informe tributario - AELE

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Í n d i c e3
COYUNTURA
• El Congreso y la Tributación en Democracia
APUNTES TRIBUTARIOS
5
• El arbitraje con las empresas eléctricas: Las luz al final del túnel
• Convenios de Estabilidad: Necesidad de homogeneizar su tratamiento
• Capitalización de deudas tributarias: ¿Propuesta viable?
• Tribunal Fiscal: Disposiciones respecto al Informe oral
• Impuesto General a las Ventas: Exoneración del pescado salpreso y sellado al vacío no destinado a uso industrial
• Medición del desarrollo nacional: Índice de Competitividad
• Informe sobre el desarrollo mundial 2002: Instituciones para los mercados
COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
• Aprobación de Leyes Tributarias: Nuevo procedimiento (Resolución Legislativa Nº 011-2001-CR)
• SUNAT-Tasas de Interés Moratorio: (Resolución de Superintendencia Nº 126-2001/SUNAT))
• ISC aplicable a los derivados del petróleo: Reciente modificación (Decreto Supremo Nº 212-2001-EF)
INFORME TRIBUTARIO
• Convenios de Estabilidad y Depreciación de Activos Revaluados
Humberto Medrano Cornejo
• Impuesto a la Renta y Reinversión Ejercicio 2001: Apuntes necesarios sobre la norma reglamentaria
• Reducción del Impuesto a la Renta 2001
Rubén Del Rosario Goytizolo
• Impuesto a la Renta 2002 y Tasa Adicional de 4.1% por distribución de utilidades
• PATRE: Presión de aportaciones y tributos sobre la remuneración
INFORME TRIBUTARIO MUNICIPAL
• Los Pensionistas y el Beneficio contenido en el Impuesto Predial: Análisis de la legislación vigente
Mario Alva Matteucci/Aldo Chaparro Luy
CASUÍSTICA
• IGV-Reintegro del crédito fiscal
• IGV-Utilización de servicios
• Impuesto a la Renta-Gastos Deducibles
• Impuesto a la Renta: Reinversión de Utilidades
• Impuesto a la Renta: Créditos provenientes del exterior
CONSULTA INSTITUCIONAL
• Comprobantes de Pago
JURISPRUDENCIA DE AMPARO
• Plazo de caducidad del Amparo y silencio negativo: El cómputo se inicia cuando vence el plazo para que el
Tribunal Fiscal resuelva el Recurso de Apelación
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JURISPRUDENCIA COMENTADA
• Ámbito del IGV: Utilización de servicios, cesión en uso de bienes intangibles y capitalización anual del interés
moratorio de multas
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SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
INDICADORES
• Calendario Tributario y de otros conceptos.
51
• Cronograma de vencimiento de pagos a cuenta semanales del ISC - Caldendario para Buenos Contribuyentes
- Cronograma para la presentación de información de Entidades Estatales sobre la adquisición de bienes y/o
servicios - Impuesto a la Renta 2001: Rentas de 4ta. y 5ta. Categorías - Tabla para calcular el Impuesto a la
Renta 2001 - Factores para el Ajuste Integral de los Estados Financieros - Valor de la UIT aplicable de 1993 al
2001.
52
• Tasa de Interés Moratorio-SUNAT - Tasa de Interés Mensual para Devoluciones de Pagos indebidos o en exceso
- Tassa de Interés Moratorio-ADUANAS - Tasa de Interés Internacional.
53
• Dólar Norteamericano - Tasas Activa y Pasiva de Intereses.
54
• Índice de Reajuste Diario - Declaración de la base imponible en ADUANAS.
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LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
• Textos de los Principales Dispositivos Legales: Del 21 de octubre al 06 de noviembre de 2001
• Sumillas de Legislación Tributaria: Del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2001.
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NOVIEMBRE 2001

COYUNTURA
El Congreso y la Tributación
en Democracia
En una de las sesiones del CADE 2001, ocurrió
un hecho anecdótico que podría mostrar las
sensaciones empresariales frente a la actuación
del actual Congreso de la República: ante una
pregunta de Beatriz Boza, el ex ministro del régimen
fujimorista, señor Gustavo Caillaux, señaló
que el primer consejo que daría al gobierno de
Alejandro Toledo sería disolver el Parlamento, lo
que originó fuertes palmas y vítores de la audiencia
formada sustancialmente por la crema y nata
del empresariado nacional.
La anécdota sorprende, porque parecería que
muchos empresarios no aprendieron de lo sucedido
en el país en el decenio pasado. Habríamos
esperado una cerrada defensa del sistema democrático.
Ahora bien, detrás del hecho hay una profunda
molestia empresarial frente a lo que perciben
como una desordenada, ilegítima y preocupante
actuación del Congreso, entendemos especialmente
con las actuaciones respecto a la reciente discusión
sobre el arbitraje del Estado con las empresas
eléctricas (1) . Si a ello le sumamos los comentarios
de varios analistas de inversión sobre
las dificultades que generaría a los posibles inversionistas
las actuaciones del Congreso de discutir
las políticas tributarias, entre otras, generando
un clima de inestabilidad y zozobra, podemos
diseñar el gráfico completo de este enfoque
de nuestra coyuntura actual.
Efectivamente, para la clase empresarial lo
más significativo del decenio pasado habría sido
la voz unísona entre el Congreso y el Poder Ejecutivo,
entre otras, respecto a las políticas tributarias;
lo que sería visto como un valor para el desarrollo
del país. Ahora bien, si entramos a analizar
dicho período concluiremos que las políticas
fueron planteadas desde el equipo económico, sin
ninguna discusión pública abierta, lo que originaba
cierta lectura sencilla del panorama, pero
sin que se pudiera notar lo dañinas que podrían
ser para el conjunto social determinadas políticas
económicas y, en muchos casos, los pequeños intereses
que escondían determinados diseños normativos.
En concreto, existe en la actualidad un grave
desentendimiento de la clase empresarial respecto
al rol del Congreso en la vida democrática, especialmente
en materia tributaria. Desde nuestro punto
de vista, planteamientos como los descritos líneas
arriba no contemplan cabalmente lo que debe ser
el desarrollo del país en democracia.
Efectivamente, la tributación tiene un carácter
técnico, pero también un contenido de decisión
política. El aspecto político y el técnico están muy
presentes en el espacio de aprobación de normas
tributarias, ahí el trabajo de los técnicos tiene
que ser el adecuado, debiendo plantear los
temas desde la perspectiva de la recaudación fiscal
o de la liberación de costos para el desarrollo
de la actividad económica.
Sin embargo, dejarlo todo a la decisión técnica
es de alguna manera olvidar el elemento de
decisión de oportunidad que se canaliza a través
de los órganos políticos. No es técnica la decisión
sobre aumentar, disminuir o acentuar la carga
impositiva sobre determinados sectores, o actores
de la economía, esto corresponde al ámbito
del fuero público y a la decisión del conjunto
de la sociedad, hasta hoy a través de sus representantes
democráticamente elegidos.
El Congreso tiene que discutir los temas concretamente
y ello no debe generar ningún problema
respecto al contenido de los supuestos de
la democracia; el Congreso está pensado para
discutir los asuntos públicos, autorregularse y desarrollarse.
De hecho, en los países del primer
mundo plantean muchas discusiones en los parlamentos
porque éstos acaban siendo el ágora
de la discusión publica.
Sin embargo, en los países en desarrollo la
desconfianza surge de la constatación de que las
instituciones son débiles y los participantes de la
cosa pública van a decidir más allá del bien y del
mal. No obstante, las recientes acciones en materia
tributaria de medios de comunicación, empresarios,
ciudadanos de a pie, etc. en Centroamérica,
Colombia y el propio Perú nos habrían
demostrado la importancia real que tiene la sociedad
civil como límite a la actuación de los parlamentos
en la toma de decisiones en materia fiscal.
Además, en nuestro caso, debe rescatarse dos
esfuerzos muy importantes del propio Congreso
con relación a hacer predecible su trabajo y establecerse
ciertas limitaciones institucionales. El
primero de ellos, es la modificación del Reglamento
del Congreso a fin de autoimponerse res-
–––––––
(1) La reciente discusión en el Congreso respecto al tema
arbitral ha sido una muestra clara del rol congresal:
discutir públicamente los asuntos de índole tributaria,
llegando a un acuerdo de carácter político dentro de
las facultades que le compete. En la práctica, luego de
algunos desconocimientos técnicos y de ciertas insistencias
políticas para llegar a conclusiones forzadas,
las Comisiones de Justicia y de Constitución del Parlamento
habrían llegado a la conclusión –prevista por
nosotros- de que el arbitraje debe ser respetado.
NOVIEMBRE 2001 3

COYUNTURA
tricciones respecto a la aprobación de determinadas
leyes, entre otras las vinculadas a temas
tributarios.
Se resalta con este gesto los valores de transparencia
y lealtad con el propio sistema democrático.
El gesto plantea la vocación de que en el
país no se vuelvan a dar leyes-sorpresa, reuniones
del pleno de madrugada, leyes sin trámites
de comisiones, leyes redactadas fuera y al margen
del Congreso, etc.
El segundo, que resulta un hecho histórico sin
precedentes, es la aprobación por parte del pleno
del Congreso de la República de una “Agenda
Legislativa Básica Priorizada” para el período
legislativo 2001-2002 de medio centenar de
proyectos de ley considerados urgentes. Si tomamos
en cuenta que el establecimiento de dicha
agenda se ha hecho a partir de un proceso de
decantación democrática (2) , podemos concluir que
la correcta discusión y aprobación de las leyes
correspondientes se hará en un correcto clima de
consenso.
Entre los nueve temas básicos en los que han
sido agrupados los 52 proyectos a discutir, interesan
directamente cuatro en los que se discutirán
muchos aspectos de índole tributario: recesión,
desempleo y pobreza (interesa especialmente
los proyectos de ley sobre Zonas Económicas
especiales, la promoción de la agroindustria, el
Régimen Especial para la Amazonía y Fronteras,
la actividad turística, la promoción privada en
vivienda y transporte, y la racionalización del sistema
tributario); centralismo y descentralización
(interesan los proyectos de Ley sobre Bases para
la Regionalización y sobre el régimen municipal);
modernización educativa (Ley de Promoción del
desarrollo científico y tecnológico); y, reforma de
la Constitución de 1993.
Además, los rubros de fortalecimiento institucional,
derechos económicos y sociales, y gobernabilidad
y moralización pueden interesar en la
medida que se plantean, sucesivamente, los proyectos
sobre carrera administrativa, tratamiento
de los “services” y medidas anticorrupción.
En términos de lo que venimos desarrollando,
el establecimiento de la agenda podría configurar
cuanto menos que hay una intención de que el
poder tributario sea ejercido por el cauce normal
que es la aprobación de leyes por el Congreso de
la República. Ello, de realizarse, sería una correcta
y alentadora novedad en este país; y podría
dar una buena perspectiva de orden y seriedad al
conjunto de ciudadanos e inversionistas.
Ahora bien, el espacio para el proceso de
desarrollo de la relación tributaria sí es el espacio
propio de las relaciones técnicas y allí es necesario
replantear varias de las actividades institucionales
propias de dicho proceso; no debemos
permitir más que las Administraciones Tributarias,
incluidas las municipales, no mantengan
un nivel técnico idóneo que permita una administración
adecuada de dicha relación, pero que
a la vez tengan siempre presente que realizan
una actividad al servicio de los ciudadanos. Lo
propio debe decirse de los organismos resolutores
(Tribunal Fiscal y Poder Judicial).
Finalmente, debemos precisar que hoy está
muy claro en el análisis institucional internacional
que a los inversionistas no les interesa tanto
las ventajas tributarias de determinado país, es
un costo importante, pero no decisivo, sobre todo
si se tiene en cuenta que el mundo va hacia una
armonización de políticas tributarias de los distintos
países, les interesa ante todo conocer el nivel
de estabilidad de las políticas públicas (esa
fue la razón por la que aceptamos la celebración
de convenios de estabilidad a sabiendas de todos
los problemas, sobre todo de índole constitucional
y de pérdida de soberanía que representan)
y el grado de fortaleza e independencia de
las instituciones. Por eso es que el planteamiento
no debería ser el tener una tasa impositiva más
baja o mayores incentivos tributarios, sino permitir
el mantenimiento de un diseño estable, justo,
igualitario y técnico, soportado en instituciones
democráticas. Las acciones del Legislativo descritas
líneas arriba parecen ir en esta dirección.
Sobre este último tema es sobre el que más
planteamientos hay que desarrollar, el país debe
marchar hacia un sistema estable donde no haya
excepciones tributarias mayores para los actores.
Plantear la igualdad general es una exigencia
constitucional y democrática, para que todos los
ciudadanos puedan concurrir en igualdad de condiciones.
Entonces, hay que volver a plantear el diseño
de las rentas a las personas naturales, de tal modo
que los costos reales sean similares y no exista
posibilidad de perjuicios, además hay que promover
un debate nacional sobre el esquema tributario
empresarial que permita, con honestidad,
la igualdad entre todos, sin privilegiar en la práctica
o a través de un discurso engañoso que determinados
sectores de la economía cubran con
menor costo el proceso de nuestro desarrollo.
Ahora bien, la excepción –que supone trato
desigual a los desiguales– debería plantearse
como posibilidad previo análisis de los costos y
ventajas, no como en el pasado en el que las excepciones
se planteaban en pequeños cabildeos
y sin que trascienda mas allá, eso no genera estabilidad,
sino compromisos autoritarios, profundamente
antidemocráticos.
Entonces, sería un acierto que más allá del
caso del arbitraje, se pueda replantear en la escena
pública alguna de las reflexiones planteadas.
Sólo discutiendo y llegando a acuerdos entre
todos los actores podremos plantear un sistema
tributario estable, seguro y justo.
–––––
(2) Se pidió a las cinco principales fuerzas políticas que
hicieran llegar a la mesa directiva del Congreso una
lista de aquellos proyectos que consideren medulares,
luego se solicitó al Poder Ejecutivo que hiciera lo
propio –éste presentó cerca de 80 proyectos de ley-,
y a partir de esta lista unificada se seleccionaron los
cincuenta y dos proyectos referidos.
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NOVIEMBRE 2001

APUNTES TRIBUTARIOS
Apuntes Tributarios
• EL ARBITRAJE CON LAS
EMPRESAS ELÉCTRICAS:
La luz al final del túnel
ses del Estado, el fallo devendría nulo y
tendría que revisarse en sede judicial.
Los informes correspondientes, por
disposición del Pleno ante el ultimátum
dado por algunos ministros, pasaron a
revisión a las Comisiones de Constitución
y de Justicia. Al cierre de esta edición,
por lo menos verbalmente, el tema
había quedado solucionado en dichas
Comisiones; para ello, habrían sido
decisivos los aportes técnicos de los asesores
del MEF (especialmente la diferencia
entre lo sometido a arbitraje y las
facultades de fiscalización de SUNAT),
y de algunos asesores especiales de los
congresistas (especialmente Jorge Danós
quien aclararía las diferencias entre
las instituciones incluidas: arbitraje,
competencias del Congreso y actuaciones
administrativas del Estado).
Se habría recomendado al Congreso
no inmiscuirse en el tema arbitral por
considerarse un asunto jurisdiccional; de
tal modo que quedará a los árbitros la
decisión sobre el diferéndum, cualquier
actuación en contrario significaría violar
el artículo 62° de la Constitución. Sin
embargo, se habría establecido que la
SUNAT está facultada a analizar si las
medidas de escisión y/o fusión se tomaron
con la intención de eludir el Impuesto
a la Renta, en cuyo caso estaría facultada
por la Norma VIII del Título Preliminar
del Código Tributario a determinar
la verdadera naturaleza del hecho imponible
tomando en cuenta los actos, situaciones
y relaciones económicas que
efectivamente persiguieron las empresas
eléctricas (ver sobre este punto la última
parte del artículo del doctor Humberto
Medrano en el presente número).
Nos parece acertada la decisión final
que tomaría el Congreso de la República
pues mantiene la idea que habíamos
esbozado hace algunos meses
de separar la discusión sobre la procedencia
o no de la acotación (que debe
discurrir dentro de los cánones propios
La discusión pública más importante
sobre materia tributaria, en las cuatro últimas
semanas, fue la actuación del Congreso
de la República respecto a la situación
del arbitraje iniciado entre el Estado
y dos empresas eléctricas. El debate era
para aclarar si los alcances de los convenios
de estabilidad suscritos incluían el régimen
especial de fusiones y escisiones
aprobado mediante Ley Nº 26283 (tómese
en cuenta que han sido cuatro las comisiones
de dicho organismo legislativo
que se han abocado sucesivamente al
tema).
El tema cobró mayor importancia
cuando la Jefa de SUNAT remitió una
carta al Presidente de la Comisión de
Constitución, solicitándole que emita un
informe respecto a la obligatoriedad o no,
para la SUNAT, del cumplimiento de los
laudos arbitrales respecto a temas que pudieran
tener implicancias en la determinación
y cobro de tributos.
Tanto la Comisión de Fiscalización
como la Comisión Investigadora de los
Delitos Económicos y Financieros 1990-
2001 (que fueron las primeras en ver el
tema) analizaron el tema a partir de entender
que el Estado no puede renunciar
a sus atribuciones de fiscalizar y acotar a
las empresas, de tal modo que no podría
haber arbitraje alguno porque éste se da
sobre aquellos casos en que las partes tienen
libre disponibilidad, excepto en los
concernientes a las atribuciones del Estado.
En tal sentido, en opinión de estas
comisiones, la cláusula arbitral de los
contratos de estabilidad resultaría nula,
por lo que la controversia suscitada no
podría resolverse por medio de un arbitraje.
En todo caso, si el Tribunal Arbitral
resolviera, y lo hiciera contra los interede
los procedimientos técnicos establecidos,
incluido el arbitraje) de la discusión
sobre la procedencia en términos
de justicia del beneficio (que supone
averiguar si existe responsabilidad política
o de otra índole de los funcionarios
públicos que establecieron el régimen
especial de fusiones o escisiones) y
de la vigencia de políticas públicas de
firma de convenios de estabilidad.
• CONVENIOS DE
ESTABILIDAD:
Necesidad de homogeneizar su
tratamiento
Como se recordará, en setiembre de
2000, mediante Ley Nº 27342, se modificó
el esquema aplicable a los convenios
de estabilidad tributaria celebrados
al amparo del Dec. Leg. Nº 662 y
del Dec. Leg. Nº 757, señalándose que
la estabilidad tributaria del Impuesto a
la Renta sería la de las normas vigentes
al momento de la suscripción del contrato
más dos puntos porcentuales. Mediante
Ley Nº 27343 se adoptó el mismo
esquema para el caso de los convenios
que se suscribieran al amparo de
las leyes sectoriales (Ley de Hidrocarburos
y Ley de Minería).
En el primer caso, el esquema cambió
con la dación de la Ley Nº 27514
(véase nuestro comentario sobre el alcance
de dicha norma en Análisis Tributario
Nº 164, setiembre de 2001,
pág. 10), de tal modo que se eliminó el
aumento de la alícuota del impuesto en
dos puntos porcentuales a partir del 29
de agosto pasado.
Para el segundo caso, el esquema
inicial permanece, dado que el equipo
económico del MEF no quiso plantear
modificación alguna sobre la materia
puesto que tenía pensado que el paquete
tributario de agosto pasado se establecería
por Decretos Legislativos; en cuyo
NOVIEMBRE 2001 5

APUNTES TRIBUTARIOS
caso no podría abordarse estos temas
porque serían materia indelegable al
Poder Ejecutivo según, entre otras, el artículo
66° de la Constitución.
El criterio asumido por el Ejecutivo
en aquel momento debe ser resaltado
porque supone querer plantear los temas
con estricto apego a la normatividad
constitucional. Sin embargo, llama
la atención la poca capacidad de reacción
que se tuvo, pues una vez aclarado
el panorama respecto a la no procedencia
de delegación de facultades y
abierta la posibilidad de aprobación del
paquete –sin discusión interna– vía Leyes
del Congreso, el Ejecutivo debió
plantear el proyecto de ley respectivo
puesto que la Constitución no establece
ningún trámite especial para la aprobación
de leyes orgánicas salvo la aprobación
por mayoría calificada del número
de miembros del Parlamento (lo
que curiosamente ocurrió con todo el
paquete aprobado).
En la práctica, la falta de agilidad
del Ejecutivo ha originado dos tratamientos
distintos dependiendo del sector en
el que se encuentre la empresa que quiere
celebrar convenios de estabilidad. Por
ello, urge que el Congreso se aboque a
legislar sobre este tema, de tal modo que
se equipare el tratamiento, evitando cualquier
problema posterior que podría originarse
por tener dos regímenes impositivos
diferentes.
• CAPITALIZACIÓN DE
DEUDAS TRIBUTARIAS:
¿Propuesta viable?
El congresista Jesús Alvarado, presidente
de la Comisión de Economía del
Congreso anunció que su comisión venía
evaluando la posibilidad de crear
un mecanismo por el cual el Estado pueda
capitalizar las deudas tributarias de
las empresas, con lo que se disminuiría
la presión financiera sobre ellas, restableciéndose
la cadena de pagos y dinamizando
el ciclo económico. A decir
del congresista, COFIDE sería quien administraría
esta cartera de acciones
para, posteriormente, cuando se haya
mejorado la situación empresarial, se
vendan dichas acciones a través de la
bolsa de valores.
Aún no se ha definido qué porcentaje
de la deuda tributaria podría capitalizarse,
aunque se ha señalado en términos
generales que el universo económico
sería de cerca de trescientos millones
de dólares, que es el monto de la
deuda tributaria de empresas en procedimientos
de reestructuración empresarial.
Los efectos negativos de la propuesta
saltan a la vista, son altos no sólo en
cuanto a sensibilidad en el sector empresarial
sino porque este tipo de esquema
mantiene niveles altos de discrecionalidad
en el proceder que puede
originar presiones para que el Estado
favorezca a determinados sectores o
grupos empresariales.
De hecho, no se ha precisado aún si
la capitalización procedería en todas las
empresas o sólo en las que son viables,
si sólo fuera con estas últimas, tampoco
se ha explicitado el mecanismo para
saber cuáles son las que podrían someterse.
Hay alto riesgo respecto a saber
cómo se valorizarían los aportes del Estado,
a cómo se determinaría cuándo
las empresas son rentables y cuándo no.
Nos preocupa, además, el impacto
que esta medida tendría en la cultura
tributaria del país, concretamente en
cuál sería el efecto en aquellos contribuyentes
que haciendo esfuerzos extraordinario
han mantenido sus niveles
de pago.
Finalmente, lo dicho no significa que
no cause preocupación el serio problema
de descapitalización empresarial en
el Perú, sino que éste debería ser abordado
de manera inteligente vía una propuesta
integral que priorice el esfuerzo
empresarial.
• TRIBUNAL FISCAL:
Disposiciones respecto al Informe
oral
En las disposiciones normativas vinculadas
al Procedimiento Contencioso-
Tributario en sede administrativa, no hay
mayores disposiciones respecto a la manera
de proceder frente al pedido de
uso de palabra de los interesados. Únicamente
el segundo párrafo del artículo
150° del Código Tributario, cuyo TUO
fue aprobado por D. S. Nº 135-99-EF,
señala que la Administración o el apelante
pueden solicitar el uso de la palabra
dentro de los 45 días hábiles posteriores
al de la interposición del recurso
de apelación, debiendo el Tribunal Fiscal
señalar la misma fecha y hora para
la realización del informe de ambas
partes.
Al respecto, mediante Acuerdo de
Sala Plena, de fecha 21 de setiembre
pasado, el Tribunal Fiscal ha establecido
lo siguiente:
1. El informe oral debe realizarse
en la fecha y hora exacta programada
en la respectiva notificación;
de tal modo que no habrá
tolerancia respecto a la hora
señalada ni se concederá prórroga
para la realización de dicha
actuación.
2. No se concederá el uso de la
palabra cuando se trate de recursos
de queja.
3. No se concederá el uso de la
palabra cuando se trate de solicitudes
de ampliación y/o corrección
de fallo.
Resulta importante que el Tribunal
Fiscal haya realizado las precisiones
señaladas, sobre todo cuando muchos
contribuyentes habían incumplido con
la regla de respetar la fecha y hora para
la actuación de los informes orales, generando
demoras y molestias innecesarias
al personal del Tribunal. Además,
debe referirse que en estricto cumplimiento
de lo dispuesto en el mencionado
artículo 150° del Código Tributario,
el uso de la palabra ha sido dispuesto
para el procedimiento de apelación.
• IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS:
Exoneración del pescado salpreso
y sellado al vacío no destinado a
uso industrial
Entre los contribuyentes dedicados a
actividades de pesca habían surgido
dudas respecto a si la exoneración del
6
NOVIEMBRE 2001

APUNTES TRIBUTARIOS
Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzaba
al pescado que había sido sometido
a algunos procedimientos como
el sellado al vacío o la salinización.
Mediante Informe Nº 087-2001-
SUNAT/K00000, la SUNAT ha absuelto
una consulta formulada por el Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria–PRONAA,
respecto a la materia.
La Administración ha señalado que de
acuerdo a lo dispuesto en el Apéndice I
de la Ley del IGV e ISC, cuyo TUO fue
aprobado por D. S. Nº 054-99-EF, se
encuentra exonerada del IGV la venta
e importación de los bienes comprendidos
en las Partidas Arancelarias
0301.10.00.00/0307.99.90.90, pescados,
crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos, excepto los
destinados para uso industrial.
En ese sentido, de acuerdo a lo señalado
por la Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera de la Superintendencia
Nacional de Aduanas, "... el pescado
salado entero, en filetes, picado en
trozos, etc., empacado al vacío, se considera
en el Capítulo 3 de la Nomenclatura,
debido a que el salado constituye
una forma de conservación contemplada
en dicho Capítulo. Asimismo,
el sellado al vacío, que es una forma de
empaque con fines de conservación, no
altera la clasificación de esta mercancía
en el Capítulo 3, puesto que no constituye
una preparación de pescado,
comprendido en el Capítulo 16; por lo
que el pescado salpreso, sellado al vacío
se clasifica en el Capítulo 03, Partida
0305, subpartidas:
0305.30.10.00 Bacalao en filetes,
salados
0305.30.90.00 Los demás pescados,
en filetes, salados
0305.61.00.00 Arenques, excepto
los filetes, saladas
0305.62.00.00 Bacalaos, excepto
los filetes, salados
0305.63.00.00 Anchoas, excepto
los filetes, salados
0305.69.00.00 Los demás pescados,
excepto en filetes,
salados".
Asimismo, se indica que esta clasificación
se efectúa en aplicación de las
Reglas Generales 1ª y 6ª para la interpretación
de la Nomenclatura, y Regla
General Complementaria Nacional del
Arancel de Aduanas basada en la
NANDINA y aprobada por D. S. Nº
119-97-EF.
En tal sentido, en virtud a lo señalado,
la SUNAT ha indicado que el pescado
salpreso y sellado al vacío comprendido
en las Partidas Arancelarias
0301.10.00.00/0307.99.90.90, excepto
el destinado para uso industrial,
está exonerado del Impuesto General a
las Ventas.
• MEDICIÓN DEL
DESARROLLO NACIONAL:
Índice de Competitividad
PUESTO
1
2
3
4
6
8
9
12
17
20
21
CUADRO Nº 1
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2001
FINLANDIA
PAÍS
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
SINGAPUR
NORUEGA
HOLANDA
SUECIA
REINO UNIDO
ALEMANIA
FRANCIA
JAPÓN
Recientemente fue presentado el Índice
Global de Competitividad 2001
que ha sido elaborado por el Programa
Andino de Competitividad de la
Corporación Andina de Fomento (CAF)
a partir del análisis de tres elementos
fundamentales del crecimiento económico:
la tecnología, las instituciones públicas
y la estabilidad macroeconómica,
de tal modo que se intenta medir la
capacidad de las economías nacionales
de alcanzar un desarrollo sustentable
en el mediano plazo.
De entre los 75 países analizados,
Finlandia es el que tiene un mejor nivel
de competitividad debido a los grandes
avances en materia de telecomunicaciones
bajo un gobierno democrático con
altos índices de predictibilidad. Respecto
a los países latinoamericanos, Chile
ocupa el puesto 27; Costa Rica; el 35,
México, el 42; y Brasil, el 44. El Perú
aparece en el puesto 55, siendo el país
con mayor índice de entre los miembros
de la Comunidad Andina de Naciones.
El Índice permite conocer con mayor
claridad que el mantenimiento de
reglas estables e igualitarias, especialmente
en materia tributaria, permiten
una mejora de la competitividad en un
país y, por ende, genera mayor inversión
privada y crecimiento sostenido en
el país. De hecho, el Índice puede plantearnos
algunas reflexiones sobre el derrotero
que debemos seguir en adelante.
ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD
6.03
5.95
5.87
5.84
5.64
5.56
5.55
5.51
5.39
5.29
5,25
NOVIEMBRE 2001 7

APUNTES TRIBUTARIOS
PUESTO
22
26
27
35
39
42
44
46
49
53
55
62
65
67
68
75
• INFORME SOBRE EL
DESARROLLO MUNDIAL
2002:
Instituciones para los mercados
Recientemente, el Banco Mundial
presentó su Informe sobre el Desarrollo
Mundial 2002 denominado «Instituciones
para los mercados», en el que se
indica que el mantenimiento de instituciones
endebles (por ejemplo leyes complicadas,
tribunales corruptos, y sistemas
de crédito profundamente sesgados)
perjudica a la gente pobre y constituyen
un obstáculo para el desarrollo.
Respecto a América Latina y el Ca-
CUADRO Nº 1
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2001
ESPAÑA
ITALIA
CHILE
PAÍS
COSTA RICA
CHINA
MÉXICO
BRASIL
URUGUAY
ARGENTINA
PANAMÁ
PERÚ
VENEZUELA
COLOMBIA
BOLIVIA
ECUADOR
ZIMBABWE
ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD
5.17
4.90
4.90
4.49
4.40
4.29
4.26
4.22
4.11
3.88
3.85
3.70
3.63
3.42
3.36
2.81
ribe, se sostiene que los procedimientos
para iniciar negocios son muy complejos
y requieren mucho tiempo, lo que
puede llevar a una mayor corrupción y
a una mayor proporción de economías
informales. De hecho, mientras que en
Australia para registrar un nuevo negocio
se requieren sólo dos pasos, dos
días y el 2 por ciento del ingreso anual
promedio, en Bolivia se requieren 20
pasos, 88 días y 266 por ciento del ingreso
anual promedio. Dentro de la región,
Panamá tiene el mejor desempeño
en este aspecto con siete pasos, seguido
de Perú, con ocho; Uruguay y
Chile, con 10; Argentina y Venezuela,
con 14; y Brasil y México, con 15.
Se señala que los países que combaten
sistemáticamente estos problemas
y crean nuevas instituciones orientadas
a las necesidades locales pueden aumentar
significativamente los ingresos
y reducir la pobreza. En el Informe se
señala que todas las instituciones que
respaldan a los mercados realizan al
menos una de las tres funciones siguientes:
(i) facilitan o restringen el flujo de
información; (ii) definen y hacen observar
los derechos de propiedad y los
contratos; y, (iii) incrementan o reducen
la competencia. Se señala también que
las reformas e innovaciones han sido
especialmente eficaces cuando responden
a esas necesidades y lo hacen de
forma compatible con la situación del
país, y favorecen el acceso de los pobres.
El informe resumió sus recomendaciones
en cuatro principios para orientar
a las autoridades responsables en
la creación de instituciones más eficaces:
• Complementar lo que ya existe:
El diseño de cualquier institución
debe tener en cuenta el carácter
de las instituciones de apoyo,
personal especializado, tecnología
y nivel de corrupción existentes.
• Innovar: Las instituciones no son
inmutables. Hay que estar preparado
para experimentar con
nuevos sistemas institucionales y
para modificar o abandonar los
que no funcionan.
• Conectar: Es preciso conectar las
comunidades mediante el libre
intercambio de información y el
libre comercio. En particular, el
intercambio de información, mediante
un debate abierto, genera
la demanda en favor del cambio
institucional.
• Promover la competencia: Debe
fomentarse la competencia entre
las jurisdicciones, empresas e individuos.
La competencia favorece
la demanda de nuevas instituciones,
modifica los comportamientos,
introduce una mayor flexibilidad
en los mercados y da
lugar a nuevas soluciones.
8
NOVIEMBRE 2001

COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
Comentarios a la Legislación
Del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2001
APROBACIÓN DE LEYES TRIBUTARIAS: Nuevo
procedimiento (Resolución Legislativa Nº 011-
2001-CR)
Las leyes-sorpresa que se aprobaban muy avanzada la medianoche
por consigna y sin debate democrático fueron una de las
características más recordadas del gobierno de Alberto Fujimori.
Al acabar ese régimen se decidió que debería darse un marco jurídico
que evitara la repetición de ese tipo de conductas en el Congreso.
Esa ha sido una de las más importantes razones para la
reciente modificación del Reglamento del Congreso. Efectivamente,
mediante la Resolución Legislativa Nº 011-2001-CR, publicada el
13 de octubre pasado, se modificó el Texto Único Ordenado del
Reglamento del Congreso, entre otros, para precisar los siguientes
temas:
– El procedimiento de aprobación de las Leyes sobre tributación.
El procedimiento legislativo general (y por lo tanto también
para leyes tributarias) se desarrollará por lo menos en las
siguientes etapas:
a) Iniciativa legislativa
b) Estudio en comisiones
c) Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso,
en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El
Peruano
d) Debate en el Pleno
e) Aprobación
f) Promulgación
Solamente estarán exceptuados de ese procedimiento los
proyectos con trámite distinto, previsto en el Reglamento del
Congreso o los que hubieran sido exonerados del mismo
por acuerdo de la Junta de Portavoces.
Los proyectos de Ley que versen sobre leyes orgánicas, leyes
de desarrollo constitucional y modificación de las leyes
que se refieren al Régimen Económico (entre ellas las tributarias)
adicionalmente requieren para su aprobación, ser
sometidos a una segunda votación.
Si bien nos parece muy buena esta medida creemos que
resultaría mejor aún si se establecieran plazos de duración
para cada una de las etapas del procedimiento.
– Procedimiento de control sobre los decretos de urgencia
La Comisión informante debe presentar un dictamen y recomendar
la derogatoria de las medidas extraordinarias dictadas
mediante decreto de urgencia que no se justifiquen o
excedan el ámbito material señalado en el numeral 19) del
artículo 118° de la Constitución Política.
Esperemos que estas medidas de regulación del procedimiento
legislativo ayuden a desterrar prácticas tan nefastas como lo fueron
las leyes-sorpresas tal como la Ley Marco para la Producción y
Sistematización Legislativa, Ley Nº 26889 ayudó a que no se repitieran
las tan ingratamente recordadas Fe de Erratas que en realidad
se trataban de modificaciones legislativas (prácticas realmente
escandalosas durante los años 1992 a 1994).
Por último, cabe recordar que es justamente en el Reglamento
del Congreso (artículo 22° inciso f.) donde se libera a los congresistas
de la obligación de sustentar con los comprobantes de pago
correspondientes el 70% de los denominados “gastos operativos”;
estimamos que esta medida debería ser revisada y modificada.
SUNAT - Tasas de interés moratorio (Resolución
de Superintendencia Nº 126-2001/SUNAT) (1) .
Debido a la difícil situación económica por la que actualmente
atraviesan las empresas, mediante la Resolución de Superintendencia
Nº 126-2001/SUNAT, publicada el 31 de octubre último, se ha
disminuido, a partir del 1 de noviembre de 2001, la Tasa de Interés
Moratorio aplicable a deudas tributarias.
En el cuadro que figura a continuación podremos ver el cambio
en la Tasa de Interés Moratorio:
TASA DE INTERÉS MORATORIO-TIM
A partir del
Antes 01.11.2001
Moneda nacional
– Mensual:
– Diaria:
Moneda extranjera
1.8%
0.06000%
1.1%
1.6%
0.05333%
0.9%
ISC APLICABLE A LOS DERIVADOS DEL
PETRÓLEO: Reciente modificación (Decreto
Supremo Nº 212-2001-EF)
Por D. S. Nº 212-2001-EF, publicado el 2 de noviembre pasado,
se han modificado nuevamente los montos fijos del ISC aplicables
a los productos gasolina para motores, kerosene y gasoils (derivados
del petróleo), a partir del día de su publicación.
Las sucesivas modificaciones del ISC en lo que va del año no
hacen sino evidenciar el pronóstico que deslizamos respecto a que,
dado el margen de juego que tiene, el Poder Ejecutivo tendría que
utilizar este impuesto para hacer los ajustes fiscales correspondientes.
VARIACIÓN DEL ISC DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO
PRODUCTO
Gasolina para motores
- Hasta 84 Octanos
- Más de 84 hasta 90
Octanos
Kerosene
Gasoils
g. = Galón
HASTA EL
15.10.01
2.16 por g.
2.83 por g.
0.50 por g.
1.77 por g.
DESDE EL
16.10.01
HASTA EL
18.10.01
––––
(1) Publicada en este número de Análisis Tributario.
DESDE EL
19.10.2001
HASTA EL
01.11.2001
2.16 por g. 2.26 por g.
2.83 por g. 2.93 por g.
0.50 por g. 0.60 por g.
1.77 por g. 1.87 por g.
A PARTIR
DE
02.11.01
2.36 por g.
3.03 por g.
0.68 por g.
1.97 por g.
NOVIEMBRE 2001 9

