PARAGUAY

88 ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS DEL PARAGUAY
Coexistencia de distintos tipos
de normas y una reglamentación
insuficiente de las obras de
construcción (en lo que respecta
a las nuevas tecnologías, las
cuestiones de seguridad, el
impacto ambiental, las licencias, la
regulación horizontal, etc.)
La transferencia de conocimientos
especializados de las empresas
extranjeras por medio de
consorcios con las empresas
locales
Búsqueda del máximo de
oportunidades para las empresas
nacionales
Carácter no estructurado del
sector y deficiencias en la
supervisión y el cumplimiento de
las normas
Insuficiencia institucional de los
organismos de regulación en
la gestión de los proyectos de
infraestructura
• Revisión de todo el marco reglamentario, que abarca
las licencias municipales, las licencias ambientales,
las normas de seguridad en los lugares de trabajo, los
permisos y la supervisión reglamentaria, con el objeto de
unificar un sistema nacional sobre las normas que rigen la
construcción.
• Elaboración de normas específicas para la construcción
en relación con las obras públicas.
• Promoción de la legislación y aplicación de las
normas sobre responsabilidad civil y seguridad en
todo el proceso de construcción, con inclusión de los
reglamentos técnicos sobre las materias primas, así
como normas de seguridad para los trabajadores de la
construcción y en lo relativo a las obras de ingeniería civil.
• Establecimiento de requisitos en cuanto a las condiciones
de las licitaciones públicas, la contratación de personal
local, la capacitación y la adquisición de insumos para la
construcción.
• Aplicación del derecho de la competencia con el fin de
evitar las prácticas abusivas en el mercado.
• Creación de oportunidades para que las empresas
locales puedan beneficiarse de las inversiones públicas
en infraestructura, por medio de la concesión de
preferencias a los operadores nacionales, como se prevé
en la legislación sobre la preferencia nacional.
• Armonización de la legislación sobre la preferencia
nacional o emisión de un dictamen jurídico vinculante que
establezca su aplicación (dando cumplimiento a la Ley
núm. 4588/11, bajo el principio de que la ley posterior
deroga a la anterior, o el mantenimiento de la aplicación
de la ley anterior con arreglo al principio de que la ley
especial deroga a la ley general, debido al alcance
limitado (licitaciones nacionales), de la Ley núm. 4727/12).
• Aplicación de la Ley núm. 4727/12, que concede
un margen de preferencia del 20% a las empresas
nacionales, que aún no ha sido aplicado por el MIC.
• Exigencia de que las empresas que son proveedoras
de servicios al Estado cumplan los requisitos de
solvencia y experiencia con arreglo a la magnitud del
proyecto (capital mínimo, garantías, cláusula del debido
cumplimiento). Esta exigencia no solo debería aplicarse a
los contratistas primarios, sino también a los proveedores
y los subcontratistas.
• Mejora de la capacidad del Estado para gestionar
y controlar los proyectos de infraestructura por
medio de dependencias de gestión de los proyectos,
fortalecimiento de la supervisión de la previabilidad y
asistencia técnica internacional.