Historia del sector sanitario chileno - United Nations Research ...

UNRISD PROGRAMA SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y DESARROLLO
DOCUMENTO NÚMERO 29
En cambio, en el sector rural el sistema funciona con cooperativas o comités que están regulados
por el Ministerio de Salud en cuanto a la calidad de servicio y deberían ser supervisadas por el
Ministerio de Economía. El funcionamiento de cooperativas y comités de agua potable rural ha
ayudado fuertemente a la organización social de la gente en el campo, resaltando la solidaridad,
la participación y fomentando el desarrollo de otras organizaciones.
Otra debilidad del Sistema es el de asegurar su sostenibilidad. Aunque esté previsto que el
Estado invierta en la infraestructura, éste tiene que disponer permanentemente de recursos para
la asesoría técnica a los comités. Con el tiempo debe también preocuparse por las
rehabilitaciones y mejoramientos, debido a factores como los problemas de mantenimiento de
las obras por poco cuidado del comité; la falta de pago del servicio por nivel de pobreza o
realidades como el hecho de que las asambleas de las cooperativas o comités deciden bajar las
tarifas en beneficio de los usuarios por debajo del valor de un mínimo aceptable para el buen
funcionamiento del sistema (Subcomisión de Agua 2004).
Actualmente, en la Ley de Presupuesto del Sector Público No. 19915 de 2004, se establece que la
inversión en proyectos de agua potable rural podrá efectuarse directamente por el MOP, o bien,
mediante convenios con las empresas sanitarias o sus concesionarias. Por lo señalado en esta
Ley y las instrucciones del Ministerio de Hacienda, no es posible imputar a inversión real gastos
de administración asociados a los proyectos, tales como contratación de profesionales para la
inspección técnica y otros gastos indispensables para la ejecución del Programa de APR. En
estas condiciones no es posible que el MOP, a través de la DOH, actúe como organismo ejecutor
de las actividades antes señaladas. En consecuencia, la única opción para la continuidad del
programa durante el año 2004, ha sido suscribir convenios con las empresas sanitarias
concesionarias regionales de las localidades urbanas.
De acuerdo con la Constitución Política, el Estado se compromete con los ciudadanos a
preservar y cuidar el derecho a la vida y a la salud de las personas. Proveer de sistemas de
abastecimiento de agua potable y soluciones de recolección, tratamiento y disposición de aguas
servidas, significa prevención de enfermedades, disminuyendo los índices de mortalidad y
morbilidad de las personas, especialmente en los niños. Asimismo, la Constitución declara que
todos los chilenos son iguales, motivo por el cual el Estado debería hacer esfuerzos para
disminuir las diferencias en los servicios prestados a los habitantes en el sector urbano y el
sector rural.
En consecuencia, debe ser una obligación del Estado proveer infraestructura sanitaria rural y
asegurar que ella sea autosostenible en el tiempo con el compromiso de la comunidad.
Para la continuación del funcionamiento y desarrollo de los servicios sanitarios del sector rural,
Chile requiere de una “institucionalidad del sector”.
7. Participación ciudadana y enfoque de género
En este capítulo se analiza la acción y participación de la comunidad en los servicios de agua
urbanos y rurales.
A nivel rural se tiene una larga tradición de participación e involucramiento de las
comunidades, puesto que los gobiernos han desarrollado programas que tuvieron como
propósito general obtener de los beneficiarios una participación responsable y permanente, para
que fuera la propia comunidad organizada quien efectuara la operación, la administración y el
mantenimiento de los servicios de agua potable rural, una vez construidos. Este criterio se
sustenta en la capacidad que tiene la comunidad, bajo un modelo de autogestión y
participativo, para constituirse en una organización representativa de los usuarios y asumir
dichas funciones, incluyendo el cobro de tarifas por los consumos de agua potable de cada
familia beneficiaria.
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