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HISTORIA DEL SECTOR SANITARIO CHILENO: DE LA GESTIÓN ESTATAL HASTA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
MARÍA ANGÉLICA ALEGRÍA CALVO Y EUGENIO CELEDÓN CARIOLA
8. La industria sanitaria después de las reformas
Resultados de las empresas
La reforma de 1988 moderniza el sector sanitario urbano generando una industria, con
capacidad de regulación por parte del Estado, desvinculando las actividades de provisión de los
servicios con las de regulación y control. Estas reformas ya habían sido impulsadas en los
sectores eléctricos y de telecomunicaciones a partir de 1984, con fórmulas similares a las
aplicadas en el sector sanitario. La participación privada en esas industrias alcanzó niveles
cercanos al 100 por ciento al finalizar la década de 1980.
Con el retorno de la democracia en 1990, el Gobierno elegido recibe un sector sanitario en el
cual un 91 por ciento de la propiedad de las empresas está en manos del Estado, a diferencia del
resto de los sectores de servicios públicos que habían sido transferidos mayoritariamente al
sector privado. Entre 1990 y 1998 se discuten y ensayan diversas formas de incorporación de
participación privada en el sector.
El restante 9 por ciento del sector sanitario, de propiedad privada al año 1990, corresponde a
empresas independientes de las empresas estatales regionales que abastecían y todavía
abastecen principalmente sectores asociados a urbanizaciones y áreas urbanas de altos recursos,
cuyo funcionamiento no superaba a las empresas estatales existentes en calidad y servicio, las
que incluso en diversas oportunidades debieron ser apoyadas por las empresas sanitarias del
Estado frente a la crisis de funcionamiento; por ejemplo apoyo de EMOS (empresa estatal) a
empresa Lo Castillo (privada) durante la sequía de 1996.
En este período ocurrieron dos procesos tarifarios: la formalización de las concesiones, la
entrada en operación y puesta en régimen de la mayor parte de las empresas estatales creadas y
el mejoramiento del nivel de coberturas y de la rentabilidad de las empresas que operaron en el
sector. Ninguna de las empresas regionales, así como tampoco ESVAL y EMOS fueron
privatizadas y se generaron algunas iniciativas de participación del sector privado que, aunque
no lograron generar un plan más amplio de participación, permitieron verificar cómo respondía
el marco regulatorio con la participación de empresas privadas.
La primera forma de privatización de servicios del Estado se produce cuando en 1993 se entrega
en concesión por 30 años al sector privado, un área de la zona costera central con 50,000 clientes,
denominada Litoral Sur, cuya concesión pertenece a ESVAL S.A. La fórmula utilizada en este
caso corresponde a un contrato de gestión con inversión mediante el cual la empresa privada
debe explotar los servicios y realizar las inversiones durante un período de 30 años, recibiendo
como ingresos un porcentaje de la recaudación.
Luego, en 1995 se transfiere otra concesión al sector privado, a través de una licitación. Se trata
de una porción de la zona que explota la empresa ESSAL S.A. que opera en la X Región, en el
sur del país. En este caso se trata de una venta, en la cual el 100 por ciento de la propiedad
queda en manos del sector privado. La nueva empresa se constituye en forma independiente
con el nombre de Aguas Décima S.A., proveyendo los servicios a un total de aproximadamente
29,000 clientes.
En el año 1995, y debido a la decisión política de los Gobiernos de la Concertación, de abrirse
como país a la economía mundial a través de tratados de libre comercio, la autoridad decide
generar un proceso sistemático de incorporación de capitales privados en el sector. Esta
decisión tiene su fundamento en las fuertes inversiones que deberán hacerse en un corto plazo
en las plantas de tratamiento de aguas servidas para todas las ciudades y localidades urbanas
en el país. Dicha obligación nace de los tratados de libre comercio que se empiezan a gestar con
otros continentes que imponen exigencias ambientales que Chile como país no cumplía, lo que
generaba una desigualdad con los productores de los países contraparte de dichos acuerdos
comerciales.
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