informe tributario - AELE

JURISPRUDENCIA COMENTADA
durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 775 y el segundo, a
partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 821;
Que de acuerdo con los mencionados Decretos Legislativos, el
primero vigente desde el 1 de enero de 1994 hasta el 23 de abril
de 1996 y el segundo del 24 de abril en adelante, el Impuesto
General a las Ventas grava, entre otras operaciones, la utilización
de los servicios en el país; definiéndose para estos efectos los servicios
como toda acción o prestación que una persona realiza para
otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que constituya
o se considere renta de tercera categoría para los efectos de Impuesto
a la Renta; aun cuando no esté afecto a este último impuesto,
y al arrendamiento de bienes e inmuebles, y el arrendamiento
financiero;
Que la definición de «servicios» contenida en las leyes del Impuesto
General a las Ventas aplicables a los períodos acotados, es
bastante amplia, pues el término prestación comprende tanto las
obligaciones de dar, como las de hacer y de no hacer, por lo que, a
fin de precisar sus alcances es necesario que dicha definición sea
interpretada en concordancia con las demás definiciones y normas
que contienen dichas leyes;
Que así, de las referidas normas se desprende que las prestaciones
de dar que implican la transferencia de bienes en propiedad,
están comprendidas en las operaciones de venta de bienes
muebles, en tanto que la definición de servicios comprende las prestaciones
de hacer y, excepcionalmente, cuando el servicio es definido
como arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, a las prestaciones
de dar que importen la cesión en uso de bienes;
Que conforme el inciso b) del artículo 3° del Decreto Legislativo
Nº 775 y del numeral 10) del artículo 2° del Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 029-94-EF, la definición de bienes muebles
comprendía únicamente a los bienes corporales que pueden
llevarse de un lugar a otro, a los derechos referentes a los mismos
así como a las naves y aeronaves; quedando expresamente excluidos
los bienes incorporales o intangibles, tales como marcas, patentes,
derechos de llave y similares;
Que de lo expuesto se concluye que cuando la ley antes citada
definía los servicios como arrendamiento, sólo se refería al arrendamiento
de bienes muebles corporales y no al arrendamiento de
bienes intangibles o incorporales, el cual no estaba afecto al impuesto
toda vez que, como se ha visto, los bienes intangibles estaban
fuera del campo de aplicación del impuesto, tal como se ha
pronunciado el Tribunal Fiscal en las Resoluciones Nºs. 2028-4-96,
1008-5-97 y 856-2-97; por lo que corresponde levantar el reparo
efectuado por la Administración Tributaria en el mes de febrero de
1996;
Que en una clara innovación, el inciso b) del artículo 3° del
Decreto Legislativo Nº 821, incluye dentro de la definición de los
bienes muebles a los intangibles, teniendo como fundamento que
las operaciones referidas a ellos tienen las mismas características
que los referidos bienes corporales;
Que en tal sentido, se encuentra gravado, a partir de la vigencia
del Decreto Legislativo Nº 821, el arrendamiento de los signos
distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares,
entre los que se comprende al pago de regalías; por lo que
procede mantener los reparos efectuados por la Administración en
los meses de junio, octubre y diciembre de 1996;
Que respecto a lo argumentado por la empresa recurrente en el
sentido de que el arrendamiento de bienes muebles es figura disímil
de la cesión de uso de bienes muebles, cabe señalar que la
Norma IX del Título Preliminar del citado Código Tributario permite
la aplicación supletoria de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 774, la cual dispone en el primer
párrafo de su artículo 27° que cualquiera sea la denominación que
acuerden las partes, se considera regalía a toda contraprestación
en efectivo o en especie originada por el uso o por el privilegio de
usar patentes, marcas, diseños o modelos, etc.;
Que de otro lado, el artículo 1666° del Código Civil señala que
por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente
al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida;
Que de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que la cesión
en uso de una marca origina el pago de regalías, figura jurídica
que califica como un arrendamiento o cesión temporal en uso de
un bien intangible, por lo que constituye una operación que como
se ha explicado en los párrafos precedentes, se encuentra gravada
con el Impuesto General a las Ventas a partir del Decreto Legislativo
Nº 821;
Que en cuanto a las Resoluciones de Multa emitidas como consecuencia
de los reparos antes referidos, cabe señalar que la recurrente
sostiene que la Administración Tributaria al momento de actualizar
las sanciones en reclamo, indebidamente capitaliza intereses
al 31 de diciembre de cada año, cuando por disposición contenida
en el artículo 181° del Código Tributario aprobado mediante
el Decreto Legislativo Nº 816, su actualización únicamente se realiza
con el interés diario a que se refiere el inciso b) cuarto párrafo
del artículo 33° del aludido cuerpo legal;
Que al respecto es necesario precisar que el artículo 181° en
mención dispone que las multas impagas debían ser actualizadas
aplicando el interés diario a que se refiere el artículo 33° desde la
fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible
establecerla, desde la fecha en que la Administración detectó la
infracción;
Que el cuarto párrafo del aludido artículo 33° establece que los
intereses moratorios se debían calcular de la manera siguiente: a)
Interés diario: aplicable desde el día siguiente a la fecha de vencimiento
hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto del
tributo impago por la TIM diaria vigente, la TIM diaria vigente resulta
de dividir la TIM vigente entre treinta (30); b) interés diario
acumulado al 31 de diciembre de cada año se debía agregar al
tributo impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de los
intereses diarios del año siguiente;
Que por lo tanto la nueva base para el cálculo de los intereses
tenía tratamiento de tributo para efectos de la imputación de pagos
a que se refiere el artículo 31° del Código Tributario en mención;
Que de las normas glosadas es posible concluir que si bien el
citado artículo 33° regula el cálculo de los intereses moratorios para
los tributos, al remitir el artículo 181° en mención a la referida
norma legal, debe interpretarse que también comprende el cálculo
de intereses moratorios para el caso de las multas;
Que asimismo, cuando el artículo 181° antes señalado hace
referencia a la actualización de las multas aplicando el interés diario
y remite al aludido artículo 33°, es pertinente interpretar que se
refiere a la aplicación de las dos formas de interés diario que contempla
la norma, el interés diario en puridad a que se refiere el
inciso a) y el interés diario acumulable del inciso b);
Que en consecuencia, la actualización de las multas también
debe hacerse igual que los tributos; aplicando el interés diario y la
capitalización anual, por lo que no es fundado este extremo de la
impugnación presentada por la recurrente;
Que en cuanto a las Resoluciones de Multa Nºs. 012-02-
0000837 y 012-03-0000838 emitidos por los meses de junio y
julio de 1996, la recurrente sostiene que por los referidos períodos
tributarios no ocurrió en omisiones en la declaración jurada, toda
vez que no fue posible cumplir con la obligación de declarar el
Impuesto General a las Ventas por la utilización de servicios en el
país, debido a la falta de formulario, el mismo que fue aprobado
recién en agosto de 1996;
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NOVIEMBRE 2001