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CUBA 2000
CUBA 2000
MD
En 1993 como expresión clara de la voluntad
política de cumplir con las proyecciones de trabajo
vinculadas a los nuevos conceptos y metas para
un desarrollo sostenible, se elaboró el Programa
Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, adecuación
cubana a la Agenda 21. De igual manera, en
cada una de las provincias se difundieron los planes
territoriales con el propósito de ajustar ese
Programa Nacional a las exigencias y prioridades
locales. En su contenido se incorporaron nuevos
capítulos no previstos en la Agenda 21, que identificaban
aspectos de especial importancia en la
estrategia de desarrollo del país, como la Protección
de los Recursos Turísticos, la Protección del
Medio Ambiente de Trabajo y el Patrimonio Natural
y Cultural.
Marco legal y desarrollo institucional
en la esfera ambiental
En el ordenamiento jurídico cubano, las disposiciones
normativas que regulan la conservación,
protección, mejoramiento y transformación del
medio ambiente así como el uso racional de los
recursos, se caracterizan por tener diferentes rangos
que van desde leyes hasta normas técnicas
y por tener una dispersión originada en la facultad
legislativa que les está otorgada a cada uno de
los Órganos de la Administración Central del Estado
que son a su vez rectores de recursos naturales
específicos.
En abril de 1994, el Consejo de Estado, adopta
el Decreto-Ley 147, De la reorganización de la
Administración Central del Estado, que entre
otras, estableció la extinción de la Comisión Nacional
de Protección del Medio Ambiente y del
Uso Racional de los Recursos Naturales
(COMARNA), cuyas atribuciones y funciones se
transfirieron al Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente (CITMA), resolviéndose así una
contradicción de la antigua estructura de dirección
de la actividad ambiental cubana, en la cual
determinados ministerios eran rectores en materia
ambiental del mismo recurso que explotaban
con fines productivos, siendo “juez” y “parte”
de la propia actividad.
El marco normativo básico existente hasta ese
momento lo constituía la Ley 33 de 10 de enero
de 1981 «de la Protección del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales», considerada como una
de las leyes pioneras en la regulación holística de
la materia ambiental, en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, no aparecía en la mencionada
ley una real visión de la sostenibilidad y no estaba
preparada para los cambios que se producirían
en la economía del país.
Por acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se establece que
“es función común de todos los organismos de la Administración Central del
Estado incorporar la dimensión ambiental en las políticas, planes, proyectos,
programas y demás acciones que realice el organismo, en correspondencia
con el desarrollo económico y social sostenible; cumplir con las disposiciones y
medidas que deriven de la política ambiental nacional y a ese fin, dictar las disposiciones
que correspondan, dentro del marco de su competencia y controlar
su cumplimiento”.
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