INFORME TRIBUTARIO
Convenios de Estabilidad
y Depreciación de Activos Revaluados
En los últimos días se han suscitado innumerables comentarios respecto al alcance de
algunos Convenios de Estabilidad Tributaria celebrados durante la vigencia del Régimen
Impositivo Transitorio de Fusión y Escisión (Ley Nº 26283). A continuación presentamos
un interesante artículo del doctor Humberto Medrano sobre la materia.
Humberto Medrano Cornejo (*)
I. DESCONOCIMIENTO DE LOS PLAZOS: UNA
CONSTANTE NACIONAL
Si bien la sociedad peruana tiene muchos aspectos meritorios
y destacables en los que se compara ventajosamente
con otras de nuestro hemisferio, tiene sin embargo uno de
los pasivos más lamentables: la falta absoluta de respeto por
los plazos contemplados en las leyes, lo que es especialmente
notorio en materia tributaria.
Para confirmar este negativo extremo existen numerosos
precedentes que llevaron a un distinguido empresario a señalar,
hace algún tiempo, que cuando se promulgan leyes
que contienen beneficios tributarios por un lapso más o menos
prolongado él nunca se acoge a la norma porque tiene el
convencimiento de que, irremediablemente, los plazos no
serán cumplidos.
Esta tendencia se corrobora todos los días en diversos ámbitos.
Así por ejemplo, según el artículo 142° del Código
Tributario, las reclamaciones deben resolverse en un plazo
de seis meses contados a partir de la interposición del recurso.
Sin embargo, los expedientes permanecen inamovibles
durante varios años en los escritorios de los funcionarios, sin
que nadie se inmute. Es más, a pesar de la notoria transgresión
de las normas por la Administración, ésta, sin embargo,
exige el pago de intereses, incluso por el período posterior al
incumplido plazo para resolver; es decir, se sanciona al contribuyente
como si la mora fuera atribuible a él y no a los
encargados de expedir resolución.
Es por tales razones que hace algunos años propusimos
que, en esos casos, debería detenerse el cómputo de los intereses,
pues no existía ninguna justificación para este cargo (1) .
Se trata de una preocupación antigua. En el expediente
de reclamación que dio lugar a la RTF Nº 17776, el contribuyente
sostuvo que habiéndose demorado la Administración
dos años en emitir resolución y más de seis meses en notificarla,
los intereses respectivos deberían ser abonados por
«los empleados que no tramitaron el expediente dentro del
plazo establecido». El fundamento para esta petición se encontraba
en el artículo 1136° del Código Civil entonces vigente,
según el cual «cualquiera que por sus hechos, descuido
o imprudencia cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo».
Este planteamiento refleja con exactitud la frustración
que supone para el reclamante la lentitud de la Administración
la cual, según lo dicho, puede tomarse todo el
tiempo que quiera sabiendo que, por una parte, no corre la
prescripción y que, de otro lado, los intereses se siguen generando
en su favor. Es indispensable abordar este tema de
una buena vez.
Esta falta de respeto también se ha presentado cuando la
ley otorga exoneraciones por un determinado tiempo y, sin
embargo, mucho antes del vencimiento del plazo repentinamente
se reduce o elimina la exoneración, sin importar que el
contribuyente haya efectuado la inversión y cumplido con todos
los requisitos contemplados en la norma para gozar del
beneficio por el período originalmente concedido.
Tales circunstancias obligaron al Estado a otorgar garantía
contractual de que el plazo previsto en la Ley, en efecto,
será respetado. Dicho de otro modo, la necesidad de convenios
de estabilidad, recogida en el artículo 62° de la Constitución
y en el artículo 1357° del Código Civil, implica un
expreso reconocimiento por el legislador de la continua violación
de sus propios términos y pone en evidencia la desconfianza
de los contribuyentes en el simple enunciado de la
norma.
No obstante, contra lo que podría pensarse, este procedimiento
tampoco ha resultado invulnerable, pues se han ideado
mecanismos para orillar el compromiso. Es ilustrativo el
caso de las empresas industriales de frontera y selva que
estaban exoneradas de todos los tributos, excepto los de ca-
–––––––
(*) Abogado, profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
(1) Véase «Consideraciones Sobre Recargos e Intereses en el Código Tributario»,
Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Vol. Nº 7.
10
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO
rácter municipal. En consecuencia según contrato, no debían
tributar IGV (16 por ciento) ni el Impuesto de Promoción
Municipal (2 por ciento), pues éste –en rigor– no es un tributo
distinto, sino que tiene un destino diferente. Para violentar el
contrato, el legislador no tuvo mejor idea que elevar el Impuesto
de Promoción Municipal al 18 por ciento que (¡casualidad
absoluta!) sería aplicable sólo a las empresas exoneradas
del IGV. Era claro que se trataba de exigir el impuesto
exonerado denominándolo de otra manera.
En tiempos recientes se ha pretendido obviar el imperio
de los convenios de estabilidad sosteniendo que las empresas
que al reorganizarse adquirieron activos sólo pueden
depreciarlos sobre su valor histórico y no sobre el de adquisición.
Para ello se indica que así lo ha establecido una Ley
(27034) que resulta aplicable porque la base para la depreciación
no ha sido materia del convenio. En cambio, las
empresas sostienen que el derecho a depreciar los bienes
sobre su valor de adquisición está contemplado expresamente
en la Ley General del Impuesto a la Renta, claramente incluida
en tal convenio. La complejidad de esta materia es
más aparente que real, como demostraremos en las líneas
que siguen.
II. REVALUACIÓN DE ACTIVOS CON MOTIVO
DE LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES
Como se recuerda, la Ley Nº 26283 autorizó la Revaluación
de los activos de las empresas y su capitalización con motivo
de un proceso de fusión o división y exoneró de todo tributo,
inclusive el Impuesto a la Renta, a los actos, operaciones y
contratos necesarios para ello. La referida Ley era aplicable
sólo a las reorganizaciones que se llevaran a cabo durante el
ejercicio 1994. Sin embargo, sus alcances fueron prorrogados
sucesivamente al ejercicio 1995 mediante la Ley Nº 26416;
al de 1996, por la Ley Nº 26561; al ejercicio 1997, por la Ley
Nº 26733; y al de 1998, por la Ley Nº 26901.
Esta reiterada manifestación de voluntad del legislador ponía
en claro, de forma indubitable, su propósito de permitir
actualizar el valor del activo de tales empresas. El valor resultante
por el que se enajenaron los bienes fue considerado por
las sociedades adquirentes como costo computable para todos
los efectos tributarios, lo que se hizo –esto es sumamente
importante– conforme al mandato de la Ley General del Impuesto
a la Renta (Decreto Legislativo Nº 774). Sin embargo,
también a raíz de estas normas se ha producido –una vez
más–, la involución del legislador que, de pronto, decidió censurar
lo que previamente había promovido reiteradamente.
Dicho de otro modo, reapareció la nota dominante de nuestro
sistema tributario: la inestabilidad. Se trata, como hemos expresado
en el punto anterior, de una constante en nuestra
historia. El legislador oscila de un extremo a otro en un plazo
relativamente breve, lo cual significa que la ley original no fue
diseñada adecuadamente y que no se midieron debidamente
sus consecuencias, lo que sólo habría ocurrido con posterioridad,
en forma extemporánea. Pero cabe preguntarse ¿cómo
es ello posible si la intención (ratio legis) de la norma fue
reiterada durante varios años por leyes sucesivas que apuntaron
en la misma dirección? La disposición repetida a lo largo
de diversos ejercicios llevó a las empresas al convencimiento
de que colocar los bienes del activo en su valor de mercado
constituía la voluntad del legislador.
Cabe señalar que, de acuerdo con la Ley General del Impuesto
a la Renta, la transferencia en caso de reorganización
tenía que efectuarse, precisamente, a valor de mercado. En
efecto, si bien el Capítulo XIII de la referida Ley señala que en
caso de reorganización de sociedades, los bienes transferidos
tendrán para el adquirente el mismo costo computable
que hubiera correspondido en poder del transferente, ese capítulo
–como se sabe– nunca entró en vigencia porque según
el artículo 106° de la Ley: «La reorganización se configura
únicamente en los casos de fusión y división de las mismas
con las limitaciones y con arreglo a lo que establezca el
reglamento». Como quiera que no existía definición del concepto
«división» y no pudieron conocerse las limitaciones y
demás requisitos que se establecerían en el reglamento, ya
que éste nunca se expidió, la regulación sustantiva resultó
inoperante.
En efecto, el Reglamento debía precisar los derechos del
transferente que podía conservar el adquirente y establecer
si se exigía o no que las acciones fueran intransferibles dentro
de cierto plazo, como ha ocurrido en normas anteriores;
¿cómo saber si existía o no libertad para enajenar los bienes
transferidos o si los Convenios con el Estado celebrados por
las empresas reorganizadas eran o no aplicables a la sociedad
resultante? La ausencia de éstas y otras regulaciones igualmente
importantes hacían imposible, en los hechos, la puesta
en práctica de ese capítulo.
Sobre este extremo existe ya expresa jurisprudencia del
Tribunal Fiscal, conforme a la cual el citado Capítulo XIII es
inaplicable por no haberse dictado el respectivo reglamento
(RTF Nº 594-2-2001).
En consecuencia, al efectuarse la reorganización era forzoso
aplicar lo dispuesto en el artículo 32° del Decreto Legislativo
Nº 774, conforme al cual «En los casos de ventas, aportes
de bienes y demás transferencias de propiedad a cualquier
título, el valor de los bienes para efectos del impuesto,
será el de mercado».
III. INCIDENCIA DE LA LEY Nº 27034 EN LOS
ACTIVOS REVALUADOS
A pesar de lo expuesto, la sempiterna inestabilidad de
nuestras normas reapareció con brío. En efecto, la Ley Nº
27034, en su Sétima Disposición Transitoria y Final, señala
que a partir de 1999 no es deducible como gasto «el monto
de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido
como consecuencia de las revaluaciones voluntarias de los
activos, con motivo de una reorganización realizada al amparo
de la Ley Nº 26283, normas ampliatorias y reglamentarias..».
De la disposición transcrita fluye, con toda claridad, que
su único propósito es impedir que se deprecien los bienes
sobre la base del valor revaluado, como lo venían haciendo
NOVIEMBRE 2001 11

INFORME TRIBUTARIO
–con todo derecho– las empresas reorganizadas. Ello permite
afirmar que dicha Disposición tiene efectos retroactivos y
consecuencias que, en determinados casos, resultan escandalosas.
Así, pensemos en el caso de la empresa que revaluó sus
activos y luego por reorganización los transfirió a la sociedad
adquirente. Posteriormente, los socios de ésta decidieron
vender sus acciones a terceros lo que conforme al ya
citado artículo 32° de la Ley, se hizo a valor de mercado
determinado por tasación en función del patrimonio de la
empresa, pues no tenían cotización bursátil. Dicha tasación
supuso analizar el valor de sus activos y el saldo por depreciar.
Con ese motivo los abogados confirman que, legalmente,
el valor revaluado en que aparecen los bienes en el activo
surte efectos para todos los fines tributarios, incluyendo la
base para el cómputo de la depreciación.
Con el informe jurídico en la mano, los interesados efectúan
el modelo matemático, llegan a la conclusión que deben
pagar determinado monto, hacen la oferta correspondiente
y cancelan el precio. Sin embargo una vez que han
adquirido las acciones y pagado la suma acordada, resulta
que se promulga una ley (27034) en cuya virtud se reduce
drásticamente el valor de los activos para todos los fines
impositivos, lo que destruye el cálculo efectuado, pues la propuesta
hubiera sido sustancialmente inferior de haberse conocido
que el costo computable sería variado por el legislador.
El pago en exceso ya no puede recuperarse pues en esto
no ha existido vicio oculto ni ninguna actitud distorsionante
por parte de los vendedores, sino que se debe exclusivamente
a la decisión del Estado. Es evidente que ello se percibe
como una suerte de defraudación cometida por el legislador,
que debería conducir a la inaplicación de la norma.
Si la situación descrita demuestra las graves consecuencias
de la Ley Nº 27034, el escenario es aun peor si se considera
lo ocurrido con la empresa pública que revaluó sus
activos y luego fue privatizada con la modalidad de venta de
sus acciones, previa convocatoria del respectivo concurso,
con todas las formalidades requeridas. Como en el caso anterior
los postores después del correspondiente «due diligence»
encontraron que –según sus abogados– el valor de los activos
se ceñía estrictamente a la Ley, por lo que hicieron sus
ofertas. Los que ganaron cumplieron con pagar el precio acordado.
No obstante, al poco tiempo el mismo Estado vendedor
de las acciones señala, a través de una Ley, que queda reducido
drásticamente el costo computable de los bienes de la
empresa cuyo título acababa de vender. Ello a pesar, como
ya se indicó, que el precio ofertado tomó en cuenta el costo
computable del activo de la sociedad. No pueden quedar
dudas sobre el carácter defraudante de esta actitud del Estado,
que hace que el precio pagado resulte totalmente
distorsionado, en perjuicio del contribuyente.
IV. LA POSICIÓN DE SUNAT
Ahora bien, SUNAT considera que por el mérito de la Ley
Nº 27034 las empresas que hubieran suscrito «convenios de
estabilidad» quedaron igualmente obligadas –como todas las
demás– a depreciar sus activos fijos única y exclusivamente
sobre la base de su valor histórico; es decir, prescindiendo
del valor revaluado en que se adquirieron los bienes. El argumento
central de las autoridades tributarias es que el convenio
de estabilidad no ha hecho permanente el régimen de
la Ley Nº 26283 y ampliatorias, pues únicamente está estabilizado
el régimen general.
El simple enunciado del argumento permite apreciar su inconsistencia.
La Ley Nº 27034 es inaplicable no porque los
convenios garanticen la estabilidad de la Ley Nº 26283 y
ampliatorias. La imposibilidad jurídica de su aplicación deriva,
precisamente, de que lo estabilizado es el régimen general
del Impuesto a la Renta. En efecto, si todos reconocen, –inclusive
SUNAT–, que la estabilidad tributaria está referida al mencionado
régimen general, pues entonces la conclusión es sumamente
clara: la Ley Nº 27034 no puede ser invocada en
contra de las empresas que han suscrito tales convenios, como
demostraremos más adelante.
Es importante dejar constancia que, en nuestra opinión,
todas las empresas que revaluaron al amparo de las leyes
especiales citadas podrían objetar la aplicación de la Ley Nº
27034 basándose en razones de orden constitucional, que
no es del caso exponer aquí. Pero para las que, además,
tienen la garantía de un convenio de esta naturaleza es suficiente
remitirse a sus términos y exigir el cumplimiento de lo
pactado para sostener, con éxito, que ninguna ley puede
modificar su derecho a depreciar los activos fijos sobre su
valor de adquisición.
V. LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD:
CONSECUENCIAS EN EL CASO ANALIZADO
Conforme a los Decretos Legislativos Nºs. 662 y 757 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 162-92 EF,
las empresas que suscribieron convenios tienen garantía de
estabilidad del régimen del impuesto a la renta, contemplado
en el Decreto Legislativo Nº 774. Cabe anotar que según el
artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 757 y el artículo 21°
del reglamento, la suscripción del convenio no impide el acogimiento
a otras disposiciones legales. Ahora bien, por el
mérito de tales normas «mientras se encuentre vigente el convenio
de estabilidad el impuesto a la renta no será modificado
aplicándose en los mismos términos y con las mismas
alícuotas, deducciones y escala para el cálculo de la renta
imponible, que el que regía en el momento de la suscripción
del convenio». (Decreto Legislativo Nº 757 artículo 40°).
El texto mismo del convenio tiene una remisión a la ley
general cuando estipula (cláusula tercera) que: “...el Impuesto
a la Renta que corresponda abonar no será modificado... aplicándose
en los mismos términos y con las mismas alícuotas,
deducciones, escala para el cálculo de la renta imponible y
demás características conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 774-Ley del Impuesto a la Renta, vigente al momento
de celebración del presente convenio”.
Sigamos. ¿Qué establece el inmodificable Decreto Legis-
12
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO
lativo Nº 774? Para los propósitos que aquí interesa debemos
remitirnos, en primer lugar, a su artículo 20°, conforme
al cual:
«Por costo computable de los bienes enajenados se entenderá
el costo de adquisición, producción o en su caso el valor de ingreso
al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme
a ley».
Como ya se indicó, el artículo 32° de la misma Ley estabilizada
señala que toda transferencia de bienes debe efectuarse a valor
de mercado, de manera que en el proceso de reorganización se
actuó correctamente al efectuar la transferencia a ese valor, obteniendo
la enajenante una ganancia teórica que estaba expresamente
exonerada por la Ley Nº 26283 y ampliatorias.
Por lo tanto, las leyes que permitieron la revaluación únicamente
estuvieron vigentes por el período específico señalado
en ellas, resultaron aplicables sólo para ese determinado
momento y tuvieron un objeto básico: exonerar del impuesto
a la renta a la empresa transferente que revaluó sus activos.
Punto.
Pero ¿qué ocurre respecto de la sociedad adquirente? Según
lo dicho, ella estaba obligada a contabilizar los bienes
por el valor en que los adquirió que –obviamente– debe coincidir
con el de mercado. Ese valor constituye el costo computable
de dichos activos para fines de Impuesto a la Renta, por
mandato expreso del citado artículo 20° de la ley estabilizada.
En consecuencia, la Ley Nº 26283 y ampliatorias no tienen
ninguna implicancia directa para la empresa que recibe
los bienes. Para ésta lo único que importa es su valor de
adquisición. En los casos acotados, esos bienes se adquirieron
y contabilizaron a valor de mercado, como lo ha reconocido
expresamente SUNAT al declarar conforme durante varios
años las depreciaciones efectuadas en función de ese
valor.
Sin embargo, el sustento jurídico más importante para depreciar
los bienes sobre su valor de adquisición se basa en el
mandato que contiene el artículo 41° de la Ley estabilizada
(Decreto Legislativo Nº 774) que, precisamente, se refiere al
monto sobre el que debe efectuarse la depreciación que, en
concreto, es el núcleo de la cuestión controvertida. Dicho
artículo señala de manera textual:
«Las depreciaciones SE CALCULARÁN SOBRE EL VALOR
DE ADQUISICIÓN o producción de los bienes o sobre los
valores que resulten del ajuste integral por inflación del balance
efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia..»
Como fácilmente puede advertirse, la norma transcrita no
deja margen a dudas. Ella es terminante y clara: Las depreciaciones
deben calcularse sobre el valor de adquisición de
los bienes. Es una disposición rotunda, imperativa, sin ambages,
que no presenta ninguna dificultad para su interpretación.
Por lo tanto para saber si las empresas han actuado correctamente
es suficiente con preguntarse ¿cuál es el valor en
que adquirieron los bienes? La respuesta es sencilla: es el
monto que consta en los acuerdos de reorganización, formalizados
en la respectiva escritura pública. Es sobre ese importe
que debe calcularse la depreciación.
Como se ha demostrado, ello fluye de estipulaciones expresas
del Decreto Legislativo Nº 774 cuyo texto se encuentra
estabilizado y que, por lo tanto, no ha sido ni podría ser
modificado por la Ley Nº 27034 como pretende SUNAT, en
cuyas acotaciones no existe la menor referencia o análisis de
los artículos 20° y 41° de la Ley General.
En resumen, el derecho de las empresas que tienen convenios
de estabilidad a depreciar sus bienes sobre el valor en
que fueron adquiridos en la reorganización, no se basa en la
Ley Nº 26283 y sus ampliatorias sino en la Ley General
estabilizada. Desconocer este hecho –además de las lamentables
consecuencias económicas en términos de credibilidad
e inversión– implicaría la violación de un contrato solemnemente
suscrito por el Estado, y, por consiguiente, de la garantía
consagrada por el artículo 62° de la Constitución.
VI. TEORÍA DE LOS "ACTOS PROPIOS"
Jurídicamente es inadmisible que una persona pretenda
exigir determinado derecho afirmando o negando ahora la
realización de un acto, o sosteniendo hoy una tesis específica
cuando, previamente, se ha comportado de manera totalmente
opuesta o esgrimido una posición diariamente contraria.
La reflexión resulta pertinente porque en estos días, ciertas
voces del Estado estarían argumentando que si bien la
"reorganización" cumplía con todas las formalidades legales,
se trataba de una operación aparente, pues en esencia
sólo se perseguía una ventaja tributaria, de modo que debe
prescindirse de ella y exigir el tributo como si la misma no se
hubiera llevado a cabo.
Este temperamento resulta contrario a la "teoría de los
actos propios", pues debe recordarse que al producirse la
privatización de las empresas eléctricas los inversionistas privados
adquirieron sólo una parte del accionariado, quedando
en poder del Estado un paquete sumamente importante.
Consecuentemente, en las Juntas Generales de Accionistas
que aprobaron la revaluación de los activos y reorganización
de las respectivas sociedades, los representante del
Estado votaron a favor del acuerdo ya que éste fue adoptado
por unanimidad. Entonces, resulta insólito que se pretenda
desconocer hoy lo que se aprobó ayer, debiendo observarse
que la reorganización también ha sido expresamente aceptada
por SUNAT al dar su conformidad a la depreciación
calculada sobre el valor de adquisición de los bienes, durante
los ejercicios 1996, 1997 y 1998. Asimismo, CONASEV
autorizó el listado en la Bolsa de Valores de Lima de las acciones
emitidas como consecuencia de la capitalización de
los excedentes de revaluación.
Tales acciones han procurado dividendos importantes a
favor del Estado y le significaron cuantiosas ganancias de
capital al enajenarse, por lo que resulta insólito que ahora se
pretenda sostener que la reorganización fue sólo "aparente",
incurriendo en una insalvable contradicción que seguramente
no pasará desapercibida para los lectores ni para el Tribunal
Arbitral.
NOVIEMBRE 2001 13

INFORME TRIBUTARIO
Impuesto a la Renta y Reinversión
Ejercicio 2001
Apuntes necesarios sobre la norma reglamentaria
La alícuota del Impuesto a la Renta que los contribuyentes por
rentas de tercera categoría deben aplicar es de 30 por ciento con
la posibilidad de rebajarla hasta 20 por ciento en función a la
reinversión de su renta neta. En este informe comentaremos los
alcances del Decreto Supremo Nº 205-2001-EF, norma que
establece la forma y procedimientos para la reinversión.
I. LAS DISPOSICIONES LEGALES
En los últimos años, el sector privado presentó, entre otras,
diversas propuestas orientadas a fomentar el ahorro empresarial,
planteando que debía rebajarse la alícuota del Impuesto
a la Renta cuando las empresas reinvirtieran sus utilidades
en cualquier actividad productiva que ellas mismas
realizasen. Algunas de estas propuestas siguieron el camino
de los proyectos de Ley sin llegar a aprobarse; sin embargo,
a finales del año pasado entre las modificaciones a la Ley
del Impuesto a la Renta, introducidas por la Ley Nº 27394,
se estableció de manera general la rebaja de la alícuota del
Impuesto a la Renta a 20% (artículo 55°) (1) , pero de manera
transitoria también se estableció para el año 2001 que esta
rebaja se aplicaría supeditada a la reinversión de la “renta
neta”.
Así, la Segunda Disposición Transitoria y Complementaria
de la Ley Nº 27394, publicada a fines del año pasado,
dispuso que los contribuyentes generadores de rentas de tercera
categoría gozarían de una reducción de diez (10) puntos
porcentuales de la alícuota del Impuesto a la Renta, siempre
que el monto deducido fuere invertido en el país en cualquier
sector de la actividad económica.
Esta disposición resultaba incomprensible tal como estaba
redactada por lo que se hizo necesaria la emisión de
una norma interpretativa, sin embargo, esta última, como
veremos a continuación, realizó una interpretación poco ajustada
a la literalidad de la norma original.
En efecto, el Artículo Único de la Ley Nº 27397 interpretó
la Disposición, señalando que ésta sólo es aplicable a la renta
neta de tercera categoría que los contribuyentes domiciliados
en el país generen en el ejercicio 2001, por lo que los
citados contribuyentes aplicarían el Impuesto a la Renta con
la alícuota del treinta por ciento (30%), pudiendo reducirla a
veinte por ciento (20%), para lo que dicha alícuota se aplicaría
sobre la renta neta reinvertida, cualquiera fuere la actividad
económica en que reinvirtieran, quedando el monto de
la renta no reinvertida sujeto a la alícuota de treinta por ciento
(30%).
II. LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Para operativizar lo establecido en la Ley era necesario
aprobar el Reglamento correspondiente –el Artículo Único
dispuso que esto se haría mediante un Decreto Supremo que
establecería la forma, plazo y condiciones para el goce del
beneficio–; en tal sentido, recientemente se ha publicado el
Decreto Supremo Nº 205-2001-EF, del 12 de octubre último.
Sobre éste podemos decir de manera general que restringe
aún más la posibilidad de acogerse al beneficio. A continuación
comentaremos sus alcances.
1. Definiciones (Artículo 1°)
En el ámbito del beneficio deben utilizarse las siguientes
definiciones:
a) Beneficio: Reducción en diez puntos porcentuales de
la alícuota del Impuesto a la Renta de tercera categoría
del ejercicio 2001, establecida por la Segunda Disposición
Transitoria y Complementaria de la Ley Nº
27394, interpretada por la Ley Nº 27397.
b) Reinversión: Toda acción que implique el empleo de
parte de la renta neta del ejercicio 2001 para la adquisición
o construcción de activos fijos nuevos, desti-
––––––
(1) Como sabemos, a la fecha el panorama ha cambiado dado que la Ley Nº
27513, publicada el 28 de agosto de 2001 y que estará vigente desde el
01 de enero del 2002, volvió a modificar el artículo 55° conforme explicamos
en el Informe publicado en las págs. 21-23 de esta misma edición.
14
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO
nados a sus propias actividades, por parte de un contribuyente
generador de rentas de tercera categoría,
domiciliado en el país.
Pero en esta definición no todo es claridad. Resulta
pertinente preguntarnos ¿a qué se refiere con actividades
propias? ¿se trataría solamente de la actividad
principal del giro del negocio? En todo caso, ésta precisión
del Reglamento se aparta de lo que la Ley originariamente
estableció.
c) Activo fijo nuevo: Bien del activo fijo que no ha sido
puesto en funcionamiento ni afectado con depreciación
alguna, terrenos y edificaciones.
Como sabemos no existe una definición de Activo Fijo
en la normatividad del Impuesto a la Renta, por tal
razón incluso el Tribunal Fiscal cuando ha tenido que
resolver sobre el tema (por ejm. Caso de clasificación
de envases retornables y no retornables), ha recurrido
a las Normas Internacionales de Contabilidad,
específicamente a las NICs N° 2 y 16. En ese sentido,
para entender a qué se refieren con Activo Fijo en el
marco de este beneficio también tendremos que utilizar
esa fuentes.
Por otro lado, cabe señalar que se ha distinguido a
los activos fijos nuevos de los terrenos y edificaciones,
sin tomarse en cuenta que estos últimos también son
activos fijos. Probablemente el objetivo de la norma
fue distinguir a los terrenos que son activos fijos que
no pueden ser objeto de depreciación, sin embargo
esta misma lógica no puede aplicarse a las edificaciones
dado que éstas sí son depreciables.
En este contexto, ¿se considerarán como activos fijos
para estos efectos las ampliaciones de predios o las
remodelaciones? Como primera respuesta podríamos
decir que no, dado que no se trata de activos fijos
individualizables.
Finalmente, el Reglamento se refiere a la reinversión
en activos fijos nuevos, sin embargo no resulta claro
qué debemos entender por “nuevos”; con esto podríamos
volver a la discusión que existió en el pasado
respecto a si se refiere a activos fijos que no han sido
nunca puestos en funcionamiento o si se refiere a aquellos
que resultan “nuevos” para la empresa porque
han sido recién adquiridos (nunca antes puestos en
funcionamiento por la empresa), aunque se trate de
bienes usados.
2. Ámbito de Aplicación del Beneficio (Artículo 2°)
El beneficio se aplicará sobre el monto equivalente de la
renta neta que los contribuyentes generadores de rentas de
tercera categoría reinviertan en sus propias actividades, siempre
que cumplan con las condiciones que se establecen en el
Reglamento.
Respecto a las sociedades irregulares previstas en el artículo
423° de la Ley de Sociedades, excepto aquellas que
adquirieron tal condición por haber incurrido en las causales
previstas en los numerales 5° y 6° del citado artículo, comunidades
de bienes, joint ventures, consorcios y demás contratos
de colaboración empresarial, que la reinversión deberá
realizarse exclusivamente en las actividades propias de
los socios o partes contratantes o integrantes, las cuales gozarán
del beneficio, según corresponda.
Aquí podemos encontrar nuevamente un exceso respecto
a lo establecido en la Ley. En efecto, la Ley señala que la
reinversión puede realizarse en cualquier actividad económica,
no obstante el Reglamento limita esta posibilidad solamente
a las “propias actividades del contribuyente”.
3. Condiciones para Gozar del Beneficio
a) Condiciones sustanciales (Artículo 3°)
Se establecen dos requisitos sustanciales respecto a las
inversiones que se destinen a la adquisición o construcción
de activos fijos nuevos; así, para tener el derecho al goce
del beneficio:
a.1 Los activos fijos adquiridos deben estar vinculadas
directamente con la realización de actividades
generadoras de rentas gravadas de tercera
categoría.
Al respecto, resulta necesario preguntarse qué se ha
querido decir con “directamente vinculados”. Sin duda
este aspecto debe ser materia de aclaración, no obstante,
cabe recordar que la Ley no estableció ninguna
limitación en cuanto al tipo de reinversión que
podía realizarse para gozar del beneficio, situación
que sí ocurre en este extremo del Reglamento.
a.2 La reinversión materia del beneficio debe efectuarse
con fondos propios.
En este aspecto existe un gran problema debido a
que no existe ninguna definición legal de este concepto
y operativamente se trata más bien de un término
económico-financiero.
Podríamos distinguir tres posiciones:
– En contraposición a los fondos de terceros que pueda
tener (por préstamos de terceros o aquellos inicialmente
entregados por los accionistas), fondo
propio es aquel que la empresa genera con sus
actividades.
Asimismo, este concepto de fondos propios (concordado
con la exigencia de información contenida
en el artículo 6° inciso a) del Reglamento) nos
llevaría a la conclusión de que la adquisición debe
ser realizada íntegramente en efectivo y no con
deuda, dado que ésta significaría la utilización de
capital de terceros.
– La utilidad real realizada por la empresa sea ésta
en efectivo o por cobrar.
– Cualquier forma de financiamiento que la empresa
esté en capacidad de conseguir.
Sin lugar a dudas, este aspecto debe ser precisado a la
brevedad posible para que los contribuyentes tengan la seguridad
de estar aplicando correctamente el beneficio y no
ser sujetos de futuras contingencias tributarias.
NOVIEMBRE 2001 15

INFORME TRIBUTARIO
b) Condiciones formales
Además de los requisitos sustanciales señalados en el
acápite anterior, los contribuyentes deben cumplir con los
siguientes requisitos formales.
b.1 Acreditación de la Reinversión (Artículo 6°)
La reinversión materia del beneficio se acreditará con la
presentación a la SUNAT de los documentos que se detallan
a continuación, dentro de los treinta días hábiles siguientes
al vencimiento del plazo para presentar la Declaración Jurada
anual del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2001.
Si se incumple este requisito se incurre en causal de pérdida
del beneficio.
a) Informe Técnico preparado por el contribuyente, con
carácter de declaración jurada, que contenga el detalle,
características y valorización de la inversión en
los activos fijos adquiridos o construidos; fondos utilizados
para la inversión (¿acreditar la cancelación del
activo?); y cualquier otra información que sustente la
reinversión materia del beneficio, de acuerdo al formato
que apruebe la SUNAT; e,
b) Informe de una Sociedad de Auditoría: El informe técnico
antes indicado deberá ser refrendado por una
Sociedad de Auditoría, la cual deberá estar debidamente
inscrita en el Registro de alguno de los Colegios
de Contadores Públicos de la República. De esta
manera se controlan los criterios adoptados por la
empresa respecto a su inclusión en el beneficio.
Cabe destacar que en este caso ya no se alude a las
Sociedades de Auditoría inscritas en el RUNSA, con lo
que ésta se convierte en la primera manifestación legal
de reconocimiento a la Resolución del Tribunal Constitucional
publicada el 22 de agosto de este año (2) .
b.2 Control Contable y Capitalización de Utilidades (Artículo
7°)
Para facilitar el control del fisco y de manera similar (aunque
con algunas importantes diferencias) con lo que se estableció
para régimenes de reinversión en el pasado, se establece
la obligación de contabilizar el monto de la renta neta
reinvertida en una cuenta especial del patrimonio que se
denominará «Utilidades reinvertidas-Ley Nº 27394».
La denominación de esta cuenta es uno de los elementos
que más confunde respecto al párametro que debe considerarse
para calcular el monto a reinvertir: si se trata de la
renta neta o de las utilidades.
Por otro lado, se establece que las sociedades y las empresas
individuales de responsabilidad limitada deberán
capitalizar las utilidades reinvertidas hasta el 30 de junio de
2002. No obstante, la norma ha omitido señalar desde qué
fecha se considerarán capitalizadas las utilidades, para tal
efecto mencionaremos tres fechas posibles:
– Desde la adopción del acuerdo de capitalización por
la junta de socios-accionistas o por el titular de la EIRL
– Desde la fecha de otorgamiento de la Escritura Publica
– Desde la fecha de inscripción de la escritura en Registros
Públicos
Al respecto, la Ley General de Sociedades establece que
para que un acuerdo sea válido frente a terceros, éste debe
haber sido inscrito en Registros Públicos; no obstante, nosotros
no creemos que en este caso ése sea un paso necesario
para que se reconozca la capitalización, consideramos que
bastaría con que pueda demostrarse la existencia del Acuerdo
antes del 30 de junio de 2002 lo que podría suceder con
su elevación ante Notario Público o su legalización.
En el caso de las sucursales, agencias o cualquier otro
establecimiento permanente en el país o empresas
unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza
constituidas en el exterior, el monto reinvertido deberá
formar parte del capital asignado dentro del mismo plazo.
Finalmente, la norma establece que los activos fijos adquiridos
o construidos materia del beneficio deberán registrarse
en cuentas separadas del activo. Esta indicación podría
dejar fuera la posibilidad de que las ampliaciones o
remodelaciones de edificaciones puedan dar derecho al beneficio
dado que no pueden individualizarse.
b.3 Plazo de Ejecución de la Reinversión (Artículo 4°)
La adquisición o construcción de los bienes materia del
beneficio podrá efectuarse desde el 1 de enero de 2001 hasta
el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración
jurada anual del Impuesto correspondiente al ejercicio
gravable 2001 y su utilización o puesta en funcionamiento
no podrá exceder del 31 de diciembre de 2002.
Cabe preguntarse ¿cómo debo proceder si estoy construyendo
bienes que excederán el plazo mencionado para su
puesta en funcionamiento?.
4. Determinación del Beneficio (Artículo 5°)
De acuerdo al Reglamento, para la determinación del
beneficio se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Se determinará la renta neta conforme a la Ley. En
caso se determinase pérdida tributaria, el beneficio
no resultará aplicable.
b) A efectos de calcular el Impuesto, se aplicará la alícuota
de veinte por ciento (20%) a la parte de la renta
neta que equivale al monto de la reinversión materia
del beneficio; y la tasa de treinta por ciento (30%)
sobre el saldo de la renta neta, de ser el caso.
Si bien el párrafo anterior resulta meridianamente claro
respecto a cuál es el parámetro sobre al cual debe calcularse
el monto a reinvertir, al respecto existen dos posiciones claramente
opuestas:
– Para el cálculo del monto a reinvertir deben considerarse
las utilidades y no la renta neta. Esta posición se
sustenta principalmente en tres fundamentos: a diferencia
de utilidades, renta neta es un concepto tributario
que no tiene expresión contable; aunque una
–––––––
(2) Ver, al respecto, comentarios en Análisis Tributario Nº 164, setiembre 2001,
pág. 7.
16
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO
empresa tuviera pérdida contable (no dispusiera de
utilidades para reinvertir) podría determinar renta neta
debido a las adiciones, pero en realidad no habría
ningun monto efectivo para reinvertir; las utilidades
de libre disposición sólo pueden calcularse después
de la determinación del Impuesto a la Renta, en tal
sentido, si el parámetro fuera la renta neta, no existiría
la posibilidad de que la alícuota del Impuesto fuera
20% sino que ésta siempre sería mayor a esa cifra.
– Para el cálculo del monto a reinvertir se debe considerar
la renta neta. Esta posición se desprende de lo
que literalmente indica el Reglamento y se explica de
la siguiente forma, la Renta Neta sería el concepto
que sirve de base para fijar el monto reinvertible, pero
para realizar efectivamente la reinversión debo revisar
si tengo o no utilidades de libre disposicion.
Aunque consideramos que la primera posición resulta muy
coherente, nosotros nos adherimos a esta última, que
graficaremos con el siguiente ejemplo:
Utilidad según libros
Adiciones
Deducciones
Renta Neta
Utilidad Reinvertida
Utilidad No Reinvertida
La tasa combinada sería de 22%
(1) Tasa : 20%
(2) Tasa : 30%
S/.
100.00
20.00
(20.00)
100.00
80.00
20.00
100.00
Como podemos observar, una de las desventajas de esta
posición es que no es posible llegar a un monto de reinversión
de las utilidades del ejercicio que nos permita aplicar exactamente
la alícuota de 20 por ciento, en realidad esta tasa
siempre sería mayor. Dado este problema, consideramos necesario
que se emita una norma que aclare la forma en que
debe procederse para realmente aplicar la alícuota del 20
por ciento.
5. Pérdida del Beneficio (Artículo 8°)
El beneficio se perderá en los siguientes casos:
a) Si el contribuyente no cumple con acreditar la inversión
con el Informe Técnico preparado por el contribuyente
y el Informe de Auditoría, ambos dentro del
plazo establecido.
IR
16.00
6.00
22.00
(1)
(2)
b) Si la cuenta especial del patrimonio denominada «Utilidades
reinvertidas-Ley Nº 27394» no es capitalizada
dentro del plazo estipulado en el Artículo 7°, tratándose
de sociedades y de empresas individuales de
responsabilidad limitada.
c) Si el activo fijo materia del beneficio es transferido
antes de que se deprecie en por lo menos un treinta
por ciento (30%) de acuerdo con la Ley y su reglamento,
salvo que por razones tecnológicas sea reemplazado
por uno nuevo. Este literal no será de aplicación
en los supuestos de extinción por liquidación de
una sociedad, conclusión de un contrato de colaboración
empresarial y cuando las personas jurídicas a
que se refiere el literal h) del Artículo 14° de la Ley
concluyen sus actividades en el país.
Un problema concreto que se presenta respecto a lo
establecido en este inciso es el de la transferencia de
terrenos dado que éstos no son bienes depreciables.
d) Si se reduce el capital por un monto igual o menor al
monto de la reinversión materia del beneficio en un
plazo de cuatro (4) años, salvo en el caso de que la
reducción sea para cubrir pérdidas acumuladas de
acuerdo a la Ley General de Sociedades.
La pérdida del beneficio generará la obligación de
calcular el Impuesto del ejercicio 2001 con la alícuota
única de treinta por ciento (30%). La omisión del Impuesto
que así se determine estará sujeta a los intereses
moratorios calculados a partir del día siguiente
del vencimiento del plazo para la presentación de la
declaración jurada anual del impuesto y las multas
que correspondan, de conformidad con el Texto Único
Ordenado del Código Tributario.
En este extremo consideramos que debería aclararse
desde cuándo se computarían los cuatro años y qué
hechos deberían producirse para que se pierda el beneficio,
asimismo, si quiero reducir el capital pasados
esos cuatro años, qué hecho sería el determinante para
reconocer que ya puedo hacerlo sin perder el beneficio:
¿se trataría de cuatro años desde que adquirí los
activos?, ¿desde la cancelación total?, ¿desde el primer
día del año siguiente?
Finalmente, cabe señalar que si el contribuyente incurriera
en las causales de pérdida del beneficio no sólo tendría
que recalcular el impuesto con los intereses correspondientes
sino también tendría que realizar el pago de las multas que
correspondieran por las infracciones cometidas.
6. Pagos a Cuenta del Impuesto del Ejercicio 2001 (Artículo
9°)
El coeficiente o porcentaje de los pagos a cuenta del ejercicio
2001 debe calcularse en función del impuesto resultante
luego de aplicar únicamente la tasa de 30%, sin excepción
alguna.
NOVIEMBRE 2001 17

