informe tributario - AELE

APUNTES TRIBUTARIOS
Apuntes Tributarios
• EL ARBITRAJE CON LAS
EMPRESAS ELÉCTRICAS:
La luz al final del túnel
ses del Estado, el fallo devendría nulo y
tendría que revisarse en sede judicial.
Los informes correspondientes, por
disposición del Pleno ante el ultimátum
dado por algunos ministros, pasaron a
revisión a las Comisiones de Constitución
y de Justicia. Al cierre de esta edición,
por lo menos verbalmente, el tema
había quedado solucionado en dichas
Comisiones; para ello, habrían sido
decisivos los aportes técnicos de los asesores
del MEF (especialmente la diferencia
entre lo sometido a arbitraje y las
facultades de fiscalización de SUNAT),
y de algunos asesores especiales de los
congresistas (especialmente Jorge Danós
quien aclararía las diferencias entre
las instituciones incluidas: arbitraje,
competencias del Congreso y actuaciones
administrativas del Estado).
Se habría recomendado al Congreso
no inmiscuirse en el tema arbitral por
considerarse un asunto jurisdiccional; de
tal modo que quedará a los árbitros la
decisión sobre el diferéndum, cualquier
actuación en contrario significaría violar
el artículo 62° de la Constitución. Sin
embargo, se habría establecido que la
SUNAT está facultada a analizar si las
medidas de escisión y/o fusión se tomaron
con la intención de eludir el Impuesto
a la Renta, en cuyo caso estaría facultada
por la Norma VIII del Título Preliminar
del Código Tributario a determinar
la verdadera naturaleza del hecho imponible
tomando en cuenta los actos, situaciones
y relaciones económicas que
efectivamente persiguieron las empresas
eléctricas (ver sobre este punto la última
parte del artículo del doctor Humberto
Medrano en el presente número).
Nos parece acertada la decisión final
que tomaría el Congreso de la República
pues mantiene la idea que habíamos
esbozado hace algunos meses
de separar la discusión sobre la procedencia
o no de la acotación (que debe
discurrir dentro de los cánones propios
La discusión pública más importante
sobre materia tributaria, en las cuatro últimas
semanas, fue la actuación del Congreso
de la República respecto a la situación
del arbitraje iniciado entre el Estado
y dos empresas eléctricas. El debate era
para aclarar si los alcances de los convenios
de estabilidad suscritos incluían el régimen
especial de fusiones y escisiones
aprobado mediante Ley Nº 26283 (tómese
en cuenta que han sido cuatro las comisiones
de dicho organismo legislativo
que se han abocado sucesivamente al
tema).
El tema cobró mayor importancia
cuando la Jefa de SUNAT remitió una
carta al Presidente de la Comisión de
Constitución, solicitándole que emita un
informe respecto a la obligatoriedad o no,
para la SUNAT, del cumplimiento de los
laudos arbitrales respecto a temas que pudieran
tener implicancias en la determinación
y cobro de tributos.
Tanto la Comisión de Fiscalización
como la Comisión Investigadora de los
Delitos Económicos y Financieros 1990-
2001 (que fueron las primeras en ver el
tema) analizaron el tema a partir de entender
que el Estado no puede renunciar
a sus atribuciones de fiscalizar y acotar a
las empresas, de tal modo que no podría
haber arbitraje alguno porque éste se da
sobre aquellos casos en que las partes tienen
libre disponibilidad, excepto en los
concernientes a las atribuciones del Estado.
En tal sentido, en opinión de estas
comisiones, la cláusula arbitral de los
contratos de estabilidad resultaría nula,
por lo que la controversia suscitada no
podría resolverse por medio de un arbitraje.
En todo caso, si el Tribunal Arbitral
resolviera, y lo hiciera contra los interede
los procedimientos técnicos establecidos,
incluido el arbitraje) de la discusión
sobre la procedencia en términos
de justicia del beneficio (que supone
averiguar si existe responsabilidad política
o de otra índole de los funcionarios
públicos que establecieron el régimen
especial de fusiones o escisiones) y
de la vigencia de políticas públicas de
firma de convenios de estabilidad.
• CONVENIOS DE
ESTABILIDAD:
Necesidad de homogeneizar su
tratamiento
Como se recordará, en setiembre de
2000, mediante Ley Nº 27342, se modificó
el esquema aplicable a los convenios
de estabilidad tributaria celebrados
al amparo del Dec. Leg. Nº 662 y
del Dec. Leg. Nº 757, señalándose que
la estabilidad tributaria del Impuesto a
la Renta sería la de las normas vigentes
al momento de la suscripción del contrato
más dos puntos porcentuales. Mediante
Ley Nº 27343 se adoptó el mismo
esquema para el caso de los convenios
que se suscribieran al amparo de
las leyes sectoriales (Ley de Hidrocarburos
y Ley de Minería).
En el primer caso, el esquema cambió
con la dación de la Ley Nº 27514
(véase nuestro comentario sobre el alcance
de dicha norma en Análisis Tributario
Nº 164, setiembre de 2001,
pág. 10), de tal modo que se eliminó el
aumento de la alícuota del impuesto en
dos puntos porcentuales a partir del 29
de agosto pasado.
Para el segundo caso, el esquema
inicial permanece, dado que el equipo
económico del MEF no quiso plantear
modificación alguna sobre la materia
puesto que tenía pensado que el paquete
tributario de agosto pasado se establecería
por Decretos Legislativos; en cuyo
NOVIEMBRE 2001 5