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HISTORIA DEL SECTOR SANITARIO CHILENO: DE LA GESTIÓN ESTATAL HASTA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
MARÍA ANGÉLICA ALEGRÍA CALVO Y EUGENIO CELEDÓN CARIOLA
Los peritos deben en cada caso optar ya sea por la posición de la empresa o bien la del
regulador y no pueden optar por valores intermedios. Esta modalidad para zanjar las
controversias tiene, en principio, la virtud de generar los incentivos adecuados para que las
posiciones de las partes converjan y que la empresa revele de manera fidedigna su información.
Las decisiones de la comisión de peritos son definitivas e inapelables, dan origen a las tarifas
definitivas que debe fijar la SISS. Toda la información relevante que fue utilizada para fijar los
precios regulados, incluyendo el informe pericial, se hace pública cuando finaliza el proceso
tarifario.
Este criterio para resolver las controversias de los valores tarifarios, así como la definición de la
necesidad de una EM que representara al servicio que se analiza para desarrollar el proceso,
nace de la experiencia de la privatización de las empresas eléctricas en el país, anterior a la del
sector sanitario, donde, en el proceso de negociación tarifaria con el regulador, cada una de las
partes calcula su propia tarifa y donde las discrepancias se resuelven por un valor promedio
entre ellas, lo que se transforma en una metodología perversa que impide la convergencia de
criterios en el análisis. El método que rige la negociación tarifaria de los servicios sanitarios no
es perfecto, pero permite una mayor objetividad general en el proceso.
Las fórmulas tarifarias así obtenidas deben ser aprobadas por Decreto Supremo del Ministerio
de Economía, y tienen un plazo de vigencia de cinco años, tiempo dentro del cual se indexan
automáticamente, aplicando la variación de los índices que en las fórmulas se establecen y que
responden a parámetros principales del servicio que se presta.
5. Sistema de subsidios: Protegiendo a los grupos
pobres y vulnerables
El proceso de privatización en Chile se hizo sobre la base de tarifas reales cobradas por las
empresas, lo que significó que las tarifas aumentaron. En consecuencia, para proteger la
cobranza de las empresas, asegurando los ingresos para la subsistencia del servicio con la
eficiencia exigida, así como para asegurar que toda la población pudiese acceder a este servicio
básico, fundamental para el desarrollo del país, evitando generar aumento de la morosidad en
la cobranza de las empresas y corte de suministro a los usuarios por no pago, debió diseñarse
un mecanismo dentro de la estructura regulatoria y normativa que protegiera a los hogares o
grupos más vulnerables o pobres, como también a las empresas y su posibilidad de desarrollo
del negocio.
Para este efecto, el Estado siempre tuvo clara la necesidad de mantener una asignación de
recursos al sector sanitario para su buen funcionamiento, pero evitó generar subsidios cruzados.
Su objetivo fue focalizar esos recursos hacia quienes efectivamente los necesitaban, con las
limitaciones necesarias que aseguraran un límite adecuado en la asignación, permitiendo de esa
manera disminuir los fondos asignados a esa área de la economía, obligando al sector privado a
financiar la industria (Gómez-Lobo 2001).
Esta situación también fue posible dado el nivel de desarrollo del país, donde una parte
importante de sus habitantes tenían ingresos que les permitían sostener los servicios básicos con
sus propios recursos. Por esta razón el país ha tendido a focalizar los subsidios a los sectores
verdaderamente necesitados en la mayoría de los programas sociales.
Varias consideraciones se tuvieron en cuenta al diseñar este mecanismo:
• No sólo deben realizarse las privatizaciones sino que también se requiere de
reformas institucionales y regulatorias que mejoren la situación social que la
privatización pretende solucionar (provisión de un mejor servicio de agua potable
y saneamiento a la población). Esto no sustituye las políticas sociales
redistributivas adecuadas y justas.
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