informe tributario - AELE

INFORME TRIBUTARIO
Convenios de Estabilidad
y Depreciación de Activos Revaluados
En los últimos días se han suscitado innumerables comentarios respecto al alcance de
algunos Convenios de Estabilidad Tributaria celebrados durante la vigencia del Régimen
Impositivo Transitorio de Fusión y Escisión (Ley Nº 26283). A continuación presentamos
un interesante artículo del doctor Humberto Medrano sobre la materia.
Humberto Medrano Cornejo (*)
I. DESCONOCIMIENTO DE LOS PLAZOS: UNA
CONSTANTE NACIONAL
Si bien la sociedad peruana tiene muchos aspectos meritorios
y destacables en los que se compara ventajosamente
con otras de nuestro hemisferio, tiene sin embargo uno de
los pasivos más lamentables: la falta absoluta de respeto por
los plazos contemplados en las leyes, lo que es especialmente
notorio en materia tributaria.
Para confirmar este negativo extremo existen numerosos
precedentes que llevaron a un distinguido empresario a señalar,
hace algún tiempo, que cuando se promulgan leyes
que contienen beneficios tributarios por un lapso más o menos
prolongado él nunca se acoge a la norma porque tiene el
convencimiento de que, irremediablemente, los plazos no
serán cumplidos.
Esta tendencia se corrobora todos los días en diversos ámbitos.
Así por ejemplo, según el artículo 142° del Código
Tributario, las reclamaciones deben resolverse en un plazo
de seis meses contados a partir de la interposición del recurso.
Sin embargo, los expedientes permanecen inamovibles
durante varios años en los escritorios de los funcionarios, sin
que nadie se inmute. Es más, a pesar de la notoria transgresión
de las normas por la Administración, ésta, sin embargo,
exige el pago de intereses, incluso por el período posterior al
incumplido plazo para resolver; es decir, se sanciona al contribuyente
como si la mora fuera atribuible a él y no a los
encargados de expedir resolución.
Es por tales razones que hace algunos años propusimos
que, en esos casos, debería detenerse el cómputo de los intereses,
pues no existía ninguna justificación para este cargo (1) .
Se trata de una preocupación antigua. En el expediente
de reclamación que dio lugar a la RTF Nº 17776, el contribuyente
sostuvo que habiéndose demorado la Administración
dos años en emitir resolución y más de seis meses en notificarla,
los intereses respectivos deberían ser abonados por
«los empleados que no tramitaron el expediente dentro del
plazo establecido». El fundamento para esta petición se encontraba
en el artículo 1136° del Código Civil entonces vigente,
según el cual «cualquiera que por sus hechos, descuido
o imprudencia cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo».
Este planteamiento refleja con exactitud la frustración
que supone para el reclamante la lentitud de la Administración
la cual, según lo dicho, puede tomarse todo el
tiempo que quiera sabiendo que, por una parte, no corre la
prescripción y que, de otro lado, los intereses se siguen generando
en su favor. Es indispensable abordar este tema de
una buena vez.
Esta falta de respeto también se ha presentado cuando la
ley otorga exoneraciones por un determinado tiempo y, sin
embargo, mucho antes del vencimiento del plazo repentinamente
se reduce o elimina la exoneración, sin importar que el
contribuyente haya efectuado la inversión y cumplido con todos
los requisitos contemplados en la norma para gozar del
beneficio por el período originalmente concedido.
Tales circunstancias obligaron al Estado a otorgar garantía
contractual de que el plazo previsto en la Ley, en efecto,
será respetado. Dicho de otro modo, la necesidad de convenios
de estabilidad, recogida en el artículo 62° de la Constitución
y en el artículo 1357° del Código Civil, implica un
expreso reconocimiento por el legislador de la continua violación
de sus propios términos y pone en evidencia la desconfianza
de los contribuyentes en el simple enunciado de la
norma.
No obstante, contra lo que podría pensarse, este procedimiento
tampoco ha resultado invulnerable, pues se han ideado
mecanismos para orillar el compromiso. Es ilustrativo el
caso de las empresas industriales de frontera y selva que
estaban exoneradas de todos los tributos, excepto los de ca-
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(*) Abogado, profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
(1) Véase «Consideraciones Sobre Recargos e Intereses en el Código Tributario»,
Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Vol. Nº 7.
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NOVIEMBRE 2001