Historia del sector sanitario chileno - United Nations Research ...

UNRISD PROGRAMA SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y DESARROLLO
DOCUMENTO NÚMERO 29
En el mensaje enviado por el Presidente Frei en mayo de 1995, fecha en la cual se envía el
proyecto de ley para su tramitación en el Congreso, se presenta un breve diagnóstico de la
situación del sector sanitario y se señaló la necesidad de «liberar paulatinamente al Estado de la
prestación directa y concentrar su acción en la regulación de las tarifas, la calidad de los
servicios y el subsidio a los más pobres».
Para el Gobierno, la meta de obtener un 100 por ciento de cobertura en agua potable y
alcantarillado al año 2000 y un 100 por ciento de tratamiento de las aguas servidas al año 2010,
demandarían un alto nivel de inversiones en los siguientes años, además de emprender
proyectos de mayor complejidad tecnológica y de gestión, para lo cual era necesario la
participación del sector privado. Para esta participación del sector privado, a juicio del
Gobierno, era necesario un marco regulatorio claro y estable en lo normativo y fuerte en lo
institucional, que estuviera operando en forma previa a la incorporación del sector privado en
el sector sanitario.
Por ese motivo, en febrero de 1998, se promulga la Ley No. 19549 que incorpora una serie de
modificaciones al cuerpo regulatorio que rige el sector sanitario. Los objetivos perseguidos por
el Gobierno con la modificación del marco regulatorio se centraron en:
• Introducir restricciones a la estructura de propiedad de las empresas prestadoras
de servicios sanitarios para evitar la concentración de la propiedad y la
constitución de monopolios, en el sentido que ningún grupo empresarial podría
participar en la propiedad o usufructo de acciones o explotación de concesiones
de un número de empresas prestadoras, en una proporción superior al 49 por
ciento del número total de empresas clasificadas en la respectiva categoría.
Se definieron tres categorías: empresas grandes con el 15 por ciento o más de los
clientes totales del país; empresas medianas con menos del 15 por ciento y más del
4 por ciento de los clientes totales del país, y empresas pequeñas con menos del 4
por ciento de los clientes totales del país.
Ningún grupo empresarial que tuviera el control o influencia decisiva en la
administración de empresas concesionarias de servicios públicos que fueran
monopolios naturales de distribución eléctrica o de telefonía local, cuyo número
de clientes excediera el 50 por ciento de usuarios en uno o más de estos últimos
servicios en las áreas bajo concesión de la empresa prestadora de servicios
sanitarios, podrían participar en la propiedad, usufructo de acciones de dicha
empresa prestadora de servicios sanitarios de distribución de agua potable, o
recolección de aguas servidas.
• Regulación de los conflictos de intereses y manipulación de la información. En
este ámbito se pueden señalar las siguientes modificaciones:
◦ La propiedad estatal se mantiene en al menos un 35 por ciento en cada empresa
prestadora. Esto permite limitar los conflictos de intereses en estas sociedades a
través de la acción de los directores elegidos con la votación de acciones en
manos del Estado.
◦ Las empresas prestadoras no pueden adquirir bienes y/o contratar servicios
por un valor de más de 500 unidades de fomento (16,000 dólares de EUA
aproximadamente) con personas relacionadas a menos que dichos actos hayan
sido objeto de una licitación pública. Las condiciones de los contratos
celebrados mediante dicha licitación pública sólo podrán ser alterados por
razones fundadas, con el acuerdo de al menos los dos tercios del directorio de
la sociedad concesionaria y con información oportuna a la Superintendencia.
Anualmente, el prestador deberá informar detalladamente a la entidad
normativa sobre los contratos y transacciones asociadas a la compra de bienes o
servicios con personas relacionadas.
◦ Toda adquisición de bienes o contratación de servicios por montos superiores a
las 5,000 Unidades de Fomento (160,000 dólares de EUA aproximadamente),
deberá realizarse mediante licitación pública.
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