INFORME TRIBUTARIO
Reducción del Impuesto
a la Renta 2001
Rubén Del Rosario Goytizolo (*)
I. INTRODUCCIÓN
De conformidad con la Segunda Disposición Transitoria
y Complementaria de la Ley Nº 27394, los contribuyentes
generadores de rentas de tercera categoría podrán aplicar
una tasa del 20 por ciento sobre la renta neta que decidan
reinvertir por el ejercicio gravable 2001; el saldo de la renta
neta que no sea reinvertido deberá ser afectado con la tasa
del 30 por ciento. Tal situación no representaría mayor esfuerzo
de análisis que el referido a las consecuencias de la
tasa media determinada, si no fuera por la promulgación de
las normas reglamentarias publicadas en el Diario Oficial El
Peruano el 12 de octubre último; situación que nos obliga a
algunas reflexiones adicionales.
Contra todo pronóstico, incluido el nuestro, expresado en
la revista del mes pasado, en la fecha indicada en el párrafo
anterior, se publicó el Decreto Supremo Nº 205-2001-EF que
establece las disposiciones para el goce del beneficio de reducción
de los diez puntos porcentuales de la tasa del Impuesto
a la Renta de tercera categoría del ejercicio gravable
2001. Sobre el particular, hemos apreciado algunas restricciones
reglamentarias no advertidas en la Ley Nº 27394 y
otros aspectos relativos a la efectiva aplicación del beneficio
que en nuestro parecer requieren de algunas precisiones que
hagan viable el propósito legal e inicialmente planteado.
II. REGLAMENTO QUE DESNATURALIZA LO
EXPRESADO EN LA LEY
En primer término, queremos enfatizar lo dispuesto por el
segundo párrafo de la Segunda Disposición Transitoria y
Complementaria de la Ley Nº 27394, según el cual los “...
contribuyentes podrán gozar de una reducción de 10 (diez)
puntos porcentuales siempre que ese monto deducido sea
invertido en el país en cualquier sector de la actividad económica”.
La voluntad del legislador queda ratificada, cuando
por la Ley Nº 27397, al interpretar la disposición referida,
se establece que en el ejercicio 2001 “los contribuyentes
aplicarán el Impuesto a la Renta con la tasa del 30% (treinta
por ciento), pudiendo reducir la misma en 10 (diez) puntos
porcentuales, en cuyo caso la tasa del 20% (veinte por cien-
to) se calculará sobre la renta neta reinvertida, cualquiera
sea la actividad económica en la que reinviertan.
Al respecto, queremos destacar la clara y reiterada intención
del legislador al disponer la reducción de la tasa del
Impuesto a la Renta sobre la renta neta que sea invertida o
reinvertida en cualquier sector de la actividad económica. La
disposición tiene un claro sentido que se orienta al fortalecimiento
patrimonial de las empresas sin distinguir el tipo de
actividad económica que pudiera verse beneficiada con la
inversión y, de otro lado, tal expresión implica
inobjetablemente la posibilidad de invertir en otras empresas
con actividades económicas distintas o similares a la de
la empresa inversionista.
Sin embargo, la disposición contenida en el artículo 2°
del Decreto Supremo Nº 205-2001-EF, distorsiona la voluntad
del legislador al señalar que “El beneficio se aplicará
sobre el monto equivalente de la renta neta que los contribuyentes
generadores de rentas de tercera categoría reinviertan
en sus propias actividades, ...” (el subrayado es nuestro).
En efecto, el texto de la norma citada, evidencia con claridad
una expresa limitación para el goce del beneficio, no
establecida en la Ley Nº 27394 ni en la Ley Nº 27397, situación
que desnaturaliza lo dispuesto por las leyes indicadas.
En este extremo debemos recordar que el numeral 8 del
artículo 118° de la Constitución Política del Perú de 1993,
faculta al Presidente de la República, para “Ejercer la potestad
de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas;
y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones”.
No obstante la expresa limitación constitucional a las
facultades presidenciales, por vía del Decreto Supremo Nº
205-2001-EF, se habría quebrantado el precepto constitucional,
originándose la posibilidad de solicitar la declaración
de inconstitucionalidad del decreto supremo referido.
III. INVERSIÓN EN BIENES GENERADORES DE
RENTAS GRAVADAS
Por otro lado, el artículo 3° del Decreto Supremo Nº 205-
––––––––––
(*) Colaborador Especial de Análisis Tributario. Consultor y Asesor de Empresas.
Profesor en la Facultad de Administración y Contabilidad de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
18
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO
2001-EF, ha establecido que el derecho para el goce del
beneficio, puede ser únicamente materializado mediante las
inversiones destinadas a la compra o construcción de activos
fijos nuevos, que guarden una vinculación directa con el desarrollo
de actividades generadoras de rentas gravadas de
tercera categoría.
Esta norma nos obliga a advertir la circunstancia de aquellos
contribuyentes que desarrollan en forma conjunta, actividades
generadoras de rentas gravadas y no gravadas. Si
la disposición reglamentaria está orientada a la inversión en
activos que se destinen exclusivamente a la realización de
actividades gravadas, el potencial beneficio aplicado por los
contribuyentes podría ser impugnado por la Administración
Tributaria, si la inversión realizada estuviera destinada en
forma conjunta sin distinción posible a la realización de actividades
gravadas y no gravadas.
No obstante, resulta necesario enfatizar el vacío reglamentario
respecto del adecuado procedimiento que debería
emplearse en la circunstancia descrita en el párrafo anterior.
Ante la ausencia de una metodología expresa que atienda
equitativamente la aplicación de la tasa del 20% para la
renta neta reinvertida, podría ensayarse analógicamente el
método de determinación de la proporción existente entre
las rentas gravadas y el total de las rentas y aplicar el beneficio
de la tasa reducida sobre la base de la proporción establecida,
para las rentas gravadas.
No constituye un exceso, el remarcar que tal apreciación
se fundamenta en la probabilidad de que los bienes del activo
fijo puedan ser destinados indistintamente a la generación
de rentas gravadas y no gravadas y en función a ello
incumplir de modo parcial la exigencia reglamentaria de que
los bienes sean destinados directamente a la realización de
actividades generadoras de rentas gravadas de tercera categoría.
IV. REINVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS
El segundo párrafo del mismo artículo 3°, señala de modo
expreso que “La reinversión materia del beneficio deberá ser
efectuada con fondos propios”. Aun cuando el texto de la
norma podría invitarnos a más de una reflexión sobre su
alcance, ciertamente estamos persuadidos de que el
reglamentador ha condicionado el beneficio de la reinversión,
a que ésta sea realizada con el dinero en efectivo o equivalente
de efectivo con que se disponga.
En este extremo de exigencias reglamentarias, resulta importante
señalar que las utilidades generadas por una empresa
en el curso normal de sus operaciones no necesariamente
terminan con una objetiva e identificable expresión
de dinero en efectivo o equivalente de efectivo; a la fecha de
los estados financieros y, en el presente caso, al 31 de diciembre
de 2001, el saldo de la cuenta de caja y bancos
puede representar una cantidad mayor, igual o menor al
importe de la utilidad financiera o de la renta neta reinvertible.
Tal circunstancia no representa en sí misma una limitación
para la reinversión, dado que se podrían presentar dos
situaciones de importancia. En primer lugar, pudiera establecerse
al 31 de diciembre de 2001 un saldo de caja equivalente
a una cantidad superior a la renta neta reinvertible y
luego de esa fecha observar un saldo menor como consecuencia
del cumplimiento de los compromisos asumidos con
el personal, los proveedores o el Fisco, y no por ello estar en
la imposibilidad de reinvertir, si es que el flujo proyectado de
caja, permite asumir compromisos financieros para la
reinversión que luego son atendidos con el flujo de efectivo
originado en sus propias operaciones.
De otro lado, pudiera darse igualmente la circunstancia
de tener un saldo de caja inferior al monto de la renta neta
reinvertible y luego del cierre del ejercicio, contar con los
fondos necesarios para desarrollar la inversión, como consecuencia
de la cobranza de las cuentas mercantiles o de
aquellas que representaron operaciones de préstamos al
personal o a terceros, o de devoluciones de impuestos solicitadas
a la Administración Tributaria.
Bajo el análisis expuesto, no cabe duda de que la expresión
contable del saldo de la cuenta de caja y bancos es una
posición relativa al dinero en efectivo o equivalente de efectivo
a una fecha determinada y su alto dinamismo cambia
permanentemente su posición, la cual depende no sólo de
sus actividades operacionales, sino también las decisiones
tomadas sobre las actividades financieras y de inversión,
generándose las fuentes de los fondos y sus aplicaciones, en
función a las decisiones gerenciales.
Si la intención reglamentaria está orientada a que la
reinversión deba efectuarse de manera exclusiva con los “fondos
propios” de la empresa, entendiéndose como tales al
dinero en efectivo y/o al equivalente de dinero en efectivo
que disponga la empresa sin restricción alguna, resultaría
altamente probable que el beneficio de la reinversión sólo
quede limitado para aquellas empresas que tienen un importante
nivel de liquidez. En el Perú, lastimosamente, esa
no es la característica financiera principal de la mayoría de
las empresas.
Debe tenerse presente que las empresas que adquieren
bienes del activo fijo, mediante la suscripción de contratos
de arrendamiento financiero, asumen compromisos que son
cancelados finalmente con sus propios fondos, no obstante
que inicialmente se recurre al apoyo financiero de las entidades
autorizadas para tales actividades.
Resulta entonces necesario, dictar las medidas aclaratorias
que correspondan a fin de precisar con objetividad los conceptos
asumidos por el reglamentador al referirse al término
de los “fondos propios” para consolidar el beneficio de la
reducción del Impuesto a la Renta, tomando en consideración
que el informe técnico requerido para la acreditación
de la reinversión, debe hacer referencia a los fondos utilizados
para dicha reinversión.
NOVIEMBRE 2001 19

INFORME TRIBUTARIO
V. PLAZO PARA LA REINVERSIÓN
De conformidad con la disposición del artículo 4°, la
reinversión con beneficio tributario, comprende no sólo la
adquisición o construcción de activos fijos que puedan desarrollarse
desde la fecha del dispositivo en análisis hasta el
vencimiento del plazo para la presentación de la declaración
jurada anual del Impuesto a la renta del ejercicio
gravable 2001, sino también aquellas que se hubieran realizado
desde el 1 de enero de 2001.
La disposición reglamentaria presenta a los contribuyentes
que hubieran adquirido activos durante el período iniciado
el 1 de enero pasado hasta la fecha, la posibilidad de
incluir en la determinación del beneficio los importes relativos
a los bienes adquiridos en la medida en que tales valores
no excedan el monto de la renta neta reinvertible y cumplan
con los demás requerimientos establecidos por el Decreto
Supremo Nº 205-2001-EF.
En este extremo, cabe resaltar la obligación de utilizar o
poner en funcionamiento los bienes del activo fijo vinculados
a la reinversión, hasta el 31 de diciembre de 2002.
VI. ¿PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO DEL
EJERCICIO 2001?
Finalmente, la disposición contenida en el artículo 9° del
Decreto Supremo Nº 205-2001-EF, nos parece que requiere
una precisión especial. En efecto, el texto del artículo indicado
señala que “El coeficiente o porcentaje de los pagos a
cuenta del ejercicio 2001 (el subrayado es nuestro) debe
calcularse en función del impuesto resultante luego de aplicar
únicamente la tasa del 30% sin excepción alguna”. Resulta
inobjetable que el coeficiente utilizado para determinar
los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2001,
ha debido ser determinado considerando la tasa del 30 por
ciento, ya que el impuesto correspondiente al año 2000, fue
calculado con dicho porcentaje.
Sobre el particular debemos recordar que los pagos a
cuenta del Impuesto a la Renta correspondiente a los meses
de marzo a diciembre del ejercicio 2001, se determinan
sobre la base de aplicar a los ingresos gravables de cada
mes el coeficiente que resulte de dividir el Impuesto a la
Renta del ejercicio 2000 entre el conjunto de los ingresos
gravables del mismo ejercicio; para los pagos a cuenta de
los meses de enero y de febrero del año 2001, debe haberse
considerado los elementos correspondientes al año 1999.
En caso de no contar con tales elementos, deberá aplicarse
la tasa del 2 por ciento sobre los ingresos mensuales; todo
esto sobre la base de lo dispuesto por el artículo 85° de la
Ley del Impuesto a la Renta.
El texto del artículo 9° expuesto en el párrafo precedente
al anterior, pareciera estar referido a la determinación de
los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que deban abonarse
durante los meses de marzo a diciembre del ejercicio
2002, en cuyo caso el coeficiente debería determinarse sobre
la base de dividir el Impuesto a la Renta correspondiente
al ejercicio gravable 2001, calculado con la tasa del 30 por
ciento, entre el total de los ingresos gravables del mismo año.
Es decir, que para el exclusivo propósito de determinar el
referido coeficiente, no deben considerarse los efectos de la
reinversión y por el contrario debe sostenerse la hipótesis de
una renta neta imponible gravada con la tasa del 30 por
ciento.
De ser aquella, la intención reglamentaria, se evidenciaría
el afán recaudador del Fisco, dado que tal procedimiento
determinaría un mayor coeficiente que aquel que resultaría
de tomar en consideración el impuesto efectivamente resultante,
luego de aplicar el beneficio de la reinversión. Con tal
intención, se determinarían mayores importes por concepto
de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta durante los meses
de marzo a diciembre del ejercicio gravable 2002.
Contrariamente a lo expuesto en el párrafo anterior, los
pagos a cuenta de los meses de marzo a diciembre del año
2002, resultarían menores, si el monto del impuesto determinante
del coeficiente fuera aquel que resulta de la efectiva
aplicación de las normas que establecen el beneficio de la
reinversión, dado que dicho importe resultaría menor al ser
calculado con las implicancias de una tasa promedio inferior
al 30 por ciento en todos los casos en que hubiera
reinversión.
VII. A MODO DE CONCLUSIÓN
Los temas abordados en el presente análisis constituyen
en nuestra opinión los asuntos de mayor importancia que
deberían ser atendidos por las autoridades legislativas a fin
de evitar interpretaciones y aplicaciones equivocadas o no
conciliadas con la voluntad del legislador y del reglamentador
tributarios.
Para tal propósito tenemos un plazo relativamente corto
tomando en consideración la fecha de vencimiento para la
presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a
la Renta correspondiente al ejercicio gravable 2001 y no
menos corto para las decisiones de inversión o reinversión
de los contribuyentes en relación con la adquisición o construcción
de activos fijos nuevos.
20
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO
Impuesto a la Renta 2002
y Tasa Adicional de 4.1%
por distribución de utilidades
I. INTRODUCCIÓN
Una de las medidas más relevantes en materia de política
tributaria dictada por el Gobierno de Transición fue la modificación
de la alícuota del Impuesto a la Renta correspondiente
a las rentas de tercera categoría; en efecto, a través
de la Ley Nº 27394, publicada en diciembre de 2000, entre
otros aspectos, se modificó el artículo 55° de la Ley del Impuesto
a la Renta cuyo TUO fue aprobado por D.S. Nº 054-
99-EF, disminuyendo a 20 por ciento a partir del año 2002,
la alícuota del Impuesto a la Renta de los contribuyentes de
tercera categoría (hasta el año 2000 la tasa fue de 30 por
ciento) (1) .
Pues bien, el nuevo Gobierno ha modificado nuevamente
el artículo 55° antes mencionado estableciendo que, a partir
de 2002, la tasa aplicable a las rentas netas de tercera categoría
a cargo de los contribuyentes domiciliados en el país
será de 27 por ciento.
No obstante, ahí no termina el cálculo del Impuesto, dado
que también se establece que si el contribuyente distribuyera
total o parcialmente sus utilidades, aplicará una tasa adicional
de 4.1% sobre el monto distribuido. Este último es
justamente el tema que se pretende analizar en el presente
artículo.
II. ¿IMPUESTO A LA RENTA O NUEVO
IMPUESTO?
El hecho generador de la aplicación de la tasa de 4.1
por ciento es la distribución total o parcial de las utilidades
de la empresa. Como podemos observar, este hecho es diferente
del que da origen al Impuesto a la Renta, esto es la
generación de rentas gravadas con el Impuesto. En consecuencia,
podemos concluir que no se trata de un nuevo proceso
para el cálculo del Impuesto a la Renta, sino de un nuevo
Impuesto.
Para que se origine la obligación, la distribución de las
utilidades debe realizarse a personas naturales (domiciliadas
o no) o a personas jurídicas no domiciliadas. Asimismo,
si se distribuyera a favor de personas jurídicas domiciliadas,
esta distribución solamente originará el nacimiento de la obligación
si dichas personas hubieren efectuado un desembolso
o entrega en especie no susceptible de posterior control
tributario, que origine una adición o reparo respecto a su
renta neta de la tercera categoría.
Finalmente, cabe preguntarse si también estarían gravadas
con la tasa adicional las empresas que solamente realizan
operaciones exoneradas del Impuesto o aquellas que
tienen tasas privilegiadas del Impuesto a la Renta (por ejemplo:
empresas agrarias que pagan sólo el 15 por ciento),
consideramos que éste es una tema que el legislador debe
precisar a la brevedad posible.
III. MATERIA IMPONIBLE
De lo establecido en la norma no queda claro cuál es la
materia imponible para el 4.1por ciento, si se trata de la
utilidad tributaria (renta neta) o de la utilidad contable. Veamos
las consecuencias y argumentos al asumir cada una de
las posiciones:
1. Utilidad contable. Esta posición se fundamenta básicamente
en que la Ley se ha referido de manera expresa
al concepto utilidades. De esta manera el cálculo
se haría no solamente respecto a ingresos gravados
con el Impuesto a la Renta, sino que también se
considerarían ingresos no gravados con dicho Impuesto.
Siguiendo esta posición, la tasa combinada sería
superior al 30 por ciento. Y aunque la empresa tuviera
pérdida tributaria, si por haber tenido utilidad contable
reparte dividendos, estaría gravada con la tasa
adicional.
2. Utilidad tributaria (renta neta). Se sostiene que la intención
del legislador había sido inicialmente que la
combinación de ambas tasas (27 por ciento y 4.1 por
ciento) diera una tasa combinada de 30 por ciento.
––––––
(1) Para el año 2001 se estableció también la aplicación de una reducción de
la tasa de hasta 10 puntos supeditada a la reinversión de la renta neta. Ver
al respecto el Informe publicado en las págs. 14-17 de esta misma edición.
NOVIEMBRE 2001 21

INFORME TRIBUTARIO
En este supuesto la tasa de 4.1 por ciento se aplicaría
únicamente en función a los ingresos gravados con el
Impuesto.
Por lo expuesto, resulta evidente la necesidad de que el
legislador establezca con claridad cuál es la base imponible
de la tasa de 4.1 por ciento para que los contribuyentes no
estén expuestos a acotaciones futuras. No obstante, en cualquiera
de los dos casos la base imponible deberá ser el remanente
después del pago del Impuesto a la Renta.
IV. EXCLUSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
La Ley establece que no estará gravada la distribución
que se efectúe en favor de personas jurídicas domiciliadas
salvo cuando éstas hubieren efectuado un desembolso o entrega
en especie que, por su naturaleza, signifique una disposición
indirecta de dicha renta no susceptible de posterior
control tributario, que origine una adición o reparo a efectos
de la determinación de la renta neta de la tercera categoría.
V. DEFINICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES PARA EFECTOS DE LA
OBLIGACIÓN DE PAGAR EL 4.1 POR CIENTO
Se entenderá que existe distribución de utilidades en cualquiera
de los siguientes casos:
a) Utilidades o reservas de libre disposición, en efectivo
o en especie
Cuando las personas jurídicas a que se refiere el Artículo
14° de la Ley distribuyan total o parcialmente sus
utilidades o reservas de libre disposición, en efectivo
o en especie (se tomará en cuenta el valor de mercado),
salvo cuando se trate de títulos de propia emisión
representativos de capital.
Nótese que la Ley no considera distribución de utilidades
a la de títulos de propia emisión representativos
del capital, ya que si bien éstos provienen de la
capitalización de utilidades, no necesariamente se producirá
una transferencia patrimonial en favor del accionista
al no producirse la separación de la utilidad
del capital que la genera.
b) Revaluación de activos
Cuando las personas jurídicas distribuyan, en efectivo
o en especie, el mayor valor atribuido por
revaluación de activos, sin perjuicio del Impuesto que
dicha persona jurídica deberá abonar al momento de
efectuarse la enajenación de dichos bienes, y en su
caso de lo dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley (Reorganización
de Sociedades y Empresas).
De esta manera se evita que se distribuya en forma de
dividendos a favor de los accionistas el excedente de
revaluación resultante de una revaluación de activos.
c) Reducción de capital
Cuando se reduzca el capital, hasta por el importe
equivalente a utilidades, excedente de revaluación o
reservas de libre disposición capitalizados previamente,
siempre que dicha reducción no se destine a cubrir
pérdidas con arreglo a lo dispuesto a la Ley General
de Sociedades. Con este inciso se busca evitar que se
realicen distribuciones de utilidades disfrazadas de
reducción de capital.
La propia Ley establece que esta regla no será aplicable
a las utilidades que se acumulen hasta el 31 de
diciembre de 2001 y que sean previamente capitalizadas
hasta dicha fecha. Cabe señalar que, aunque
la norma se refiere solamente a las utilidades acumuladas
al 31 de diciembre de 2001, creemos que también
estarían comprendidos en la excepción los excedentes
de revaluación o las reservas de libre disposición
generados a esa fecha, por lo que el legislador
debería realizar la precisión correspondiente sobre
este tema.
d) Cuando las sucursales, agencias o establecimientos
permanentes en el país de empresas unipersonales,
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas
en el exterior “muestren” utilidades al cierre
del ejercicio. En virtud a este inciso, si al finalizar el
ejercicio las referidas entidades obtuviesen utilidades
contables y renta neta, determinarán el Impuesto a la
Renta aplicando la tasa adicional de 4.1 por ciento
sobre el total de sus utilidades independientemente a
que haya o no una real distribución de las mismas.
e) Cuando con ocasión de la reducción de capital o de
la liquidación de la persona jurídica, se entregue un
importe superior al valor nominal de los títulos representativos
de capital, más las primas de capital, si las
hubiere.
Solamente si la persona jurídica tiene un patrimonio
neto mayor a su capital social (en virtud a la existencia
de reservas o excedentes) podría suceder que debido
a la reducción del capital o la liquidación de la
persona jurídica se entregara al accionista importes
superiores al valor nominal de los títulos representativos
de su capital.
f) Cuando las personas jurídicas que no sean Empresas
de Operaciones Múltiples o Empresas de Arrendamiento
Financiero otorguen a las personas naturales o jurídicas
que las integran o sean parte contratante de
ella un crédito o entrega, en efectivo o en especie,
hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición,
con carácter general o particular, cualquiera
sea la forma dada a la operación y siempre que no
22
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO
exista obligación de devolver o, existiendo tal obligación,
el plazo para su devolución exceda de doce
meses, o la devolución o pago no se produzca dentro
de dicho plazo o, no obstante los términos acordados,
la renovación sucesiva o la repetición de operaciones
similares permita inferir la existencia de una
operación única, cuya duración total exceda de tal
plazo. Tratándose del supuesto de renovación sucesiva
o repetición de operaciones similares se entenderá
como fecha de distribución a la correspondiente a la
entrega inicial.
Con este inciso se trata de evitar que las empresas
realicen de manera encubierta la entrega de dividendos
bajo la forma de préstamos a los accionistas.
g) Cuando el Fondo Mutuo de Inversión en Valores, el
Fondo de Inversión o los Patrimonios Fideicometidos
de Sociedades Titulizadoras distribuyan los beneficios
o ganancias provenientes de certificados de participación
o de valores representativos de participación,
según corresponda.
Aunque en estricto no se trata de distribución de dividendos,
sí se trata de una forma de distribución de
utilidades.
h) Cuando se efectúe un desembolso o entrega en especie
que, por su naturaleza, signifique una disposición
indirecta de dicha renta no susceptible de posterior
control tributario, que origine una adición o reparo a
efectos de la determinación de la renta neta de la tercera
categoría.
Se presume de esta manera que todo gasto realizado
sin sustento constituye utilidad distribuida (por ejemplo:
gastos personales del accionista asumidos por la
empresa, liberalidades, gastos sin documentación
sustentatoria, etc.).
VI. OTROS TEMAS
a) Sujeto Pasivo
El sujeto pasivo del Impuesto, el contribuyente de rentas
consideradas de tercera categoría que reparte utilidades
a favor de personas naturales (domiciliadas o
no), personas jurídicas no domiciliadas y personas
jurídicas domiciliadas que realizan gastos reparables
no justificables respecto al Impuesto a la Renta.
c) Ejercicio al que deben corresponder las utilidades
Se considera que las utilidades que se distribuyen corresponderán
al ejercicio más antiguo en el que se
aplicó la tasa de veintisiete por ciento (27%), hasta
agotarlas; esto es desde el ejercicio 2002.
d) Momento en que nace la obligación
Se entenderá que la distribución de utilidades queda
configurada en el momento en que se adopte el acuerdo
o las utilidades se pongan a disposición, en efectivo
o en especie, lo que ocurra primero. Tratándose
del supuesto previsto en el inciso h) (gastos sin sustento),
cuando no fuera posible determinar la fecha en
que se efectuó el desembolso o entrega en especie, se
entenderá que la distribución de utilidades se ha configurado
al 31 de diciembre del ejercicio por el cual
se efectúa el reparo o adición.
e) Fecha en que debe efectuarse el pago.
El pago de la tasa adicional deberá abonarse al Fisco
dentro de los plazos establecidos por el Código Tributario
para las obligaciones de periodicidad mensual.
No obstante, en el caso de las sucursales, agencias o
establecimientos permanentes en el país de empresas
unipersonales, sociedades y entidades de cualquier
naturaleza constituidas en el exterior que muestren
utilidades al cierre del ejercicio, el pago deberá efectuarse
dentro del plazo previsto para la presentación
de la declaración jurada anual.
f) Deducción como gasto del Impuesto a la Renta
En principio debemos decir que el pago de la tasa
adicional no se encuentra entre los supuestos del artículo
44° de la Ley (conceptos no deducibles); en tal
sentido, sí podría deducirse del Impuesto a la Renta
para efecto de determinar la renta neta del ejercicio
en que se efectúa este pago dado que, como hemos
visto, no se trata de un pago por el Impuesto a la
Renta, sino es una obligación tributaria generada por
un hecho imponible diferente. No obstante, resulta discutible
esta posición debido a que no se trata de un
gasto necesario para producir renta gravada con el
Impuesto. En todo caso, dejamos el tema planteado
para un análisis más profundo en la próxima edición
de la Revista. Sin duda se trata de un tema que el
legislador debe precisar a través de la norma legal
correspondiente.
b) Naturaleza del pago
El pago de la tasa adicional de 4.1 por ciento tendrá
carácter definitivo y no constituye crédito contra el Impuesto
a la Renta.
NOVIEMBRE 2001 23

INFORME TRIBUTARIO
PATRE
Presión de aportaciones y tributos sobre la remuneración
El PATRE es un indicador diseñado por Análisis Tributario con el propósito de determinar tanto la
incidencia directa (Impuesto a la Renta, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Aportes a
ESSALUD, ONP-Pensiones y AFP), como la indirecta (Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo), así como la incidencia de los tributos municipales (arbitrios de limpieza
pública, de parques y jardines públicos y serenazgo) y de los tributos y aportes que recaen o
repercuten sobre las remuneraciones de los trabajadores.
El PATRE toma como referencia la Canasta de Precios Aele –en esta
oportunidad hemos realizado el estudio respecto a octubre de 1999,
2000 y 2001– sobre la base de una remuneración promedio mensual
de S/. 2,800.00.
Diversos puntos de vista, algunos contradictorios, confluyen en la
apreciación de la incidencia de tributos y aportaciones sobre las remuneraciones.
De hecho, en cuanto a los tributos, es básica la distinción
entre un impuesto, respecto al cual el contribuyente no recibe directamente
el beneficio de su pago sino que representa un abono a la caja
fiscal para que el Gobierno disponga el destino de los fondos; una tasa
la que se paga por la prestación por parte del Estado de un servicio
distinguible e individualizable en el contribuyente y, finalmente, una contribución
que se trata de un pago realizado a consecuencia de la realización
de obras públicas o actividades estatales. Ejemplo del primero es
el Impuesto a la Renta, de la segunda, los arbitrios de limpieza pública
AÑO 2001
PRESIÓN DE APORTACIONES Y TRIBUTOS
SOBRE LA REMUNERACIÓON - PATRE
(TRABAJADORES DEPENDIENTES AFILIADOS A UNA AFP)
CONCEPTO
REMUNERACION BRUTA
MENSUAL S/. 2,800.00 (1)
S/. %
• APORTES A LAS AFP
– Pensiones 8%
– Inv., Sob. y G. S. 1.35%
– Comisión AFP 2.39%
224.00
37.52
66.92
8.000
1.340
2.390
o serenazgo, y de la última la contribución de mejoras.
Ahora bien, que tengamos en teoría una distinción conceptual básica,
no significa, sobre todo en nuestro país y sus gobiernos, que ella se
plasme en la práctica. Se puede «seducir» al contribuyente con una
aportación o contribución y terminar desviándose, o simplemente esfumándose,
su esfuerzo pecuniario. Una muestra de ello fue el caso de la
contribución FONAVI, que se destinó a gastos diversos habiendo sido
inicialmente un fondo de vivienda.
En el campo de los impuestos, tampoco todo es claridad. El Impuesto
Selectivo al Consumo, por ejemplo, es de muy discutible selectividad,
pues afecta a productos de consumo ampliamente extendido, como las
bebidas gaseosas y la cerveza o los cigarros, e inclusive muy populares,
como el kerosene.
La incidencia actual de estos conceptos la veremos en los cuadros
que figuran a continuación.
AÑO 2001
PRESIÓN DE APORTACIONES Y TRIBUTOS
SOBRE LA REMUNERACIÓN - PATRE (TRABAJADORES
INDEPENDIENTES SIN SEGURIDAD SOCIAL)
CONCEPTO
• Impuesto a la Renta
– FONAVI
INGRESOS BRUTOS
MENSUALES S/. 2,800.00
S/. %
73.50
21.00
2.625
0.750
• IMPUESTO A LA RENTA
227.50
8.125
TOTAL DESCUENTOS
94.50
3.370
TOTAL DESCUENTOS
555.94
19.855
• Impuestos indirectos (1)
• IMPUESTOS INDIRECTOS (1)
– IGV
– ISC
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS
TRIBUTOS MUNICIPALES (2)
297.84
19.68
317.52
50.44
10.637
0.703
11.340
1.801
TOTAL
923.90 32.996
(1) CONFORME AL CONSUMO PROMEDIO TOMADO POR LA CANASTA DE AELE.
(2) ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y DE
SERENAZGO E IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR. PROMEDIO TOMADO DE LAS
MUNICIPALIDADES DE CHORRILLOS, SAN MIGUEL Y CERCADO DE LIMA.
– IGV
– ISC
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS
TRIBUTOS MUNICIPALES (2)
TOTAL
297.84
19.68
317.52
50.44
462.46
10.637
0.703
11.340
1.801
16.516
(1) CONFORME AL CONSUMO PROMEDIO TOMADO POR LA CANASTA DE AELE.
(2) ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y DE
SERENAZGO E IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR. PROMEDIO TOMADO DE LAS
MUNICIPALIDADES DE CHORRILLOS, SAN MIGUEL Y CERCADO DE LIMA.
24
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO
Canasta de Precios AELE (Octubre 2001)
Item.
Concepto
Consumo
Mes
Precio
Unitario
1.0 Alimentos en el hogar
1.01 Arroz corriente 16.50 kg 1.95 32.17 4.91% ––––
1.02 Maíz blanco 2.50 kg 2.53 6.32 0.96% ––––
1.03 Pan francés 14.50 kg 2.97 43.06 6.57% ––––
1.04 Fideos a granel 5.50 kg 2.76 15.18 2.32% ––––
1.05 Camote 3.50 kg 0.73 2.55 –––– ––––
1.06 Olluco 1.00 kg 1.35 1.35 –––– ––––
1.07 Papa 22.50 kg 0.89 20.02 –––– ––––
1.08 Yuca 2.00 kg 1.12 2.24 –––– ––––
1.09 Azúcar blanca 11.00 kg 2.00 22.00 3.36% ––––
1.10 Arveja 2.00 kg 2.10 4.20 –––– ––––
1.11 Frejol panamito 3.50 kg 3.37 11.79 –––– ––––
1.12 Limón 1.50 kg 5.88 8.82 –––– ––––
1.13 Manzana 2.00 kg 2.50 5.00 –––– ––––
1.14 Naranja 5.00 kg 1.58 7.90 –––– ––––
1.15 Plátano 6.00 kg 2.00 12.00 –––– ––––
1.16 Tomate 5.00 kg 1.45 7.25 –––– ––––
1.17 Lechuga 1.50 kg 1.50 2.25 –––– ––––
1.18 Zapallo 3.00 kg 1.13 3.39 –––– ––––
1.19 Cebolla 7.00 kg 1.15 8.05 –––– ––––
1.20 Zanahoria 3.50 kg 0.80 2.80 –––– ––––
1.21 Vacuno (y cordero) 8.00 kg 10.20 81.60 12.45% ––––
1.22 Pollo 6.50 kg 4.86 31.59 4.82% ––––
1.23 Pescado 1.50 kg 8.00 12.00 –––– ––––
1.24 Mariscos 1.00 kg 13.00 13.00 –––– ––––
1.25 Huevos 2.00 kg 3.58 7.16 1.09% ––––
1.26 Leche en Polvo 17 bol 1.90 32.30 4.93% ––––
1.27 Leche evaporada 8.50 lat 2.00 17.00 2.60% ––––
1.28 Aceites 4 bot 4.20 16.80 2.56% ––––
1.29 Otros alimentos (Varios:
Especies,etc.) 155.00 4.04% ––––
Subtotal 584.80 50.61% ––––
2.0 Alimentos fuera del hogar
2.01 Menú 20 mes 6.10 122.00 18.69% ––––
2.02 Cerveza 6 bot 3.86 23.16 2.37% 8.7%
2.03 Gaseosa 2 litr. 2.05 4.10 0.42% 0.59%
Subotal 149.26 21.48% 9.29%
3.0 Vestido y calzado
3.01 Cam+Pant Varón Adulto 2 año 130.00 21.67 3.30% ––––
3.02 Cam+Falda Dama Adulta 2 año 90.00 15.00 2.29% ––––
3.03 Cam+Pant Adolescente 2 año 99.00 16.50 2.52% ––––
3.04 Tenida completa 1 Niño 2 año 81.00 13.50 2.06% ––––
3.05 Tenida completa 1 Bebé 2 año 75.00 12.50 1.91% ––––
3.06 Zapato Varón Adulto 1 año 124.00 10.33 1.58% ––––
3.07 Zapato Dama Adulta 1 año 100.00 8.33 1.27% ––––
3.08 Zapato Adolescente 1 año 100.00 8.33 1.27% ––––
3.09 Zapato Niño 2 año 76.00 12.67 1.93% ––––
3.10 Zapato Bebé 1 año 60.00 5.00 0.76% ––––
3.11 Reparación de Calzado 2 año 15.00 2.50 0.38% ––––
Subtotal 126.33 19.27% ––––
4.0 Alq. y conservación de vivienda, artefactos eléctricos
4.01 Alquiler 1 mes 364.58 364.58 55.61% ––––
Precio
Total
IGV
ISC
NOVIEMBRE 2001 25

INFORME TRIBUTARIO
Item.
Concepto
Consumo
Mes
Precio
Unitario
4.02 Agua 35 prom 2.54 88.90 13.56% ––––
4.03 Electricidad 200 kw/h 0.42 84.00 12.81% ––––
4.04 Kerosene 15 gal. 5.50 82.50 12.58% 1.98%
4.05 Gas 2 bal. 28.90 57.80 8.82% 4.60%
4.06 Silla 1 año 36.00 3.00 0.46% ––––
4.07 Colchón 1 bi/año 400.00 16.67 2.54% ––––
4.08 Tazas y platos (1/2doc.) 1 año 30.00 2.50 0.38% ––––
4.09 Radio(AM/FM/CAS/CD) 1 año 252.25 21.02 3.21% ––––
4.10 Reparaciones diversas 1 año 55.00 4.58 0.70% ––––
Subtotal 725.55 110.67% 6.58%
5.0 Salud, servicios médicos
5.01 Consulta médica 3 año 55.00 13.75 2.10% ––––
5.02 Ampicilina 20 tab. 0.40 0.67 0.10% ––––
5.03 Benzibrón 1 fco. 15.00 1.25 0.19% ––––
5.04 Tópico 1 Varios 55.00 4.58 0.70% ––––
Subtotal 20.25 3.09% ––––
6.0 Transportes y comunicaciones
6.01 Pasajes urbanos 150 mes 1.20 180.00 –––– ––––
6.02 Llamada pública mínima 6 mes 0.50 3.00 0.46% ––––
Subtotal 183.00 0.46% ––––
7.0 Esparcimiento
7.01 Cine 2 bts. 12.00 24.00 3.66% ––––
Subtotal 24.00 3.66% ––––
8.0 Enseñanza
8.01 Pensiones 2 pen. 155.00 310.00 47.29% ––––
8.02 Utiles y uniformes escolares año 777.00 64.75 9.88% ––––
Subtotal 374.75 57.17% ––––
9.0 Bienes y Servicios varios
9.01 Corte de pelo 1 mes 10.00 10.00 1.53% ––––
9.02 Periodicos 15 mes 2.00 30.00 4.58% ––––
9.03 Cigarrillos 30 mes 0.30 9.00 1.37% 3.81%
Subtotal 49.00 7.48% 3.81%
10. Gastos adicionales
10.01 Gastos adicionales 1 mes 157.00 157.00 23.95% ––––
Subtotal 157.00 –––– ––––
Precio
Total
Total General 2,393.95
IGV
ISC
297.84% 19.68%
26
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO MUNICIPAL
Los Pensionistas y el Beneficio
contenido en el Impuesto Predial
Análisis de la legislación vigente
Mario Alva Matteucci (*)
Aldo Chaparro Luy (**)
INTRODUCCIÓN
En la regulación del Impuesto Predial, existe un tema que normalmente
es tratado desde diferentes puntos de vista, incluyendo
el político, el social y el económico, pero pocas veces se le trata
desde el punto de vista técnico, por lo que presenta dificultades
en su aplicación.
Nos estamos refiriendo al caso de los pensionistas, los cuales,
en su mayoría, al culminar su vida laboral reciben pensiones exiguas
en nuestro país y a veces son dueños de un inmueble, el cual
representa su mayor riqueza, al ser en muchos casos su único
patrimonio, frente al cual deben cumplir con las obligaciones
tributarias exigidas por los Gobiernos Locales, exclusivamente
con el Impuesto Predial y el pago de los Arbitrios Municipales.
La regulación existente sobre el beneficio otorgado a los pensionistas
ha sufrido varios cambios desde que éste se puso en
práctica, por lo que se han presentado innumerables interpretaciones;
algunas a veces incoherentes, en su fundamentación jurídica,
que perjudican el derecho que les corresponde a los pensionistas
sobre el tema.
El presente artículo pretende analizar los cambios que se han
ido aplicando al caso de los pensionistas desde que se dictó la
primera norma que estableció este beneficio.
I. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE
SOBRE EL TEMA
Para poder analizar el caso del tratamiento legislativo de los
pensionistas frente al Impuesto Predial, es menester hacer una
revisión de la normatividad aplicable y de esta manera determinar
si las normas señaladas se encuentran vigentes o no.
a) La Ley Nº 23552 (Publicada el 30.12.1982)
La norma que regulaba el Impuesto Predial antes de la entrada
en vigencia de la Ley de Tributación Municipal era la Ley Nº
23552, norma que aprobó el Impuesto al Valor del Patrimonio
Predial, (que fue conocido por las siglas IVPP). La mencionada
Ley estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1993 y fue derogada
por el Dec. Leg. Nº 776. En dicha norma no se establecía
un beneficio específico para los pensionistas propietarios de
inmuebles.
b) La Ley Nº 24405 (Publicada el 19.12.1985)
El artículo 2° de esta Ley exoneraba de todo gravamen creado
o por crearse, a las viviendas ocupadas por los pensionistas
de los regímenes generales vigentes, a condición de que sean
casa única adquirida por dichos pensionistas con préstamo hipotecario,
siempre que se mantengan al día en el pago de las correspondientes
cuotas de amortización o hayan sido totalmente
canceladas.
Conforme se puede apreciar, esta norma eliminaba cualquier
gravamen existente al momento de entrar en vigencia dicha norma
y cualquiera que se crease en el futuro, no refiriéndose al
término tributo, sin embargo la palabra gravamen se consigna
como sinónimo de tributo y viceversa, por lo que la verdadera
intención del legislador era brindar la exoneración también a los
tributos, dentro de los cuales se incluía al Impuesto al Valor del
Patrimonio Predial regulado por la Ley Nº 23552.
Las condiciones para acceder a este beneficio eran:
– Ser pensionista.
– Haber adquirido una casa a través del sistema hipotecario
y que la misma tenga la calidad de única propiedad.
– Estar al día en los pagos o haber cancelado totalmente la
deuda por dicho concepto.
Esta norma no fue derogada, aunque fue interpretada por la
Ley Nº 24625 que se analiza más adelante.
c) La Ley Nº 24625 (Publicada el 30.12.1986)
Esta Ley buscó interpretar el artículo 2° de la Ley Nº 24405,
con el texto siguiente:
“Artículo 2.- Interprétese el artículo 2° de la Ley Nº 24405, en
los términos siguientes: Están inafectas del pago del Impuesto al
Valor del Patrimonio Predial, dispuesto por la Ley Nº 23552 y de
todo gravamen creado o por crearse, la vivienda ocupada por
pensionistas a condición de que sea casa única y ocupada por el
propietario; los propietarios están obligados a presentar la co-
––––––––
(*) Abogado. Colaborador especial de Análisis Tributario. Miembro del Instituto
de Estudios Tributarios (IET). Profesor del “Programa de Diplomado en
Tributación” de la Universidad Nacional de Piura. Profesor del “Post Título
en Gestión Tributaria” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor
de la Universidad Privada San Juan Bautista.
(**) Abogado. Egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado
en el Post Título de Gestión Municipal. Especialista en Tributación
Municipal.
NOVIEMBRE 2001 27

