Pobreza y desarrollo local

hubiera un proceso exitoso de DLIS, para inducir procesos semejantes a su
alrededor, "contaminando" positivamente a las demás localidades.
Esto no podrá ser hecho mediante la ejecución centralizada de un plan nacional, ni
únicamente a partir de un poder federal o estadual. El desarrollo local es
verdaderamente local, es decir que debe contar con recursos endógenos,
disponibles y apoyados por las propias comunidades locales. Además, cada
proceso de desarrollo local es único, singular, irrepetible automáticamente y
representa la afirmación de una identidad propia que es local.
Por otra parte, instituciones de ámbito estadual, regional o nacional pueden
implementar estrategias de inducción al desarrollo local, adoptando localidades
con el objetivo de promover el DLIS dentro de ellas.
Este proceso de puesta en marcha del DLIS debe ser llevado a cabo en estrecha
asociación con la comunidad local, con los gobiernos locales, con las empresas
locales y con las organizaciones de la sociedad civil que existen en las
localidades. Porque el Estado, por sí solo, no es capaz de responder
adecuadamente a dicho desafío: tanto en función de la inadecuación de su
estructura – diseñada para la oferta de programas cerrados y centralizados y no
para promover la adecuación de la oferta de incentivos y servicios a las diferentes
demandas locales; tanto por falta de recursos (o por su inadecuada distribución
presupuestal); como por falta de capilaridad; o por la naturaleza clientelista y
asistencialista de una buena parte de sus políticas. Se impone el ingreso de
nuevos actores en escena quienes, en asociación con el Estado, podrán generar
innovaciones, introducir nuevas competencias y asumir nuevas responsabilidades.
En la transición civilizadora que estamos viviendo, la responsabilidad con el
desarrollo del País y, por lo tanto, con el desarrollo de sus localidades, no le
corresponde apenas al Estado, mucho menos apenas a los gobiernos de cualquier
nivel. Considerando que todo desarrollo es desarrollo social, inducir y promover el
desarrollo forman parte de la responsabilidad social de las empresas y de las
organizaciones del tercer sector. Podría decirse que, de la misma manera en que
cada ciudadano es responsable del desarrollo de la localidad donde vive, cada
empresa u organización también es responsable del desarrollo en el ámbito en
que actúa.
Esto no puede ser decretado por gobiernos, no puede ser una tarea impuesta,
sino que debe ser hecho voluntariamente, a partir de la libre iniciativa de los
diversos sectores (gubernamentales, empresariales y sociales) que integran la
sociedad. Lo máximo que el Estado puede hacer en este sentido – además de
comprometerse en el esfuerzo, tal como lo está haciendo en Brasil el Gobierno
Federal desde 1999, con el Programa comunidad Activa – es crear ambientes
legales e institucionales favorables que incentiven el surgimiento de tales
iniciativas (1).
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