las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos

LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
el causante con una entidad financiera, siendo la prima única idéntica al capital
muerte y la única beneficiaria una de sus hijas, se había realizado en fraude de
las legítimas de los demás descendientes y ordenó computar la prima a efectos
de su cálculo. Por su parte la SAP Illes Balears 4 de octubre de 1997 65 declaró la
inoficiosidad de las ventas efectuadas por el causante a su esposa, en relación
con la legítima de la hija; no hubo discusión sobre el régimen jurídico. Se dio
por supuesto que “la nulidad (sic) de las escrituras públicas de compraventa lo
son en cuanto afecten por inoficiosas a dicha cuota hereditaria”.
Internacionalizando estos dos supuestos, cabe preguntarse por el papel que jugaría
aquí la lex contractus (eventualmente distinta de la ley sucesoria) en uno y
otro caso. De ser el sistema legitimario (ley sucesoria) el determinante de la
existencia del fraude y de sus consecuencias, cabe preguntarse también por la
llamativa diferencia con la regulación de la acción pauliana en DIPr. Como es
bien sabido, en este último caso, las posturas sobre le ley aplicable son diversas
y, sobre todo, tienen en cuenta los intereses de las distintas leyes aplicables y de
los distintos participantes (ponderación de los intereses del acreedor defraudado
y del tercero de buena fe, por ejemplo) para plantear soluciones complejas que
parten, en todo caso, de la preexistencia de un crédito 66 . En el caso de la tutela
de la legítima, no existe el crédito preexistente al acto, sino apenas una expectativa
(y puede que ni siquiera eso: es el caso del tomador del seguro o el vendedor
de cuya ley sucesoria anticipada al momento de realizar el negocio no prevea
legítimas y que fallece bajo una ley sucesoria que sí las establece). Sin embargo,
la competencia de la ley sucesoria parece ser indiscutida.
30. A mi juicio, se debería proveer un mecanismo para evitar esta extensión
desmesurada de la ley sucesoria. La professio iuris vuelve a ser un instrumento
que podría amortiguar los problemas que planteo, pero dependerá de los casos y
no siempre será eficaz. Una simple variación en el caso típico que aterra a los
británicos es más que elocuente: en vez de un inglés, pensemos en el español que
reside habitualmente en el Reino Unido y que allí se vuelca en actividades filantrópicas
y charities para terminar regresando a España a pasar sus últimos años,
donde fallece. Una ley española (efectivamente puede ser más o menos respetuosa
con la libertad de testar, en función de qué ley española sea la aplicable)
65 AC 1997, 2162.
66 Vid. al respecto la muy interesante recensión que realiza L. Carballo Piñeiro, REDI, 2011, pp. 359–
364, sobre las monografías de E. Rodriguez Pineau, Integridad del patrimonio y protección del crédito:
las acciones pauliana y revocatoria en el tráfico internacional, Pamplona, Cívitas, 2010 y I. Pretelli,
Garanzie del crédito e conflitti di leggi. Lo statuto dell’azione revocatoria, Nápoles, 2010. Su postura
puede verse en L. Carballo Piñeiro, “Acción pauliana e integración europea. Una propuesta de ley aplicable”,
REDI, 2012–1, pp. 43–72.
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