INFORME TRIBUTARIO MUNICIPAL
rrespondiente Declaración Jurada y las certificaciones que acrediten
sus derechos”
Conforme se puede apreciar, se han hecho precisiones con
respecto a la norma anterior, toda vez que se ha establecido que
ahora será inafectación y no exoneración como decía la Ley
Nº 24405. Además, se precisa el termino “tributo” determinando
que es el Impuesto al Valor del Patrimonio Predial regulado
por la Ley Nº 23552, pero manteniendo el supuesto del “gravamen”
creado o por crearse.
Además se modifica el supuesto establecido para el beneficio,
considerándose que sólo accederán a él, los pensionistas
propietarios de una casa única y que además sea ocupada por
ellos. Al igual que la Ley Nº 24405, esta norma tampoco fue
derogada, aunque fue interpretada por la Ley Nº 24971 que se
analiza más adelante.
d) La Ley Nº 24971 (Publicada el 23.12.1988)
La Ley Nº 24971 aprobó la Ley de Financiamiento del Presupuesto
del Gobierno Central para 1989 y en su artículo 42° precisó
que el beneficio de inafectación al Impuesto al Valor de la
Propiedad Predial, establecido en la Ley Nº 24405 y modificado
por la Ley Nº 24625 correspondía a los pensionistas propietarios
de un solo inmueble con ciertos requisitos:
– Dicho inmueble debe tener la condición de ser única propiedad
del pensionista o de la sociedad conyugal.
– Su valor no exceda del equivalente a 30 UIT al 31 de
diciembre del año anterior.
– El inmueble esté destinado en su integridad a vivienda del
pensionista.
– Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad
cuando además de la vivienda, el pensionista posea
otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.
En dicha norma se menciona que subsiste la obligación de los
beneficiarios de presentar la declaración jurada correspondiente
al tributo, así como la de informar a la Municipalidad en el caso
de modificarse las condiciones que dieron lugar a la inafectación.
Esta norma no derogó expresamente la Ley Nº 24405 ni la
Ley Nº 24625, limitándose únicamente a interpretarla.
e) El Decreto Legislativo Nº 512 (Publicado el 31.03.1989)
Esta Ley sustituyó el texto del primer párrafo del artículo 42°
de la Ley Nº 24971, Ley de Financiamiento del Presupuesto del
Gobierno Central para 1989. En dicha norma se precisaron algunos
aspectos relacionados con el beneficio de inafectación al
Impuesto al Valor del Patrimonio Predial por parte de los pensionistas,
determinándose los siguientes requisitos:
– Dicho inmueble debe tener la condición de ser única propiedad
del pensionista o de la sociedad conyugal.
– Su valor no exceda del equivalente a 50 UIT al mes de
enero de cada año.
– El inmueble esté destinado en su integridad a vivienda del
pensionista.
Conforme se puede apreciar, esta norma eleva el valor de
Unidades Impositivas Tributarias para efectos de considerar los
inmuebles que puedan estar incluidos en el beneficio de
inafectación. Asimismo, se establece que la UIT aplicable es al
mes de enero de cada año, a diferencia de la norma anterior que
consideraba que la UIT aplicable es al mes de diciembre de cada
año.
Es necesario precisar que esta norma no tuvo una idea de
permanencia en el tiempo, toda vez que de acuerdo al artículo
3° de la propia Ley, se estableció que las modificaciones efectuadas
rigen sólo para el ejercicio 1989. Del mismo modo, tampoco
se derogaron.
f) La Ley Nº 25033 (Publicada el 10.06.1989)
Esta norma buscó regular otros aspectos concernientes al Impuesto
al Valor del Patrimonio Predial, por ello dentro de sus
normas se sustituyó al artículo 2° de la Ley Nº 24405 (norma que
no estuvo derogada, sino interpretada de manera auténtica por
otra ley). De este modo, se establecieron requisitos para acceder
al beneficio de inafectación, entre los cuales se mencionan:
– El inmueble debe figurar a nombre propio o de la sociedad
conyugal.
– Dicho inmueble debe tener la condición de ser única propiedad
del pensionista o de la sociedad conyugal.
– Se deduce del valor total del inmueble un monto equivalente
a cincuenta Unidades Impositivas Tributarias (50 UIT)
vigentes al mes de enero de cada ejercicio gravable.
– Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad
cuando además de la vivienda, el pensionista posea
otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.
Conforme se puede apreciar, ya no se menciona la figura de
la exoneración o inafectación que las normas anteriormente descritas
regulaban, sino que se opta por considerar un beneficio
denominado “mínimo no imponible”, es decir que si un pensionista
poseía un inmueble cuyo valor era de 54 UIT y cumplía con
los requisitos para acceder a dicho beneficio, estaba obligado a
pagar el Impuesto al Valor del Patrimonio Predial por las 4 UIT
restantes.
Esta norma estableció en su artículo 3° que, en ningún caso,
el pensionista pagará por concepto del Impuesto al Valor del Patrimonio
Predial una suma que exceda el 10% de lo percibido
por concepto de pensiones en el año anterior. Esto representa
una novedad con respecto a las normas anteriormente descritas,
las cuales no establecieron ningún mecanismo para que los pensionistas
pagaran una menor cantidad del Impuesto al Valor del
Patrimonio Predial.
A diferencia de las leyes señaladas que sólo buscaban interpretar
o sustituir partes del articulado, la Ley Nº 25033 sí las
deroga de manera expresa a excepción de la Ley Nº 24405, tal
como lo estableció su artículo 8°, al decir “Derógase el artículo
2° de la Ley Nº 24625, artículo 42° de la Ley Nº 24971, artículo
2° del Decreto Legislativo Nº 512, así como toda disposición
que se oponga a la presente Ley”.
g) El Decreto Supremo Nº 073-91-EF (Publicado el
29.03.1991)
Antes de la dación de esta norma, las distintas Municipalidades
obligaban a los pensionistas a solicitar el otorgamiento de
este beneficio a través de la formación de expedientes, en los
cuales era necesario entre otras cosas, demostrar la única propiedad
del predio donde habita el pensionista con la presentación
del certificado de única propiedad, expedido por el Registro
correspondiente.
Asimismo, el beneficio era otorgado a la finalización del proceso
de solicitud y no de manera automática con la sola presentación
de la declaración jurada, con lo cual el beneficio era considerado
otorgado cuando se emitía la resolución correspondiente,
de esta manera tenía efecto constitutivo.
Uno de los considerandos de la citada norma señala que al
pensionista beneficiario de la inafectación se le solicitaba que
28
NOVIEMBRE 2001

INFORME TRIBUTARIO MUNICIPAL
inicie un procedimiento administrativo a través del cual debe acreditar
con documentos de difícil y/o engorrosa obtención el derecho
a gozar de la inafectación, lo que originaba en la práctica
que la gran mayoría de ellos se vea imposibilitado de acogerse
al beneficio que la Ley les otorga con el consecuente perjuicio
económico.
Esta norma buscó regular de manera operativa el procedimiento
a seguir para solicitar el beneficio tributario contenido en
las normas señaladas anteriormente, por ello se determinó que
para acceder a este beneficio era necesario que el pensionista
presente una declaración jurada del Impuesto al Valor del Patrimonio
Predial (hoy Impuesto Predial), indicando en ella el derecho
del contribuyente a gozar de dicho beneficio, adjuntando
únicamente copia de la boleta de pago que acredita la calidad
de pensionista correspondiente al mes anterior de la fecha de
presentación de la declaración.
Conforme se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, el
beneficio otorgado a los pensionistas operaba desde el momento
en que se cumplen las condiciones establecidas en las normas
que regulan el tema, con lo cual el otorgamiento del beneficio
tenía efecto declarativo.
h) El Decreto Legislativo Nº 776 (Publicado el 31.12.1993)
La Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 776 significó una nueva regulación de todos los
tributos municipales, los cuales se encontraban regulados de
manera desperdigada en diferentes dispositivos legales.
Esta Ley buscaba agrupar en un solo cuerpo normativo a todas
las regulaciones mencionadas en el párrafo anterior, dentro
los cuales se incluye a la regulación del Impuesto Predial y se
recoge la estructura del Impuesto Predial que se encontraba regulada
en la Ley Nº 23552, incluyéndose el beneficio que corresponde
a los pensionistas propietarios de un solo inmueble o a
nombre de la sociedad conyugal.
El beneficio que regula la Ley de Tributación Municipal se
encuentra consagrado en el artículo 19°, el cual establece:
“Artículo 19°.- Los pensionistas propietarios de un solo inmueble,
a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté
destinado a vivienda de los mismos, deducirán de la base
imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT,
vigentes al 1 de enero de cada ejercicio gravable.
Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad,
cuando además de la vivienda, el pensionista posea otra
unidad inmobiliaria constituida por la cochera.
El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales
y/o profesionales, con aprobación de la Municipalidad respectiva,
no afecta la deducción que establece este artículo.”
De esta norma se puede inferir que los requisitos exigidos
para poder obtener el beneficio de deducción denominado “mínimo
no imponible”, son similares a los establecidos en la Ley
Nº 25033, los cuales son:
– El inmueble debe figurar a nombre propio o de la sociedad
conyugal.
– Dicho inmueble debe tener la condición de ser única propiedad
del pensionista o de la sociedad conyugal.
– Se deduce del valor total del inmueble un monto equivalente
a cincuenta Unidades Impositivas Tributarias (50 UIT)
vigentes al 1 de enero de cada ejercicio gravable.
– Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad
cuando además de la vivienda, el pensionista posea
otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.
– El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales
y/o profesionales, con aprobación de la Municipalidad
respectiva, no afecta la deducción materia del presente
análisis.
Conforme se aprecia existe bastante similitud entre los requisitos
exigidos, haciendo mención de que la Ley de Tributación
Municipal tiene como objetivo instaurar una regulación de todos
los aspectos relacionados con los tributos municipales, por ello se
pone en práctica el principio establecido en el artículo I del Título
Preliminar del Código Civil de 1984, según el cual una ley se
deroga sólo por otra ley. Mencionando además que la derogación
se produce si se cumplen tres supuestos:
1. Por declaración expresa.
2. Por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior.
3. Cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por
aquélla.
Si analizamos el caso concreto, se puede apreciar que la Ley
de Tributación Municipal estableció en la Primera Disposición Final
que se derogan determinadas normas, así como sus
ampliatorias y modificatorias y en el literal c) se determina que se
deroga la Ley Nº 23552, que regula el Impuesto al Valor del
Patrimonio Predial.
Lo que habría que analizar es si las leyes Nºs. 24405, 24625,
24971, 25033 y el Decreto Legislativo Nº 512 son normas
ampliatorias y modificatorias de la Ley Nº 23552, que reguló el
Impuesto al Valor del Patrimonio Predial.
Al respecto debemos establecer que la Ley Nº 23552 reguló
el Impuesto al Valor del Patrimonio Predial, señalándose en dicha
norma aspectos como:
– Hipótesis de incidencia.
– Hecho imponible.
– Sujeto activo.
– Sujeto pasivo.
– Base imponible.
– Periodicidad de pago.
– Obligación de presentar declaración jurada.
– Tasa.
– Inafectaciones.
– Exoneraciones.
– Rendimiento del impuesto.
Las leyes Nºs. 24405, 24625, 24971, 25033 y el Decreto
Legislativo Nº 512 regularon sólo un aspecto relacionado con el
otorgamiento de un beneficio tributario a los pensionistas propietarios
de un predio, estableciendo un supuesto que no figurara
en la Ley Nº 23552 que reguló el Impuesto al Valor del Patrimonio
Predial. Sin embargo, el beneficio tributario descrito en líneas
anteriores, no podría tener existencia por sí solo si no existiera
la Ley Nº 23552, por lo que se configura el hecho de ser
una norma ampliatoria y por tanto derogada por la Primera Disposición
Final literal c) de la Ley de Tributación Municipal.
También se puede establecer que la Ley de Tributación Municipal
incluyó el beneficio descrito en párrafos anteriores dentro
de su estructura normativa, toda vez que el mismo se incluyó en
el artículo 19°, siendo modificado posteriormente por la Ley Nº
26952. Por ello se cumpliría el tercer supuesto establecido en el
artículo I del Título Preliminar del Código Civil de 1984, al haberse
regulado toda la materia relacionada con el Impuesto Predial
en una sola norma, evitando tener normas dispersas que impidan
su cabal aplicación.
Es pertinente aplicar la legislación civil en el presente caso,
toda vez que el propio Código Civil de 1984 establece en su
NOVIEMBRE 2001 29

INFORME TRIBUTARIO MUNICIPAL
artículo IX del Título Preliminar que las disposiciones de dicho Código
se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas
reguladas por otras leyes (en este caso normas tributarias),
siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.
En lo que respecta a la formalidad establecida por las normas
referidas anteriormente, se debe señalar que sólo el Decreto
Supremo Nº 073-91-EF mantiene vigencia por cuanto ha determinado
el procedimiento pra los pensionistas que cumplan con
los requisitos establecidos en las normas que regulan el tema.
Asimismo, no hay ninguna norma que expresamente lo derogue
o que regule el tema en su integridad.
II.- ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA
ACCEDER AL BENEFICIO
Ahora bien, el beneficio establecido en la Ley de Tributación
Municipal, así como los requisitos, son interpretados y aplicados
de distinta forma por las diversas municipalidades, en muchos
casos desnaturalizando el beneficio o en otras restringiendo la
aplicación a partir de un determinado ejercicio.
A continuación analizaremos cada uno de los requisitos:
1. El inmueble debe figurar a nombre propio o de la sociedad
conyugal.
El término "figurar" puede generar confusiones, en todo
caso debe entenderse que se requiere que el predio sea
propiedad o se encuentre inscrito en Registros Públicos o
en el Registro Predial a nombre del pensionista o de la
sociedad conyugal. En este último caso, si cualquiera de
los dos integrantes de la sociedad conyugal tiene la condición
de pensionista se extiende el beneficio a la sociedad
conyugal.
2. El inmueble debe tener la condición de única propiedad,
del pensionista o de la sociedad conyugal. Se considera
única propiedad, cuando además de la vivienda el pensionista
posea otra unidad inmobiliaria constituida por
la cochera.
Para que el beneficio alcance al pensionista, es necesario
que dentro de su Patrimonio sólo exista un inmueble, bastando
incluso que sea titular de una cuota ideal en calidad
de copropietario.
En efecto, de acuerdo al criterio establecido en la RTF Nº
345-3-99 el beneficio es aplicable a la vivienda única del
pensionista sin importar si éste es propietario exclusivo o
copropietario de un inmueble. En ese sentido, los pensionistas
que poseen sólo el porcentaje o cuota ideal de un
inmueble pueden obtener la deducción de la base
imponible, que está constituida por el porcentaje del
autoavalúo que le corresponde.
El razonamiento resulta adecuado, toda vez que el requisito
establecido en la Ley de Tributación Municipal consiste
en ser propietario de un solo inmueble, pero no se
señala que tenga que ser el único propietario, requisito
que apunta beneficiar a aquellos cuyo único patrimonio
es el inmueble que habitan.
Asimismo, no basta que el inmueble esté destinado a vivienda
es necesario que este se encuentre efectivamente
habitado u ocupado, tal como lo ha establecido la RTF
1068-5-97.
3. El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales
y/o profesionales, con aprobación de la municipalidad
respectiva, no afecta la deducción que establece
el artículo
Se permite que una parte del inmueble sea utilizada con
el objeto de generar recursos económicos. Esta modificación
fue introducida por la Ley Nº 26952 y en cierta medida
contradice la intención original de la norma que era
conceder un beneficio a aquellos pensionistas por constituir
este su único ingreso. Además, no se establece el significado
de “uso parcial del inmueble” por lo que, bastaría
que una porción mínima sea dedicada a vivienda para
efectos de la aplicación del beneficio.
Cabe referir que, de acuerdo al criterio señalado en la
RTF Nº 1035-2-2000, el alquiler de parte de un inmueble
tiene como fin la obtención de una renta, de tal modo que
con dicho acto se estaría cumpliendo con el requisito de
destinar el inmueble a fines productivos, no siendo necesario
que sea el pensionista quien se dedique personalmente
a realizar actividades comerciales o profesionales.
La misma RTF ha indicado que la aprobación de la municipalidad
respectiva a que se refiere el artículo 19° de la
Ley de Tributación Municipal no debe entederse como una
modificación de la Administración del fin al que se ha
destinado el inmueble, sino de la autorización de funcionamiento
que debe otorgar.
4. No interesa la calidad de pensionista
Se debe señalar con claridad que el beneficio es otorgado
a los pensionistas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 19° de la Ley de Tributación Municipal,
de este modo cuando se habla de pensionista, se
incluirá dentro de este concepto a los diferentes tipos de
pensión existente:
• Viudez.
• Montepíos.
• Orfandad.
• Invalidez.
• Otros tipos de pensiones.
Asimismo, cabe señalar que no se puede hacer ningún
tipo de distingo por el origen de la pensión ni tampoco si
se trata de un pensionista público o privado, nacional o
extranjero. En este sentido se debe recordar que no se
pueden establecer diferencias donde la propia Ley no las
hace.
En otro orden de ideas, es necesario precisar que algunas
Municipalidades han intentado reglamentar el beneficio del mínimo
no imponible, regulado en el artículo 19° de la Ley de
Tributación Municipal, lo cual no es válido, toda vez que se estaría
infringiendo el Principio de Legalidad contenido en la Constitución
Política del Perú y en la Norma IV del Título Preliminar del
Código Tributario.
De este modo, si existe alguna Ordenanza aprobada por una
Municipalidad Distrital o Provincial sobre el tema, contra la misma
se podría plantear la Acción de Inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional por las personas que se encuentren legitimadas
por Ley, o también una Acción de Amparo, luego de haber
agotado la vía previa en la Administración Tributaria y recurrir
posteriormente al Poder Judicial, pero nunca utilizar la vía
del procedimiento contencioso-tributario, toda vez que en dicha
vía no se discute la legalidad o ilegalidad de una norma.
30
NOVIEMBRE 2001

CASUÍSTICA
Casos Prácticos
IGV - REINTEGRO DEL CRÉDITO
FISCAL
PREGUNTA:
Un suscriptor nos señala que ha vendido
el 28 de setiembre de 2001 en
S/. 8,000 un activo fijo que fue adquirido
el 25 de agosto de 2000 al precio de
S/. 10,000, por lo que desea saber ¿Qué
monto debe reintegrar por crédito fiscal
utilizado? ¿Cuál es el procedimiento para
el reintegro del crédito fiscal proveniente
de esa compra?
RESPUESTA:
Sobre el particular, el artículo 22º de
la Ley del IGV e ISC, cuyo TUO fue aprobado
por D. S. Nº 055-99-EF estipula que
en el caso de venta de bienes depreciables
destinados a formar parte del activo
fijo, antes de transcurrido el plazo de dos
(2) años de haber sido puestos en funcionamiento
y en un precio menor al de su
adquisición, el crédito fiscal aplicado en
la adquisición de dichos bienes deberá
reintegrarse en el mes de la venta en la
proporción que corresponde a la diferencia
de precio. Así, tenemos que sólo procederá
el reintegro del crédito fiscal si: (i)
el activo fijo adquirido es vendido antes
de los dos años de ponerlo en funcionamiento;
y, (ii) el precio de venta es menor
al de adquisición. En este sentido, el cálculo
deberá efectuarse de la siguiente forma:
sería el 50 por ciento del crédito determinado
indebidamente, correspondiéndole
una rebaja del 90 por ciento si la infracción
se subsana voluntariamente.
IGV - UTILIZACIÓN DE SERVI-
CIOS
PREGUNTA:
Una empresa exportadora domiciliada
en el Perú paga a una empresa extranjera
domiciliada en Estados Unidos
una comisión por la colocación y transporte
de sus productos exportados a los
diferentes Estados dentro de ese país. Nos
consulta si ese monto está afecto al IGV
por concepto de utilización de servicios.
Valor de Adquisición del activo fijo:
Valor de venta del activo fijo:
Diferencia:
Crédito Fiscal pagado en adquisición del activo fijo: S/.
Débito Fiscal de la venta:
Aplicando la proporción correspondiente a la diferencia
de precio:
Crédito Fiscal a reintegrar:
En este orden de ideas, el contribuyente
está obligado a reintegrar del crédito
fiscal utilizado en la compra del bien
la cantidad de S/. 360. Ahora bien, el
numeral 3 del artículo 6° del Reglamento
de la referida Ley D.S. Nº 029-94-EF, modificado
por el D.S. Nº 064-2000-EF, señala
que el mencionado reintegro deberá
ser deducido del crédito fiscal que corresponda
al período tributario en que se produce
dicha venta, es decir va a existir una
diferencia entre el importe que se consigna
en el Registro de Compras y lo que se
registra en el PDT IGV Renta Mensual luego
de la deducción.
En caso de que no se cumpla con efec-
S/. 10,000 (100%)
S/.
8,000
2,000
1,800
1,440
360
360
(80%)
(20%)
(20% de 1,800)
tuar el reintegro en el período en que se
produzca la venta del activo fijo, se configuraría
la infracción estipulada en el artículo
178º del Código Tributario, relacionada
con declarar cifras o datos falsos u
omitir circunstancias con el fin de obtener
indebidamente Notas de Crédito Negociables
u otros valores similares que impliquen
un aumento indebido de saldos o
créditos a favor del deudor tributario. En
efecto, el no efectuar el reintegro del crédito
fiscal correspondiente implica un aumento
indebido del crédito fiscal correspondiente
al mes en que se produjo la
venta por lo que la sanción aplicable según
la Tabla I anexa al referido Código
RESPUESTA:
El IGV grava tanto la prestación de
servicios como la utilización de servicios
en el país. En este sentido el inciso b) del
artículo 2º del Reglamento de Ley del IGV
e ISC, D.S. Nº 029-94-EF, dispone que se
encuentran gravados los servicios prestados
o utilizados en el país, independientemente
del lugar en que se pague o se
perciba la contraprestación, y del lugar
donde se celebre el contrato. Asimismo,
se hace una precisión en cuanto a la definición
del concepto de utilización de servicios
en el sentido de que se configurará
este supuesto cuando siendo prestado por
un sujeto no domiciliado, es consumido o
empleado en el territorio nacional.
Se ha discutido mucho acerca de cuál
debe ser el alcance de la utilización de
servicios pues a pesar de la precisión, el
Reglamento no es del todo claro. Al respecto,
el Tribunal Fiscal ha señalado en
reciente resolución (225-5-2001) que “el
modo de establecer si un servicio es utilizado
en el país, es decir si es consumido
o empleado en el territorio nacional, es
en función del lugar donde el usuario –el
que contrató el servicio– llevará a cabo el
primer acto de disposición del mismo”.
Ahora bien, en el caso, la empresa domiciliada
abona a la no domiciliada un
monto que cubre el transporte de su mer-
NOVIEMBRE 2001 31

CASUÍSTICA
cadería y respectiva colocación dentro de
Estados Unidos. Pues bien, en cuanto al
transporte que realiza la empresa no domiciliada,
éste no se consume o emplea
en el Perú sino en el extranjero, por tanto
no se considera utilización de servicios.
En cuanto al servicio de colocación de los
bienes exportados, el primer acto de disposición
es justamente la venta de los mismos
por lo que este hecho también se lleva
a cabo en Estados Unidos. Y esto es
así, porque el hecho de que los réditos
económicos producto de la venta sean recibidos
por la empresa peruana no implica
que el consumo se realice en el Perú,
ya que como vemos el alcance que le da
el Tribunal Fiscal a este concepto va más
allá que la simple recepción de beneficios
económicos (1) .
Por lo expuesto, consideramos que el
monto que abona la empresa exportadora
domiciliada en el Perú por la colocación
de sus productos y transporte de los
mismos en otro país a la empresa extranjera
no constituye utilización de servicios
por lo que no debería afectarse con IGV
dicha operación.
IMPUESTO A LA RENTA – GASTOS
DEDUCIBLES
PREGUNTA:
¿Pueden ser deducidos los montos desembolsados
por gastos de representación
provenientes de almuerzos de negocios
sustentados en facturas dónde sólo se consigna
la palabra “por consumo” sin mayor
detalle? ¿Cumplen estos documentos
los requisitos para ser considerados como
Comprobantes de Pago?
RESPUESTA:
El inciso q) del artículo 37º de la Ley
del Impuesto a la Renta considera deducibles
los gastos de representación propios
del giro del negocio, en la parte que, en
conjunto, no exceda del medio por ciento
(0.5%) de los ingresos brutos, con un límite
máximo de cuarenta (40) UIT. Concordantemente
con esto, el inciso m) del artículo
21º del Reglamento señala que se
consideran gastos de representación:
(i) Los efectuados por la empresa con
el objeto de ser representadas fuera
de sus oficinas, locales o establecimientos;
y,
(ii) Los destinados a presentar una
imagen que le permita mantener o
mejorar su posición de mercado,
incluidos los obsequios y agasajos
a clientes.
Por otro lado, el inciso j) del artículo
44º de la referida Ley dispone que no son
deducibles para la determinación de la
renta neta los gastos cuya documentación
sustentatoria no cumpla con los requisitos
y características mínimas establecidos por
el Reglamento de Comprobantes de Pago.
En este sentido, el artículo 8º de la R. de
S. Nº 007-99/SUNAT señala que las facturas
deben tener como información no
necesariamente impresa el bien vendido
o cedido en uso, descripción o tipo de servicio
prestado, indicando la cantidad,
unidad de medida, número de serie y/o
número de motor, si se trata de un bien
identificable, de ser el caso.
Así, en principio, estas facturas al no
consignar en detalle los bienes consumidos
en el restaurante por concepto de gastos
de representación no podrían ser utilizados
para sustentar gasto a efectos del
Impuesto al a Renta. Sin embargo, el Tribunal
Fiscal en numerosas resoluciones
(503-1-96, 091-4-96, 470-2-99, etc.) ha
señalado que la anotación de la frase “por
consumo” constituye un uso habitual tratándose
del servicio de alimentos, por lo
que en esos casos no se estaría vulnerando
lo dispuesto por el Reglamento de Comprobantes
de Pago, debiendo la Administración
reconocer los gastos reparados por
tales conceptos.
Como vemos, en este caso el Tribunal
no privilegia la literalidad de la norma
sino que hace una interpretación en función
de la razonabilidad de los requisitos
exigidos y de la finalidad perseguida con
éstos. Así, no se ve en el caso una intención
evasiva en el pago del impuesto a
través de este hecho (no consignar en detalle
los platos consumidos) sino que esto
responde a una práctica habitual de este
rubro (restaurantes) por lo que en este
supuesto en particular no se vulnera los
requisitos formales exigidos para los Comprobantes
de Pago, siendo deducible el
gasto a efectos del Impuesto a la Renta.
IMPUESTO A LA RENTA: REINVER-
SIÓN DE UTILIDADES
PREGUNTA:
¿Sería aplicable el beneficio de la reducción
al veinte por ciento (20%) de la
tasa del Impuesto a la Renta de 2001 si la
adquisición del activo fijo se efectúa con
un préstamo del accionista y al cierre del
ejercicio se capitaliza la correspondiente
cuenta por pagar del accionista?
RESPUESTA:
Como sabemos, la Ley Nº 27394 dispone
que los contribuyentes generadores
de renta de tercera categoría podrán gozar
de una reducción de diez puntos porcentuales
de la tasa del Impuesto a la Renta,
correspondiente al ejercicio 2001 siempre
que el monto deducido sea invertido
en cualquier sector de la actividad económica
en que reinviertan. Posteriormente
se interpretó esta disposición por Ley
Nº 27397, que señala que la tasa reducida
del veinte por ciento (20%) se calculará
sobre la renta neta reinvertida cualquiera
sea la actividad económica en que se
reinvierta. Asimismo, se dispuso que mediante
Decreto Supremo se establecería
la forma, plazo y condiciones para el goce
del beneficio. En este sentido, se publicó
el pasado 12 de octubre el D. S. Nº 205-
2001-EF que reglamenta este beneficio.
Así, en el artículo 3° del citado decreto se
señala que “únicamente darán derecho a
gozar del beneficio las inversiones que se
destinen a la adquisición o construcción
de activos fijos nuevos vinculados directamente
con la realización de actividades
generadoras de rentas gravadas de tercera
categoría. La reinversión materia del
beneficio deberá ser efectuada con fondos
propios”. En este sentido, se está restringiendo
los recursos con los cuales debe
ser adquirido el activo fijo materia de la
reinversión ya que se establece que sólo
procederá la aplicación del beneficio si
aquella se realiza con fondos propios.
En este orden de ideas, los fondos propios
deben provenir de las utilidades del
ejercicio. En el caso, si se financia la compra
del activo con un préstamo del accionista
de la empresa, este préstamo constituiría
un fondo de tercero y no propio (recordemos
que las empresa tienen personalidad
jurídica propia independientemente
de las personas naturales que la
conforman). Aunque la cuenta del pasivo
–––––––––
(1) Sin embargo, cabe resaltar que un sector de opinión
se adscribe a la idea de interpretar el concepto
de consumo o empleo del servicio como el
de recepción de beneficios económicos y, por
tanto, siendo que la venta en el extranjero va a
tener un efecto económico para la empresa domiciliada
en el Perú, este servicio debería encontrarse
gravado con IGV al cumplir los requisitos
para la utilización de servicios.
32
NOVIEMBRE 2001

CASUÍSTICA
proveniente de este préstamo sea capitalizada
(el artículo 7º del referido decreto
obliga a la capitalización de las utilidades
reinvertidas), no se cumple con uno
de los requisitos más importante que señala
dicho Reglamento como es que la reinversión
se efectúe con fondos propios,
pues está siendo adquirida a través de una
obligación con tercero. Por tanto, no podría
aplicarse la reducción al veinte por
ciento (20%) de la tasa del Impuesto.
PREGUNTA:
Un suscriptor nos consulta si cumple el
requisito “nuevo” para los activos fijos
adquiridos, la maquinaria que tiene como
fecha de fabricación el año 1997.
RESPUESTA:
En el artículo 1° del Decreto Supremo
Nº 205-2001-EF se señala que se debe
entender por activo fijo nuevo aquel bien
que no ha sido puesto en funcionamiento
ni afectado con depreciación alguna, terrenos
y edificaciones. Asimismo, el artículo
3° del referido decreto dispone las
condiciones para gozar del beneficio,
siendo una de éstas que el activo fijo adquirido
sea nuevo y esté vinculado directamente
con la realización de actividades
generadoras de rentas gravadas de tercera
categoría. Así, consideramos que la
exigencia que impone el Reglamento en
el sentido de que el bien del activo fijo
adquirido sea nuevo, está relacionada con
la falta de depreciación de ese bien por
alguna otra empresa (se excluye así bienes
de segunda mano). Esto no significa
que el bien sea de estreno, inclusive puede
haber sido adquirido por otra persona,
pero nunca lo puso en funcionamiento
ni lo depreció y sin usarlo lo transfirió.
De acuerdo a ello, en el caso, el hecho de
que el bien no tenga como año de fabricación
el año 2001 no impide la aplicación
del beneficio. Ahora bien, el artículo
6° del citado decreto señala que la reinversión
del beneficio se acreditará con:
(i) Informe técnico preparado por el
contribuyente, con carácter de declaración
jurada, que contenga el
detalle, características y valorización
de la inversión en los activos
fijos adquiridos o construidos; fondos
utilizados para la inversión y
cualquier otra información que sustente
la reinversión materia del
beneficio, de acuerdo al formato
que apruebe SUNAT; y,
(ii) Dicho Informe debe ser refrendado
por una Sociedad de Auditoría,
la cual deberá estar debidamente
inscrita en el Registro de alguno
de los Colegios de Contadores
Públicos de la República.
De esta manera se ha querido ejercer
un tipo de control externo a la empresa
que acredite, por ejemplo, el cumplimiento
de que el bien adquirido sea nuevo.
IMPUESTO A LA RENTA: CRÉDI-
TOS PROVENIENTES DEL EXTE-
RIOR
PREGUNTA:
A la luz de las modificaciones introducidas
por la Ley Nº 27513 ¿puede ser
aplicada la tasa del 4.99 por ciento para
los créditos externos si el crédito ha sido
otorgado por el proveedor de los bienes
importados y no por un Banco de primera
categoría como lo señala la referida
Ley cuando modifica el artículo 56° de la
Ley del Impuesto a la Renta?
RESPUESTA:
La Ley Nº 27513, publicada el 28 de
agosto del presente año, introdujo una
serie de modificaciones a la Ley del Impuesto
a la Renta, entre las cuales se encuentra
la reducción de la tasa de dicho
Impuesto aplicable a las personas jurídicas
no domiciliadas en el caso de los intereses
provenientes de créditos externos. En
efecto, la tasa fue reducida de 5 por ciento
a 4.99 por ciento (la que según el artículo
8° de la referida Ley regirá a partir
del 29 de agosto de 2001) y se aumentó
dos requisitos adicionales a los contemplados
en el artículo 56° original. Así,
para que pueda ser aplicado el beneficio
de la tasa del 4.99 por ciento a los créditos
provenientes deben cumplirse con los
siguientes requisitos:
(i) En caso de préstamos en efectivo,
que se acredite el ingreso de moneda
extranjera al país.
(ii) Que el crédito no devengue un interés
anual al rebatir superior a la
tasa preferencial predominante en
la plaza de donde provenga, más
tres (3) puntos.
Los referidos tres (3) puntos cubren los
gastos y comisiones, primas y toda otra
suma adicional al interés pactado de cualquier
tipo que se pague a beneficiarios
del extranjero.
Están incluidos en este inciso los intereses
de los créditos externos destinados al
financiamiento de importaciones, siempre
que se cumpla con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia:
(iii) Que se trate de un crédito concedido
por un banco de primera categoría,
calificado como tal por
el Banco Central de Reserva del
Perú.
(iv)
Que la intervención del banco no
tenga como propósito evitar una
operación entre empresas vinculadas
económicamente u obtener la
tasa prevista de 4.99 por ciento.
En este sentido, los dos últimos requisitos
fueron adicionados por la Ley Nº
27513 la cual restringió de manera correcta
la aplicación de este beneficio pues
estaba siendo utilizado con un mecanismo
elusivo por algunos. Ahora bien, esta
operación de financiamiento externo no
siempre se da a través de los Bancos extranjeros,
sino también por los mismos proveedores
de los bienes importados los cuales
prestan un financiamiento para que los
domiciliados adquieran sus productos
(ventas al crédito). Si nos ciñéramos a lo
que señala uno de los requisitos introducidos
por la Ley comentada, este tipo de
operaciones no se encontrarían comprendidas
ya que no se involucra un crédito
concedido por un banco de primera categoría.
Sin embargo, el D. S. Nº 205-2001-EF
establece en el inciso c) de su Segunda Disposición
Transitoria literal c) que “se consideran
cumplidos los requisitos de los numerales
3 y 4 del inciso a) del artículo 56°
de la Ley del Impuesto a la Renta cuando
se trate de un crédito para la importación
de bienes otorgado directamente por el proveedor
de los mismos, siempre que éste no
se encuentre vinculado económicamente
con el deudor ni resida en un territorio de
baja o nula imposición”. Por tanto, de
acuerdo a esta norma, la tasa del 4.99 por
ciento sí podría ser aplicada.
En conclusión, el Decreto si bien puede
ser cuestionado en el sentido de que
va más allá de lo que la Ley previó, resulta
beneficioso pues un mecanismo importante
de financiamiento externo para las
empresas domiciliadas es justamente el
que les otorga el proveedor de los bienes,
por lo que no habría razón de excluir este
tipo de operaciones del beneficio otorgado
por la Ley mientras se cumplan con los
otros requisitos ya señalados.
NOVIEMBRE 2001 33

CONSULTA INSTITUCIONAL
Comprobantes de Pago
• EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO: Comprobante de pago
que respalde transferencia de vehículos automotores
OFICIO Nº 069-2000-KC0000
Lima, 12 de julio de 2000
Señor
AUGUSTO LARA ARANA
Registrador Público de la Región San Martín, Tarapoto
Presente
Ref.: Oficio Nº 563-2000-ORRSM-ORT
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento
de la referencia, mediante el cual consulta si las empresas del sistema
financiero regidas por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros estarían obligados a emitir
facturas o boletas de venta por la transferencia de vehículos automotores.
Sobre el particular, debemos indicarle lo siguiente:
El artículo 2° de la Ley Nº 25632, Ley Marco de Comprobantes
de Pago, modificada por el Decreto Legislativo Nº 814, señala que
se considera comprobante de pago, todo documento que acredite
la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de
servicios, calificado como tal por la SUNAT.
El inciso a) del numeral 1 del artículo 6° del Reglamento de
Comprobantes de Pago aprobado por la Resolución de
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT («en adelante RCP»), establece
que están obligados a emitir comprobantes de pago, entre
otros, las personas naturales o jurídicas que realicen transferencia
de bienes a título gratuito u oneroso derivadas de actos y/o contratos
de compraventa, permuta, donación, dación en pago y en general
todas aquellas operaciones que supongan la entrega de un
bien en propiedad.
De acuerdo a lo que se dispone en el penúltimo párrafo del
artículo 6° del RCP, sólo tratándose de personas naturales, sociedades
conyugales y sucesiones indivisas, la obligación de otorgar
comprobantes de pago requiere habitualidad.
En ese sentido, y tomando en consideración que las operaciones
realizadas por las entidades del sistema financiero no se encuentran
comprendidas en las excepciones del artículo 7° del RCP,
es que las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas
a emitir el respectivo comprobante de pago en todas las transferencias
de bienes que realicen.
Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° del
citado Reglamento, sólo se consideran comprobantes de pago, siempre
que cumplan con todas las características y requisitos mínimos
establecidos en dicho Reglamento, las facturas, boletas de venta,
recibos por honorarios, liquidaciones de compra, tickets o cintas
emitidos por máquinas registradoras, los documentos autorizados
en el numeral 6 del artículo 4° de dicha norma, y otros documentos
que por su contenido y sistema de emisión permitan un adecuado
control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de
manera previa, por la SUNAT.
Pues bien, en el inciso b) del numeral 6.1 del artículo 4° del
referido Reglamento, modificado por la Resolución de
Superintendencia Nº 058-2000/SUNAT, se establece que se consideran
documentos autorizados, entre otros, a los documentos emitidos
por las empresas del sistema financiero que se encuentren
bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Como se puede apreciar de las normas glosadas, los documentos
emitidos por las empresas del sistema financiero son comprobantes
de pago distintos a las facturas y boletas de venta, por lo
que estando autorizadas estas entidades a emitir los mencionados
documentos, la transferencia de vehículos automotores que dichas
entidades realicen podrá ser acreditada con los mismos, no siendo
necesario que se emitan facturas o boletas de venta.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos
de mi consideración y estima personal.
Atentamente,
PATRICIA PINGLO TRIPE
Gerente de Dictámenes Tributarios
Intendencia Nacional Jurídica–SUNAT
• COLEGIOS PROFESIONALES Y MUNICIPALIDADES: Emisión de
comprobantes de pago por servicios prestados
OFICIO Nº 104-2000-KC0000
Lima, 12 de octubre de 2000
Señor
LUIS A. ROBLES RECAVARREN
Director Municipal de la
Municipalidad de Santiago de Surco
Presente
Ref.: Oficio Nº 101-2000-DM-MSS
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento
de la referencia, mediante el cual consulta sobre la aplicación del
artículo 122° del Reglamento de la Ley Nº 27157 - De Regularización
de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de
Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 008-2000-MTCI, cuando grava los servicios que prestan los
delegados de los Colegios Profesionales a la revisión de los
anteproyectos y proyectos, con el Impuesto General a las Ventas, el
cual debe ser cargado a los contribuyentes, ello en el entendido de
que las Municipalidades son personas jurídicas de derecho público
y no emiten facturas por los servicios que brindan.
En principio, cabe mencionarle que hemos entendido que su
34
NOVIEMBRE 2001

