Volumen 02 - Telefonica.net

para ello) algún decreto aclaratorio de la Nueva Planta a favor suyo.
Por otra parte, no solamente los Decretos de Nueva Planta eran ambiguos.
Lo era también toda la estructura político-territorial, en el sentido
que había sido creada con el cambio de dinastía y en el contexto de una
guerra civil, con todas las tensiones inherentes a un acontecimiento de
este tipo y la necesidad posterior de pactos y transacciones para mantener
la quietud social y política.
En una atmósfera así, era prácticamente imposible que no se produjeran
contradicciones suficientes como para que cada cual, con intereses
partidistas o corporativos, no arrimara el ascua a su sardina. A esta situación,
habría que añadir lo poco proclive a las declaraciones positivas en
una sociedad acostumbrada al derecho consuetudinario y al hecho de que
a un noble nadie tenía que recordarle sus deberes, que suponía tener en
grado eminente por razón de la cuna. Un noble, que también por naturaleza,
pertenecía a la clase militar.
Así pues, el centralismo absolutista se daba por hecho y Felipe V lo
implantó, desde Castilla y al modo de Castilla, a los reinos periféricos de
la Monarquía Hispánica y además con una específica impronta militar en
la medida que se hacía por derecho de conquista y por la necesidad de
ejercer sobre los derrotados lo que el marqués de Risbourg, Capitán
General de Cataluña entre 1722 y 1736, denominaba un vigilantísimo
gobierno, sobre todo -añadía- "por el genio belicoso e inquieto de los catalanes"
3. Quería esto decir, que el motivo de la implantación fue consecuencia
de la contienda civil y por tanto el Real Acuerdo no afectó a los territorios
castellanos, salvo a Murcia, que pasó a formar parte de la Capitanía
General de Valencia.
Después de estas regulaciones y la altura de 1717, las Capitanías quedaron
establecidas de la siguiente forma: Aragón, Cataluña, Valencia y
Murcia sujetos al Real Acuerdo al que se incorporarían paulatinamente
Andalucía, Costa de Granada, Extremadura y Galicia. Paradójicamente
y desde el punto de vista territorial, Castilla quedó al margen, gobernada
en nombre del Rey exclusivamente por la Chancillería de Valladolid e
incluso sin Capitanía General expresa, hasta que, con ocasión de los motines
de 1766, se creó ésta en la persona del conde de Aranda.
Por otra parte y al margen de los condicionamientos externos, derivados
del origen bélico de la organización territorial, que condicionó su des-
3 Risbourg al arzobispo de Valencia, gobernador del Consejo de Castilla,
Barcelona 18/10/1727 A.H.N., Estado, legajo nº 2939, exp. nº 68.
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