informe tributario - AELE

COYUNTURA
tricciones respecto a la aprobación de determinadas
leyes, entre otras las vinculadas a temas
tributarios.
Se resalta con este gesto los valores de transparencia
y lealtad con el propio sistema democrático.
El gesto plantea la vocación de que en el
país no se vuelvan a dar leyes-sorpresa, reuniones
del pleno de madrugada, leyes sin trámites
de comisiones, leyes redactadas fuera y al margen
del Congreso, etc.
El segundo, que resulta un hecho histórico sin
precedentes, es la aprobación por parte del pleno
del Congreso de la República de una “Agenda
Legislativa Básica Priorizada” para el período
legislativo 2001-2002 de medio centenar de
proyectos de ley considerados urgentes. Si tomamos
en cuenta que el establecimiento de dicha
agenda se ha hecho a partir de un proceso de
decantación democrática (2) , podemos concluir que
la correcta discusión y aprobación de las leyes
correspondientes se hará en un correcto clima de
consenso.
Entre los nueve temas básicos en los que han
sido agrupados los 52 proyectos a discutir, interesan
directamente cuatro en los que se discutirán
muchos aspectos de índole tributario: recesión,
desempleo y pobreza (interesa especialmente
los proyectos de ley sobre Zonas Económicas
especiales, la promoción de la agroindustria, el
Régimen Especial para la Amazonía y Fronteras,
la actividad turística, la promoción privada en
vivienda y transporte, y la racionalización del sistema
tributario); centralismo y descentralización
(interesan los proyectos de Ley sobre Bases para
la Regionalización y sobre el régimen municipal);
modernización educativa (Ley de Promoción del
desarrollo científico y tecnológico); y, reforma de
la Constitución de 1993.
Además, los rubros de fortalecimiento institucional,
derechos económicos y sociales, y gobernabilidad
y moralización pueden interesar en la
medida que se plantean, sucesivamente, los proyectos
sobre carrera administrativa, tratamiento
de los “services” y medidas anticorrupción.
En términos de lo que venimos desarrollando,
el establecimiento de la agenda podría configurar
cuanto menos que hay una intención de que el
poder tributario sea ejercido por el cauce normal
que es la aprobación de leyes por el Congreso de
la República. Ello, de realizarse, sería una correcta
y alentadora novedad en este país; y podría
dar una buena perspectiva de orden y seriedad al
conjunto de ciudadanos e inversionistas.
Ahora bien, el espacio para el proceso de
desarrollo de la relación tributaria sí es el espacio
propio de las relaciones técnicas y allí es necesario
replantear varias de las actividades institucionales
propias de dicho proceso; no debemos
permitir más que las Administraciones Tributarias,
incluidas las municipales, no mantengan
un nivel técnico idóneo que permita una administración
adecuada de dicha relación, pero que
a la vez tengan siempre presente que realizan
una actividad al servicio de los ciudadanos. Lo
propio debe decirse de los organismos resolutores
(Tribunal Fiscal y Poder Judicial).
Finalmente, debemos precisar que hoy está
muy claro en el análisis institucional internacional
que a los inversionistas no les interesa tanto
las ventajas tributarias de determinado país, es
un costo importante, pero no decisivo, sobre todo
si se tiene en cuenta que el mundo va hacia una
armonización de políticas tributarias de los distintos
países, les interesa ante todo conocer el nivel
de estabilidad de las políticas públicas (esa
fue la razón por la que aceptamos la celebración
de convenios de estabilidad a sabiendas de todos
los problemas, sobre todo de índole constitucional
y de pérdida de soberanía que representan)
y el grado de fortaleza e independencia de
las instituciones. Por eso es que el planteamiento
no debería ser el tener una tasa impositiva más
baja o mayores incentivos tributarios, sino permitir
el mantenimiento de un diseño estable, justo,
igualitario y técnico, soportado en instituciones
democráticas. Las acciones del Legislativo descritas
líneas arriba parecen ir en esta dirección.
Sobre este último tema es sobre el que más
planteamientos hay que desarrollar, el país debe
marchar hacia un sistema estable donde no haya
excepciones tributarias mayores para los actores.
Plantear la igualdad general es una exigencia
constitucional y democrática, para que todos los
ciudadanos puedan concurrir en igualdad de condiciones.
Entonces, hay que volver a plantear el diseño
de las rentas a las personas naturales, de tal modo
que los costos reales sean similares y no exista
posibilidad de perjuicios, además hay que promover
un debate nacional sobre el esquema tributario
empresarial que permita, con honestidad,
la igualdad entre todos, sin privilegiar en la práctica
o a través de un discurso engañoso que determinados
sectores de la economía cubran con
menor costo el proceso de nuestro desarrollo.
Ahora bien, la excepción –que supone trato
desigual a los desiguales– debería plantearse
como posibilidad previo análisis de los costos y
ventajas, no como en el pasado en el que las excepciones
se planteaban en pequeños cabildeos
y sin que trascienda mas allá, eso no genera estabilidad,
sino compromisos autoritarios, profundamente
antidemocráticos.
Entonces, sería un acierto que más allá del
caso del arbitraje, se pueda replantear en la escena
pública alguna de las reflexiones planteadas.
Sólo discutiendo y llegando a acuerdos entre
todos los actores podremos plantear un sistema
tributario estable, seguro y justo.
–––––
(2) Se pidió a las cinco principales fuerzas políticas que
hicieran llegar a la mesa directiva del Congreso una
lista de aquellos proyectos que consideren medulares,
luego se solicitó al Poder Ejecutivo que hiciera lo
propio –éste presentó cerca de 80 proyectos de ley-,
y a partir de esta lista unificada se seleccionaron los
cincuenta y dos proyectos referidos.
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NOVIEMBRE 2001