Primer Salón de Bodegas Cooperativas - Cooperativas Agro ...

cuestiones horizontales
perativa agraria o de explotación
comunitaria de la tierra o
a las sociedades agrarias de
transformación, con un texto
simple como ya hacía el artículo
15 de la Ley de 1980 mencionada:
“Asimismo, se entiende
como agricultor profesional
las cooperativas agrarias, de
explotación comunitaria de la
tierra, y las sociedades agrarias
de transformación”.
Con este esquema, y teniendo
en cuenta aspectos como la
enorme caída de activos agrarios
en estos 25 últimos años,
la importante modificación que
va a suponer en la política
agraria decisiones como el
desacoplamiento y, especialmente,
la escasa incorporación
de jóvenes en el sector, resulta
congruente la no exigencia,
como antes apuntábamos, del
requisito de profesional de la
agricultura para poder ser
parte contratante como arrendatario.
Ahora bien, asumido el anterior
punto, la incorporación de
la nueva figura del agricultor
profesional en el Anteproyecto,
entendemos que debe conllevar
un conjunto de medidas
beneficiosas para el mismo.
Hay que suponer que fue la
voluntad inicial de los redactores
de esta reforma pues, aunque
con excesiva timidez, en el
primer borrador de Anteproyecto
se establecían algunas
preferencias para este tipo de
agricultor a la hora de acceder
a determinados aprovechamientos.
– Contenidos de esta figura.
La sorpresa del actual Anteproyecto
es que tal preferencia
ha desaparecido. ¿Por qué,
entonces, incorporar y definir
esta figura de agricultor profesional
en el texto, si a lo largo
del articulado no existe mención
alguna al mismo? Creemos
que debería aprovecharse
la reforma para buscar apoyos
a esta figura, lo que no impide
o limita que cualquiera sea
parte del contrato.
Así, si uno de los principales
aspectos beneficiosos de la
reforma en curso es la recuperación
del tanteo y retracto a
favor del arrendatario, cabría
buscar formas de dar preferencia
al agricultor profesional
para ejercer tal derecho. Lo
mismo respecto a la adquisición
preferente.
También se podrían establecer
preferencias en materia de
cesión o subarriendo, o en
supuestos de defunción del
arrendatario. Se trataría, por
tanto, de beneficiar al agricultor
profesional, sea persona
física o entidad jurídica como
la cooperativa agraria, de
explotación comunitaria de la
tierra o SAT, facilitando con
estas medidas o en otras fiscales
posibles, su permanencia y
mejora en la explotación. No
alcanzamos a entender por qué
se pierde la oportunidad de
esta reforma para aplicar tal
objetivo.
– Límites de extensión para
las cooperativas agrarias
como arrendatarias de tierras.
De carácter verdaderamente
frustrante para las cooperativas
agrarias resulta una
de las modificaciones incorporadas
en el último Anteproyecto.
Si bien, su artículo 9 reconoce
a estas entidades su
capacidad para ser arrendatarias,
se establece un límite para
el total de tierras objeto de
contrato, que no podrán superar
las 1.000 hectáreas de regadío,
10.000 para secano y
20.000 para pastos. Se castiga a
estas entidades asociativas al
superar la multiplicación por
20 del límite establecido para
las personas físicas que arrienden,
cuando la tendencia debe
ser la de fomentar la integración
y concentración asociativa.
Parece, por tanto, de toda
lógica la supresión de la mencionada
limitación.
Valoración
En términos generales hay que
valorar positivamente la propuesta
de reforma de la Ley, especialmente
por lo que se refiere a la recuperación
de figuras como el tanteo y
retracto, la adquisición preferente, así
como la ampliación de tres a cinco
años de la duración del contrato. Es
positivo, también, el esquema de no
imponer requisitos a las partes contratantes,
y la incorporación de la
figura del agricultor profesional, pero
en este último supuesto, siempre que
se le dote de contenido según se ha
apuntado. Desde la perspectiva de las
cooperativas, se centrará nuestro
trabajo, tanto en el dictamen que
debe emitir el Consejo Económico y
Social como en el posterior debate
parlamentario, en la asimilación de
nuestras entidades asociativas como
agricultor profesional y en la desaparición
de límites territoriales como
parte contratante. ■
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