Miguel Ángel Fernández Delgado - INEHRM

de las garantías individuales, sino también
porque en las instituciones del vecino país,
el writ of habeas corpus es una acción legal
perfectamente acotada, pues sirve tan sólo
para proteger a los individuos del secuestro
arbitrario o ilegítimo.
No obstante sus apologías, Vallarta era el
primero en reconocer que el juicio de amparo
tenía deficiencias que podían subsanarse.
Por ello sugirió una ley reglamentaria del
artículo 97, fracciones I y VI (104, fracc. I
de la Constitución actual), de tal modo que
fuera creada una institución complementaria
del juicio constitucional para las violaciones
no comprendidas en el artículo 101 (hoy
103), equivalente al writ of error de Estados
Unidos —orden expedida por una corte en
apelación que puede solicitar el envío de
un expediente para examinar ciertos errores
en un procedimiento, con el fin de corregirlos,
rectificarlos o confirmarlos—.
El problema de la incompetencia
de origen
A Ignacio L. Vallarta se debe también la declaración
de improcedencia del amparo en
asuntos políticos y el haber eliminado toda
ambición en este terreno del poder Judicial
pues, al mismo tiempo que promovió la derogación
del mandato constitucional que
hacía del presidente de la Suprema Corte el
vicepresidente de la República, sentó el criterio
jurisprudencial de la incompetencia de
origen para dejar en manos de otros poderes
la resolución de las cuestiones de legitimidad
de las autoridades.
Como antes había ocurrido con el artículo
14, ahora el punto derivó de la interpretación
del artículo 16 constitucional (“Nadie
puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles y posesiones sino en virtud
de mandamiento escrito de autoridad
competente que funde y motive la causa legal
del procedimiento...”), pues a través de él
se intentó dar elasticidad al juicio de amparo.
En 1874, cuando José María Iglesias
presidía la Corte, se concedió la protección
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