las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos

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ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
pretenda describir, el tema de las legítimas en las sucesiones internacionales.
Una crítica que puede llamar la atención si tenemos en cuenta que, en términos
objetivos, dicha regulación es absolutamente homologable a las soluciones de
Derecho comparado. Que las legítimas son inequívocamente un aspecto a regular
por la ley sucesoria es una afirmación tan asentada que ni siquiera ha merecido
la pena discutir sobre ella en la larga lista de publicaciones que en estos últimos
años han abordado las iniciativas comunitarias en este ámbito; esencialmente
el Libro verde Sucesiones y testamentos y la PR. Y la ley sucesoria, hasta
ahora, es una y la misma con independencia del tipo de delación de la herencia
ante el que nos encontremos: sea intestada, testada o paccionada. Y más: esa ley
sucesoria, como regla, se localiza temporalmente en el momento de la muerte
del causante. Otro dogma difícil de cuestionar. A lo sumo, la tan aplaudida especialización
normativa solo ha servido para morder una parte del ámbito de la ley
sucesoria en los casos en los que ha existido un acto de anticipación sucesoria:
un testamento o un pacto sucesorio, cuya “validez” será regulado por la ley sucesoria
anticipada. Pero las legítimas siguen siendo competencia de la ley sucesoria;
¿qué otro contenido más propio podría tener? Las soluciones de la PR son,
en cuanto al modelo, clásicas y continuistas.
45. La ventaja que debería tener un modelo clásico es que ya conocemos algunas
de sus carencias. Ya sabemos qué es lo que no resuelve. Y, curiosamente,
una de las cosas que no resuelve o no lo hace convenientemente es aquélla a la
que aludía al comienzo del trabajo: definir claramente la relación entre lo que el
testador o los contratantes quieren hacer y lo que realmente pueden hacer; o
entre lo que han decidido y los efectos de esa decisión. Estoy hablando de seguridad
jurídica. El cómo la PR aborda el tema de las legítimas no es garantía de
seguridad y previsibilidad jurídicas para quien pretende organizar de forma anticipada
su sucesión y tampoco lo es para los potenciales o expectantes legitimarios.
Y, si se quiere juzgar en términos materiales o sustantivos, lejos de ser liberal
es restrictiva (vid. supra, nº 33) para la libertad de disposición mortis causa.
46. En este contexto, debe adelantarse desde ya que la PR sí introduce un instrumento
idóneo para garantizar esta seguridad jurídica: es la professio iuris.
Más allá de los debates sobre la amplitud con que deba concebirse la posibilidad
de que el causante elija la ley rectora de su sucesión (y yo me sumo a quienes
piensan que la oferta de la ley nacional es demasiado restrictiva), cuando se ejercita
esta posibilidad, la aleatoriedad sobre la correspondencia entre lo que quiere
el causante y lo que puede hacer desaparece desde el primer momento; su voluntad
solo se sujeta a eventuales cambios en la ley nacional elegida, que son inherentes
a cualquier sucesión meramente interna; que no son cuestión de la reglamentación
conflictual del tema.