informe tributario - AELE

COYUNTURA
El Congreso y la Tributación
en Democracia
En una de las sesiones del CADE 2001, ocurrió
un hecho anecdótico que podría mostrar las
sensaciones empresariales frente a la actuación
del actual Congreso de la República: ante una
pregunta de Beatriz Boza, el ex ministro del régimen
fujimorista, señor Gustavo Caillaux, señaló
que el primer consejo que daría al gobierno de
Alejandro Toledo sería disolver el Parlamento, lo
que originó fuertes palmas y vítores de la audiencia
formada sustancialmente por la crema y nata
del empresariado nacional.
La anécdota sorprende, porque parecería que
muchos empresarios no aprendieron de lo sucedido
en el país en el decenio pasado. Habríamos
esperado una cerrada defensa del sistema democrático.
Ahora bien, detrás del hecho hay una profunda
molestia empresarial frente a lo que perciben
como una desordenada, ilegítima y preocupante
actuación del Congreso, entendemos especialmente
con las actuaciones respecto a la reciente discusión
sobre el arbitraje del Estado con las empresas
eléctricas (1) . Si a ello le sumamos los comentarios
de varios analistas de inversión sobre
las dificultades que generaría a los posibles inversionistas
las actuaciones del Congreso de discutir
las políticas tributarias, entre otras, generando
un clima de inestabilidad y zozobra, podemos
diseñar el gráfico completo de este enfoque
de nuestra coyuntura actual.
Efectivamente, para la clase empresarial lo
más significativo del decenio pasado habría sido
la voz unísona entre el Congreso y el Poder Ejecutivo,
entre otras, respecto a las políticas tributarias;
lo que sería visto como un valor para el desarrollo
del país. Ahora bien, si entramos a analizar
dicho período concluiremos que las políticas
fueron planteadas desde el equipo económico, sin
ninguna discusión pública abierta, lo que originaba
cierta lectura sencilla del panorama, pero
sin que se pudiera notar lo dañinas que podrían
ser para el conjunto social determinadas políticas
económicas y, en muchos casos, los pequeños intereses
que escondían determinados diseños normativos.
En concreto, existe en la actualidad un grave
desentendimiento de la clase empresarial respecto
al rol del Congreso en la vida democrática, especialmente
en materia tributaria. Desde nuestro punto
de vista, planteamientos como los descritos líneas
arriba no contemplan cabalmente lo que debe ser
el desarrollo del país en democracia.
Efectivamente, la tributación tiene un carácter
técnico, pero también un contenido de decisión
política. El aspecto político y el técnico están muy
presentes en el espacio de aprobación de normas
tributarias, ahí el trabajo de los técnicos tiene
que ser el adecuado, debiendo plantear los
temas desde la perspectiva de la recaudación fiscal
o de la liberación de costos para el desarrollo
de la actividad económica.
Sin embargo, dejarlo todo a la decisión técnica
es de alguna manera olvidar el elemento de
decisión de oportunidad que se canaliza a través
de los órganos políticos. No es técnica la decisión
sobre aumentar, disminuir o acentuar la carga
impositiva sobre determinados sectores, o actores
de la economía, esto corresponde al ámbito
del fuero público y a la decisión del conjunto
de la sociedad, hasta hoy a través de sus representantes
democráticamente elegidos.
El Congreso tiene que discutir los temas concretamente
y ello no debe generar ningún problema
respecto al contenido de los supuestos de
la democracia; el Congreso está pensado para
discutir los asuntos públicos, autorregularse y desarrollarse.
De hecho, en los países del primer
mundo plantean muchas discusiones en los parlamentos
porque éstos acaban siendo el ágora
de la discusión publica.
Sin embargo, en los países en desarrollo la
desconfianza surge de la constatación de que las
instituciones son débiles y los participantes de la
cosa pública van a decidir más allá del bien y del
mal. No obstante, las recientes acciones en materia
tributaria de medios de comunicación, empresarios,
ciudadanos de a pie, etc. en Centroamérica,
Colombia y el propio Perú nos habrían
demostrado la importancia real que tiene la sociedad
civil como límite a la actuación de los parlamentos
en la toma de decisiones en materia fiscal.
Además, en nuestro caso, debe rescatarse dos
esfuerzos muy importantes del propio Congreso
con relación a hacer predecible su trabajo y establecerse
ciertas limitaciones institucionales. El
primero de ellos, es la modificación del Reglamento
del Congreso a fin de autoimponerse res-
–––––––
(1) La reciente discusión en el Congreso respecto al tema
arbitral ha sido una muestra clara del rol congresal:
discutir públicamente los asuntos de índole tributaria,
llegando a un acuerdo de carácter político dentro de
las facultades que le compete. En la práctica, luego de
algunos desconocimientos técnicos y de ciertas insistencias
políticas para llegar a conclusiones forzadas,
las Comisiones de Justicia y de Constitución del Parlamento
habrían llegado a la conclusión –prevista por
nosotros- de que el arbitraje debe ser respetado.
NOVIEMBRE 2001 3