CONSULTA INSTITUCIONAL
consulta se encuentra encaminada a determinar la persona a la
que correspondería emitir los comprobantes de pago por los servicios
de calificación o supervisión, de los delegados ante las comisiones
técnicas, a que se refieren los artículos 120° y 122° del Reglamento
de la Ley Nº 27157. Sin embargo, de no ser ese el sentido
de su consulta, quedamos a su disposición para cualquier ampliación
que se sirva remitirnos sobre la misma.
Sobre el particular cabe manifestarle lo siguiente:
El artículo 120° del Reglamento de la Ley Nº 27157, dispone
que los servicios profesionales de calificación o supervisión, de los
delegados del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y del Colegio
de Ingenieros del Perú (CIP), ante las comisiones técnicas a que se
refiere dicho artículo (1) , serán fijados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
Agrega dicho artículo que los derechos a los que se refiere el
inciso b) del mismo, corresponderán al Colegio Profesional cuyo
delegado ejerza la supervisión.
Asimismo señala que al determinarse el monto de los derechos
que corresponden a los servicios prestados por delegados del CAP
o del CIP, deberá adicionarse el pago del Impuesto General a las
Ventas (IGV) que grava estos servicios.
Por su parte, el artículo 122° del citado Reglamento establece
que los derechos que corresponden a los Colegios Profesionales y
otras entidades que acreditan delegados ante la comisión técnica,
serán cobrados por la municipalidad en las oportunidades respectivas.
Añade el referido artículo que la Municipalidad bajo responsabilidad
del director municipal competente, deberá abonarlos a
los Colegios Profesionales y otras entidades, dentro un plazo no
mayor de 15 días hábiles desde la percepción del derecho, así
como de su IGV, para cuyo efecto se deberán suscribir obligatoriamente
convenios que establezcan el procedimiento de pago a los
Colegios y a las otras entidades.
De otro lado, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo
6° del Reglamento de Comprobantes de Pago (RCP), aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, están obligados
a emitir comprobantes de pago, las personas naturales o jurídicas,
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de
hecho u otros entes colectivos que presten servicios, entendiéndose
como tales a toda acción o prestación que se realice en favor de un
tercero, a título gratuito u oneroso (2) .
Sin embargo, el artículo 7° del RCP, exceptúa de la obligación
de otorgar comprobantes de pago a las entidades del sector público
nacional (3) por las transferencias de bienes y prestación de servicios
que realicen a título gratuito.
De las normas glosadas, se puede apreciar que la obligación
de emitir comprobantes de pago corresponde a la persona que
presta el servicio materia de consulta, siendo irrelevante para este
efecto, que se encargue a otra persona la cobranza del mismo.
Por consiguiente, en la medida de que el servicio sea prestado
por los Colegios Profesionales u otras entidades, éstos serán los
obligados a emitir los comprobantes de pago respectivos.
De otro lado, si las Municipalidades brindan a dichos Colegios
u otras entidades, servicios de cobranza a título oneroso, también
estarán obligadas a emitir comprobantes de pago, al igual que
cualquier otra entidad del Sector Público Nacional (4) .
–––––––––
(1) Las comisiones a las que alude este artículo son la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos y la Comisión Técnica Supervisora de Obras.
(2) Cabe mencionar que la referida norma excluye de la definición de servicios
a aquellos prestados por las entidades del sector público nacional que generen
ingresos que constituyan tasas.
(3) Esta excepción no alcanza a las empresas conformantes de la actividad
empresarial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el propio artículo.
(4) Cabe resaltar que este servicio también se encuentra comprendido en el
campo de aplicación del IGV.
Finalmente, en relación con el tipo de comprobante de pago
que deben otorgar las Municipalidades por los servicios que prestan
a título oneroso, cabe mencionarle que las mismas deben ceñirse
a lo dispuesto en el artículo 4° del RCP, el cual regula los supuestos
en los que corresponde otorgar facturas u otro tipo de comprobantes
de pago.
Es propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi
mayor consideración y estima.
Atentamente,
MÓNICA PATRICIA PINGLO TRIPE
Gerente de Dictámenes Tributarios
Intendencia Nacional Jurídica–SUNAT
• CONTRATOS PARA INSTALACIÓN DE TELÉFONOS MONEDE-
ROS: Emisión del comprobante de pago
INFORME Nº 098-2001-SUNAT-K00000
Lima, 31 de mayo de 2001
MATERIA:
Mediante carta s/n de fecha 21 de marzo de 2001, la Asociación
Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) consulta respecto
al tipo de comprobante de pago que deben otorgar los contribuyentes
que se encuentran en el Régimen Único Simplificado,
Régimen Especial y Régimen General del Impuesto a la Renta, por
el porcentaje que perciben como contraprestación en los contratos
comerciales suscritos con empresas de telefonía, para que estas
últimas instalen en sus establecimientos aparatos telefónicos del tipo
monedero para uso público, considerando que los referidos contribuyentes
son generadores de rentas de tercera categoría.
BASE LEGAL:
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-99-EF y normas
modificatorias (en adelante, TUO del IR).
– Texto Único Ordenado de la Ley del Régimen Único Simplificado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-
99-EF (en adelante, TUO del RUS).
– Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado mediante
Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT y normas
modificatorias (en adelante, RCP).
ANÁLISIS:
Se parte de la premisa de que se trata de personas que perciben
rentas de tercera categoría por la explotación de algún negocio
en un establecimiento, en el cual, en virtud de los contratos
comerciales suscritos con empresas de telefonía, éstas últimas instalan
aparatos telefónicos del tipo monedero para uso público, pagando
al titular del negocio, como contraprestación, un porcentaje
de los ingresos generados por el uso de dichos teléfonos.
Asimismo, partimos de la premisa de que los ingresos obtenidos
por los titulares de los negocios constituyen la contraprestación
derivada de la existencia de contratos de arrendamiento celebrados
con las empresas de telefonía (1) .
Bajo este contexto, cabe indicar lo siguiente:
–––––––––
(1) No obstante, esta situación puede variar, motivo por el cual resulta necesario
que se proceda a la evaluación de cada caso en particular.
NOVIEMBRE 2001 35

CONSULTA INSTITUCIONAL
––––––
(2) Rentas derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio,
rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar.
(3) En los casos en que las actividades incluidas por el TUO del IR en la cuarta
categoría se complementen con explotaciones comerciales o viceversa, el
total de la renta que se obtenga se considerará de tercera categoría.
(4) Se exceptúa de este requisito a las operaciones de exportación consideradas
como tales por las normas del Impuesto General a las Ventas y a los servicios
de comisión mercantil prestados a sujetos no domiciliados, a los que se
refieren los literales d) y e) del numeral 1.1. del artículo 4° del RCP.
1. En principio, a fin de determinar el tipo de comprobante de
pago que debe emitirse por el porcentaje que se percibe
como contraprestación en los contratos comerciales a que
se refiere la presente consulta, resulta necesario determinar
la categoría de renta que corresponde a dichos ingresos.
Así debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el inciso
e) del artículo 28° del TUO del IR, constituyen rentas de
tercera categoría las demás rentas que obtengan las personas
jurídicas a que se refiere el artículo 14° del mencionado
TUO (tales como sociedades anónimas, sociedades comerciales
de responsabilidad limitada, empresas individuales
de responsabilidad limitada, entre otras), y las empresas
domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos
a) y b) (2) de este artículo o en su último párrafo (3) , cualquiera
sea la categoría a la que debiera atribuirse.
De acuerdo a la norma antes citada, puede darse el caso
de que el dueño del establecimiento comercial o negocio
sea una persona jurídica, en cuyo caso, las rentas obtenidas
por el arrendamiento efectuado a la empresa que coloca
los teléfonos en su establecimiento, calificarían como
de la tercera categoría, para propósito del Impuesto a la
Renta.
De otro lado, en el supuesto de una persona natural que
realiza actividad comercial a través de un establecimiento
(tal como sería el caso de una empresa unipersonal), su
actividad se encontraría comprendida dentro de los alcances
del inciso a) del artículo 28° del TUO bajo comentario.
En este sentido, se estaría cumpliendo las condiciones para
calificar sus ingresos por arrendamiento como la tercera
categoría para efecto del Impuesto a la Renta; de acuerdo a
lo establecido en la norma citada en el párrafo precedente
al anterior.
De las normas anteriormente glosadas se tiene que, aun en
el supuesto de que los ingresos provenientes de los contratos
materia de la consulta constituyan la contraprestación
derivada de un arrendamiento realizado por el titular del
negocio, sea persona natural o jurídica, nos encontraríamos
ante rentas que califican como de tercera categoría,
para propósito del Impuesto a la Renta.
2. Ahora bien, habiéndose determinado la categoría de renta
correspondiente, cabe analizar las normas referidas al tipo
de comprobante de pago que debe emitirse.
Al respecto, el artículo 1° del RCP señala que el comprobante
de pago es un documento que acredita la transferencia
de bienes, la entrega en uso, o la prestación de
servicios.
De otro lado, el artículo 2° del referido RCP establece que
sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que
cumplan con todas las características y requisitos mínimos
establecidos en dicho cuerpo normativo, entre otros, los
siguientes:
a) Facturas; las mismas que se emiten sólo a favor del
adquirente o usuario que posea número de RUC (4) , cuando
la operación se realice con sujetos del Impuesto General
a las Ventas que tengan derecho al crédito fiscal y
cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar
gasto o costo para efecto tributario, entre otros
supuestos (numeral 1.1. del artículo 4° del RCP).
b) Boletas de Venta; las cuales se emiten en operaciones
con consumidores o usuarios finales y en operaciones
realizadas por los sujetos del Régimen Único Simplificado–RUS
(numeral 3.1. del artículo 4° del RCP).
Esta disposición concuerda con lo establecido en el artículo
4° del TUO del RUS, el cual dispone que los sujetos
de dicho Régimen sólo deberán emitir y entregar boletas
de venta, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras
que no permitan ejercer el derecho al crédito
fiscal ni ser utilizados para sustentar gasto y/o costo
para efectos tributarios.
c) Documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º
del RCP; entre los que se encuentran los recibos por el
arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles
e inmuebles que generen rentas de primera categoría
para efecto del Impuesto a la Renta, los cuales serán
proporcionados por la SUNAT (inciso a) del numeral
6.2 del artículo 4° del RCP).
3. En consecuencia, las boletas de venta se emiten en operaciones
con consumidores o usuarios finales; mientras que
las facturas, a favor del adquirente o usuario que posea
número de RUC y requiera sustentar costo o gasto, crédito
fiscal o crédito deducible.
Por lo tanto, los sujetos del Régimen General así como los
del Régimen Especial del Impuesto a la Renta pueden emitir
indistintamente boletas de venta o facturas, lo cual dependerá
de la situación en la que se encuentre el adquirente o
usuario, según lo señalado en el párrafo anterior.
Por su parte, los sujetos del RUS sólo pueden emitir y entregar
boletas de venta, tickets o cintas emitidas por máquinas
registradoras que no permitan ejercer el derecho al crédito
fiscal ni ser utilizados para sustentar gasto y/o costo para
efecto tributario, por lo que se encuentran impedidos de
emitir facturas.
Finalmente cabe indicar que los recibos por el arrendamiento
de bienes muebles e inmuebles constituyen comprobantes
de pago que se emiten en tanto dicha operación genere
rentas de primera categoría para efecto del Impuesto a la
Renta, por lo que no corresponde emitirlos tratándose del
supuesto al que se refiere la presente consulta, esto es de
rentas que califican como de tercera categoría.
CONCLUSIONES:
Teniendo en consideración las premisas bajo las cuales se efectúa
el presente Informe, los ingresos obtenidos por el titular del negocio
provenientes de las operaciones materia de análisis, constituyen
rentas de tercera categoría.
En ese sentido, si el titular del negocio es un sujeto del RUS, le
correspondería emitir boletas de venta o tickets o cintas emitidas
por máquinas registradoras que no permitan ejercer el derecho al
crédito fiscal ni ser utilizados para sustentar gasto y/o costo para
efecto tributario; y si se encuentra acogido al Régimen Especial o
Régimen General del Impuesto a la Renta, deberá emitir facturas en
la medida en que el usuario posea número de RUC y requiera sustentar
costo o gasto o crédito fiscal.
EDWARD TOVAR MENDOZA
Intendente Nacional Jurídico
Intendencia Nacional Jurídica–SUNAT
36
NOVIEMBRE 2001

JURISPRUDENCIA DE AMPARO
Plazo de caducidad del
Amparo y silencio negativo
El cómputo se inicia cuando vence el plazo para que el
Tribunal Fiscal resuelva el Recurso de Apelación
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE Nº : 698-2000-AA/TC
PROCEDENCIA : Lima
INTERESADO : Edilberto Bravo León
Resolución (*)
Lima, veintiuno de diciembre de dos mil.
VISTO
El recurso extraordinario interpuesto por
don Edilberto Bravo León contra el auto expedido
por la Sala Corporativa Transitoria
Especializada en Derecho Público de la Corte
Superior de Justicia de fojas sesenta y seis,
su fecha dos de mayo de dos mil, que, declaró
improcedente in limine la acción de
amparo; y,
ATENDIENDO A
1. Que, tal como lo ha señalado la recurrida,
la presente demanda fue interpuesta
fuera del plazo señalado en el artículo 37°
de la Ley Nº 23506, en la medida en que,
interpuesto el recurso de apelación contra
la Resolución de Intendencia Nº 025-4-
10989, el demandante no se acogió a los
efectos del silencio administrativo negativo
una vez transcurrido el plazo legal para que
se pronunciara el Tribunal Fiscal, sino que,
por el contrario, esperó más de dos años
para que dicho tribunal administrativo se
pronuncie, a fin de interponer su demanda.
Por este considerando, el Tribunal Constitucional,
en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Estado
y su Ley Orgánica;
RESUELVE
Confirmar, por mayoría, con el voto singular
adjunto del Magistrado Manuel
Aguirre Roca, el auto recurrido que confirmando
el apelado, declaró improcedente la
acción de amparo. Dispone la notificación
a las partes, su publicación en el Diario Oficial
El Peruano y la devolución de los actuados.
SS. REY TERRY; NUGENT; DÍAZ
VALVERDE; ACOSTA SÁNCHEZ; GARCÍA
MARCELO
Voto singular del Magistrado Manuel
Aguirre Roca
No suscribo la resolución recaída en este
caso, porque discrepo de su fundamento,
toda vez que, a mi criterio, el plazo de los
sesenta (60) días señalado en el artículo 37°
de la Ley Nº 23506, no empieza a correr,
como en ella se sostiene «(...) transcurrido
el plazo legal para que se pronunciara el
Tribunal Fiscal (...)»; puesto que, en efecto,
el artículo 99° del Decreto Supremo Nº 02-
94-JUS, precisa que, vencido dicho plazo
«(...) sin que medie resolucion, el interesado
podrá considerar denegado dicho recurso
a efectos de interponer el Recurso de Revisión
o la demanda judicial, en su caso, o
esperar el pronunciamiento expreso de la
Administración pública» (el subrayado es
mío).
En consecuencia, no habiéndose vencido
el plazo de los sesenta (60) días, la causa
amerita un pronunciamiento de fondo.
SR. AGUIRRE ROCA
–––––
(*) Resolución publicada el 14 de agosto de 2001
COMENTARIO:
En el presente caso, el recurrente había iniciado el procedimiento
contencioso-tributario en la vía administrativa y posteriormente interpuso
el recurso de apelación correspondiente. Al momento de interponerse
el amparo, el Tribunal Fiscal aún no se había pronunciado.
En este marco, el recurrente interpone una Acción de Amparo, la
misma que es declarada improcedente por la Sala Transitoria Especializada
de Derecho Público de la Corte Superior de Lima. Posteriormente,
el Tribunal Constitucional resuelve, en vía de recurso extraordinario ,
dicha acción de amparo, declarándola también improcedente porque
fue iniciada una vez que caducó su ejercicio.
Esta última sentencia, que es materia del presente comentario, establece
desde nuestro punto de vista un criterio equivocado y desconocedor
de dos instituciones muy importantes del Derecho: la caducidad
de la acción de amparo y la aplicación del silencio administrativo; veamos:
1. La Caducidad de la Acción de Amparo
Como sabemos, el artículo 37° de la Ley Nº 23506, Ley de Habeas
Corpus y Amparo, señala que el ejercicio de la acción de amparo caduca
a los sesenta días hábiles de producida la afectación. Cabe precisar
que lo que caduca es el derecho a utilizar la vía del amparo como
instrumento procesal adecuado y urgente para la defensa del derecho
constitucional; este último seguirá primando, de tal modo que su restauración
deberá producirse por otros mecanismos procesales (capaz
la vía ordinaria o cualquier otra acción precisada por la legislación
ordinaria y que sea aplicable dada la naturaleza del derecho
transgredido).
La Ley peruana ha establecido un plazo de caducidad de la acción
de amparo relativamente corto en vista de la urgencia de defensa del
derecho constitucional, de tal modo que se usará este remedio sólo si el
ciudadano estima que la violación de su derecho debe ser resarcida
con prontitud.
Ahora bien, más allá del tema del plazo de caducidad, ha sido difícil
entender cuándo opera la afectación al derecho constitucional, más
en materia tributaria. Así, se entiende que la afectación opera con el
acto por el que se decide la violación del derecho, por ejemplo cuando
se emite la Resolución de Ejecución Coactiva de la deuda tributaria,
que en muchos casos puede ocurrir sin que se haya concluido o agotado
la vía previa administrativa (cuando no se ordena la suspensión de
la cobranza coactiva, de tal modo que se culmina la cobranza de la
deuda).
De hecho, habrá que estar a la configuración de los hechos en cada
caso para poder ubicar el momento en que opera la afectación al dere-
NOVIEMBRE 2001 37

JURISPRUDENCIA DE AMPARO
cho constitucional. Ahora bien, tradicionalmente se ha entendido que
los sesenta días para el plazo de caducidad deberían de correr cuanto
menos a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución del
Tribunal Fiscal que resuelve el recurso de apelación pues es a partir de
este momento que se podría asumir una afectación o vulneración de
algún derecho constitucional, en la medida en que dicha resolución puede
ser ejecutada a partir de ese momento. A pesar de lo señalado, debemos
acotar que es posible sostener que el agravio en este caso se efectúa
cuando se pone a cobro los montos señalados en el acto administrativo
que fue materia de impugnación, lo que ocurrirá cuando la Administración
ejecute la Resolución del Tribunal Fiscal a través del acto administrativo
de cumplimiento.
No obstante, para el Tribunal Constitucional, si el Tribunal Fiscal no
resuelve en el plazo de seis meses señalado en el primer párrafo del
artículo 150° del Código Tributario, debería tomarse en cuenta la posibilidad
de que proceda el Silencio Administrativo Negativo consagrado en
el artículo 99° del TUO de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos.
2. ¿El Silencio Administrativo Negativo configura acto de agravio?
Como podemos apreciar, para el Tribunal Constitucional, según la
sentencia materia de comentario, la posibilidad de accionar en vía de
amparo caducará una vez transcurridos los sesenta días hábiles posteriores
computados desde el día siguiente al vencimiento del plazo de seis
meses desde que se presentó el recurso de apelación.
Se evidencia que el Tribunal Constitucional tomó como un deber del
accionante el acogerse al silencio administrativo, quitándole el carácter
facultativo que tiene esta institución, lo que evidencia una falta de conocimiento
sobre la misma.
Como señala Danós, “El silencio administrativo nace con una finalidad
muy concreta: abrir al particular la posibilidad de enjuiciar la conducta
de la Administración aunque no existiese un acto administrativo
que impugnar, es decir, superar la inactividad formal que obstaculiza el
acceso de los particulares a los mecanismos de protección jurisdiccional”
(1) . En tal sentido, la inactividad formal es la pasividad de la Administración
dentro de un procedimiento que origina la simple no contestación
a una petición o recurso de los particulares; de acuerdo a ello, la
Administración incumple resolver expresamente las cuestiones que hubiesen
sido planteadas por los particulares.
De lo dicho, queda claro que cuando estamos ante el supuesto de
la demora exagerada en la emisión del acto administrativo que permita
el acceso a la jurisdicción, la institución del silencio administrativo se
establece como cautela al administrado frente a la posible indefección
originada por la Administración para evitar el control de sus decisiones.
Ahora bien, el silencio administrativo puede ser de dos clases: positivo
o negativo. El silencio administrativo positivo opera cuando vencido el
plazo establecido, el administrado da por aceptadas sus peticiones, por
eso es que “Del silencio positivo surge un verdadero acto administrativo
(presunto), al que le será de aplicación la teoría general sobre los mismos,
a salvo, por supuesto, aquellas particularidades derivadas de su específica
naturaleza” (2) . Es por esta razón que el silencio positivo siempre es la excepción
y se establece expresamente sólo en determinados casos.
A diferencia de ello, el silencio administrativo negativo opera cuando
el administrado una vez vencido el plazo legal, da por denegada su petición,
pudiendo acceder a la instancia superior; de acuerdo a ello, no puede
haber problema de interpretación de la voluntad de la administración
porque justamente en este caso no hay voluntad alguna de la Administración
(3) . En ese sentido, el silencio negativo no es un acto desestimatorio
sino es “... una simple ficción legal que permite a los interesados el acceso
a la instancia siguiente y, finalmente, a la vía jurisdiccional ante la ausencia
de resolución expresa sobre peticiones o recursos” (4) , es decir un hecho al
que la ley le asigna efectos jurídicos, que no expresa voluntad alguna de la
administración.
Entonces, el SILENCIO NEGATIVO CARECE DE SENTIDO POR SÍ
MISMO, si no es para ser utilizado por decisión del interesado. Esto
quiere decir que, si uno no toma el silencio negativo como un acto
desestimatorio, no se producirá ningún efecto, a tal punto que la decisión
de la administración incluso puede ser positiva o favorable para el
particular, siendo posterior al plazo legal para resolver la controversia.
Lo dicho origina que el silencio administrativo negativo tenga un
carácter facultativo, ya que si uno quiere asumir la negativa de la administración
acciona esta institución, procediendo a acudir a la instancia
superior. De lo contrario, lo único que queda es esperar el acto administrativo
que emita la Administración.
En este escenario, si la Administración emite la resolución respectiva
fuera del plazo legal que tiene, los 60 días para interponer el amparo
deberían comenzar a computarse –según el criterio mayoritario– desde
la fecha en que se notificó al particular o éste tuvo conocimiento de la
resolución, ya que será la fecha en que se afectó el derecho constitucional.
Entonces, desde nuestra óptica, el Tribunal Constitucional equivoca
su razonamiento pues da carácter objetivo a una decisión subjetiva
del administrado que es optar por considerar denegado su recurso una
vez transcurrido el plazo legal para resolver o esperar el pronunciamiento
expreso de la administración, sin importar si éste ha hecho o no
uso de ese derecho.
En ese sentido, no resulta correcto confundir el derecho del contribuyente
al uso de los mecanismos legales de defensa con la producción
de la afectación al derecho constitucional, puesto que ésta sólo se
producirá cuando exista un acto administrativo firme susceptible de
producir efectos jurídicos, lo que no ocurre cuando aún el ciudadano
no ha ejercido su derecho a aplicar el silencio administrativo negativo.
3. Otros pronunciamientos jurisdiccionales sobre el tema
En el pasado, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema
emitió una sentencia, recaída en el Expediente de Acción de Amparo
Nº 969-95, en la que se señaló que «....además, que de acuerdo con
el artículo ciento dos de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos (5) , el silencio administrativo puede solicitarse cuando
la resolución pendiente de autoridad no se expide en el término de
treinta días (6) ; que producido este supuesto el justiciable puede acogerse
al silencio administrativo o exigir por un tiempo indeterminado que
se expida la resolución; que siendo ésta la opción que tiene el justiciable,
no se inicia el término de caducidad, para interponer esta Acción de
Amparo al finalizar los indicados treinta días sino cuando exista la
decisión manifestada del interesado de acogerse a dicho silencio, que
siendo esto así, el cómputo efectuado por el Fiscal Superior es erróneo
y la sentencia de la Sala que lo recoge es errónea.....».
Entonces, la pregunta que debe hacerse es ¿cuál de las dos sentencias
establece el criterio a tener en cuenta en lo sucesivo? Evidentemente,
aunque sea lamentable, la sentencia del Tribunal Constitucional
tiene mayor jerarquía, no sólo por el nivel que da el artículo 202°
de la Constitución a dicho órgano, sino porque la Primera Disposición
General de la Ley Orgánica de dicho Tribunal señala “Los jueces y
Tribunales interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de
ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de
procesos”.
––––––
(1) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “El Silencio Administrativo como técnica de garantía
frente a la inactividad formal de la Administración”. EN: IUS ET
VERITAS, Revista editada por estudiantes de la facultad de Derecho de la
PUCP, Nº 13, pág. 226.
(2) GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Ernesto. “EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
EN EL DERECHO ESPAÑOL”, Civitas, Madrid, 1990, pág. 84. Cabe referir
que, aclarando el concepto, en nota al pie de página, dicho autor señala
que “el silencio positivo "vale como un acto", que sus efectos equivalen al
surgimiento de un verdadero acto o tiene el valor de un acto”.
(3) Véase el desarrollo de esta idea en GARRIDO FALLA, Fernando. “La llamada
doctrina del silencio administrativo”. EN: Revista de Administración Pública,
Madrid, N° 16, 1955, pag. 91 y ss.
(4) GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Ernesto. Op. cit., pág. 88.
(5) Hay un equívoco en la remisión al artículo correspondiente del TUO de la
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, en realidad se
trata del artículo 99°.
(6) En materia tributaria, para el caso del Tribunal Fiscal es 6 meses, como ya
referimos.
38
NOVIEMBRE 2001

JURISPRUDENCIA COMENTADA
Ámbito del IGV
Utilización de servicios, cesión en uso de bienes intangibles y
capitalización anual del interés moratorio de multas
RTF Nº: 225-5-2000
EXPEDIENTE: 163-2000
INTERESADO: PAPELERA SUIZO PERUANA S.A.
ASUNTO: Impuesto General a las Ventas
PROCEDENCIA: Lima
FECHA: Lima, 28 de marzo de 2000
Vista la apelación de puro derecho interpuesta por PAPELERA
SUIZO PERUANA S.A., contra la Resolución de Determinación Nº
012-03-0000272, emitida por la Intendencia de Principales Contribuyentes
Nacionales de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria, por omisiones al pago del Impuesto General a
las Ventas por los períodos de febrero, junio, julio, octubre y diciembre
de 1996, y las Resoluciones de Multa Nºs. 012-02-0000837
a 012-02-0000840, emitidas por la comisión de la infracción
tipificada en el numeral 1) del artículo 178° del Código Tributario,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 816;
CONSIDERANDO:
Que la recurrente presenta su recurso de apelación de puro
derecho al amparo del artículo 151° del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF,
por lo que corresponde a esta instancia calificar la impugnación
como de puro derecho previamente a su conocimiento;
Que atendiendo a que la materia de grado versa en determinar
si el servicio de agenciamiento de compra prestado por un no domiciliado
y la cesión en uso de una marca por un no domiciliado,
constituyen operaciones que califican como una utilización de servicios
en el país gravada con el Impuesto General a las Ventas, así
como, en establecer si procede la aplicación de las Resoluciones de
Multa emitidas como consecuencia de los reparos efectuados en
torno a dicha calificación por la Administración Tributaria, y, no
existiendo más hechos que probar de los que se acreditan en la
documentación que corre en autos, el presente recurso constituye
una apelación de puro derecho;
Que respecto al servicio de agenciamiento de compra prestado
por un no domiciliado, cabe señalar que el reparo corresponde a
una operación realizada en el mes de julio de 1996, por lo que
debe ser de aplicación lo establecido en la Ley del Impuesto General
a las Ventas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 821, vigente
a partir del 24 de abril de 1996;
Que de conformidad con el inciso b) del artículo 1° del Decreto
Legislativo precitado, el Impuesto General a las Ventas grava, entre
otras operaciones, la utilización de los servicios en el país;
Que por otro lado, el inciso c) del artículo 9°, precisa que se
trata de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados,
y que el contribuyente del impuesto es el usuario;
Que de las normas glosadas, puede establecerse que la noción
de servicios utilizados en el país, se integra por dos elementos: el
sujeto que los presta –el no domiciliado– y el lugar de utilización;
Que en cuanto al lugar de utilización del servicio, el segundo
párrafo del inciso b) del numeral 1) del artículo 2° del Reglamento
de la Ley del Impuesto General a las Ventas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 29-94-EF, vigente en el ejercicio 1996, dispone que el
servicio es utilizado en el país, cuando siendo prestado por un sujeto
no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional;
Que el reparo efectuado por la Administración Tributaria, según
consta a fojas 407 de autos, se sustenta en que la Factura Nº
154 emitida por Anivex C.A., de 15 de julio de 1996, referida al
cobro de una comisión que fluctúa entre el 4.5% a 5% por conceptos
de Rosse III, Unicosta, Unipampa, Unisierra, Unisol, Unimar y
Uniselva, que son los navíos que transportaron las bobinas de papel
importado para la recurrente desde Venezuela-Puerto Cabelloal
Perú-Callao-, y en que no ha sido sustentada la naturaleza de la
comisión cobrada por Anivex C.A., concluyendo que estos servicios
prestados en el exterior son utilizados en el país; sin embargo,
no establece o fundamenta bajo qué criterio técnico legal desemboca
en dicha conclusión, pues no basta señalar que como la factura
menciona el nombre de los navíos que transportaron la mercancía
cuyo destino era la disposición de esta última por la recurrente,
el servicio del comisionista fue utilizado en el país;
Que el modo de establecer si un servicio es utilizado en el país,
es decir, si es consumido o empleado en el territorio nacional, es en
función del lugar donde el usuario –el que contrató el servicio–
llevará a cabo el primer acto de disposición del mismo;
Que en el caso de autos, el primer acto de disposición del servicio
se da en el momento en que, como consecuencia de la
intermediación del agente de compras, el recurrente adquiere la
mercancía a su proveedor, y ello se da en el país de origen de la
mercancía, concluyéndose la prestación del servicio con el despacho
de la misma en el puerto de origen;
Que en tal sentido, la comisión mercantil en la condición de
agente de compra, realizada por un no domiciliado, no califica
como una utilización de servicios en el país, puesto que se estaría
disponiendo del servicio en el extranjero, trayendo como consecuencia
que éste no sea consumido ni empleado en el territorio
nacional, por lo que procede se deje sin efecto el reparo en cuestión;
Que de otro lado, en cuanto a la cesión en uso de una marca
por un no domiciliado, la controversia consiste en determinar si el
pago de regalías a la empresa no domiciliada, en este caso Financial
Trading & Consult S.A., se encuentra gravado con el Impuesto General
a las Ventas, y así determinar si los reparos efectuados por la
Administración en los meses de febrero, junio, octubre y diciembre
de 1996 se encuentran arreglados conforme a ley;
Que debido a que en este caso los reparos tuvieron lugar durante
el año 1996, deben distinguirse dos períodos: el primero,
NOVIEMBRE 2001 39

JURISPRUDENCIA COMENTADA
durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 775 y el segundo, a
partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 821;
Que de acuerdo con los mencionados Decretos Legislativos, el
primero vigente desde el 1 de enero de 1994 hasta el 23 de abril
de 1996 y el segundo del 24 de abril en adelante, el Impuesto
General a las Ventas grava, entre otras operaciones, la utilización
de los servicios en el país; definiéndose para estos efectos los servicios
como toda acción o prestación que una persona realiza para
otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que constituya
o se considere renta de tercera categoría para los efectos de Impuesto
a la Renta; aun cuando no esté afecto a este último impuesto,
y al arrendamiento de bienes e inmuebles, y el arrendamiento
financiero;
Que la definición de «servicios» contenida en las leyes del Impuesto
General a las Ventas aplicables a los períodos acotados, es
bastante amplia, pues el término prestación comprende tanto las
obligaciones de dar, como las de hacer y de no hacer, por lo que, a
fin de precisar sus alcances es necesario que dicha definición sea
interpretada en concordancia con las demás definiciones y normas
que contienen dichas leyes;
Que así, de las referidas normas se desprende que las prestaciones
de dar que implican la transferencia de bienes en propiedad,
están comprendidas en las operaciones de venta de bienes
muebles, en tanto que la definición de servicios comprende las prestaciones
de hacer y, excepcionalmente, cuando el servicio es definido
como arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, a las prestaciones
de dar que importen la cesión en uso de bienes;
Que conforme el inciso b) del artículo 3° del Decreto Legislativo
Nº 775 y del numeral 10) del artículo 2° del Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 029-94-EF, la definición de bienes muebles
comprendía únicamente a los bienes corporales que pueden
llevarse de un lugar a otro, a los derechos referentes a los mismos
así como a las naves y aeronaves; quedando expresamente excluidos
los bienes incorporales o intangibles, tales como marcas, patentes,
derechos de llave y similares;
Que de lo expuesto se concluye que cuando la ley antes citada
definía los servicios como arrendamiento, sólo se refería al arrendamiento
de bienes muebles corporales y no al arrendamiento de
bienes intangibles o incorporales, el cual no estaba afecto al impuesto
toda vez que, como se ha visto, los bienes intangibles estaban
fuera del campo de aplicación del impuesto, tal como se ha
pronunciado el Tribunal Fiscal en las Resoluciones Nºs. 2028-4-96,
1008-5-97 y 856-2-97; por lo que corresponde levantar el reparo
efectuado por la Administración Tributaria en el mes de febrero de
1996;
Que en una clara innovación, el inciso b) del artículo 3° del
Decreto Legislativo Nº 821, incluye dentro de la definición de los
bienes muebles a los intangibles, teniendo como fundamento que
las operaciones referidas a ellos tienen las mismas características
que los referidos bienes corporales;
Que en tal sentido, se encuentra gravado, a partir de la vigencia
del Decreto Legislativo Nº 821, el arrendamiento de los signos
distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares,
entre los que se comprende al pago de regalías; por lo que
procede mantener los reparos efectuados por la Administración en
los meses de junio, octubre y diciembre de 1996;
Que respecto a lo argumentado por la empresa recurrente en el
sentido de que el arrendamiento de bienes muebles es figura disímil
de la cesión de uso de bienes muebles, cabe señalar que la
Norma IX del Título Preliminar del citado Código Tributario permite
la aplicación supletoria de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 774, la cual dispone en el primer
párrafo de su artículo 27° que cualquiera sea la denominación que
acuerden las partes, se considera regalía a toda contraprestación
en efectivo o en especie originada por el uso o por el privilegio de
usar patentes, marcas, diseños o modelos, etc.;
Que de otro lado, el artículo 1666° del Código Civil señala que
por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente
al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida;
Que de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que la cesión
en uso de una marca origina el pago de regalías, figura jurídica
que califica como un arrendamiento o cesión temporal en uso de
un bien intangible, por lo que constituye una operación que como
se ha explicado en los párrafos precedentes, se encuentra gravada
con el Impuesto General a las Ventas a partir del Decreto Legislativo
Nº 821;
Que en cuanto a las Resoluciones de Multa emitidas como consecuencia
de los reparos antes referidos, cabe señalar que la recurrente
sostiene que la Administración Tributaria al momento de actualizar
las sanciones en reclamo, indebidamente capitaliza intereses
al 31 de diciembre de cada año, cuando por disposición contenida
en el artículo 181° del Código Tributario aprobado mediante
el Decreto Legislativo Nº 816, su actualización únicamente se realiza
con el interés diario a que se refiere el inciso b) cuarto párrafo
del artículo 33° del aludido cuerpo legal;
Que al respecto es necesario precisar que el artículo 181° en
mención dispone que las multas impagas debían ser actualizadas
aplicando el interés diario a que se refiere el artículo 33° desde la
fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible
establecerla, desde la fecha en que la Administración detectó la
infracción;
Que el cuarto párrafo del aludido artículo 33° establece que los
intereses moratorios se debían calcular de la manera siguiente: a)
Interés diario: aplicable desde el día siguiente a la fecha de vencimiento
hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto del
tributo impago por la TIM diaria vigente, la TIM diaria vigente resulta
de dividir la TIM vigente entre treinta (30); b) interés diario
acumulado al 31 de diciembre de cada año se debía agregar al
tributo impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de los
intereses diarios del año siguiente;
Que por lo tanto la nueva base para el cálculo de los intereses
tenía tratamiento de tributo para efectos de la imputación de pagos
a que se refiere el artículo 31° del Código Tributario en mención;
Que de las normas glosadas es posible concluir que si bien el
citado artículo 33° regula el cálculo de los intereses moratorios para
los tributos, al remitir el artículo 181° en mención a la referida
norma legal, debe interpretarse que también comprende el cálculo
de intereses moratorios para el caso de las multas;
Que asimismo, cuando el artículo 181° antes señalado hace
referencia a la actualización de las multas aplicando el interés diario
y remite al aludido artículo 33°, es pertinente interpretar que se
refiere a la aplicación de las dos formas de interés diario que contempla
la norma, el interés diario en puridad a que se refiere el
inciso a) y el interés diario acumulable del inciso b);
Que en consecuencia, la actualización de las multas también
debe hacerse igual que los tributos; aplicando el interés diario y la
capitalización anual, por lo que no es fundado este extremo de la
impugnación presentada por la recurrente;
Que en cuanto a las Resoluciones de Multa Nºs. 012-02-
0000837 y 012-03-0000838 emitidos por los meses de junio y
julio de 1996, la recurrente sostiene que por los referidos períodos
tributarios no ocurrió en omisiones en la declaración jurada, toda
vez que no fue posible cumplir con la obligación de declarar el
Impuesto General a las Ventas por la utilización de servicios en el
país, debido a la falta de formulario, el mismo que fue aprobado
recién en agosto de 1996;
40
NOVIEMBRE 2001

JURISPRUDENCIA COMENTADA
Que al respecto, cabe indicar que las Resoluciones de Multa
mencionadas, fueron emitidas por la infracción tipificada en el numeral
1) del artículo 178° del citado Código Tributario y no precisamente
por no presentar las declaraciones que contenga la determinación
de la deuda tributaria y ser detectado por la Administración,
contenida en el numeral 1) del artículo 176° del mismo cuerpo
legal, infracción a la que alude la recurrente en sus argumentos
expuestos; por lo que no cabe atender la nulidad alegada en este
extremo, toda vez que dichas razones hacen referencia a sanciones
que no han sido impuestas por la Administración Tributaria;
Que finalmente, la Resolución de Multa Nº 012-02-0000838
debe ser dejada sin efecto, puesto que ella fue emitida por los reparos
a la Comisión Mercantil abonada a favor de Anivex C.A., debiendo
proseguirse con la cobranza de las Resoluciones de Multa
Nºs. 012-02-0000837, 012-02-0000839 y 012-02-0000840, toda
vez que las mismas se encuentran directamente vinculadas con los
reparos por el concepto de regalías pagadas a Financial Trading &
Consult S.A. en los meses de junio, octubre y diciembre de 1996;
De acuerdo con el dictamen del Vocal Herrera Bonilla, cuyos
fundamentos se reproduce;
Con los vocales Guillén Meza, Herrera Bonilla y Carrasco
Molina;
RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA EN PARTE la apelación de puro derecho
interpuesta por la recurrente, revocándose la Resolución de Determinación
Nº 012-03-0000272 en cuanto a los reparos por la Comisión
Mercantil abonada a favor de Anivex C.A. y regalías pagadas
a Financial Trading & Consult S.A. en el mes de febrero de
1996, y la Resolución de Multa Nº 012-02-0000838 la que debe
dejarse sin efecto, e, INFUNDADA en lo demás que contiene la
Resolución de Determinación Nº 012-03-0000272 y en lo referente
a las Resoluciones de Multa Nºs. 012-02-0000837, 012-02-
0000839 y 012-02-0000840 extremos que deben confirmarse.
Regístrese, comuníquese y devuélvase a la Intendencia de Principales
Contribuyentes Nacionales de la SUNAT, para sus efectos.
DICTAMEN Nº 077
Vocal Herrera Bonilla
Señor:
PAPELERA SUIZO PERUANA S.A. representada por Ernesto
Schütz Freund, interpone recurso de apelación de puro derecho
contra la Resolución de Determinación Nº 012-03-0000272, emitida
por la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales
de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que
repara omisiones al pago del Impuesto General a las Ventas por los
períodos de febrero, junio, julio, octubre y diciembre de 1996 y las
Resoluciones de Multa Nºs. 012-02-0000837 a 012-02-0000840,
emitidos por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1)
del artículo 178° del Código Tributario, aprobado por Decreto Legislativo
Nº 816.
Argumentos de la recurrente:
Mediante la interposición del recurso de apelación de puro derecho,
la recurrente pretende la nulidad de la Resolución de Determinación
y de las Resoluciones de Multa, por los siguientes fundamentos:
1. Comisión Mercantil abonada a favor de Anivex C.A., empresa
no domiciliada.
El reparo formulado por la Administración consiste en servicios
prestados en el exterior pero utilizados en el país por la empresa
no domiciliada Anivex C.A.
El razonamiento por el cual deduce la Administración la utilización
del servicio es la siguiente:
• Existe una factura que acredita el pago de comisiones a
una empresa no domiciliada y como la recurrente no ha
presentado documentación que sustente la naturaleza de la
comisión el reparo no se levanta.
• Es decir, la deducción lógica del fiscalizador es la prueba
que acredita la utilización en el país de este servicio.
• Todas sus afirmaciones fluyen de la lectura de la factura y
su relación con importaciones de bobinas de papel, que
emplea la empresa como insumo industrial.
• Este hecho, el utilizar bobinas en el país, evidencian para el
fiscalizador que las comisiones también son utilizadas en el
país. Es decir, ligadas al transporte o embarque de las bobinas.
Sin embargo, éste no es un análisis económico de los hechos.
Sólo insinúa que la comisión está ligada al transporte de mercadería
importada y la empresa, como dueña de la mercadería, también
ha utilizado estos servicios. Como el beneficiario está en el
país, los servicios son utilizados en el país, pese a reconocer que
los servicios fueron prestados en el exterior.
La ley no dispone ninguna presunción legal sobre este punto
que justifique el reparo de la Administración. Por lo contrario, la
utilización en el país está ligada al criterio de consumo o empleo
interno, aspectos determinantes no sustentados por la Administración.
Estando establecido que el servicio fue prestado en el exterior,
su utilización se define con la causa inmediata para los que fueron
contratados. Esta causa fluye de la misma factura; Anivex C.A. no
es agente de la empresa que suministró las bobinas ni la empresa
transportista. Actuó como su agente en la compra de las bobinas,
terminando su responsabilidad con el embarque de las mismas.
La factura reparada, no requiere de la existencia de ningún
otro documento para que tenga valor probatorio pleno que los servicios
del comisionista fueron prestados y utilizados en el exterior.
La identificación de los navíos que transportaron las bobinas
con otros documentos, mencionados por el fiscalizador, no amplía
las pruebas. Esto evidencia la falta de motivación del presunto gravamen
reparado por el fiscalizador, lo que importa la nulidad del
acto administrativo, de conformidad con el numeral 2 del artículo
109° del Código Tributario.
2. Regalías pagadas a Financial Trading & Consult S.A. empresa
no domiciliada.
El reparo formulado por la Administración consiste en servicios
prestados en el país por no domiciliados, por concepto de
regalías pagadas a la empresa no domiciliada Financial Trading
& Consult S.A.
La aplicación del Impuesto General a las Ventas con que se
pretende gravar las regalías, carece de fundamento legal. La empresa
considera que el pago de regalías a una empresa no domiciliada
no está gravada con el Impuesto General a las Ventas. Este
contrato no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por
las normas tributarias que regularon el Impuesto General a las Ventas
durante los períodos acotados.
Decreto Legislativo Nº 775
Coincide con el fiscalizador en la naturaleza del contrato retribuido
con el pago de regalías. Se trata de una cesión de uso de
una marca o lo que es lo mismo, la explotación de ella.
Este contrato de cesión de uso de marca o derecho de explotación,
no es el de una prestación de servicios, según lo establecido
en reconocida de jurisprudencia del Tribunal Fiscal Nº 2028-4-96
NOVIEMBRE 2001 41

