, si contaban con la media filiacióno datos que permitieran su identificación, por ejemplo, retratos hablados, entre otros aspectos.Ahora bien, por lo que hace a las detenciones que se realizaron con base en órdenes de detenciónministeriales, se considera que la facultad que le concede al Ministerio Público el artículo 16 constitucional,dotándolo de la potestad de que bajo su estricta responsabilidad pueda detener a quienes hayancometido algún delito, ello debe constituir la excepción mas no la regla, ya que de no resultar así,se atentaría contra el sentido de la norma emitida por el constituyente, que precisamente estableció dichaexcepción a fin de dotar al representante social de la legalidad suficiente para evitar que quienes hayanrealizado conductas ilícitas sean sometidos a su autoridad y en su oportunidad sea el poder judicialquien decida sobre su situación jurídica.Así las cosas, si bien es cierto que el artículo 23 del Código de Procedimientos Penales para el estadode Oaxaca establece una obligatoriedad para el Ministerio Público y la Policía Judicial, de dete­151