informe tributario - AELE

INFORME TRIBUTARIO
–con todo derecho– las empresas reorganizadas. Ello permite
afirmar que dicha Disposición tiene efectos retroactivos y
consecuencias que, en determinados casos, resultan escandalosas.
Así, pensemos en el caso de la empresa que revaluó sus
activos y luego por reorganización los transfirió a la sociedad
adquirente. Posteriormente, los socios de ésta decidieron
vender sus acciones a terceros lo que conforme al ya
citado artículo 32° de la Ley, se hizo a valor de mercado
determinado por tasación en función del patrimonio de la
empresa, pues no tenían cotización bursátil. Dicha tasación
supuso analizar el valor de sus activos y el saldo por depreciar.
Con ese motivo los abogados confirman que, legalmente,
el valor revaluado en que aparecen los bienes en el activo
surte efectos para todos los fines tributarios, incluyendo la
base para el cómputo de la depreciación.
Con el informe jurídico en la mano, los interesados efectúan
el modelo matemático, llegan a la conclusión que deben
pagar determinado monto, hacen la oferta correspondiente
y cancelan el precio. Sin embargo una vez que han
adquirido las acciones y pagado la suma acordada, resulta
que se promulga una ley (27034) en cuya virtud se reduce
drásticamente el valor de los activos para todos los fines
impositivos, lo que destruye el cálculo efectuado, pues la propuesta
hubiera sido sustancialmente inferior de haberse conocido
que el costo computable sería variado por el legislador.
El pago en exceso ya no puede recuperarse pues en esto
no ha existido vicio oculto ni ninguna actitud distorsionante
por parte de los vendedores, sino que se debe exclusivamente
a la decisión del Estado. Es evidente que ello se percibe
como una suerte de defraudación cometida por el legislador,
que debería conducir a la inaplicación de la norma.
Si la situación descrita demuestra las graves consecuencias
de la Ley Nº 27034, el escenario es aun peor si se considera
lo ocurrido con la empresa pública que revaluó sus
activos y luego fue privatizada con la modalidad de venta de
sus acciones, previa convocatoria del respectivo concurso,
con todas las formalidades requeridas. Como en el caso anterior
los postores después del correspondiente «due diligence»
encontraron que –según sus abogados– el valor de los activos
se ceñía estrictamente a la Ley, por lo que hicieron sus
ofertas. Los que ganaron cumplieron con pagar el precio acordado.
No obstante, al poco tiempo el mismo Estado vendedor
de las acciones señala, a través de una Ley, que queda reducido
drásticamente el costo computable de los bienes de la
empresa cuyo título acababa de vender. Ello a pesar, como
ya se indicó, que el precio ofertado tomó en cuenta el costo
computable del activo de la sociedad. No pueden quedar
dudas sobre el carácter defraudante de esta actitud del Estado,
que hace que el precio pagado resulte totalmente
distorsionado, en perjuicio del contribuyente.
IV. LA POSICIÓN DE SUNAT
Ahora bien, SUNAT considera que por el mérito de la Ley
Nº 27034 las empresas que hubieran suscrito «convenios de
estabilidad» quedaron igualmente obligadas –como todas las
demás– a depreciar sus activos fijos única y exclusivamente
sobre la base de su valor histórico; es decir, prescindiendo
del valor revaluado en que se adquirieron los bienes. El argumento
central de las autoridades tributarias es que el convenio
de estabilidad no ha hecho permanente el régimen de
la Ley Nº 26283 y ampliatorias, pues únicamente está estabilizado
el régimen general.
El simple enunciado del argumento permite apreciar su inconsistencia.
La Ley Nº 27034 es inaplicable no porque los
convenios garanticen la estabilidad de la Ley Nº 26283 y
ampliatorias. La imposibilidad jurídica de su aplicación deriva,
precisamente, de que lo estabilizado es el régimen general
del Impuesto a la Renta. En efecto, si todos reconocen, –inclusive
SUNAT–, que la estabilidad tributaria está referida al mencionado
régimen general, pues entonces la conclusión es sumamente
clara: la Ley Nº 27034 no puede ser invocada en
contra de las empresas que han suscrito tales convenios, como
demostraremos más adelante.
Es importante dejar constancia que, en nuestra opinión,
todas las empresas que revaluaron al amparo de las leyes
especiales citadas podrían objetar la aplicación de la Ley Nº
27034 basándose en razones de orden constitucional, que
no es del caso exponer aquí. Pero para las que, además,
tienen la garantía de un convenio de esta naturaleza es suficiente
remitirse a sus términos y exigir el cumplimiento de lo
pactado para sostener, con éxito, que ninguna ley puede
modificar su derecho a depreciar los activos fijos sobre su
valor de adquisición.
V. LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD:
CONSECUENCIAS EN EL CASO ANALIZADO
Conforme a los Decretos Legislativos Nºs. 662 y 757 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 162-92 EF,
las empresas que suscribieron convenios tienen garantía de
estabilidad del régimen del impuesto a la renta, contemplado
en el Decreto Legislativo Nº 774. Cabe anotar que según el
artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 757 y el artículo 21°
del reglamento, la suscripción del convenio no impide el acogimiento
a otras disposiciones legales. Ahora bien, por el
mérito de tales normas «mientras se encuentre vigente el convenio
de estabilidad el impuesto a la renta no será modificado
aplicándose en los mismos términos y con las mismas
alícuotas, deducciones y escala para el cálculo de la renta
imponible, que el que regía en el momento de la suscripción
del convenio». (Decreto Legislativo Nº 757 artículo 40°).
El texto mismo del convenio tiene una remisión a la ley
general cuando estipula (cláusula tercera) que: “...el Impuesto
a la Renta que corresponda abonar no será modificado... aplicándose
en los mismos términos y con las mismas alícuotas,
deducciones, escala para el cálculo de la renta imponible y
demás características conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 774-Ley del Impuesto a la Renta, vigente al momento
de celebración del presente convenio”.
Sigamos. ¿Qué establece el inmodificable Decreto Legis-
12
NOVIEMBRE 2001