Historia del sector sanitario chileno - United Nations Research ...

UNRISD PROGRAMA SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y DESARROLLO
DOCUMENTO NÚMERO 29
El Segundo Gobierno de la Concertación tomó una decisión política en orden a que, dado que
para el Estado no era factible solventar el nivel de inversiones que eran necesarios para avanzar
en el tratamiento de aguas servidas con recursos propios, era conveniente propiciar la
participación del capital privado en las empresas en las cuales el Estado tenia participación. El
objetivo de esto fue por una parte cumplir la meta de lograr el 100 por ciento del tratamiento
para el año 2010 a fin de insertarse dentro de lo que eran los tratados de libre comercio, y por
otro, destinar parte de los recursos obtenidos con la privatización del sector salud y de la
educación porque eran sectores deficitarios. Esto último, es decir, si efectivamente el Estado
invirtió esos recursos en dichas áreas, es un punto todavía discutible.
En Chile, el funcionamiento de las empresas sanitarias públicas varió entre unas y otras
dependiendo de su comportamiento, de su gestión, etc., y tuvieron como consecuencia distintos
rangos de manejo, de eficiencia, de resultados.
La experiencia obtenida durante la transición, desde que se formaron las empresas sanitarias
estatales de carácter regional hasta que fueron realmente privatizadas, fue en general exitosa.
Las empresas continuaron con los proyectos de inversión, continuaron mejorando su cobertura,
lograron autofinanciamiento, que era un objetivo primordial, y finalmente terminaron
generando utilidades, y en algunos casos, generando utilidades tremendamente importantes
como el caso de la empresa de Antofagasta en la Región Administrativa II del país.
Después del primer proceso de reforma hubo un ajuste tarifario que fue sin duda importante
tanto en el primer proceso de reformas como en el segundo, lo que significó que en el segundo
proceso se pudo aplicar la tarifa total de forma inmediata porque la gradualidad ya se había
aplicado en los primeros cinco años de la primera reforma.
Cuando se analizan las debilidades que tenían las empresas públicas del sector, se encuentra
que una de ellas era su permeabilidad a intereses políticos, representados incluso dentro de sus
mismo Directorios. En efecto, hubo empresas que durante sus procesos tarifarios obtuvieron
como resultado incrementos en las tarifas que les permitía cumplir las metas operacionales, sin
embargo, algunos miembros de esos Directorios no les interesaba el tema de las implicancias
económicas de contar con recursos financieros adecuados, sino que les interesaba el tema de la
realidad social y política a la que ellos y sus colectividades políticas debían responder.
Este tipo de situaciones fue permanente en las empresas públicas lo que en definitiva no les
permitió ser tan eficientes como pudieron haber sido. Ello ocurrió también en parte porque los
miembros de los Directorios eran designados políticamente y normalmente no tenían una
preparación técnica adecuada del tema. Sus objetivos se centraban principalmente en lo político,
por encima de los objetivos de la empresa, lo que sin duda complicaba el adecuado proceso de
toma de decisiones.
No obstante, se dieron algunas experiencias de empresas que tuvieron un perfil técnico dentro
de su Directorio, que fueron más exitosas porque le dieron coherencia y sustento a la toma de
decisiones.
Por otra parte, con la privatización se perdió totalmente la idea y el sentido de la colaboración
regional entre todas las entidades públicas. En efecto, mientras las administraciones de las
empresas tenían el poder fiscal, había una serie de medidas que no implicaban grandes costos
para las empresas, como ayudar a algún sector que estaba sin servicio o facilitar el camión
limpia fosas para resolver algún problema o colaborar en situaciones de sequía o inundaciones,
que las empresas estatales estaban dispuestas a proveer. Había una política de buena vecindad.
Cuando las empresas se privatizaron todos estos apoyos a las autoridades regionales y
comunales se fueron perdiendo. A las empresas privadas no les interesaba ese aspecto del
servicio, lo que dejó a las autoridades regionales o locales con mayor dificultad para poder
solucionar este tipo de problemas.
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