JURISPRUDENCIA COMENTADA
del 9 de agosto de 1996 (sic).
Asimismo, tanto para el arrendamiento como para la venta de
bienes muebles, éstos debían ser para efectos del Impuesto General
a las Ventas estrictamente bienes corporales, es decir los que pueden
trasladarse de un lugar a otro.
Como bien señala el fiscalizador, las marcas no son bienes muebles
para efectos del Impuesto General a las Ventas. Sin embargo,
esto no significa que el pago de regalías deba estar gravado como
servicio. Al parecer, para el fiscalizador, frente a hechos debidamente
probados y aceptados por la empresa, sólo cabe la alternativa
de estar gravados como bienes muebles o como servicios, no
estando en su razonamiento el tratarse de operaciones que están
fuera del campo de aplicación del Impuesto General a las Ventas.
La explotación de una marca no es una operación gravada con
el Impuesto General a las Ventas. No están estos contratos comerciales
expresamente incluidos en la legislación como materia
imponible.
Decreto Legislativo Nº 821
Cuando la Ley alude en la definición general de servicios al
término «prestación» se refiere a prestaciones de hacer, que implican
la realización de un acto material determinado en el tiempo y
en el espacio, a favor de un tercero. Es decir no califican como
servicios las prestaciones de dar, salvo por el arrendamiento de
bienes que está expresamente gravado, ni las de no hacer.
Las obligaciones con prestaciones de dar, cuando implican transferencia
en propiedad de bienes muebles, se encuentran incluidas
en lo que la normativa del Impuesto General a las Ventas denomina
«venta de bienes muebles» y no en la definición de servicios, mientras
que cuando implican entrega temporal en uso –lo que incluye
el disfrute o explotación económica– de bienes o inmuebles, también
están por excepción gravados como servicios, pero no por la
definición general de éstos. No se trata de la prestación que una
persona realiza para otra y por la cual percibe rentas de tercera
categoría. El legislador las ha incluido excepcionalmente dentro de
los que se entiende por servicios, como arrendamiento de bienes
muebles o inmuebles, incluido el arrendamiento financiero.
No es posible considerar que el pago de una regalía es equivalente
a un arrendamiento, porque en el arrendamiento sólo se cede
el uso del bien materia de arrendamiento, mientras que en el caso
de una regalía el pago es la contraprestación por el uso y disfrute
de una marca.
En conclusión, también bajo el Decreto legislativo Nº 821, el
pago por concepto de regalías no constituye un servicio gravado
con el Impuesto General a las Ventas.
Adicionalmente, el texto de la nueva Ley no menciona expresamente
que el arrendamiento esté incluido dentro de la definición
general de servicio, sino que sólo ha unido en un numeral, dos
operaciones que anteriormente estaban reguladas en dos numerales
distintos.
A mayor abundamiento, la propia SUNAT mediante Oficio Nº
1658-94/SUNAT. R1.1000, emitido el 2 de noviembre de 1994,
ha reconocido que las prestaciones de servicios gravadas con el
Impuesto General a las Ventas, son aquellas que implican obligaciones
de hacer, salvo la excepción constituida por el arrendamiento
de bienes muebles e inmuebles y por el arrendamiento financiero
en que median prestaciones de dar, opinión aplicable a la definición
de servicios que establece la actual Ley, puesto que en esencia
se mantiene la misma redacción.
3. Multas por omisión al pago del Impuesto General a las
Ventas de los conceptos reparados
3.1. Indebida capitalización de intereses:
El recurrente deduce la nulidad de las multas reclamadas por
haber sido dictados sin observar el procedimiento legal establecido
para la actualización de éstas.
Sostiene que la Administración Tributaria al momento de actualizar
las sanciones en reclamo, indebidamente capitaliza intereses
al 31 de diciembre de cada año, cuando por disposición contenida
en el artículo 181° del Código Tributario su actualización únicamente
se realiza con el interés diario a que se refiere el inciso b)
cuarto párrafo del artículo 33° del Código Tributario.
El mandato del artículo 181° del Código Tributario no ordena
la actualización de las multas con el procedimiento aplicable a los
tributos impagos, como indebidamente ha interpretado la Administración
Tributaria, sino únicamente con uno de los componentes
fijados por el artículo 33° del Código Tributario para la determinación
de los intereses moratorios aplicables a los tributos impagos,
que es el interés diario.
A mayor abundamiento, la recurrente señala que cuando el
artículo 33° del Código Tributario prevé la capitalización de interés
diario, es sólo por el tributo impago, concepto distinto del de la
multa. Así se expresa el artículo 28° del Código Tributario cuando
establece los componentes de la deuda tributaria, distinguiendo los
intereses por el pago extemporáneo del tributo a que se refiere el
artículo 33° del Código Tributario del interés moratorio aplicable a
las multas a que se refiere el artículo 181° del Código Tributario.
3.2 Improcedencia de la multa por supuesto tributo omitido
en los períodos junio y julio de 1996.
Las sanciones contenidas en las Resoluciones de Multa Nºs. 012-
02-0000837 y 012-03-0000830 por omisiones al pago del Impuesto
General a las Ventas correspondiente a los períodos de junio
y julio de 1996, respectivamente, carecen de sustento legal al
no tipificar su conducta como infracción prevista en el numeral 1
del artículo 178° del Código Tributario.
En efecto, por los referidos períodos tributarios no incurrió en
omisiones en la declaración jurada, toda vez que no fue posible
cumplir con la obligación de declarar el Impuesto General a las
Ventas por la utilización de servicios en el país, debido a la falta de
formulario, el mismo que fue aprobado recién en agosto de 1996
mediante la Resolución de Superintendencia Nº 065-96/SUNAT.
En este sentido, en el improbable caso que esté obligada al pago
del Impuesto General a las Ventas no está obligada a asumir el
pago de las multas acotadas por los períodos junio y julio de 1996.
Recuerda que a partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº
821, texto de la Ley del Impuesto General a las Ventas, la condición
tributaria del beneficiario de un servicio prestado por un domiciliado
cambió; quien dejó de ser responsable en el pago del impuesto
y pasó a ser contribuyente del mismo, por utilizar el servicio en el
país.
Así, los formularios 156 y 256 vigentes hasta abril de 1996
para declarar y retener impuestos cayeron en desuso, sin que se
aprobaran los nuevos formularios para que se cumpla con el deber
formal de presentar declaración jurada. Este vacío legal impidió a
los contribuyentes realizar la declaración del Impuesto General a
las Ventas por la utilización de servicios prestados por no domiciliados.
Con lo afirmado no pretende sostener que los contribuyentes
estuvieron impedidos de efectuar el pago del tributo dentro de los
plazos de ley, el mismo que podía realizarse en los formularios
denominados «Boletas de Pago» o cualquier otro formulario. Sin
embargo, la obligación formal de declarar estuvo suspendida en
tanto la Administración Tributaria no aprobara los nuevos formularios,
lo que ocurrió recién en agosto de 1996.
Análisis:
El artículo 151° del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, establece que
42
NOVIEMBRE 2001

JURISPRUDENCIA COMENTADA
podrá interponerse recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal cuando
la impugnación sea de puro derecho, no siendo necesario presentar
reclamación ante instancias previas. Podrá interponerse tal
recurso, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes a la
notificación de los actos de la Administración.
El último párrafo de la citada norma legal dispone que el recurso
de apelación a que se contrae este artículo deberá ser presentado
ante el órgano recurrido, quien dará la alzada luego de verificar
que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 146° y que
no haya reclamación en trámite sobre la misma materia.
El artículo 146° del Código Tributario señala que debe presentarse
el recurso adjuntando escrito fundamentando con firma de
letrado en los lugares donde la defensa fuera cautiva y la Hoja de
Información Sumaria, cuyo formato se aprobará mediante Resolución
de Superintendencia o norma de rango similiar.
Habiendo cumplido con todos los requisitos formales, el expediente
materia de autos es elevado a este Tribunal.
En este contexto, se debe proceder a calificar si la impugnación
correspondiente a la Resolución de Determinación y sus consecuentes
Resoluciones de Multa es de puro derecho, facultad otorgada al
Tribunal Fiscal, de acuerdo a lo señalado por el tercer párrafo del
artículo 151° del citado Código Tributario.
El objeto de autos, es el pronunciamiento del Tribunal Fiscal con
relación a tres puntos controvertidos, los que a continuación serán
calificados si corresponde a situaciones de puro derecho:
1. La Comisión Mercantil abonada a favor de Anivex C.A.,
empresa no domiciliada.
Del recurso de apelación y de los actuados, puede establecerse
que corresponde a una cuestión de puro derecho, determinar si la
comisión mercantil en la condición de agente de compra, califica
como una utilización de servicios en el país efectuada por una empresa
no domiciliada.
Teniendo en cuenta que el reparo corresponde a una operación
realizada en el mes de julio de 1996, debe ser de aplicación lo
establecido por la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobada
por el Decreto Legislativo Nº 821, vigente a partir del 23 de abril
de 1996.
De acuerdo con el artículo 1° del Decreto Legislativo precitado,
el Impuesto General a las Ventas grava, entre otras operaciones, la
utilización de los servicios en el país.
Por otro lado, el inciso c) del artículo 9°, precisa que en la
utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, el
contribuyente del impuesto es el usuario.
De las normas glosadas, puede establecerse que la noción de
servicios utilizados en el país, se integra por dos elementos: el sujeto
que los presta (el no domiciliado) y el lugar de utilización.
En lo que se refiere al lugar de utilización del servicio, el segundo
párrafo del inciso b) del numeral 1 del artículo 2° del Reglamento
de la Ley del Impuesto General a las Ventas vigente en 1996,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 29-94-EF, dispone que el
servicio es utilizado en el país, cuando siendo prestado por un sujeto
no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional.
El reparo realizado por la Administración, señala que la factura
Nº 154 emitida por Anivex C.A., del 15 de julio de 1996, se
refiere al cobro de una comisión que fluctúa entre el 4.5% a 5% por
conceptos de Rosse III, Unicosta, Unipampa, Unisierra, Unisol,
Unimar y Uniselva que son los navíos que transportaron las bobinas
de papel importado para la recurrente desde Venezuela (Puerto
Cabello) al Perú (Callao) y al no haber sustentado la naturaleza
de la comisión cobrada por Anivex C.A., concluye que estos servicios
prestados en el exterior son utilizados en el país; sin embargo
no establece o fundamenta bajo qué criterio técnico legal llega a
esa conclusión, pues no basta señalar que como la factura menciona
el nombre de navíos que transportan la mercancía cuyo destino
es la disposición de esta última por la recurrente, el servicio del
comisionista es utilizado en el país.
La manera de establecer si un servicio es utilizado en el país, es
decir si es consumido o empleado en el territorio nacional, se determina
en función del lugar donde el usuario (el que contrató el servicio)
llevará a cabo el primer acto de disposición del servicio.
En el caso de autos, el primer acto de disposición del servicio se
da en el momento en que, como consecuencia de la intermediación
del agente de compras, el recurrente adquiere la mercancía a su
proveedor, y ello se da en el país de origen de la mercancía, concluyéndose
la prestación del servicio con el Despacho de la mercancía
en el puerto de origen.
Así, la comisión mercantil en la condición de agente de compra,
realizada por un no domiciliado, no califica como una utilización
de servicios en el país, puesto que se estaría disponiendo del
servicio en el extranjero, trayendo como consecuencia que éste no
es consumido ni empleado en el territorio nacional.
En consecuencia, la Administración Tributaria deberá dejar sin
efecto el reparo efectuado.
2. Regalías pagadas a Financial & Consult S.A., empresa no
domiciliada
En el presente caso la controversia consiste en determinar si el
pago de regalías a una empresa no domiciliada se encuentra gravado
con el Impuesto General a las Ventas. Al tratarse de un asunto
de puro derecho, corresponde que sea calificado como una apelación
que se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 151°
del Código Tributario.
Debido a que los reparos materia de autos tuvieron lugar durante
el año 1996, deben distinguirse dos períodos:
• Durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 775.
• A partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 821.
De acuerdo con el artículo 1° y con el numeral 1) del inciso c)
del artículo 3° de las Leyes del Impuesto General a las Ventas aprobadas
por ambos Decretos Legislativos, vigentes desde el 01 de
enero de 1994 hasta el 23 de abril de 1996 y el segundo del 24 de
abril en adelante, el Impuesto General a las Ventas grava, entre
otras operaciones, la prestación o utilización de los servicios en el
país; definiéndose para estos efectos los servicios como:
1. Toda acción o prestación que una persona realiza para otra
y por la cual percibe una retribución o ingreso que constituya
o se considere renta de tercera categoría para los efectos
del Impuesto a la Renta; aun cuando no esté afecto a
este último impuesto y,
2. Al arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, y el arrendamiento
financiero.
De acuerdo a esta definición, resultan gravados con el Impuesto
General a las Ventas todos los servicios que tengan las siguientes
características:
– Que se trate de una acción o prestación que una persona
realiza en favor de otra;
– Que el servicio sea prestado a título oneroso; y,
– Que la retribución o ingreso sea considerado renta de tercera
categoría para efectos del Impuesto a la Renta.
Como puede aprecirse, la definición de «servicios» contenida
en las leyes del Impuesto General a las Ventas aplicables a los períodos
acotados es bastante amplia, pues el término prestación comprende
tanto las obligaciones de dar, como las de hacer y de no
hacer, por lo que, a fin de precisar sus alcances es necesario que
dicha definición sea interpretado en concordancia con las demás
definiciones y normas que contiene la ley.
En este sentido, de las normas que regularon el Impuesto Gene-
NOVIEMBRE 2001 43

JURISPRUDENCIA COMENTADA
ral a las Ventas se desprende que las prestaciones de dar que implican
la transferencia de bienes en propiedad, están comprendidas
en las operaciones de venta de bienes muebles; en tanto que la
definición de servicios comprende las prestaciones de hacer y, excepcionalmente,
cuando el servicio es definido como arrendamiento
de bienes muebles o inmuebles, a las prestaciones de dar que
importen la cesión en uso de bienes.
Ahora bien, de conformidad con el inciso b) del artículo 3° del
Decreto Legislativo Nº 775 y del numeral 10) del artículo 2° del
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-94-EF, la
definición de bienes muebles comprende únicamente a los bienes
corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, a los derechos
referentes a los mismos así como a las naves y aeronaves; quedando
expresamente excluidos los bienes incorporales o intangibles,
tales como marcas, patentes, derechos de llave y similares.
De lo expuesto puede concluirse que cuando la ley define los
servicios como arrendamiento, sólo se refiere al arrendamiento de
bienes corporales y no al arrendamiento de bienes intangibles o
incorporales, el cual no está afecto al impuesto toda vez que, como
se ha visto, los bienes intangibles están fuera del campo de aplicación
del impuesto. Cabe señalar que en este sentido se ha pronunciado
el Tribunal Fiscal en reiteradas Resoluciones, tales como las
Nºs. 2028-4-96, 1008-5-97 y 856-2-97.
Sin embargo, el inciso b) del artículo 3° del Decreto Legislativo
Nº 821, incluye dentro de la definición de los bienes muebles a los
intangibles. El fundamento de la innovación fue que las operaciones
referidas a ellos tienen las mismas características que los referidos
bienes corporales.
En tal sentido, se encuentran gravadas (sic), a partir de la vigencia
del Decreto Legislativo Nº 821, el arrendamiento de los signos
distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y
similares, entre los que se comprendería el pago de regalías, por lo
que procede mantener los reparos efectuados por la Administración
en los meses de junio, octubre y diciembre de 1996.
Con relación a lo argumentado por la empresa recurrente en
el sentido de que el arrendamiento de bienes muebles es figura
disímil de la cesión de uso de bienes muebles, cabe señalar lo
siguiente:
La norma IX del Título Preliminar del citado Código Tributario,
permite la aplicación supletoria de las normas tributarias, pudiendo
aplicarse otras normas tributarias o normas distintas a las
tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen.
La Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por el Decreto Legislativo
Nº 774, dispone en el primer párrafo del artículo 27° que
cualquiera sea la denominación que acuerden las partes, se considera
regalía a toda contraprestación en efectivo o en especie originada
por el uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, diseños
o modelos, etc.
Cabe resaltar en la norma glosada en el párrafo anterior, que
la contraprestación que se paga, en el caso de las regalías, es por
el uso o por el privilegio de usar los signos distintivos, invenciones,
derechos de autor, derechos de llave o similares.
De otro lado, el artículo 1666° del Código Civil, señala que por
el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al
arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida.
De lo señalado anteriormente es posible concluir que la cesión
en uso de una marca, origina el pago de regalías, figura jurídica
que califica como un arrendamiento o cesión temporal en uso de
bien intangible, operación que como se ha desarrollado en los párrafos
anteriores, se encuentra gravada con el Impuesto General a
las Ventas, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 821.
3.- Resoluciones de Multa
La recurrente solicita la nulidad de las Resoluciones de Multa
por dos razones:
a) La actualización realizada por la Administración, respecto
de la actualización de los intereses moratorios.
b) La improcedencia en la emisión de las multas correspondientes
a los meses de junio y julio de 1996.
En cuanto a la actualización de las multas la recurrente sostiene
que la Administración Tributaria al momento de actualizar las sanciones
en reclamo, indebidamente capitaliza intereses al 31 de diciembre
de cada año, cuando por disposición contenida en el artículo
181° del Código Tributario su actualización únicamente se realiza
con el interés diario a que se refiere el inciso b) cuarto párrafo
del artículo 33° del Código Tributario.
Al respecto, es necesario precisar que el artículo 181° del Código
Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816 dispuso
que las multas impagas debían ser actualizadas aplicando el interés
diario a que se refiere el artículo 33° desde la fecha en que se
cometió la infracción o, cuando no sea posible establecerla, desde
la fecha en que la Administración detectó la infracción.
El cuarto párrafo del artículo 33° del Código Tributario dispuso
que los intereses moratorios se debían calcular de la manera siguiente:
a) Interés diario: aplicable desde el día siguiente a la fecha de
vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando
el monto del tributo impago por la TIM diaria vigente. La
TIM diaria vigente resulta de dividir la TIM vigente entre
treinta (30).
b) El interés diario acumulado al 31 de diciembre de cada
año se debía agregar al tributo impago, constituyendo la
nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año
siguiente.
La nueva base para el cálculo de los intereses tenía tratamiento
de tributo para efectos de imputación de pagos a que se refiere el
artículo 31°.
De las normas glosadas es posible concluir en primer lugar que
si bien el artículo 33° regula el cálculo de los intereses moratorios
para los tributos, al remitir el artículo 181° del Código Tributario a
la referida norma legal, debe interpretarse que también comprende
el cálculo de intereses moratorios para el caso de las multas.
En segundo lugar, cuando el artículo 181° del Código Tributario
hace referencia a la actualización de las multas aplicando el
interés diario y remite al artículo 33° del mismo cuerpo legal, es
también posible interpretar que se refiere a la aplicación de las dos
formas de interés diario que contempla la norma, el interés diario
en puridad a que se refiere el inciso a) y el interés diario acumulable
del inciso b).
En este sentido, la actualización de las multas también debe
hacerse igual que los tributos: aplicando el interés diario y la capitalización
anual.
Por lo tanto, no es fundado este extremo de la impugnación
presentada por la recurrente.
En cuanto a las Resoluciones de Multa Nºs. 012-02-0000837 y
012-03-0000838 emitidas por los meses de junio y julio de 1996,
la recurrente sostiene que por los referidos períodos tributarios no
incurrió en omisiones en la declaración jurada, toda vez que no fue
posible cumplir con la obligación de declarar el Impuesto General
a las Ventas por la utilización de servicios en el país, debido a la
falta de formulario, el mismo que fue aprobado recién en agosto de
1996. En este sentido, en el improbable caso que esté obligada al
pago del Impuesto General a las Ventas no está obligada a asumir
el pago de las multas acotadas.
Al respecto cabe indicar que las Resoluciones de Multas alegadas
fueron emitidas en virtud de la infracción tipificada en el numeral
1 del artículo 178° del Código Tributario consistente en no in-
44
NOVIEMBRE 2001

JURISPRUDENCIA COMENTADA
cluir en las declaraciones ingresos o declarar cifras o datos falsos u
omitir circunstancias que influyan en la determinación de la obligación
tributaria y no precisamente por no presentar las declaraciones
que contenga la determinación de la deuda tributaria y ser
detectado por la Administración, contenida en el numeral 1 del
artículo 176° del mismo cuerpo legal, infracción a la que alude la
recurrente con los argumentos expuestos.
En este sentido, tampoco cabe atender la nulidad deducida por
la recurrente por este extremo, al referirse sus argumentos a sanciones
que no han sido impuestas por parte de la Administración
Tributaria.
En lo que concierne a las Resoluciones de Multa Nºs. 012-02-
0000837 a 012-02-0000840, además conviene indicar que la infracción
tributaria contenida en el numeral 1) del artículo 178° del
Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816, es
accesoria de la establecida en la parte correspondiente de la Resolución
de Determinación. Dentro de este contexto, la Resolución de
Multa Nº 012-02-0000838 se debe dejar sin efecto, puesto que
ella está relacionada con los reparos a la Comisión Mercantil abonada
a favor de Anivex C.A., debiendo proseguirse con la cobranza
de las Resoluciones de Multa Nºs. 012-02-0000837, 012-02-
0000839 y 012-02-0000840, toda vez que las mismas se encuen-
señalando que se encuentran gravados
Artículo 2. (...)
b) Los servicios prestados o utilizados en el país, independientemente
del lugar en que se pague o se perciba la contraprestación
y del lugar donde se celebre el contrato.
No se encuentra gravado el servicio prestado en el extranjero
por sujetos domiciliados en el país o por un establecimiento permanente
domiciliado en el exterior de personas naturales o jurídicas
domiciliadas en el país, siempre que el mismo no sea consumido
o empleado en el territorio nacional.
El servicio es utilizado en el país, cuando siendo prestado por
un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio
nacional.
Para efecto de la utilización de servicio en el país, se considera
que el establecimiento permanente domiciliado en el exterior de
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país es un sujeto
no domiciliado.
En los casos de arrendamientos de naves y aeronaves y otros
medios de transporte prestados por sujetos no domiciliados que
son utilizados parcialmente en el país, se entenderá que sólo el
sesenta por ciento (60%) es prestado en el territorio nacional, gravándose
con el Impuesto sólo dicha parte. No se considera utilizado
en el país, los servicios de reparación y mantenimiento de
naves y aeronaves y otros medios de transporte prestados en el
exterior.”
Como vemos, se considerará que existe una utilización de servicios
cuando el servicio se consuma o emplee en territorio nacional.
Sin embargo, esta precisión es aún insuficiente pues son
varias alternativas con relación al alcance de este término:
(i) En función al aprovechamiento económico del servicio: este
criterio señala que la utilización económica se configura cuando
el usuario domiciliado que usa el servicio percibe los beneficios
económicos en territorio nacional.
(ii) En función a la contabilización del gasto: otra corriente de
opinión señala que los beneficios económicos, y por ende la utilización
del servicio, se dan con la contabilización como gasto tritran
directamente vinculadas con los reparos por el concepto de
regalías pagadas a Financial Trading & Consult S.A. en los meses
de junio, octubre y diciembre de 1996.
Conclusión:
Por lo anteriormente expuesto, soy de opinión que el Tribunal
Fiscal declare FUNDADA EN PARTE (sic) el recurso de apelación
de puro derecho interpuesta (sic) por la recurrente, revocándose
la Resolución de Determinación Nº 012-03-0000272 en cuanto a
los reparos por la Comisión Mercantil abonada a favor de Anivex
C.A., y regalías pagadas a Financial Trading & Consult S.A en el
mes de febrero de 1996 y la Resolución de Multa Nº 012-02-
0000838 la que debe dejarse sin efecto, e, INFUNDADA en los
demás que contiene la Resolución de Determinación Nº 012-03-
0000272 y en lo referente a las Resoluciones de Multa Nºs. 012-
02-0000837, 012-02-0000839 y 012-02-0000840 extremos que
deben confirmarse.
Salvo mejor parecer,
Máximo Herrera Bonilla
Vocal Informante
COMENTARIO:
La Resolución del Tribunal Fiscal materia del presente comentario
gira en torno a tres temas principales: el verdadero alcance
de la utilización de servicios, la cesión en uso de bienes intangibles
y la capitalización anual de los intereses moratorios provenientes
de las multas impagas. Así, en el caso, la Administración
Tributaria ha considerado que el servicio de agenciamiento de
compras prestado por un no domiciliado constituye una utilización
de servicios y por lo tanto se encuentra gravada con el Impuesto
General a las Ventas (IGV). Por otro lado, el contribuyente
discute la determinación de una omisión al IGV al considerar la
Administración que la cesión en uso de bienes intangibles (regalías)
se encontraba gravada en los periodos tributarios de febrero,
junio, octubre y diciembre de 1996. Finalmente, se discute en la
Resolución bajo comentario si la remisión que hace el artículo
181° (que regula la actualización de las multas) al artículo 33° del
Código Tributario se encuentra referida sólo al cálculo diario de
los intereses a través de la TIM o también incluye la capitalización
anual estipulada en el inciso b) del referido artículo 33°.
1. Alcance de la Utilización de servicios en el IGV:
La utilización de servicios constituye un mecanismo que difiere
de la regla general en los tributos al consumo, que es gravar según
el país de origen del servicio; es decir, donde se presta. En efecto,
en la utilización de servicios se grava según el país de destino del
servicio con lo que la potestad tributaria la tendrá el país donde se
realice el consumo final del servicio a pesar de que éste no se
hubiere llevado a cabo dentro de aquel. Así, el Decreto Legislativo
Nº 821, vigente desde el 24 de abril de 1996, dispone que el
IGV grava, entre otras operaciones, la utilización de los servicios
en el país, siendo el contribuyente del Impuesto el usuario del
servicio, según lo indicado en el inciso c) del artículo 9° de la
referida norma. En esta línea, el Reglamento de la Ley del IGV,
D.S. 29-94-EF, en su artículo 2° inciso b) nos da mayores alcances
del concepto de utilización de servicios para efectos impositivos,
NOVIEMBRE 2001 45

JURISPRUDENCIA COMENTADA
butario del mismo.
(iii) En función al consumo físico del servicio: con este criterio
se privilegia que el consumo del servicio se dé físicamente en el
Perú.
Consideramos que si bien la postura más aceptada es la del
aprovechamiento económico, deben tenerse en cuenta otros elementos
que ayuden a interpretar de una manera más completa
este concepto. Precisamente, el Tribunal aporta otro criterio jurisprudencial
que ayuda a delinear el concepto de utilización de
servicios. En el caso, la operación versa sobre un agenciamiento
de compras, es decir el no domiciliado intermedia en la operación
de compraventa de productos, que serán posteriormente importados,
entre el proveedor extranjero y la empresa domiciliada.
Por este servicio la empresa domiciliada abona una comisión a la
no domiciliada, monto que la Administración gravó con IGV al
considerarlo utilización de servicios.
El Tribunal señala que, la determinación de si un servicio es
consumido o empleado en el territorio nacional, es en función del
lugar donde el usuario –el que contrató el servicio– llevará a cabo
el primer acto de disposición del mismo. Por tanto, en el caso el
primer acto de disposición del servicio se da en el momento que,
como consecuencia de la intermediación del agente de compras,
la empresa domiciliada adquiere la mercancía a su proveedor y
esto se realizó como observamos anteriormente en el país de origen
y no de destino. En consecuencia, el Tribunal, en opinión que
compartimos, señala que esta operación no califica como una utilización
de servicios porque el servicio no es ni consumido ni
empleado en territorio nacional.
2. Cesión de uso de bienes intangibles:
Como sabemos, se consideran regalías a toda contraprestación
en efectivo o en especie originada por el uso o por el privilegio de
usar patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas
secretas y derechos de autor de trabajos literarios, artísticos
o científicos, así como toda contraprestación por la información
relativa a la experiencia industrial, comercial o científica (artículo
27° de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo TUO fue aprobado
por D. S. Nº 054-99-EF). En el caso, el no domiciliado cedió el
uso de una marca comercial a la empresa domiciliada por lo que
el monto entregado como contraprestación constituye una regalía.
Ahora bien, esta cesión se realizó en los períodos tributarios
de febrero, junio, octubre y diciembre de 1996 por lo que para
determinar si dicha operación se encuentra gravada como utilización
de servicios el Tribunal lo analiza en función a las diferentes
leyes del IGV que estuvieren vigente en dichos períodos.
En principio, el Decreto Legislativo Nº 775, vigente hasta el 23
de abril de 1996, establecía en el inciso c) del artículo 3° que se
entendía como servicio, gravado con el IGV, al arrendamiento de
bienes muebles e inmuebles, sea habitual o no, y el arrendamiento
financiero. Para tal efecto, el inciso b) del mismo artículo señalaba
que constituían bienes muebles “los corporales que pueden
llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos,
así como las naves o aeronaves”. En este sentido, no se encontraban
comprendidos los bienes intangibles sino solamente en la
medida de que se tratara de derechos provenientes de los bienes
muebles transferidos.
Fue recién con el Decreto Legislativo Nº 821, vigente desde el
23 de abril de 1996, que se incluyó en el concepto de bienes
muebles a los intangibles y se dejó establecido que se consideraba
bienes muebles a: “los corporales que pueden llevarse de un
lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, los signos distintivos,
invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares,
las naves y aeronaves así como los documentos y títulos
cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados
bienes”. Por tanto, a partir de esa fecha se encontraba gravado
con el IGV el arrendamiento (cesión) de bienes intangibles, no
sólo los mencionados en ese párrafo, sino también los de naturaleza
similar tales como las marcas que origina el pago de regalías.
Por tanto, en el caso, no procede que la Administración considere
que las regalías abonadas se encontraban gravadas en su
totalidad, sino sólo en los períodos en los que estaba vigente el
Decreto Legislativo Nº 821, no pudiendo acotar por períodos anteriores
a junio de 1996.
3. Capitalización anual de los intereses moratorios:
El artículo 181° del Código Tributario señala que las multas impagas
serán actualizadas aplicando el interés diario a que se refiere
el artículo 33° desde la fecha en que se cometió la infracción o,
cuando no sea posible establecerla, desde la fecha en que la Administración
detectó la infracción. La Administración, sobre la base
de esto, interpretó que esta remisión al artículo 33° abarcaba no
sólo el procedimiento para la actualización del interés diario en
función a la TIM, sino también la capitalización anual referida a
los tributos impagos. En efecto, el artículo 33° consta de dos partes
cuando regula los intereses moratorios, señalando:
"Artículo 33º. (...)
Los intereses moratorios se calcularán de la manera siguiente:
a) Interés diario: se aplicará desde el día siguiente a la fecha del
vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el
monto del tributo impago por la TIM diaria vigente. La TIM diaria
vigente resulta de dividir la TIM vigente entre treinta (30).
b) El interés diario acumulado al 31 de diciembre de cada año
se agregará al tributo impago, constituyendo la nueva base para el
cálculo de los intereses diarios del año siguiente.
La nueva base para el calculo de los intereses tendrá tratamiento
de tributo para efectos de la imputación de pagos a que se
refiere el artículo 31°".
Sin embargo, el artículo 181° sólo hacía referencia al procedimiento
de cálculo del interés diario, mas no al de la capitalización;
por lo que un sector doctrinario señalaba, en opinión que
compartimos, que los intereses moratorios de las multas no debían
capitalizarse. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo
33° habla del tributo impago. En este orden de ideas si el Código
Tributario diferencia en su artículo 28° al tributo de las multas,
siendo ambos componentes independientes de la deuda tributaria,
la interpretación adecuada es que sólo se deberían capitalizar
los intereses de los tributos y no los de la multa.
A pesar de esto, el Tribunal Fiscal no comparte esta opinión y
señala que la remisión se encontraba referida a todo, por lo que
los intereses de las multas debían capitalizarse anualmente, tal
como lo señala en la jurisprudencia bajo comentario.
Finalmente, cabe resaltar que la Primera Disposición Final y
Transitoria de la Ley Nº 27335, publicada el 31 de julio de 2000,
“precisó” que la actualización de las multas también debían incluir
la capitalización contenida en el artículo 33° del Código.
Así, al constituir esa norma un “precísase» lo interpretado se retrotrae
a la vigencia del artículo original es decir desde la vigencia
del Decreto Legislativo Nº 816 (22.04.96) (1) .
–––––
(1) Ver nuestros comentarios al respecto en Informe Tributario Nº 111, agosto
de 2000, pág. 2.
46
NOVIEMBRE 2001

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
Jurisprudencia Tributaria
SALA 4
2000
• GASTOS DEDUCIBLES
RTF Nº 602-4-2000/14.07.2000
Si el negocio ocupa el primer piso
de la propiedad del recurrente
debe deducirse sólo los gastos de
luz, agua y tributos municipales
proporcionales a dicha área.
La Administración ha reparado el 50 por
ciento de los gastos de luz, agua y tributos
municipales en aplicación del literal s) del
artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta,
referido al supuesto en que el arrendatario
de un predio que lo usa como casahabitación,
utiliza una parte del mismo para
la obtención de rentas de la tercera categoría,
en cuyo caso sólo se acepta el 50
por ciento de los gastos de mantenimiento.
En el Acta de Inspección se indica que el
referido inmueble tiene tres pisos: en el primero,
se encuentra el negocio del recurrente
y el predio alquilado; en el segundo piso
vive el hijo del recurrente, y el tercer piso
se encuentra desocupado.
Así, el Tribunal señala que no se verifica
el supuesto previsto por el literal s) del artículo
37° de la referida ley, pues el recurrente
es el arrendador y propietario del
bien y no el arrendatario.
Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal
recalca que la determinación de la renta
neta de tercera categoría se basa en el Principio
de Causalidad, debiendo tenerse en
cuenta que la lista de gastos deducibles contenida
en el artículo 37° de la Ley del Impuesto
a la Renta no es taxativa sino enunciativa,
pues se pueden deducir otros gastos
realizados por las empresas, en la medida
que se cumpla con el referido Principio
de Causalidad.
En tal sentido, la deducción de los gastos
de luz, agua y tributos del edificio, sólo es
aceptable en la proporción que corresponda
al área de primer piso que ocupa el negocio
del recurrente, debiendo la Administración
emitir nuevo pronunciamiento conforme
a este criterio.
Se resuelve declarar nula e insubsistente
la resolución apelada.
• GASTOS DEDUCIBLES
RTF Nº 602-4-2000/14.07.2000
No procede la deducción de
gastos por compra de combustible
y mantenimiento de
vehículos que no se encuentren
registrados en el libro de
inventarios y
balances.
El artículo 37° de la Ley del Impuesto a
la Renta consagra el Principio de Causalidad,
estableciendo que para determinar la
renta neta de tercera categoría se deducirá
de la renta bruta los gastos necesarios
para producirla y mantener su fuente productora,
en tanto la deducción no esté expresamente
prohibida por dicha ley.
La Administración reparó la deducción
del gasto por compra de combustible y
mantenimiento correspondiente a dos (2)
vehículos que no se encontraban registrados
en el Libro de Inventarios y Balances
de la empresa.
Según el Acta de Inspección que obra en
autos, dichos vehículos pertenecen a la esposa
e hija del recurrente.
Por su parte, el recurrente no ha acreditado
mediante documentación sustentatoria
que los gastos reparados por concepto
de gasolina y mantenimiento de vehículos
fueron necesarios para realizar su actividad
comercial, la cual consiste en la venta
de abarrotes al por menor, así como tampoco
ha demostrado que asumió el traslado
de la mercadería adquirida o vendida,
más aún cuando en las copias de los comprobantes
de pago observados no se identifica
la placa de dichos vehículos, por lo
que procede mantener el reparo.
SALA 5
2000
• APORTACIONES SOCIALES
RTF Nº 254-5-2000/07.04.2000
El pago mensual o la rendición de
cuentas son indicios de la
existencia de una relación
laboral, pero no indican por sí
mismas su constitución.
La Administración acotó las remuneraciones
fuera de planillas correspondientes
a los señores «A» y «B».
Al respecto, el Tribunal afirma que el elemento
de mayor relevancia en la relación
laboral está dado por la subordinación, que
no siempre es fácil de identificar, por lo que
a veces es necesario recurrir a los rasgos
distintivos o conjunto de características típicas
de los contratos de trabajo que permiten
presumir la existencia de ésta, los que
a saber son: el lugar de trabajo, horario
de trabajo, estabilidad o contrato celebrado
por tiempo indeterminado y exclusividad
o trabajo para un solo empleador.
En tal sentido, el artículo 37° del TUO de
la Ley de Fomento del Empleo, aprobado
por D.S. Nº 003-93-TR, vigente para el caso
de autos, señala que «En toda prestación
de servicios remunerados y subordinados
se presume, salvo prueba en contrario, la
existencia de un contrato de trabajo por
tiempo indeterminado». Asimismo, el artículo
42° define al elemento subordinación
bajo los siguientes términos: «Por la subordinación,
el trabajador presta sus servicios
bajo dirección de su empleador, el cual tiene
facultades para normar reglamentariamente
las labores, dictar las órdenes necesarias
para la ejecución de las mismas y
sancionar disciplinariamente dentro de los
límites de la razonabilidad cualquier infracción
o incumplimiento de las obligaciones
a cargo del trabajador».
De los comprobantes de caja que obran
en el expediente se puede constatar que los
pagos recibidos por el señor «A» eran similares
y periódicos, lo que, según el Tribunal,
no establece necesariamente la existencia
del elemento subordinación, sino tan
sólo un indicio de dicho elemento, toda vez
que en los contratos de servicios también
puede existir esa forma de pago, por lo
cual debe declararse nulo e insubsistente
este extremo, a fin de realizarse una nueva
verificación.
En cuanto a las acotaciones efectuadas
por los pagos realizados a favor del señor
«B» en el contrato de locación de servicios
celebrado entre éste y la recurrente, se puede
apreciar que el señor «B» prestaba los
servicios de despachador de las importaciones
y exportaciones de la recurrente en
el Aeropuerto, y que estaba obligado a informar
de las materias encomendadas.
NOVIEMBRE 2001 47

