PARAGUAY

36 ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS DEL PARAGUAY
• La Ley núm. 4727/2012, que concede un margen de preferencia del 20% a las empresas locales,
pero que aún no se ha aplicado porque está pendiente su reglamentación por el MIC.
Dos leyes aprobadas recientemente y que se refieren a la financiación de la infraestructura han
generado un gran interés. La Ley núm. 5074/2013 establece modalidades para las obras públicas y
ofrece garantías financieras soberanas. Esta característica tiene por objeto reducir el riesgo asociado
a la inversión en obras públicas relacionadas con la infraestructura, así como mejorar el acceso a la
financiación.
La Ley núm. 5106/2013 de Alianza Público-Privada fue aprobada en 2013 con el objetivo de
fomentar la participación de las empresas privadas en la mejora de la infraestructura y los servicios
públicos, que, hasta entonces, solo había estado a cargo de entidades estatales. Esto incluye la
construcción de carreteras, líneas de transmisión eléctrica e infraestructuras relacionadas con el
agua, el saneamiento, la energía y los aeropuertos, el dragado y el mantenimiento de las obras en el
río Paraguay y la instalación de trenes de corta distancia.
Esta Ley también procura superar los procedimientos engorrosos, que desincentivan la inversión, y
también acelerar la ejecución de las obras públicas. Otros objetivos que motivan esta reglamentación
incluyen el reparto de riesgos asociados con el desarrollo de la infraestructura y el aumento del
empleo.
Otro objetivo importante perseguido por esta legislación es el aumento de la capacidad productiva,
tecnológica y operacional nacional, así como la experiencia con las normas de los procedimientos
de licitación pública. Para lograr este objetivo, la Ley prevé la creación de empresas conjuntas entre
las empresas locales e internacionales.
Las entrevistas realizadas durante este estudio con representantes del sector privado 42 demostraron
que algunos de ellos consideraban que este instrumento era un medio eficaz para lograr los objetivos
descritos más arriba. Sin embargo, algunos de ellos percibían amenazas y retos en el logro de estos
objetivos. Estos representantes opinaron lo siguiente:
• Hay un exceso de expectativa sobre las sumas que deberá invertir el sector privado, ya que la
reglamentación de la Ley establece una participación estatal máxima del 10%.
• Puede aumentar el precio de las obras a expensas del consumidor final. Las obras terminarán
siendo más caras mediante préstamos privados, ya que el sector privado necesita un rendimiento
de su inversión. En cambio, el Gobierno tiene acceso a condiciones financieras más favorables.
Por ejemplo, los tipos de interés de los organismos financieros internacionales son de alrededor
del 2%, mientras que el crédito privado es más caro, teniendo en cuenta que el rendimiento de la
inversión oscila entre el 12% y el 15%, y que se tiene en cuenta el riesgo país en las concesiones
de crédito.
• La Ley de Alianza Público-Privada se considera un retroceso en cuanto a la transparencia porque
algunas de sus disposiciones están en contradicción con la Ley núm. 2051/2002, que prevé
la supervisión ciudadana. En cambio, la Ley de Alianza Público-Privada tiene un régimen de
supervisión diferente, habida cuenta de su componente de inversión privada.
• La Ley no conducirá a la mejora de la calidad de los proveedores de servicios nacionales ni a la
transferencia de tecnología, dadas las prácticas de subcontratación que prevalecen en el sector.
Su opinión se basa en el hecho de que, en la actualidad, las empresas extranjeras que participan
en licitaciones relacionadas con la construcción terminan generalmente subcontratando con
empresas locales una vez que obtienen la licitación, lo que significa que no hay una transferencia
de conocimientos técnicos, valor añadido ni mejora de la calidad hacia las empresas locales.
Por lo tanto, en su opinión, es probable que, con arreglo a la ley analizada, algunas empresas de
construcción locales participarán principalmente como subcontratistas o como socios minoritarios.
42
Representantes de la CAPACO y la CAVIALPA.