las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos

382
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
14. Dicho esto, y admitida esa lógica mayor libertad de testar, lo cierto es que
esta professio iuris tiene también algunas limitaciones prácticas. En un supuesto
simple, testador con una nacionalidad distinta de la de su actual residencia habitual,
los términos de la opción no son del todo claros, puesto que la alternativa a
la opción por la nacionalidad actual, es la ley de la última residencia habitual,
que por hipótesis, se desconoce con total seguridad. En la práctica, se me puede
objetar, sí existe una residencia habitual actual que es la alternativa evidente a la
opción por la ley nacional. Y esa será evidentemente la referencia que tendrá el
testador a la hora de optar: ley de su residencia habitual actual o ley de su nacionalidad
actual si son distintas. Pero en términos de sistema, la opción es entre un
régimen seguro y uno potencial. En estos términos, el valor añadido de la professio
iuris no es tanto material sino de seguridad jurídica y de previsibilidad: la
professio iuris asegura cuál será la ley sucesoria, pero no asegura que esa ley sea
más favorable a la libertad del causante que la que sería aplicable en defecto de
elección (repito, en la concepción del sistema) 31 .
Sin duda la opción real es mayor en los supuestos en los que existe una doble
nacionalidad actual. En los casos en los que se “opte” por la ley de la nacionalidad
(o potenciales leyes en casos de plurinacionalidad) en el momento
del fallecimiento, el tema se traslada a una apuesta sobre el futuro, que puede
ganarse, o no.
15. Por último, es preciso señalar que la mayor libertad que otorga la professio
iuris puede canalizarse (de ordinario así será) hacia la ley que permita un
mayor margen de disposición por ser las legítimas menos rigurosas, pero también
puede canalizarse hacia leyes que otorguen otras posibilidades igualmente
atractivas para el testador, como pueda ser un régimen de legítima colectiva en
vez de un régimen de legítima individual, con independencia de la extensión de
nio de La Haya de 1989, y p. 35, en relación con la opinión –en este caso dividida– de los Estados
miembros consultados en el proceso de elaboración del Reglamento).
30 No es objeto de este trabajo profundizar la regulación de la professio iuris, sino cómo influye en el
régimen de la libertad de testar y en el correlativo límite planteado por los sistemas legitimarios, por lo
que en el texto plantearé una hipótesis simple del testador que tiene una sola nacionalidad.
31 De hecho, la parte sustancial de los razonamientos de A. Bonomi, “Le choix…”, loc. cit., pp. 32–
34, creo que ha de leerse en estos términos, por más que el citado autor ponga el énfasis en la mayor
libertad. Ello es especialmente claro en A. Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirship?...”, loc.
cit., 2010, p. 608; id., Riv. dir. int. pr. proc., 2010, p. 890; id., Liber Amicorum Kurt Siehr, 2010, pp.
157–171, p. 166, e id., “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., p. 267. Para P. Lagarde, la inmensa
ventaja de la professio iuris sería la “seguridad jurídica” (“Vers un Règlement communautaire du
droit international privé des régimes matrimoniaux et des successions”, Pacis Artes. Obra homenaje al
Profesor Julio González Campos, t. II, Madrid, 2005, pp. 1687–1708, p. 1704). Previsibilidad sobre la
ley aplicable y estabilidad en los intereses del causante son también los dos tópicos principales que
apareja a la professio iuris A. Dutta, RabelsZ, 2009, p. 571.