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
Si bien es cierto que el servicio que presta
esta persona pertenece al giro del negocio
de la recurrente, ello no es razón suficiente
para determinar que existe subordinación,
que es el elemento principal de una
relación laboral, dado que bien puede brindarse
servicios del giro del negocio a través
de locación de servicios.
Se resuelve declarar nula e insubsistente
la resolución apelada en los extremos referidos.
• CRÉDITO FISCAL
RTF Nº 281-5-2000/17.04.2000
Si el contribuyente nunca tuvo en
su poder los originales de los
comprobantes de pago emitidos
por su proveedor, no procede la
sustentación del crédito fiscal a
través de las copias
correspondientes a dichos
documentos
La Administración reparó el crédito fiscal
por las facturas emitidas por el proveedor
por no presentar el original de las facturas,
sino sólo la copia correspondiente a
la SUNAT. Al respecto, el Tribunal señala
que, de acuerdo a lo establecido por el numeral
2) del artículo 6° del Reglamento de
la Ley del IGV aprobado por D.S. Nº 29-
94-EF, el derecho al crédito fiscal se ejerce
únicamente con el original del comprobante
de pago o declaración de importación.
El recurrente señala tanto en su recurso
ampliatorio en etapa de reclamación, como
en su recurso de apelación, que no ha podido
solicitar el original de los comprobantes
de pago que sustentan el crédito fiscal
reparado porque la empresa proveedora
cerró al poco tiempo de efectuar la operación
de compra. En ese sentido el Tribunal
infiere que el recurrente nunca tuvo en su
poder los comprobantes de pago originales
que sustentan su crédito fiscal pues no
ha señalado que devolvió por algún motivo
los originales al proveedor; con ello, de
acuerdo a la norma citada, no tenía derecho
a hacer uso de dicho crédito.
Se resuelve confirmar la resolución apelada.
• DETERMINACIÓN SOBRE BASE
PRESUNTA
RTF Nº 291-5-2000/27.04.2000
No procede que la
Administración Tributaria determine
deuda sobre base presunta
sin precisar la base legal que
sustenta el procedimiento
utilizado para dicha
determinación.
Mediante Acta de Liquidación Inspectiva
la Administración determinó a la recurrente
deuda por aportaciones, liquidando la
deuda tributaria sobre base presunta, al no
proporcionarse la información requerida
dentro de los plazos establecidos.
Según consta en el Informe Inspectivo, el
acta de liquidación inspectiva fue girada
sobre base presunta, debido a que luego
de que el IPSS cursó tres notificaciones requiriendo
documentación e información, éstas
no fueron presentadas por la recurrente,
fundamentando la acotación en lo establecido
en el artículo 7° del D.S. Nº 018-
78-TR y el artículo 4° de la Ley Nº 24786.
Del análisis del acta de liquidación inspectiva,
se puede observar que ésta no se
encuentra debidamente motivada, pues no
se ha precisado qué elementos han sido tomados
en consideración para determinar
el importe de las remuneraciones gravadas
con las aportaciones previstas en los
Decretos Leyes Nºs. 22482 y 19990; además,
no se señala la base legal en la que
se sustenta el procedimiento seguido para
la determinación de la obligación tributaria
sobre base presunta.
Al respecto, el Tribunal señala que el artículo
39° del TUO de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos,
aprobado por el D. S. Nº 02-94-JUS,
establece que todas las resoluciones serán
motivadas, con sucinta referencia de hechos
y fundamentos de derecho. Por otro
lado, el Tribunal refiere que el inciso c) del
artículo 43° de la citada norma dispone
que son nulos de pleno derecho los actos
administrativos dictados prescindiendo de
las normas esenciales del procedimiento y
de la forma prescrita por la ley.
En tal sentido, al no haberse motivado la
acotación efectuada, se vulnera el derecho
de defensa de la recurrente y resulta imposible
para esta instancia resolver el fondo
del asunto, en consecuencia, el Acta de Liquidación
Inspectiva deviene en nula.
Se resuelve revocar la resolución apelada.
• CRÉDITO FISCAL
RTF Nº 354-5-2000/23.05.2000
Se puede usar como crédito fiscal
el IGV contenido en las facturas
giradas a nombre del
representante de la empresa,
siempre y cuando la
Administración verifique que se
usó en la contabilidad de la
misma.
La Administración Tributaria desconoció
el crédito fiscal del mes de setiembre de
1994, debido a que las facturas emitidas
por un proveedor fueron giradas a nombre
de una persona natural, que es uno de
los socios de la empresa recurrente, tal
como consta en el Testimonio de Constitución
de la misma.
Al respecto, el artículo 19° de la Ley del
IGV e ISC aprobado por Dec. Leg. Nº 775,
vigente en el período acotado, establecía
como uno de los requisitos formales para
ejercer el derecho al crédito fiscal, que los
comprobantes de pago hayan sido emitidos
de acuerdo a las normas pertinentes;
refiriéndose en este caso al Reglamento de
Comprobantes de Pago, vigente en ese entonces,
que en su artículo 2° señalaba que
sólo se considerarían comprobantes de
pago a aquellos documentos que cumplen
con todos los requisitos establecidos en el
reglamento, precisando en su artículo 12°
que las facturas debían contener el nombre
del adquirente o usuario.
De otro lado, en el expediente consta una
carta de la empresa proveedora, en que
se manifiesta que la persona natural solicitó
operar ante la misma con la razón
social del recurrente, y que las obligaciones
emitidas a nombre de esta persona
fueron canceladas mediante cheques girados
por la recurrente.
En el caso, el Tribunal observa que existe
un hecho formal consistente en la emisión
de una factura a nombre de una persona
natural, confrontado con una aparente
realidad económica de los hechos,
que consiste en la cancelación de dichas
facturas por la recurrente, empresa de la
cual es socia; lo cual debe ser apreciado
teniendo en cuenta que de la propia Ley
del IGV e ISC se colige la necesidad de
verificar la realidad de una operación, no
siendo suficiente la emisión de un comprobante
de pago.
Además, el Tribunal afirma que en la Resolución
Nº 2396-4-96, ha dejado establecido
que al existir certeza en la Administración
de que a pesar que las facturas
de compra fueron emitidas a nombre del
titular y no de la recurrente, el crédito fiscal
le corresponde a esta última.
Por tanto, al existir indicios de que la
48
NOVIEMBRE 2001

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
operación fue realizada a favor de la recurrente,
en aplicación del Principio de
Equidad resulta necesario que la Administración
Tributaria verifique en la contabilidad
de la recurrente, a fin de determinar
si efectivamente los bienes comprados al
proveedor fueron ingresados a sus inventarios
y producidas sus respectivas ventas,
ya que de ser así quedaría demostrado que
el crédito fiscal le correspondía a la recurrente.
Se resuelve declarar la nulidad e insubsistencia
de la resolución apelada en este
extremo.
• CRÉDITO FISCAL
RTF Nº 361-5-2000/23.05.2000
El crédito fiscal no será tomado
en cuenta si es que el
contribuyente no ha registrado
los comprobantes de pago.
La Administración Tributaria señala que
observó en los documentos solicitados en
el Requerimiento que los importes declarados
como débito y crédito fiscal diferían de
los importes consignados en los registros
de ventas y de compras y que tanto los supuestos
«otros créditos» como «pagos anticipados»
eran en realidad pagos de cuotas
de un leasing que la recurrente tenía
con Financiera S.A. que incluían el IGV y
que fueran declarados por la recurrente en
los períodos acotados.
Por el Tribunal señala que, de acuerdo al
inciso b) del artículo 1° del Dec. Leg. Nº 775,
Ley del IGV e ISC vigente en los meses acotados,
se encontraban gravadas con el citado
impuesto, la prestación o utilización de
servicios en el país, encontrándose así definida
para efectos del IGV según el numeral
2 del inciso c) del artículo 3° del citado decreto
el arrendamiento financiero, también
denominado leasing.
Así, quien utilizaba el servicio de arrendamiento
financiero, tenía derecho a usar
como crédito fiscal, el IGV consignado en el
comprobante de pago emitido por la utilización
del referido servicio, siéndole aplicable,
para el goce de tal derecho, la normatividad
contenida en la Ley del IGV.
Según consta en autos, se aprecia que el
contribuyente no ha registrado los comprobantes
entregados por la financiera tal
como dispone la Ley; por lo que resulta procedente
que la Administración no haya tomado
en cuenta el crédito fiscal consignado
en las declaraciones juradas del IGV presentadas
por la recurrente bajo el concepto
de «pagos anticipados».
Se confirma la resolución apelada.
• FACULTAD DE REEXAMEN
RTF Nº 367-5-2000/29.05.2000
Aunque en la etapa de
reclamación la Administración
está facultada para hacer una
nueva revisión del asunto en
controversia, la misma no podrá
hacerse sobre temas no
relacionados con la materia en
controversia.
La Administración solicita la exhibición
de los comprobantes de pago y todo documento
que sustente las adquisiciones, gasto
y/o costo de los períodos tributarios de
enero a marzo de 1999, los comprobantes
de pago emitidos, tales como facturas y
boletas de venta, y todo aquel documento
que sustente los ingresos percibidos entre
enero y marzo de 1999.
Al respecto, el Tribunal señala que el artículo
127° del Código Tributario, indica
que el órgano encargado de resolver está
facultado para hacer un nuevo examen
completo de los aspectos del asunto controvertido,
hayan sido o no planteados por
los interesados, llevando a efecto cuando
sea pertinente nuevas comprobaciones.
En virtud de la norma citada, para el Tribunal
en el procedente de reclamación la
Administración está facultada a realizar un
nuevo examen de los aspectos del asunto
controvertido, mas no sobre otros temas no
relacionados con la materia en controversia.
En el caso, señala el Tribunal siendo el
IES materia de controversia, sólo se podrán
requerir documentos relacionados con dicha
materia. En ese sentido, dado que el
IES cuenta propia, se calcula sobre la base
de los ingresos pagados o abonados que
constituyen rentas de quinta categoría; y,
el de cuenta de terceros se calcula sobre la
base de los ingresos que constituyan rentas
de cuarta categoría para el Impuesto a la
Renta; la Administración en el presente
caso, a través del Requerimiento materia
de queja, ha solicitado información no relacionada
con el asunto materia de controversia,
por lo que la queja interpuesta resulta
fundada.
Se resuelve declarar fundada la queja.
• REGISTRO DE VENTAS
RTF Nº 379-5-2000/06.06.2000
No se puede multar al
contribuyente por llevar con
atraso el Registro de Ventas, si es
que éste se encuentra extraviado
y se cumplió con la comunicación
previa a la Administración.
El numeral 4) del artículo 175° del Código
Tributario, aprobado por Dec. Leg. Nº
816, establece como infracción tributaria
el «Llevar con atraso mayor al permitido
por las normas vigentes los libros de contabilidad
y otros registros contables, excepto
para los contribuyentes autorizados a llevar
contabilidad en moneda extranjera».
De otro lado, el numeral 3 del artículo
14° del Reglamento de Comprobantes de
Pago precisa que el Registro de Ventas, en
ningún caso deberá ser llevado con un atraso
mayor a los diez días siguientes a la fecha
de emisión del comprobante de pago
respectivo.
El numeral 7) del artículo 87° del referido
Código señala que el deudor tributario deberá
comunicar a la Administración Tributaria,
en un plazo de quince (15) días hábiles,
la pérdida, destrucción por siniestro,
asaltos y otros, de los libros, registros, documentos
etc., y que el plazo para rehacer los
libros y registros será fijado por la SUNAT.
En el expediente se encuentra la denuncia
policial presentada por la recurrente ante
la Delegación Policial denunciando la pérdida
de sus libros contables, tales como, libro
diario, mayor, caja, inventario y balances,
registros de ventas y compras, facturas
de compras, gastos y otros documentos hasta
diciembre de 1994, guías de remisión hasta
la Nº 135 y otros documentos internos.
De la misma forma comunica a la Administración
Tributaria la citada pérdida y adjunta
la referida denuncia policial.
Sin embargo, la Administración Tributaria
determinó que la recurrente había incurrido
en la infracción tipificada en el numeral
4) del artículo 175° del Código Tributario.
Teniendo en consideración que de la denuncia
de pérdida de Libros Contables a la
fecha de revisión de los mismos por la Administración
sólo habían transcurrido 35
días calendario, el Tribunal concluye que
la recurrente no tuvo tiempo suficiente para
reconstruir sus libros, por lo que no procede
la exigencia de tener el Registro de Ventas
al día.
Por otro lado, para el Tribunal, si bien el
artículo 165° del citado Código establece
que la determinación de las infracciones
debe ser objetiva, no se puede dejar de tomar
en cuenta que el mismo artículo 87°
contempla la situación de pérdida de Li-
NOVIEMBRE 2001 49

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
bros Contables y su reconstrucción, hecho
que no le permitiría a la Adminstración Tributaria
imponer sanciones por llevar con
atraso los Libros Contables durante el período
de reconstrucción.
Se resuelve revocar la resolución apelada.
• PRESUNCIÓN DE VENTAS
RTF Nº 383-5-2000/06.06.2000
No puede presumirse ventas
omitidas respecto a préstamos de
terceros, sin contrato firmado,
cuando dicho préstamo proviene
de una persona vinculada y fue
contabilizado oportunamente.
La Administración Tributaria verificó la contabilización
de «Préstamos de Terceros para
cubrir mayores Gastos» sin que se indique el
nombre del prestamista, por lo que solicitó se
sustente esta anotación. Dado que no se presentó
ninguna documentación al respecto se
procedió a presumir ventas omitidas.
Así, la Administración Tributaria, considera
no fehaciente la operación de préstamo y
confirma la presunción de ventas omitidas,
por cuanto la legalización del Libro de Actas
donde consta el Acuerdo de Directorio referido
a los préstamos, se encuentra con enmendaduras.
El Tribunal señala que en el expediente
figuran las fotocopias de Comprobantes de
Caja, en algunos de los cuales se da cuenta
del recibo de dinero en calidad de préstamo
sin intereses firmado por la recurrente;
y, en otros consigna el recibo de dinero
por concepto de devolución a cuenta de
préstamos, los que llevan la firma del prestamista.
En ese orden de ideas, para el Tribunal
no resulta imprescindible la existencia de
un contrato suscrito por las partes para validar
la existencia de un préstamo, máxime
si se trata de préstamos otorgados a la empresa
por una persona vinculada, como es
en el caso de autos, es así, que existiendo
documentos firmados por el prestamista y
habiéndose registrado la operación de
préstamos en la contabilidad del deudor,
no existen motivos suficientes para desconocer
la operación y presumir la existencia
de ventas omitidas.
Se revoca la resolución apelada en este
extremo.
• GASTOS DEDUCIBLES
RTF Nº 405-5-2000/23.06.2000
Si hay imposibilidad probada del
contribuyente de presentar el
«original» de la factura, que
sustenta el gasto, la
Administración deberá verificar
la veracidad de la operación para
aceptar dicho gasto.
La Administración repara el gasto realizado
sustentado sólo en la copia SUNAT del
comprobante de pago.
La recurrente justifica dicha falta, sosteniendo
que el proveedor usualmente no le entrega
el comprobante de pago original hasta
que cancela el monto de la compra, la que se
encuentra aún pendiente de pago.
Al respecto, el Tribunal señala que de acuerdo
a lo establecido por el literal j) del artículo
44° de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado
por Dec. Leg. Nº 774, no son deducibles
para la determinación de la renta imponible,
los gastos cuya documentación sustentatoria
no cumpla con los requisitos y características
mínimas establecidos por el Reglamento
de Comprobantes de Pago.
No obstante, de otro lado se aprecia también
en el expediente la Guía de Remisión
de los productos consignados en la Factura
reparada, que prueba la recepción de la
mercadería por parte de la recurrente.
La contribuyente también adjunta dos cartas
dirigidas al proveedor, en las que se solicita
la entrega del original de la factura. En
ese sentido, la recurrente señala que no le es
posible presentar el original de la factura en
tanto aquél no proceda a entregársela.
Así, de acuerdo a lo expuesto, el Tribunal
aprecia la imposibilidad de la recurrente
de presentar el original de la factura materia
de acotación, por lo que señala que la
Administración deberá verificar la fehaciencia
de la operación, realizando cruce de
información con el proveedor, a fin de establecer
la procedencia del gasto para efectos
del Impuesto a la Renta.
Se resuelve declarar nula e insubsistente
la resolución.
• RÉGIMEN DE INCENTIVOS
RTF Nº 409-5-2000/23.06.2000
Si el contribuyente declara la
deuda omitida el mismo día en
que la Administración inició la
verificación, se asumirá que esa
declaración se hizo con
anterioridad.
En el presente caso, la recurrente presentó
una Declaración Jurada Rectificadora de
IGV-Renta Régimen General, correspondiente
al período tributario de abril de
1996, disminuyendo el crédito fiscal declarado.
Ahora bien, de acuerdo al artículo 179°
del Código Tributario, la sanción de multa
aplicable a las infracciones establecidas en
el artículo 178° de la misma norma, serán
rebajadas en un noventa por ciento (90%)
siempre que el deudor cumpla con declarar
la deuda tributaria omitida con anterioridad
a cualquier notificación o requerimiento
de la Administración relativa al tributo
o período a regularizar; si la declaración
se realiza con posterioridad a la notificación
o requerimiento de la Administración,
pero antes del inicio de la verificación
o fiscalización, la sanción será rebajada
en un setenta por ciento (70%).
En este sentido, el Tribunal señala que no
es aplicable a la recurrente la rebaja del
noventa por ciento (90%), toda vez que se
le notificó el Requerimiento el 23 de mayo
de 1996, en tanto que la presentación de
la Declaración Jurada rectificatoria se efectuó
el 19 de junio de 1996, es decir con
posterioridad.
Ahora bien, a efectos de establecer si le
corresponde la rebaja del setenta por ciento
(70%), es necesario determinar la fecha en
que se inició la verificación y establecer si la
declaración de la deuda tributaria se efectuó
con anterioridad a dicha fecha.
En el caso, el Tribunal afirma que la fecha
de inicio de la verificación es el 19 de junio
de 1996. Teniendo en cuenta que la recurrente
declaró la deuda tributaria omitida el
19 de junio de 1996, esto es, el mismo día
en que se inició la verificación, resulta imposible
determinar qué acto se llevó a cabo
primero, por lo que existiendo duda, debe
considerarse aplicable a la recurrente la rebaja
del setenta por ciento (70%).
Se revoca en parte la resolución, declarándose
que se haga la rebaja del
70% de la multa y no del 90% como se
procedió.
50
NOVIEMBRE 2001

INDICADORES
Calendario Tributario y de otros Conceptos
R. de S. Nº 001-2000/SUNAT (05.01.2000), R. de S. Nº 072-2000/SUNAT (29.06.2000),
R. de S. Nº 138-2000/SUNAT (30.12.2000) y normas especiales
1 PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL TRIBUTO
2 MES DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO
CONCEPTO 1
ÚLTIMO DÍGITO DEL R. U. C. DEL CONTRIBUYENTE (RUC DE ONCE DÍGITOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
OCT. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV.
• Declaración Jurada y Pago
del IGV e ISC (*) (**)
(Dec. Leg. Nº 821)
2
NOV.
19.11.01
DIC.
19.12.01
NOV.
20.11.01
DIC.
20.12.01
NOV.
21.11.01
DIC.
21.12.01
NOV.
22.11.01
DIC.
24.12.01
NOV.
23.11.01
DIC.
11.12.01
NOV.
12.11.01
DIC.
12.12.01
NOV.
13.11.01
DIC.
13.12.01
NOV.
14.11.01
DIC.
14.12.01
NOV.
15.11.01
DIC.
17.12.01
NOV.
16.11.01
DIC.
18.12.01
• ESSALUD (**) de Segurid
– Régimen General (1)
19.11.01
19.12.01
20.11.01
20.12.01
21.11.01
21.12.01
22.11.01
24.12.01
23.11.01
11.12.01
12.11.01
12.12.01
13.11.01
13.12.01
14.11.01
14.12.01
15.11.01
17.12.01
16.11.01
18.12.01
– Grupos Especiales (1)
19.11.01 19.12.01 20.11.01 20.12.01 21.11.01 21.12.01 22.11.01 24.12.01 23.11.01 11.12.01 12.11.01 12.12.01 13.11.01 13.12.01 14.11.01 14.12.01 15.11.01 17.12.01 16.11.01 18.12.01
• ONP (**) (1)
19.11.01 19.12.01 20.11.01 20.12.01 21.11.01 21.12.01 22.11.01 24.12.01 23.11.01 11.12.01 12.11.01 12.12.01 13.11.01 13.12.01 14.11.01 14.12.01 15.11.01 17.12.01 16.11.01 18.12.01
• Pagos a Cuenta y Retenciones
del Impuesto a la Renta, incluye
RER (**)
19.11.01
19.12.01
20.11.01
20.12.01
21.11.01
21.12.01
22.11.01
24.12.01
23.11.01
11.12.01
12.11.01
12.12.01
13.11.01
13.12.01
14.11.01
14.12.01
15.11.01
17.12.01
16.11.01
18.12.01
• IES (Ex FONAVI) (**)
19.11.01 19.12.01 20.11.01 20.12.01 21.11.01 21.12.01 22.11.01 24.12.01 23.11.01 11.12.01 12.11.01 12.12.01 13.11.01 13.12.01 14.11.01 14.12.01 15.11.01 17.12.01 16.11.01 18.12.01
• SENCICO (**)
19.11.01 19.12.01 20.11.01 20.12.01 21.11.01 21.12.01 22.11.01 24.12.01 23.11.01 11.12.01 12.11.01 12.12.01 13.11.01 13.12.01 14.11.01 14.12.01 15.11.01 17.12.01 16.11.01 18.12.01
• SENATI (2)
20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01 20.11.01 18.12.01
• APORTES A LAS AFP:
– En Cheque (3)
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
07.11.01
05.12.01
– En Efectivo (4)
09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01
– Declaración sin pago (4)
09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01 09.11.01 07.12.01
– Pago de la deuda
hasta … (5)
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
23.11.01
21.12.01
• R.U.S. (**)
19.11.01 19.12.01 20.11.01 20.12.01 21.11.01 21.12.01 22.11.01 24.12.01 23.11.01 11.12.01 12.11.01 12.12.01 13.11.01 13.12.01 14.11.01 14.12.01 15.11.01 17.12.01 16.11.01 18.12.01
• CONAFOVICER (6)
15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01 15.11.01 17.12.01
(*) Rige también para el ISC; salvo que se aplique un calendario especial, como en el caso del ISC que afecta a los combustibles (ver Cronograma en página 52) (**) Salvo que se trate de contribuyentes considerados como «Buenos Contribuyentes»
(ver calendario en página 52)
(1) Los plazos para la presentación y/o pago de las aportaciones de Seguro Social de Salud - ESSALUD- y la Oficina de Normalización Previsional -ONP- correspondientes a los períodos tributarios a partir del período tributario de enero del
2000 son los establecidos en la R. de S. Nº 001-2000/SUNAT, la R. de S. Nº 072-2000/SUNAT y la R. de S. Nº 138-2000/SUNAT. (2) Doce primeros días hábiles del mes. (3) Tres primeros días hábiles del mes. (4) Cinco primeros días hábiles
del mes. (5) … Diez días hábiles siguientes luego de presentar la Declaración sin Pago; en este caso, se reduce en 50% el pago de intereses. (6) Quince primeros días calendario.
NOVIEMBRE 2001 51

INDICADORES
Cronograma de vencimiento de
pagos a cuenta semanales del ISC (*)
MES AL QUE
CORRESPONDE LA
OBLIGACIÓN
NOVIEMBRE 2001
VENCIMIENTO SEMANAL
SEMANA
N° DESDE HASTA
1
2
3
4
04 Noviembre 2001
11 Noviembre 2001
18 Noviembre 2001
25 Noviembre 2001
10 Noviembre 2001
17 Noviembre 2001
24 Noviembre 2001
01 Diciembre 2001
Vencimiento
06 Noviembre 2001
13 Noviembre 2001
20 Noviembre 2001
27 Noviembre 2001
1 02 Diciembre 2001 08 Diciembre 2001 04 Diciembre 2001
DICIEMBRE 2001 2 09 Diciembre 2001 15 Diciembre 2001 11 Diciembre 2001
3 16 Diciembre 2001 22 Diciembre 2001 18 Diciembre 2001
4 23 Diciembre 2001 29 Diciembre 2001 26 Diciembre 2001
(*) Según Anexo 2 de la R. de S. Nº 138-2000/SUNAT publicada el 30.12.2000
Calendario para
Buenos Contribuyentes (**)
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL
TRIBUTO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO PARA
DECLARACIÓN Y PAGO
23 Agosto 2001
25 Setiembre 2001
24 Octubre 2001
26 Noviembre 2001
24 Diciembre 2001
24 Enero 2002
(**) Para contribuyentes expresamente considerados como tales por la SUNAT respecto a tributos
recaudados y/o administrados por esta entidad (Según D. S. Nº 100-2001-EF y R. de S. Nº
101-2001-SUNAT).
Cronograma para la presentación de información de
Entidades Estatales sobre la adquisición de bienes y/o servicios (***)
ADQUISICIONES
DEL MES DE:
0
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AGOSTO 2001
SETIEMBRE 2001
OCTUBRE 2001
NOVIEMBRE 2001
DICIEMBRE 2001
26.10.2001
26.11.2001
31.12.2001
30.01.2002
26.02.2002
26.10.2001
26.11.2001
31.12.2001
30.01.2002
26.02.2002
29.10.2001
27.11.2001
24.12.2001
31.01.2002
27.02.2002
29.10.2001
27.11.2001
24.12.2001
31.01.2002
27.02.2002
30.10.2001
28.11.2001
26.12.2001
25.01.2002
28.02.2002
30.10.2001
28.11.2001
26.12.2001
25.01.2002
28.02.2002
31.10.2001
29.11.2001
27.12.2001
28.01.2002
22.02.2002
(***) Según D. S. Nº 053-97-PCM (modificado por D. S. Nº 063-97-PCM y D. S. Nº 048-98-PCM), R. M. Nº 083-2001-EF/10 y R. de S. Nº 046-2001/SUNAT.
Impuesto a la Renta 1996 a 2001
31.10.2001
29.11.2001
27.12.2001
28.01.2002
22.02.2002
25.10.2001
30.11.2001
28.12.2001
29.01.2002
25.02.2002
25.10.2001
30.11.2001
28.12.2001
29.01.2002
25.02.2002
DEDUCCIÓN ANUAL
SOBRE LAS RENTAS DE 4TA. Y 5TA. CATEGORÍA (1)
Retenciones y Pagos a Cuenta de Personas Naturales
BASE DE
CÁLCULO
Factores para el Ajuste Integral de
los Estados Financieros (Índice de Precios al Por Mayor)
PARTIDA
DEL
MES DE:
7 UIT
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
UIT APLICABLE
S/. 2,183.00
S/. 2,400.00
S/. 2,600.00
S/. 2,800.00
S/. 2,900.00
S/. 3,000.00
MONTO ANUAL
A DEDUCIR
S/. 15,281.00
S/. 16,800.00
S/. 18,200.00
S/. 19,600.00
S/. 20,300.00
S/. 21,000.00
(1) Desde el 01.01.94 no se deducen los Aportes y Contribuciones que afectan las
remuneraciones (incluidos los Aportes a las AFP).
(2) UIT promedio anual para 1996 aplicable según la R. de S. Nº 005-97/SUNAT.
(3) UIT aplicable a partir del 01.01.2001.
Feb.
1.004
1.002
1.000
AÑO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Mar.
1.004
1.003
1.001
1.000
MES DE ACTUALIZACIÓN
2001
Abr. May. Jun. Jul. Ago.
1.003
1.002
0.999
0.999
1.000
1.003
1.002
1.000
0.999
1.001
1.000
(2)
(3)
1.002
1.001
0.999
0.998
0.999
0.999
1.000
0.996
0.995
0.992
0.992
0.993
0.992
0.994
1.000
0.992
0.991
0.989
0.988
0.990
0.989
0.990
0.996
1.000
Set.
0.994
0.993
0.991
0.990
0.992
0.991
0.992
0.998
1.002
1.000
Oct.
0.988
0.987
0.985
0.984
0.986
0.985
0.986
0.992
0.996
0.994
1.000
TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO A LA RENTA(*)
2001
RENTA GLOBAL IMPONIBLE
Art. 53° del Dec. Leg. Nº 774
Base de Equivalencia en
Cálculo Nuevos Soles
Hasta 54
Hasta:
UIT S/. 162,000.00
Más de 54
UIT
I =
R =
Valor de la UIT Aplicable de 1993 al 2001
PERÍODO APLICABLE
AÑO MESES
Más de
S/. 162,000.00
Impuesto Anual.
Renta Global Anual
(*) Después de la Deducción de 7 UIT.
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Enero - Junio
Julio - Diciembre
Promedio
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero
Febrero - Diciembre
Promedio
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
VALOR (S/.)
1, 350 (1)
1, 700 (1)
1, 525 (2)
1, 700
2, 000
2, 000
2, 200
2,183 (2)
2, 400
2, 600
2, 800
2, 900
3,000
TASA
%
15%
20%
(1) Aplicable para las retenciones y pagos a cuenta del IR de esos meses.
(2) Aplicable para la determinación anual del IR de ese año
(3) Vigente a partir de febrero de 1996.
Fórmula para
calcular el
impuesto
I = (0.15 x R)
I = (0.20 x R) –
S/. 8,100.00
BASE LEGAL
R. M. Nº 370-92-EF/15
R. M. Nº 125-93-EF/15
R. M. Nº 125-93-EF/15
D. S. Nº 168-93-EF
D. S. Nº 178-94-EF
D. S. Nº 178-94-EF
D. S. Nº 012-96-EF (3)
D. S. Nº 012-96-EF
D. S. Nº 134-96-EF
D. S. Nº 177-97-EF
D. S. Nº 123-98-EF
D. S. Nº 191-99-EF
D. S. Nº 145-2000-EF
52
NOVIEMBRE 2001

INDICADORES
Tasas de Interés Moratorio - SUNAT
VIGENCIA
DEL 01.05.1994
AL 30.06.1994
DEL 01.07.1994
AL 30.09.1994
DEL 01.10.1994
AL 02.02.1996
DEL 03.02.1996
AL 31.07.2000
DEL 01.08.2000
AL 31.12.2000
DEL 01.01.2001
AL 31.10.2001
DEL 01.11.2001
A LA FECHA
CONCEPTO
M. N. M. E.
M. N. M. E.
M. N. M. E. M. N. M. E.
M. N. M. E.
M. N. M. E.
M. N. M. E.
• Tasa de Interés
Mensual
3.5% 1.5% 3.0% 1.5% 2.5% 1.5% 2.2% 1.5% 2.2% 1.1% 1.8% 1.1% 1.6% (4) 0.9%
• Tasa de Interés Diario 0.1167% 0.05% 0.10% 0.05% 0.0833% 0.05% 0.07333% (1) 0.05% 0.07333% (2) 0.03667% (3) 0.06% 0.03667% (3) 0.05333% (3) 0.03%
• Interés Inicial (1) 1.05% 0.45% 0.9% 0.45% 0.75% 0.45% – . – – . – – . – – . – – . – – . – – . – – . –
ACUMULACIÓN: Los intereses acumulados al 31 de diciembre se agregarán al tributo impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año
siguiente. Los intereses moratorios correspondientes a los anticipos y pagos a cuenta mensuales, se aplicarán hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal sin
aplicar la acumulación al 31 de diciembre.
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Se aplicaba por única vez, multiplicando el monto del tributo impago por el 30% de la TIM vigente el día del vencimiento de la obligación.
(2) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT a partir del 25 de febrero de 2000 se considera cinco decimales.
(3) En aplicación del artículo 4º de la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT se considera cinco decimales.
(4) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 126-2001/SUNAT.
Tasa de Interés Mensual para Devoluciones
de Pagos indebidos o en exceso
SUNAT (R. de S. Nº 001-2001/SUNAT del 09.01.01) ADUANAS (R. de S. de AduanasNº 000115 del 24.01.01)
VIGENCIA
DEL 01.01.2001
AL 31.12.2001
CONCEPTO
• Tasa de Interés Mensual
• Tasa de Interés Diario (1) M. N.
0.90%
0.03%
M. E.
0.46%
0.01533%
DEL 01.01.2001
AL 31.12.2001
M. N. M. E.
0.90%
0.03%
0.46%
0.01533%
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Según la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT y la R. de S. Nº 116-2000/SUNAT se usa el interés diario con cinco
decimales
Tasa de Interés Moratorio
ADUANAS
VIGENCIA
CONCEPTO
• Tasa de Interés Mensual
• Tasa de Interés Diario
DEL 25.12.96 DEL 01.09.2000
AL 31.08.2000 (1) A LA FECHA (2)
M. N. M. E. M. N. M. E.
2.2%
0.07333%
1.5%
0.05%
2.2%
1.1%
0.07333% 0.03667
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Circ. Nº 46-49-96-ADUANAS/INTA (2) R. S. A. Nº 001326
Tasas de Interés Internacional
DÍA
FECHA
1 MES
LIBOR
3 MESES 6 MESES 1 AÑO PRIME RATE
DÍA
FECHA
LIBOR
1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO PRIME RATE
PROMEDIO SETIEMBRE
Lunes 01.10.01
Martes 02.10.01
Miércoles 03.10.01
Jueves 04.10.01
Viernes 05.10.01
Sábado 06.10.01
Domingo 07.10.01
Lunes 08.10.01
Martes 09.10.01
Miércoles 10.10.01
Jueves 11.10.01
Viernes 12.10.01
Sábado 13.10.01
Domingo 14.10.01
Lunes 15.10.01
Martes 16.10.01
Miércoles 17.10.01
Jueves 18.10.01
Viernes 19.10.01
Sábado 20.10.01
3.158 3.019 2.981 3.093 6.28 Domingo 21.10.01 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
2.638
2.638
2.589
2.580
2.541
N/P
N/P
2.541
2.531
2.531
2.600
2.593
2.500
2.500
2.440
N/P
N/P
2.440
2.431
2.430
2.540
2.530
2.415
2.424
2.351
N/P
N/P
2.351
2.340
2.359
2.680
2.660
2.533
2.560
2.450
N/P
N/P
2.450
2.470
2.499
6.00
6.00
5.50
5.50
5.50
N/P
N/P
5.50
5.50
5.50
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
22.10.01
23.10.01
24.10.01
25.10.01
26.10.01
27.10.01
28.10.01
29.10.01
30.10.01
31.10.01
2.525
2.529
2.430
2.456
2.371
2.423
2.546
2.624
5.50
5.50
PROMEDIO OCTUBRE
N/P
N/P
2.518
2.510
2.501
2.463
2.445
N/P
N/P
N/P
2.431
2.420
2.410
2.390
2.366
N/P
N/P
N/P
2.380
2.360
2.360
2.353
2.321
N/P
N/P
N/P
2.568
2.530
2.535
2.536
2.503
N/P
N/P
N/P
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
N/P
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
01.11.01
02.11.01
03.11.01
04.11.01
05.11.01
06.11.01
07.11.01
08.11.01
2.426
2.420
2.408
2.376
2.354
N/P
N/P
2.343
2.320
2.288
2.353
2.350
2.330
2.310
2.280
N/P
N/P
2.270
2.230
2.200
2.315
2.321
2.301
2.270
2.233
N/P
N/P
2.220
2.171
2.146
2.500
2.528
2.500
2.449
2.400
N/P
N/P
2.374
2.313
2.272
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
N/P
N/P
5.50
5.50
5.50
2.476 2.395 2.339 2.498 5.53
2.280
2.270
N/P
N/P
2.220
2.190
2.091
2.090
2.210
2.200
N/P
N/P
2.165
2.135
2.000
1.999
2.168
2.160
N/P
N/P
2.120
2.090
1.946
1.948
2.293
2.299
N/P
N/P
2.246
2.220
2.060
2.064
5.50
5.50
N/P
N/P
5.50
5.50
5.00
5.00
FUENTE: Bloomberg
NOVIEMBRE 2001 53

INDICADORES
Tasas Activa y Pasiva de Interés:
(Mercado Promedio Ponderado Circular B.C.R. Nº 006 y 007-91-EF/90)
Del 01.10.2001 al 08.11.2001
FECHA
TAMN
(Moneda Nacional)
%A FD FA(1)
TAMEX
(Moneda Extranjera)
%A FD
TIPMN
(N)
TIPMEX
(N)
FA(1) %A %A
L. 01.10.01
M. 02.10.01
M. 03.10.01
J. 04.10.01
V. 05.10.01
S. 06.10.01
D. 07.10.01
L. 08.10.01
M. 09.10.01
M. 10.10.01
J. 11.10.01
V. 12.10.01
S. 13.10.01
D. 14.10.01
L. 15.10.01
M. 16.10.01
M. 17.10.01
J. 18.10.01
V. 19.10.01
S. 20.10.01
D. 21.10.01
L. 22.10.01
M. 23.10.01
M. 24.10.01
J. 25.10.01
V. 26.10.01
S. 27.10.01
D. 28.10.01
L. 29.10.01
M. 30.10.01
M. 31.10.01
J. 01.11.01
V. 02.11.01
S. 03.11.01
D. 04.11.01
L. 05.11.01
M. 06.11.01
M. 07.11.01
J. 08.11.01
23.78
23.64
23.60
23.66
23.72
23.72
23.72
N/P
23.91
23.84
23.80
23.89
23.89
23.89
23.70
23.53
23.57
23.52
23.37
23.37
23.37
23.28
23.08
22.99
23.06
22.89
22.89
22.89
22.99
22.94
23.14
23.14
23.14
23.14
23.14
23.16
22.83
22.90
22.74
0.00059
0.00059
0.00059
0.00059
0.00059
0.00059
0.00059
N/P
0.00060
0.00059
0.00059
0.00060
0.00060
0.00060
0.00059
0.00059
0.00059
0.00059
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00057
0.00058
0.00057
0.00057
0.00057
0.00057
0.00057
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00057
0.00057
0.00057
179.45752
179.56333
179.66904
179.77506
179.88139
179.98777
180.09422
N/P
180.30808
180.41521
180.52223
180.62969
180.73720
180.84479
180.95166
181.05791
181.16438
181.27071
181.37649
181.48234
181.58824
181.69384
181.79868
181.90321
182.00808
182.11232
182.21662
182.32098
182.42581
182.53050
182.63607
182.74170
182.84739
182.95315
183.05896
183.16492
183.26957
183.37457
183.47897
11.92
11.98
12.01
11.96
11.93
11.93
11.93
N/P
11.91
12.06
12.02
12.04
12.04
12.04
12.02
11.96
11.95
11.93
11.90
11.90
11.90
11.83
11.80
11.80
11.81
11.71
11.71
11.71
11.77
11.69
11.69
11.69
11.69
11.69
11.69
11.69
11.67
11.81
11.78
0.00031
0.00031
0.00032
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
N/P
0.00031
0.00032
0.00032
0.00032
0.00032
0.00032
0.00032
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
0.00031
4.88669
4.88823
4.88977
4.89130
4.89284
4.89437
4.89590
N/P
4.89896
4.90051
4.90206
4.90361
4.90516
4.90671
4.90825
4.90979
4.91133
4.91287
4.91441
4.91594
4.91748
4.91900
4.92053
4.92205
4.92358
4.92509
4.92661
4.92813
4.92965
4.93116
4.93268
4.93419
4.93571
4.93722
4.93874
4.94026
4.94177
4.94331
4.94483
6.45
6.43
6.42
6.43
6.44
6.44
6.44
N/P
6.40
6.36
6.31
6.30
6.30
6.30
6.30
6.28
6.33
6.33
6.31
6.31
6.31
6.29
6.23
6.21
6.24
6.23
6.23
6.23
6.21
6.11
6.04
6.04
6.04
6.04
6.04
6.04
5.95
5.96
5.98
2.93
2.93
2.93
2.93
2.92
2.92
2.92
N/P
2.90
2.86
2.85
2.84
2.84
2.84
2.83
2.81
2.81
2.81
2.80
2.80
2.80
2.81
2.79
2.79
2.75
2.75
2.75
2.75
2.76
2.74
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.71
2.69
2.65
2.64
(1) Desde el 01.04.91.
FD= Factor Diario. FA= Factor Acumulado. A= Anual. TAMN= Tasa Activa en Moneda Nacional. TAMEX = Tasa Activa en
Moneda Extranjera. TIPMN= Tasa Pasiva en Moneda Nacional. TIPMEX= Tasa Pasiva en Moneda Extranjera.
(N)= Tasa Nominal. N/P= No Publicado.
Dólar Norteamericano (en S/.):
Del 01.10.2001 al 08.11.2001
FECHA
L. 01.10.01
M. 02.10.01
M. 03.10.01
J. 04.10.01
V. 05.10.01
S. 06.10.01
D. 07.10.01
L. 08.10.01
M. 09.10.01
M. 10.10.01
J. 11.10.01
V. 12.10.01
S. 13.10.01
D. 14.10.01
L. 15.10.01
M. 16.10.01
M. 17.10.01
J. 18.10.01
V. 19.10.01
S. 20.10.01
D. 21.10.01
L. 22.10.01
M. 23.10.01
M. 24.10.01
J. 25.10.01
V. 26.10.01
S. 27.10.01
D. 28.10.01
L. 29.10.01
M. 30.10.01
M. 31.10.01
J. 01.11.01
V. 02.11.01
S. 03.11.01
D. 04.11.01
L. 05.11.01
M. 06.11.01
M. 07.11.01
J. 08.11.01
Promedio
Ponderado
al Cierre de Operaciones
R.C. Nº 007-91-EF/90
C V
3.479
3.478
3.477
3.476
3.476
N/P
N/P
N/P
3.475
3.471
3.467
3.461
N/P
N/P
3.451
3.447
3.451
3.447
3.448
N/P
N/P
3.448
3.452
3.451
3.453
3.451
N/P
N/P
3.449
3.445
3.439
N/P
N/P
N/P
N/P
3.438
3.443
3.448
3.446
3.482
3.481
3.479
3.478
3.479
N/P
N/P
N/P
3.480
3.477
3.471
3.463
N/P
N/P
3.452
3.451
3.453
3.450
3.451
N/P
N/P
3.450
3.453
3.454
3.455
3.452
N/P
N/P
3.451
3.446
3.443
N/P
N/P
N/P
N/P
3.440
3.444
3.449
3.448
Promedio
Ponderado
a la fecha
de publicación(*)
Libre
al
Cierre de
Operaciones
C V C V
3.482
3.479
3.478
3.477
3.476
N/P
N/P
3.476
N/P
3.475
3.471
3.467
N/P
N/P
3.461
3.451
3.447
3.451
3.447
N/P
N/P
3.448
3.448
3.452
3.451
3.453
N/P
N/P
3.451
3.449
3.445
N/P
N/P
3.439
N/P
N/P
3.438
3.443
3.448
3.484
3.482
3.481
3.479
3.478
N/P
N/P
3.479
N/P
3.480
3.477
3.471
N/P
N/P
3.463
3.452
3.451
3.453
3.450
N/P
N/P
3.451
3.450
3.453
3.454
3.455
N/P
N/P
3.452
3.451
3.446
N/P
N/P
3.443
N/P
N/P
3.440
3.444
3.449
3.475
3.475
3.475
3.468
3.465
N/P
N/P
N/P
3.465
3.462
3.460
3.455
N/P
N/P
3.430
3.440
3.450
3.440
3.440
N/P
N/P
3.445
3.445
3.445
3.445
3.430
N/P
N/P
3.435
3.433
3.425
N/P
N/P
N/P
N/P
3.430
3.435
3.445
3.440
3.480
3.485
3.480
3.473
3.473
N/P
N/P
N/P
3.472
3.468
3.470
3.462
N/P
N/P
3.440
3.450
3.460
3.450
3.450
N/P
N/P
3.450
3.452
3.450
3.450
3.450
N/P
N/P
3.442
3.440
3.433
N/P
N/P
N/P
N/P
3.438
3.445
3.450
3.445
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. C = Compra; V = Venta; N/P = No publicado
(*) En el IGV, para la conversión en moneda nacional de operaciones realizadas en moneda extranjera se utiliza el tipo
de cambio promedio ponderado venta publicado correspondiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria
(numeral 17 del artículo 5° del Reglamento de la Ley del IGV e ISC)
54
NOVIEMBRE 2001

