GEO MERCOSUR - Programa de Naciones Unidas para el Medio ...

comercio, integración y ambiente. Por ejemplo,
en Chile tuvo lugar una reacción al proyecto
de gasoducto a tenderse desde la provincia de
Neuquén (Argentina) hacia Santiago. Aquel
caso, desencadenado por grupos vecinales y
ambientalista del Cajón del Maipo generó lecciones
importantes para mejorar el proceso de
evaluación de impacto ambiental y la participación
ciudadana (Camus y Hajek, 1998). A su
vez, un conflicto ambiental tuvo lugar en la provincia
de Salta (Argentina) por otro gasoducto
que también se dirigía hacia Chile. En este caso
se alertaba que esas obras implicarían una
tala de áreas claves en ambientes de Yungas.
En esa ocasión el conflicto también derivó en
compromisos con los emprendedores privados,
incluyendo apoyos concretos que derivaron en
la creación de dos áreas protegidas (G. Marcuz
en Brown et al., 2006).
Una controversia que ha cobrado magnitud
tiene lugar entre Argentina y Uruguay por
los proyectos de construcción de plantas de
celulosa en la margen uruguaya del Río Uruguay,
recurso compartido entre ambos países.
El caso tiene varias particularidades, involucrando
a distintos actores de la sociedad civil
(personas, grupos vecinales, organizaciones no
gubernamentales ambientalistas, sindicatos,
entre otros), empresarios (tales como empresas
de transporte carretero, sector turístico
local, empresas asociadas a los emprendimientos
de las fábricas de celulosa, las propias
compañías del proyecto, etc.), académicos, los
propios gobiernos y agencias financiadoras
multilaterales.
En este caso, Argentina cuestiona la instalación
de plantas de celulosa en la margen
uruguaya del Río Uruguay, sosteniendo que
éstas tendrán impactos ambientales negativos,
advirtiendo que esos emprendimientos se realizan
sin las debidas consultas y evaluaciones
en el marco de la comisión bi-nacional encargada
de gestionar ese río, tal como estipula el
Tratado del Río Uruguay. Por su parte Uruguay
afirma que el gobierno de Argentina ha estado
informado del emprendimiento, que éste no
posee impactos ambientales negativos, y que
contará con sistemas de monitoreo adecuados.
Cuadro 7.5
La red de ciudades del MERCOSUR
La red de MERCOCIUDADES es una iniciativa de alcaldes,
intendentes y prefectos del MERCOSUR. La red,
fundada en 1995, cuenta con 138 ciudades miembros
en todos los países miembros plenos del MERCOSUR,
y en las naciones asociadas al bloque. Los principales
objetivos de la red son “favorecer la participación de
los municipios en el proceso de integración regional,
promover la creación de un ámbito institucional para
las ciudades en el seno del MERCOSUR y desarrollar
el intercambio y la cooperación horizontal entre las
municipalidades de la región. No es una red que integre
la institucionalidad propia del MERCOSUR, sin
embargo, es uno de los varios ejemplos de las redes
y organizaciones regionales que se han construido al
amparado de una visión mercosuriana.
Desde su fundación en 1995, la red le dio mucha
atención al tema ambiental. En su Acta Fundacional
crea la Unidad Temática de Planeamiento Urbano y
Ambiental. En 1996 se dividió esa unidad, creándose
las de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente. Esta
última pasó a denominarse posteriormente Unidad Temática
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS).
Más información: www.mercociudades.org
En el caso de los cuestionamientos frente a
otros proyectos de aprovechamiento en zona de
frontera, como es la propuesta de explotación
minera en Pascua Lama (Argentina - Chile) el
número de actores involucrados es mucho menor
y su dimensión internacional es más acotada.
El tema ha sido abordado en el marco de
las relaciones bilaterales.
A pesar que no se ha utilizado el ámbito del
MERCOSUR frente a estas controversias, el bloque
posee un marco para manejarlas. Contó
con un Grupo de Alto Nivel para la Solución de
Controversias, hasta que en 2002 se suscribió
el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias
en el MERCOSUR. Este protocolo creó
el Tribunal de Revisión Permanente.
Respuestas de política y gestión
En la controversia también tuvieron lugar acciones
ciudadanas, ante lo cual Uruguay inició
también acciones en el marco del MERCOSUR.
Argentina, en cambio, procedió a una acción
ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, órgano designado para la solución de
controversias relativas a la aplicación o interpretación
del Estatuto del Río Uruguay de
1975 (el acuerdo bilateral que reglamenta diversos
aspectos de dicho recurso compartido).
Este órgano no ha considerado los aspectos
ambientales en los casos más notorios, pero sí
lo ha abordado en otro caso conocido: el comercio
de neumáticos recauchutados. Tanto Argentina
como Brasil desean evitar el ingreso de
neumáticos recauchutados, entre otros motivos,
por los impactos ambientales y costos que genera
su disposición final. Los mecanismos para
impedir su entrada fueron impugnados por
Uruguay, invocando razones comerciales (éste
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