Miguel Ángel Fernández Delgado - INEHRM

tar” del general Santa Anna y de los obispos
de Guadalajara y de Morelia, y acusaron
que la verdadera impiedad era el abuso del
nombre santo de la religión. Como prueba,
recordaron las excomuniones contra Hidalgo
y la bula de León XII exhortando a
los americanos a volver al “suave” yugo de
Fernando VII. Se negaron a ser tachados
de “corrompidos, impíos y libertinos”, pues
no eran incrédulos ni fanáticos, sino enemigos
de los abusos, en concierto con la doctrina
evangélica que respetaban como “todo
buen cristiano”. También manifestaron explícitamente
su confesión de fe, su respeto
profundo a los dogmas y a la moral católica
y, por lo mismo, dijeron, lucharían sin cuartel
en contra de quienes se empeñaban en
confundir “los intereses de la tierra con los
intereses del cielo, la verdad con la mentira,
a Dios con el demonio”.
El examen y los primeros meses de vida
profesional
Antes de recibirse como abogado, Ignacio
L. Vallarta era ya una celebridad dentro de
la sociedad jalisciense, tanto por sus logros
como por sus polémicas, y considerado
uno de los jóvenes liberales más prometedores.
Sin embargo, para lograr la culminación
de sus estudios profesionales, tenía
que cumplir una serie de requisitos que se
mantenían como resabios de la práctica
académica colonial.
En primer lugar, debía liquidar una cuota
de quince pesos. Posteriormente, en virtud
de un decreto centralista de 20 de junio de
1853, los aspirantes a la abogacía debían someterse
al siguiente largo y tedioso procedimiento,
que resume González Oropeza: 1)
examen ante la Academia de Jurisprudencia
Teórico-Práctica local, dependencia del Colegio
de Abogados del entonces Departamento
de Jalisco; 2) certificado de suficiencia
ante el Tribunal Supremo del Departamento;
3) examen ante el Colegio de Abogados de su
localidad, previa solicitud de parte del Tribu-
32 33