INDICADORES
Índice de Reajuste Diario (*)
Para deudas que refiere el Art. 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
Para los convenios de reajuste de deudas según Art. 1235° del Código Civil
Días
2000
Noviembre Diciembre
Enero
5.70501
5.70529
5.70557
5.70585
5.70613
5.70642
5.70670
5.70698
5.70726
5.70754
5.70782
5.70810
5.70838
5.70866
5.70894
5.70923
5.70951
5.70979
5.71007
5.71035
5.71063
5.71091
5.71119
5.71148
5.71176
5.71204
5.71232
5.71260
5.71288
5.71316
5.71344
Febrero
5.71383
5.71422
5.71461
5.71499
5.71538
5.71577
5.71616
5.71655
5.71694
5.71733
5.71772
5.71811
5.71849
5.71888
5.71927
5.71966
5.72005
5.72044
5.72083
5.72122
5.72161
5.72200
5.72239
5.72278
5.72316
5.72355
5.72394
5.72433
----
----
----
Marzo
5.72479
5.72524
5.72570
5.72616
5.72661
5.72707
5.72752
5.72798
5.72844
5.72889
5.72935
5.72981
5.73026
5.73072
5.73118
5.73163
5.73209
5.73255
5.73300
5.73346
5.73392
5.73438
5.73483
5.73529
5.73575
5.73620
5.73666
5.73712
5.73758
5.73803
5.73849
Abril
5.73946
5.74042
5.74139
5.74235
5.74332
5.74429
5.74525
5.74622
5.74719
5.74816
5.74912
5.75009
5.75106
5.75203
5.75299
5.75396
5.75493
5.75590
5.75687
5.75784
5.75881
5.75978
5.76075
5.76172
5.76269
5.76366
5.76463
5.76560
5.76657
5.76754
----
Mayo
5.76677
5.76599
5.76522
5.76444
5.76367
5.76289
5.76212
5.76135
5.76057
5.75980
5.75903
5.75825
5.75748
5.75671
5.75593
5.75516
5.75439
5.75361
5.75284
5.75207
5.75130
5.75052
5.74975
5.74898
5.74821
5.74743
5.74666
5.74589
5.74512
5.74435
5.74358
2001
Junio
5.74363
5.74368
5.74373
5.74377
5.74382
5.74387
5.74392
5.74397
5.74402
5.74406
5.74411
5.74416
5.74421
5.74426
5.74431
5.74435
5.74440
5.74445
5.74450
5.74455
5.74460
5.74465
5.74469
5.74474
5.74479
5.74484
5.74489
5.74494
5.74498
5.74503
----
Julio
5.74492
5.74482
5.74471
5.74461
5.74450
5.74440
5.74429
5.74419
5.74408
5.74398
5.74387
5.74376
5.74366
5.74355
5.74345
5.74334
5.74324
5.74313
5.74303
5.74292
5.74282
5.74271
5.74261
5.74250
5.74239
5.74229
5.74218
5.74208
5.74197
5.74187
5.74176
Agosto
5.74208
5.74239
5.74271
5.74302
5.74334
5.74366
5.74397
5.74429
5.74460
5.74492
5.74524
5.74555
5.74587
5.74619
5.74650
5.74682
5.74713
5.74745
5.74777
5.74808
5.74840
5.74872
5.74903
5.74935
5.74966
5.74998
5.75030
5.75061
5.75093
5.75125
5.75156
Setiembre
Octubre
5.73425
5.73436
5.73448
5.73460
5.73472
5.73483
5.73495
5.73507
5.73518
5.73530
5.73542
5.73554
5.73565
5.73577
5.73589
5.73600
5.73612
5.73624
5.73636
5.73647
5.73659
5.73671
5.73682
5.73694
5.73706
5.73718
5.73729
5.73741
5.73753
5.73764
5.73776
Noviembre
5.73783
5.73791
5.73798
5.73805
5.73812
5.73820
5.73827
5.73834
5.73841
5.73849
5.73856
5.73863
5.73870
5.73878
5.73885
5.73892
5.73899
5.73907
5.73914
5.73921
5.73928
5.73936
5.73943
5.73950
5.73958
5.73965
5.73972
5.73979
5.73987
5.73994
----
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5.68847
5.68890
5.68934
5.68977
5.69021
5.69064
5.69108
5.69151
5.69195
5.69238
5.69282
5.69325
5.69369
5.69413
5.69456
5.69500
5.69543
5.69587
5.69630
5.69674
5.69718
5.69761
5.69805
5.69848
5.69892
5.69936
5.69979
5.70023
5.70066
5.70110
----
5.70122
5.70133
5.70145
5.70157
5.70169
5.70180
5.70192
5.70204
5.70215
5.70227
5.70239
5.70251
5.70262
5.70274
5.70286
5.70297
5.70309
5.70321
5.70333
5.70344
5.70356
5.70368
5.70379
5.70391
5.70403
5.70415
5.70426
5.70438
5.70450
5.70461
5.70473
5.75098
5.75040
5.74981
5.74923
5.74865
5.74807
5.74749
5.74691
5.74633
5.74574
5.74516
5.74458
5.74400
5.74342
5.74284
5.74226
5.74168
5.74110
5.74052
5.73994
5.73935
5.73877
5.73819
5.73761
5.73703
5.73645
5.73587
5.73529
5.73471
5.73413
----
(*) El índice de reajuste de deudas se ejerce respecto de pasivos de las empresas contraídos a plazo no menor de noventa días (90). No es aplicable para el
cálculo de intereses ni para determinar el valor al día del pago de las prestaciones a ser restituidas por mandato de la Ley o Resolución Judicial, según el
artículo1236° del Código Civil.
FUENTE: Banco Central de Reserva.
Factor de conversión para Declaración de base imponible en ADUANAS
País
Alemania R. F. de
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Bélgica
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Corea
Chile
Dinamarca
Ecuador
España
Fiji
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hong Kong
India
Indonesia
Inglaterra
Moneda
Marco
Peso
Dólar Australiano
Chelín Austriaco
Dólar de Barbados
Franco Belga
Boliviano
Real
Dólar Canadiense
Peso
Won
Peso
Corona
Sucre
Peseta
Dólar de Fiji
Marco Finés (Markka)
Franco
Dracma
Florín
Dólar
Rupia
Rupia
Libra Esterlina
(1) Según Resolución de Intendencia Nacional Nº ADL/2001-000120
(2) Según Resolución de Intendencia Nacional Nº ADL/2001-000168
(3) Según Resolución de Intendencia Nacional Nº ADL/2001-000191
FUENTE: Aduanas
Equivalencia en US$
Equivalencia en US$
Del 09.08.2001 Del 08.09.2001 Desde el
Del 09.08.2001 Del 08.09.2001 Desde el
al 07.09.2001 (1) País
Moneda
al 18.10.2001 (2) 19.10.2001 (3) al 07.09.2001 (1) al 18.10.2001 (2) 19.10.2001 (3)
0.450918
1.001001
0.518300
0.064103
0.502513
0.021863
0.150331
0.400802
0.650957
0.000436
0.000777
0.001475
0.118329
0.000040
0.005300
0.432400
0.147820
0.134445
0.002579
0.400192
0.128370
0.021249
0.000104
1.434400
0.466048
1.002004
0.509800
0.066534
0.502513
0.022599
0.149187
0.391850
0.645328
0.000436
0.000785
0.001511
0.122447
0.000040
0.005503
0.449000
0.152950
0.138972
0.002669
0.413668
0.128370
0.021245
0.000113
1.454300
0.465376
1.001001
0.491300
0.066138
0.502513
0.022563
0.148544
0.374953
0.633352
0.000429
0.000770
0.001440
0.122399
0.000040
0.005470
0.428000
0.153219
0.138760
0.002674
0.413035
0.128370
0.020921
0.000103
1.473600
Israel
Nuevo Shekel
Italia
Lira
Japón
Yen
Kuwait
Dinar de Kuwait
Malasia
Dólar Malasio o Ringgit
México
Nuevo Peso
Noruega
Corona
Nueva Zelanda Dólar Neozelandés
Panamá
Balboa
Pakistán
Rupia Paquistaní
Paraguay Guaraní
Portugal
Escudo
Rusia
Rublo
Singapur Dólar de Singapur
Siria
Libra Siria
Suecia
Corona
Sudáfrica, Rep. de Rand
Suiza
Franco Suizo
Taiwán
Nuevo Dólar de Taiwán
Tailandia Baht
Uruguay
Peso
Venezuela Bolívar
Comunidad Andina Peso Andino
Unión Europea Euro
0.237643
0.000455
0.008028
3.259452
0.263227
0.108613
0.109987
0.414300
1.000000
0.015662
0.000235
0.004399
0.034090
0.554477
0.018699
0.094913
0.121386
0.583942
0.028843
0.021877
0.075358
0.001376
1.000000
0.881400
0.234769
0.000471
0.008418
3.277614
0.263227
0.108696
0.113153
0.437700
1.000000
0.015674
0.000231
0.004567
0.033990
0.574713
0.019920
0.096132
0.118679
0.601287
0.029002
0.022701
0.075075
0.001359
1.000000
0.915200
0.229885
0.000470
0.008369
3.281917
0.263227
0.105374
0.112573
0.406500
1.000000
0.015637
0.000226
0.004540
0.033952
0.566572
0.019286
0.093488
0.111041
0.616447
0.029019
0.022492
0.073314
0.001348
1.000000
0.909800
NOVIEMBRE 2001 55

LEGISLACIÓN
Principales Dispositivos Legales
Del 21 de octubre al 06 de noviembre de 2001
ESTABLECEN DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INS-
TRUCTIVOS NºS. 2, 6 Y 7 DEL SISTEMA DE CONTABI-
LIDAD GUBERNAMENTAL (26.10.2001 – 211879)
RESOLUCIÓN CONTADURÍA
Nº 143-2001-EF/93.01
Lima, 25 de octubre de 2001
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01 se aprobaron
entre otros Instructivos, el Nº 02 «Criterios de Valuación de los
Bienes del Activo Fijo, Método y Porcentajes de Depreciación y Amortización
de los Bienes del Activo Fijo e Infraestructura Pública», el Nº
06 «Periodicidad de Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios»
y el Nº 07 «Cierre Contable»;
Que, es necesario establecer un porcentaje anual de depreciación
especial para los «Equipos de Cómputo», considerando su rápida
obsolescencia, debido al avance de la tecnología, comprendido en el
concepto Muebles y Enseres en el Instructivo Nº 02;
Que, es conveniente homogeneizar los períodos de presentación de
los estados financieros y presupuestarios, establecidos en el Instructivo
Nº 06;
Que, es necesario precisar la fecha de cálculo y registro de los ajustes
técnicos establecidos en el Instructivo Nº 07;
Que, es conveniente sustituir el numeral 5.6 en el Instructivo Nº 07,
a fin de precisar la fecha de recepción de información cuando ésta
ha sido reestructurada;
Que, es necesario adicionar el numeral 5.9 en el Instructivo Nº 07, a
fin de establecer los medios de presentación de información para la
Cuenta General de la República y precisar el alcance de los Artículos
12° y 24° de la Ley Nº 27312 de Gestión de la Cuenta General de la
República, respecto a la determinación de omisos a la presentación
de la información para la Cuenta General de la República;
Estando a lo propuesto por las Direcciones Generales de Investigación
de la Contabilidad y Contabilidad del Sector Público, con la aprobación
de la Alta Dirección y la visación de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley Nº
24680, del Sistema Nacional de Contabilidad, modificado por el Artículo
277° de la Ley Nº 24977;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- ESTABLECER en 25% el porcentaje anual de depreciación
de los «Equipos de Cómputo», que se encuentran comprendidos
como bienes del Activo Fijo en el concepto de Muebles y Enseres,
numeral 5.2 del Instructivo Nº 02. Para los demás bienes contabilizados
en la cuenta divisionaria «Muebles y Enseres» se continuará
aplicando el porcentaje anual de depreciación de 10%.
Artículo 2°.- ESTABLECER que el período de presentación de los
Estados Financieros y Presupuestarios por parte de las entidades
usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental, a que se refiere
el numeral 5.1 del Instructivo Nº 06, será trimestral.
Artículo 3°.- ADICIONAR en el numeral 3, Cálculo y Registro de
Ajustes Técnicos del Instructivo Nº 07, el párrafo siguiente:
«A partir del año 2002 el cálculo y registro de los ajustes técnicos se
efectuará en forma mensual».
Artículo 4°.- SUSTITUIR el numeral 5.6 del Instructivo Nº 07, el
que quedará redactado en la forma siguiente:
«5.6 FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA INFOR-
MACIÓN PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
La información para la Cuenta General de la República deberá ser
presentada hasta el 31 de marzo del año siguiente del Ejercicio
materia de rendición de cuentas, en Mesa de Partes de la Oficina
General de Administración de la Contaduría Pública de la Nación,
dirigido al Contador General de la Nación.
Dirección: Jirón Lampa 277-Lima 1: Carpeta y medio magnético
Correo electrónico: contaduria@mef.gob.pe.
En caso que la información presentada a la Contaduría Pública de la
Nación sea reestructurada, se tomará como fecha definitiva esta
última información recepcionada».
Artículo 5°.- ADICIONAR el numeral 5.9 en el Instructivo Nº 07 lo
siguiente:
«5.9 MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ
COMO LA DETERMINACIÓN DE OMISOS.
La información que remitan los usuarios del Sistema de Contabilidad
Gubernamental a la Contaduría Pública de la Nación, para la elaboración
de la Cuenta General de la República, deberá ser procesada a
través de los programas SIAF o SICON, según corresponda, y presentarla
obligatoriamente por medio magnético o su transmisión por medio
electrónico y la carpeta respectiva, que deberá contener la misma información
que la enviada por los medios antes indicados.
Las entidades usuarias que al 31 de marzo, no cumplan con presentar
información integral o su información fuera calificada por la
Contaduría Pública de la Nación como inconsistente serán consideradas
omisas a la presentación de la información».
Artículo 6°.- La presente Resolución rige a partir del día siguiente
de su publicación, excepto lo dispuesto en los Artículos 2° y 3° que
rige a partir del ejercicio 2002.
Artículo 7°.- Derógase o déjense en suspenso las normas que se
opongan a la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR A. PAJUELO RAMÍREZ
Contador General de la Nación
AMPLÍAN PLAZO PARA PAGO DEL DERECHO DE VI-
GENCIA Y DE PENALIDAD A QUE SE REFIEREN LOS
ARTÍCULOS 39° Y 40° DEL TUO DE LA LEY GENERAL
DE LA MINERÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001
(31.10.2001 – 212087)
DECRETO DE URGENCIA
Nº 123-2001
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 118° numeral 19 de la Constitución Política del Perú
establece que corresponde al Presidente del Perú dictar las medidas
extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley,
en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés
nacional, y con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Que por Decreto de Urgencia Nº 079-2001, se amplió hasta el 31 de
octubre de 2001 la oportunidad de pago correspondiente al año
2001 de las obligaciones contenidas en los Artículos 39° y 40° del
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por
Decreto Supremo Nº 014-92-EM;
Que continúan las causas y condiciones que dieron origen a dicho
decreto de urgencia;
Que las medidas extraordinarias contenidas en el presente decreto
de urgencia versan sobre asuntos económicos y financieros y no
afectan materia tributaria;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Artículo 118°
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1°.- Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2001 la oportunidad
de pago correspondiente al año 2001 de las obligaciones contenidas
en los Artículos 39° y 40° del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-
EM.
Artículo 2°.- El presente Decreto de Urgencia será refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y
Finanzas y el Ministro de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de
octubre del año dos mil uno.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
FIJAN TASAS DE INTERÉS MORATORIO APLICABLES
A DEUDAS TRIBUTARIAS EN MONEDA NACIONAL Y
EXTRANJERA (31.10.2001 – 212128)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 126-2001/SUNAT
Lima, 30 de octubre de 2001
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 33° del Texto
Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, compete a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) fijar
la Tasa de Interés Moratorio (TIM), respecto a los tributos que
administra y/o recauda;
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 33° del TUO del
Código Tributario, así como el inciso k) del Artículo 6° del TUO del
Estatuto de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia
Nº 041-98/SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Fíjase en uno y seis décimos por ciento (1.6%) men-
56
NOVIEMBRE 2001

LEGISLACIÓN
sual, la Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas
tributarias en Moneda Nacional, correspondientes a tributos administrados
y/o recaudados por la SUNAT.
Artículo 2°.- Fíjase en nueve décimos por ciento (0.9%) mensual,
la Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas tributarias
en Moneda Extranjera, correspondientes a tributos administrados
y/o recaudados por la SUNAT.
Artículo 3°.- Las tasas establecidas en la presente Resolución rigen
a partir del 1 de noviembre de 2001.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BEATRIZ MERINO LUCERO
Superintendente Nacional
MODIFICAN EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
APLICABLE A LA GASOLINA PARA MOTORES, KERO-
SENE Y GASOILS (02.11.2001 – 212179)
DECRETO SUPREMO
Nº 212-2001-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 61° del Texto Único Ordenado-TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas
modificatorias, establece que por Decreto Supremo refrendado por
el Ministro de Economía y Finanzas, se podrá modificar las tasas y/
o montos fijos, así como los bienes contenidos en los Apéndice III y/
o IV;
Que, es conveniente modificar el Impuesto Selectivo al Consumo aplicable
a los bienes contenidos en el Nuevo Apéndice III;
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 61° del TUO de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo;
DECRETA:
Artículo 1°.- Modifícase el Impuesto Selectivo al Consumo aplicable
a los siguientes bienes contenidos en el Nuevo Apéndice III
del Texto Único Ordenado-TUO de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto
Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, en la forma
siguiente:
PARTIDAS
ARANCELARIAS
2710.00.19.00
2710.00.41.00
2710.00.50.10/
2710.00.50.90
PRODUCTOS
Gasolina para motores
– Hasta 84 octanos
– Más de 84 hasta 90
octanos
Kerosene
Gasoils
MONTO EN
NUEVOS SOLES
S/. 2,36 por galón
S/. 3,03 por galón
S/. 0,68 por galón
S/. 1,97 por galón
Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas y entrará en vigencia el día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de
noviembre del año dos mil uno.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
Índice de Precios - INEI
MES
Enero
Febrero
Marzo
A. Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana y Variación Porcentual
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL
Base: Año 1994 =100.00
MENSUAL
ACUMULADA ANUAL (1)
AÑO
1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
139.21
140.93
142.79
146.27
146.73
147.63
151.80
152.53
153.36
157.66
158.05
158.85
0.91
1.23
1.32
0.01
0.31
0.61
0.07
0.48
0.54
0.19
0.25
0.51
0.91
2.15
3.50
0.01
0.33
0.94
0.07
0.55
1.09
0.19
0.43
0.94
6.91
8.13
8.18
5.07
4.12
3.39
3.78
3.95
3.88
3.86
3.62
3.58
Abril
Mayo
Junio
143.66
144.52
145.28
148.50
149.20
149.47
154.14
154.17
154.27
158.19
158.23
158.14
0.61
0.59
0.53
0.59
0.47
0.18
0.51
0.02
0.06
-0.42
0.02
-0.06
4.13
4.75
5.31
1.54
2.02
2.20
1.61
1.63
1.69
0.52
0.55
0.49
8.42
8.26
7.66
3.37
3.24
2.88
3.80
3.33
3.21
2.63
2.63
2.51
Julio
Agosto
Setiembre
146.19
146.58
145.79
149.86
150.12
150.81
155.07
155.79
156.66
158.41
157.93
158.03
0.63
0.26
-0.54
0.26
0.17
0.46
0.52
0.47
0.56
0.17
-0.30
0.06
5.97
6.25
5.68
2.47
2.64
3.12
2.22
2.70
3.27
0.66
0.36
0.42
7.44
7.48
6.60
2.51
2.42
3.44
3.48
3.78
3.88
2.15
1.37
0.87
Octubre
Noviembre
Diciembre
145.30
145.35
146.25
150.63
151.04
151.70
157.02
157.12
157.36
158.09
-0.33
0.03
0.62
-0.12
0.28
0.43
0.23
0.06
0.15
0.04
5.32
5.35
6.01
2.99
3.28
3.73
3.51
3.57
3.73
0.46
6.07
6.03
6.01
3.67
3.91
3.73
4.24
4.03
3.73
0.68
(1) Respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.
MES
Enero
Febrero
Marzo
AÑO
B. Índice General de Precios al Por Mayor (IPM) a Nivel Nacional y Variación Porcentual
Número Índice
VARIACIÓN PORCENTUAL
2000
2001
MENSUAL ACUMULADA DOCE MESES
Base 1990 Base 1994 Base 1990 Base 1994 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
1662.570967
1668.572489
1674.926678
149.650497
150.190703
150.762653
1726.946089
1731.033667
1732.036717
155.444998
155.812927
155.903213
0.13
1.15
0.64
0.08
0.36
0.38
0.12
0.24
0.06
0.13
1.28
1.93
0.08
0.44
0.83
0.12
0.35
0.41
5.26
5.49
4.94
5.43
4.61
4.34
3.87
3.74
3.41
Abril
Mayo
Junio
1682.444095
1684.858598
1687.595837
151.439307
151.656640
151.903023
1729.898868
1730.930570
1729.001871
155.710782
155.803647
155.630042
0.58
0.18
0.11
0.45
0.14
0.16
-0.12
0.06
-0.11
2.52
2.70
2.82
1.28
1.42
1.59
0.29
0.35
0.23
5.23
5.05
4.87
4.21
4.17
4.22
2.82
2.73
2.45
Julio
Agosto
Setiembre
1697.520148
1697.888589
1710.176831
152.796325
152.829489
153.935572
1717.947494
1711.842363
1715.233219
154.635021
154.085489
154.390705
0.56
0.12
0.47
0.59
0.02
0.72
-0.64
-0.36
0.20
3.39
3.51
4.00
2.19
2.21
2.95
-0.41
-0.76
-0.56
4.65
4.15
4.17
4.25
4.15
4.41
1.20
0.82
0.30
Octubre
Noviembre
Diciembre
1715.921742
1723.331418
1724.955066
154.452680
155.119636
155.265783
1704.823437
153.453705
0.51
0.50
0.41
0.34
0.43
0.09
-0.61
4.53
5.05
5.48
3.29
3.74
3.84
-1.17
4.64
5.10
5.48
4.23
4.16
3.84
-0.65
NOVIEMBRE 2001 57

LEGISLACIÓN SUMILLADA
Legislación Tributaria
Del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2001
1. SUNAT – Organización interna
(10.10.2001 – 211026).
Mediante R. de S. Nº 117-2001/SUNAT se
delega en el Superintendente Nacional Adjunto
la facultad de firmar, en representación de
SUNAT, contratos con personas naturales o
jurídicas y convenios de cooperación con entidades
del Sector Público y Privado.
2. SUNAT – Fedatarios (10.10.2001 -
211026).
Por R. de S. Nº 118-2001/SUNAT se aprueba
la relación de Fedatarios titulares y alternos de
la Intendencia Regional Lima.
3. SISTEMA FINANCIERO – Normas reglamentarias
sobre auditoría (11.10.2001 –
211092).
Mediante R. de SBS Nº 741-2001 se aprueba
el Reglamento de Auditoría Externa para las
cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas
a operar con recursos del público.
4. SISTEMA FINANCIERO – Normas reglamentarias
sobre auditoría (11.10.2001 –
211095).
Por R. de SBS Nº 742-2001 se aprueba el Reglamento
de Auditoría Interna para las cooperativas
de ahorro y crédito no autorizadas a
operar con recursos del público.
5. SISTEMA FINANCIERO – Normas reglamentarias
sobre auditoría (11.10.2001 –
211098).
Mediante R. de SBS Nº 743-2001 se aprueba
el Reglamento del Sistema de Control Interno
para las cooperativas de ahorro y crédito no
autorizadas a operar con recursos del público.
6. IMPUESTO A LA RENTA – Normas reglamentarias
(12.10.2001 – 211118) (1) .
Por D. S. Nº 205-2001-EF se establecen disposiciones
reglamentarias para la aplicación
del beneficio de reducción de la tasa del Impuesto
a la Renta correspondiente al ejercicio
2001.
7. CONGRESO DE LA REPÚBLICA – Aprobación
de Leyes (13.10.2001 - 211176).
Mediante R. Leg. Nº 011-2001-CR se modifica
el Reglamento del Congreso, entre otros,
para precisar el procedimiento de aprobación
de las Leyes sobre tributación. La Fe de Erratas
ha sido publicada el 18 de octubre en la página
211384.
8. SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES – Nulidad
de afiliación de trabajadores
(13.10.2001 – 211197).
Por R. de SBS Nº 751-2001 se sustituyen diversos
artículos del Título V del Compendio de
Normas de Superintendencia Reglamentarias
del Sistema Privado de Administración de Fondos
de Pensiones.
9. SISTEMA FINANCIERO – Compensación de
débitos y créditos (14.10.2001 – 211232).
Mediante Circular Nº 024-2001-EF/90 se
aprueba el Reglamento de las Cámaras de
Compensación de Débitos Directos.
10. ISC – Bienes sujetos al Sistema Específico
(16.10.2001 - 211280) (1) .
Por R. M. Nº 309-2001-EF/15 se actualizan
los montos fijos vigentes aplicables a los bienes
sujetos al Sistema Específico del ISC (derivados
del petróleo y cerveza).
11. TRANSPORTE – Normas reglamentarias
(16.10.2001 – 211299).
Mediante D. S. Nº 044-2001-MTC se modifica
el artículo 29° del Reglamento Nacional de
Responsabilidad Civil y Seguros obligatorios
por Accidentes de Tránsito, a fin de uniformizar
los costos de cobertura del seguro.
12. TÍTULOS-VALORES – Formatos estandarizados
de pagarés (17.10.2001 –
211347).
Por R. de SBS Nº 763-2001 se aprueban modelos
y formatos estandarizados de pagarés
presentados por la Asociación de Bancos del
Perú.
13. SISTEMA FINANCIERO – Normas reglamentarias
(17.10.2001 - 211356).
Mediante R. de SBS Nº 764-2001 se aprueba
el Reglamento de requerimientos patrimoniales
de las empresas de seguros y reaseguros.
14. ADUANAS- Factor de conversión monetaria
(18.10.2001 – 211394).
Por R. I. N. Nº 000 ADL/2001-000191 se fijan
los factores de conversión monetaria que
deben utilizarse en la declaración de la base
imponible en ADUANAS.
15. ELECTRICIDAD E HIDROCARBUROS –
Aportes por Regulación (19.10.2001 –
211419) (1) .
Mediante D. S. Nº 114-2001-PCM se establecen
alícuotas de los aportes por Regulación a
cargo de las empresas y entidades de los subsectores
electricidad e hidrocarburos.
16. LABORAL – Día feriado no laborable
(19.10.2001 - 211420).
Por D. S. Nº 115-2001-PCM se declara el día
viernes 2 de noviembre de 2001 como feriado
no laborable a nivel nacional para todos los
efectos legales.
17. ISC – Aplicación a los derivados del petróleo
(19.10.2001 - 211426) (1) .
Mediante D. S. Nº 209-2001-EF se modifican
los montos fijos del ISC aplicables a los productos
gasolina para motores, kerosene y gasoils
(derivados del petróleo), a partir del día
de su publicación.
18. ESSALUD – Prestaciones de salud
(19.10.2001 – 211460).
Por R. G. G. Nº 486-GG-ESSALUD-2001 se
establecen las normas complementarias para
que los asegurados puedan acceder a prestaciones
de salud de admisión de consulta externa,
emergencia y hospitalización en centros
asistenciales de ESSALUD.
19. SUNAT – Remuneraciones de funcionarios
(20.10.2001 – 211491).
Mediante D. S. Nº 210-2001-EF se precisa el
monto bruto anual máximo que puede percibir,
por todo concepto, el Superintendente de
la SUNAT y el Jefe de Aduanas.
20. AVIACIÓN – Transporte aéreo
(20.10.2001 – 211502).
Por D. S. Nº 081-2001-RE se aprueba la adhesión
del Perú al “Acuerdo Multilateral sobre
Liberalización del Transporte Aéreo Internacional”
suscrito en Estados Unidos el 01 de mayo
de 2001.
21. IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDA-
RIDAD – Alícuota del Impuesto
(21.10.2001 – 211535) (1) .
Mediante Ley Nº 27535 se ha dispuesto el
mantenimiento del Impuesto Extraordinario de
Solidaridad (IES) hasta el 31 de agosto de 2001
con la alícuota de 2 por ciento.
22. PESQUERÍA – Declaraciones juradas por
derechos de pesca (22.10.2001 -
211615).
Por R. D. Nº 276-2001-PE/DNEPP se aprueba
el formato de la Declaración Jurada Mensual
para la liquidación de derechos de pesca
de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa
correspondiente al ejercicio 2001.
––––––––
(1) Publicada en Informe Tributario Nº125, octubre
de 2001.
58
NOVIEMBRE 2001

LEGISLACIÓN SUMILLADA
23. PESQUERÍA – Declaraciones juradas por
derechos de pesca (22.10.2001 -
211620).
Mediante R. D. Nº 277-2001-PE/DNEPP se
aprueba el formato de la Declaración Jurada
Mensual para la liquidación de derechos de
pesca del recurso bacalao de profundidad, correspondiente
al ejercicio 2001.
24. PESQUERÍA – Declaraciones juradas por
derechos de pesca (22.10.2001 -
211626).
Por R. D. Nº 278-2001-PE/DNEPP se aprueba
el formato de la Declaración Jurada Mensual
para la liquidación de derechos de pesca
del recurso merluza correspondiente al ejercicio
2001.
25. CONASEV – Infracciones y sanciones
(23.10.2001 - 211670).
Mediante R. de CONASEV Nº 055-2001-EF/
94.10 se aprueba el Reglamento de Sanciones
por Infracciones a las leyes del Mercado
de Valores, de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras, de Bolsa de Productos,
de Empresas Administradoras de Fondos
Colectivos, y normas reglamentarias.
26. SISTEMA FINANCIERO – Normas reglamentarias
(24.10.2001 - 211704).
Por Circular Nº B-2101-2001 se establecen
precisiones para el otorgamiento y pago de
avales, fianzas y otras garantías.
27. ADUANAS – Declaración Única de Aduanas
(24.10.2001 – 211705).
Mediante R. de S. de Aduanas Nº 001206 se
prorroga la suspensión de cobro de la tasa aplicable
a operadores de comercio exterior cada
vez que el sistema informático de ADUANAS
les rechace envío de documentos por teledespacho.
28. ADUANAS – Derechos arancelarios
(24.10.2001 – 211705).
Por Circular Nº INTA-CR.062-2001 se establecen
precisiones para consignar datos en la relación
de insumos importados que forma parte
de la solicitud de Restitución de Derechos
arancelarios ad valorem.
29. ADUANAS – Valoración Aduanera
(25.10.2001 - 211798).
Mediante R. de S. de Aduanas Nº 001204 se
dispone la aplicación del mecanismo de la
Duda Razonable en despacho, en las Intendencias
de Aduana de Ilo, Mollendo y Tacna.
30. ADUANAS – Valoración Aduanera
(26.10.2001 – 211869).
Por R. I. N. Nº 000 ADT/2001-002335 se
aprueba el nuevo texto del Procedimiento Específico
adecuado al Sistema de Calidad de
ADUANAS “Valoración de Mercancías según
Acuerdo de la OMC” INTA-PE.01.10a (Versión
3).
31. CONTABILIDAD – Normas contables gubernamentales
(26.10.2001 – 211879) (2)
Mediante R. de C. Nº 143-2001-EF/93.01 se
establecen disposiciones referidas a los Instructivos
Nºs. 2 (Criterios de valuación de los bienes
del Activo Fijo), 6 (Periodicidad de Presentación
de Estados Financieros y Presupuestarios)
y 7 (Cierre Contable) del Sistema de Contabilidad
Gubernamental.
32. LABORAL – Trabajo Infantil (28.10.2001
– 211971).
Por R. Leg. Nº 27543 se aprueba el “Convenio
182 de la OIT sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción
Inmediata para su eliminación”, adoptado por
la Conferencia Internacional del Trabajo en
junio de 1999.
33. SANCIONES PENALES – Represión del
Terrorismo (29.10.2001 – 212011).
Mediante R. Leg. Nº 27544 se aprueba el
“Convenio Internacional para la Represión de
la Financiación del Terrorismo”, adoptado en
Nueva York el 10 de enero de 2000.
34. ELECTRICIDAD – Tarifa eléctrica (30.10.01
– 212078).
Por R. de Cons. Direc. Nº 2123-2001-OS/CD
se aprueban las normas para los procedimientos
de aplicación del Fondo de compensación
Social Eléctrica (FOSE).
35. ELECTRICIDAD – Tarifa eléctrica (30.10.01
– 212084).
Mediante R. de Cons. Direc. Nº 2124-2001-
OS/CD se aprueba el Factor de Recargo del
FOSE aplicable a cargos tarifarios de usuarios
del servicio público de electricidad de sistemas
interconectados.
36. SUNAT – Ejecutores Coactivos (30.10.01
– 212085).
Por R. de S. Nº 125-2001/SUNAT se nombran
ejecutores coactivos de las Intendencias
Regionales de Lima, La Libertad y Loreto.
37. MINERÍA – Derecho de vigencia
(31.10.2001 – 212087) (2) .
Mediante Decreto de Urgencia Nº 123-2001
se amplía el plazo para el pago del derecho
de vigencia y de las penalidad correspondientes
al año 2001, que han sido establecidos en
los artículos 39° y 40° del TUO de la Ley General
de Minería.
38. TRANSPORTE – Normas reglamentarias
(31.10.2001 – 212106).
Por D. S. Nº 047-2001-MTC se establecen límites
máximos permisibles de emisiones contaminantes
para vehículos automotores que circulen
en la red vial.
39. SUNAT - Tasas de interés moratorio
(31.10.2001 - 212128) (2) .
Mediante R. de S. Nº 126-2001/SUNAT se
establece que, a partir del 1 de noviembre de
2001, la Tasa de Interés Moratorio aplicable a
deudas tributarias en moneda nacional será
de 1.6 por ciento mensual y la Tasa de Interés
Moratorio para deudas tributarias en moneda
extranjera será de 0.9 por ciento mensual.
40. ISC – Aplicación a los derivados del petróleo
(02.11.2001 – 212179) (2) .
Por D. S. Nº 212-2001-EF se modifican los
montos fijos del ISC aplicables a los productos
gasolina para motores, kerosene y gasoils (derivados
del petróleo), a partir del día de su
publicación.
41. ADUANAS – Convenio de Cooperación
Mutua (02.11.2001 – 212184).
Mediante D. S. Nº 082-2001-RE se ratifica el
Protocolo de Modificación del Convenio sobre
Cooperación y Asistencia Mutua entre Direcciones
Nacionales de Aduanas celebrado en
México el año 1999.
42. ADUANAS – Derechos Antidumping
(02.11.2001 – 212198).
Por Resolución Nº 024-2001/CDS-INDECOPI
se dispone la aplicación de Derechos Antidumping
provisionales ad valorem FOB sobre las
importaciones de calzado originarias o provenientes
de Indonesia.
43. ADUANAS – Procedimientos aduaneros
(06.11.2001 – 212250).
Mediante Circular Nº INTA-CR-063-2001 se
establece el procedimiento de reembarque de
combustible para suministro de naves de bandera
extranjera.
–––––––––––––
ABREVIATURAS
D. S. : Decreto Supremo
Dec. Leg. : Decreto Legislativo
R. Adm. : Resolución Administrativa
R. D. : Resolución Directoral
R. G.G. : Resolución de Gerencia General
R. I. N. ADUANAS : Resolución de Intendencia Nacional
de Aduanas
R. J. : Resolución Jefatural
R. Leg. : Resolución Legislativa
R. M. : Resolución Ministerial
R.P.C.E.N. : Resolución del Presidente del
Consejo Ejecutivo Nacional
R.P.D.I.
: Resolución de la Presidencia
del Directorio de INDECOPI
R. S. : Resolución Suprema
R. de A. : Resolución de Alcaldía
R. de Cons. Direc. : Resolución de Consejo Directivo
R. de C. : Resolución de Contaduría
R. de CONASEV : Resolución de CONASEV
R. de I. : Resolución de Intendencia
R. de Pres. Ejec. : Resolución de Presidencia Ejecutiva
R. de S. : Resolución de Superintendencia
R. de SBS : Resolución de Superintendencia
de Banca y Seguros
R. VM. : Resolución Viceministerial
––––––––
(2) Publicada en el presente número de Análisis Tributario.
NOVIEMBRE 2001 59