Miguel Ángel Fernández Delgado - INEHRM

nal, en el que el sustentante debía seleccionar
un caso práctico, al azar, entre unas treinta
cédulas aproximadamente, que debía resolver
en unas 48 horas. Cumplido el plazo, el
examinando debía regresar con la respuesta
y hacer juramento de que nadie lo había
asistido en su resolución; 4) el sustentante
leía su respuesta ante un jurado integrado
por el rector, el secretario y tres sinodales del
Colegio de Abogados; y, 5) una semana más
tarde, debía presentar un segundo examen
ante un sínodo de ocho miembros que lo
interrogaba, aproximadamente, durante dos
horas.
No sorprende que Vallarta, al ocupar el
cargo de gobernador de su estado, simplificara
estos requisitos por decreto del 28 de
mayo de 1872, a un simple examen de conocimientos
teóricos y otro de conocimientos
prácticos ante los tribunales.
El caso práctico que le tocó en suerte resolver
contenía una interrogante que lo devolvió
a sus lecturas de derecho penal: “¿Es
lícito al hijo acusar criminalmente a su padre?”,
para el cual solamente se le concedieron
24 horas. En el fondo, la cuestión iba
más allá, pues involucraba el problema de
las lagunas de la ley y de la relativa vigencia
de las Siete Partidas en nuestro país, pues, a
falta de una legislación ad hoc promulgada
por el gobierno independiente de México,
era necesario acudir a nuestros antecedentes
legislativos. Las Siete Partidas, verdadera
enciclopedia de derecho romano, canónico
y castellano medieval, en el caso planteado
a Vallarta, permitían que el hijo acusara a
su padre por crímenes como la traición a la
corona o al reino.
Siguiendo a uno de sus biógrafos, el examinando,
“como brillante jurista que había
de ser, empezó por abogar por sí mismo,
aduciendo la premura del tiempo y su falta
de conocimiento”. En seguida, repudió la
aplicación literal de la ley, prefiriendo analizar
la problemática desde la filosofía, ya
que “sin filosofía el derecho no es ciencia”.
El pensamiento filosófico que utilizó fue el
de Beccaria y el de Filangieri, para sostener
así que las relaciones filiales son derechos no
enajenados por el pacto social, y que el Estado
debía someterse a un principio ético al
ejercer su derecho a castigar, pues “es pre-
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