Revista Pesca enero 2021

anchoveta, jurel o caballa, para la mayoría de casos cuyos
permisos de pesca así lo indiquen.
Como no hay mucho interés por la captura de atún se ha
establecido un procedimiento de fletamiento de la cuota,
es decir que alquilamos una parte o toda nuestra cuota,
mediante DS 009-2016-PRODUCE. Se aprobó la modalidad
de fletamento de la capacidad de bodega para la
extracción de atún, a efectos que los armadores con permisos
de pesca para la explotación de atún puedan fletar
o arrendar dicha capacidad a operadores extranjeros
dentro del ámbito de la CIAT; pero a la fecha no ha sido
ejecutado este dispositivo ante la falta de solicitudes de
sus armadores.
JUREL
Casi el mismo escenario se aplica al jurel, tanto dentro
del dominio marítimo como en alta mar, en la zona
OROP.
El Perú no realiza esfuerzo pesquero con embarcaciones
de bandera nacional en el territorio de la OROP, sino que
ha venido arrendando su cuota.
En 2016 PRODUCE estableció un marco de lineamientos
para asignar la cuota de captura del jurel de altamar,
asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria
a la flota nacional. Lo que significa que se
arrienda la cuota al mejor postor extranjero.
En 2017 y 2019 se modificaron dichos lineamientos, a fin
de que Perú pueda aprovechar su cuota de jurel en altamar
dentro de su jurisdicción, en la medida que luego de
varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el
área descrita.
No se conoce el destino de los desembarques en territorio
nacional. Podrían haber alimentado el mercado nacional
o haberse exportado. El volumen arrendado no ha
significado un aporte a la seguridad alimentaria nacional
puesto que fueron destinados a mercados extranjeros.
Los resultados obtenidos en cuanto a cuota de jurel y
atún, no evidencian ser de cantidades significativas o
importantes en el contexto de la cuota global, por lo cual
resulta poco probable que alguien quisiera importar embarcaciones
usadas para la captura de estos recursos.
Entonces….
El país es un testigo lejano de las capturas de especies
transzonales y altamente migratorias. Se requiere de una
estrategia que permita el desarrollo sostenido de una
pesquería de esta naturaleza orientada principalmente al
consumo humano directo. Esta estrategia deberá considerar,
entre otros aspectos, lo relacionado con una flota
que cuente con la autonomía suficiente que permita capturas
importantes y sostenidas en el mar peruano y más
allá, cuando esta especie se encuentre fuera de las 200
millas. Asimismo, las largas jornadas de pesca exigen
sistemas de congelación adecuados que permitan una
conservación óptima del producto de la pesca o de los
que se procese como producto de la pesca.
Es adecuado entonces promocionar la creación de una
flota de altura para atún y jurel, pero ¿y la pota?
A lo largo de los últimos 15 años el Perú no ha dispuesto
de una flota de altura para la captura de túnidos ni de
jurel. Luego de la desaparición de FLOPESCA, los últimos
barcos congeladores que operaron en el país fueron el K-
Inca, el Cóndor Andino, el Bjornoy y el Canchis, así como
el Ana María y el Isabel. La presencia de estos barcos,
dedicados a la merluza y el jurel, fue duramente combatida
por pobladores, pescadores, así como algunos industriales
de Paita y terminaron por desaparecer. Los
problemas y desórdenes que causaron parecen haber
sido olvidados, o son desconocidos por quienes hoy pretenden
volver a introducir barcos congeladores en el
país.
Queda entonces la pota como recurso objetivo de las
embarcaciones usadas que se pretende importar.
El problema es que hasta ahora solo la flota artesanal
realiza capturas de pota y ha creado un mercado laboral
para mucha gente que se dedica a la actividad y comercializa
el producto dentro del mercado nacional, bien sea
a las plantas transformadoras o al mercado interno directamente.
Si la industria accediese a sus capturas con embarcaciones
modernas, aunque usadas, es probable que mejore
su eficiencia y su rentabilidad empresarial; pero a costa
de la desaparición de gran cantidad de embarcaciones
de menor escala y artesanales que ya no dispondrían de
un mercado para sus capturas.
La libertad de mercado, en este caso, dejaría desprotegida
a una importante población que vive de esta actividad,
por lo cual si el Ministerio modifica normas para
“modernizar” la flota sacrificando a los más pequeños,
sería socialmente indebido.
Hay una evaluación y una decisión política que tomar
entre los intereses de algunas empresas, los de los pescadores
artesanales y entender que al final, más allá de
la norma y la política, la realidad impone su propio paisaje.
Y esta realidad, correcta o no, muestra un rechazo
total de la comunidad pesquera no industrial hacia los
barcos factoría congeladores, sean arrastreros, palangre-
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