El Arbitraje en la Doctrina Constitucional Española - lima arbitration

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EL ARBITRAJE EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLAsiendo el único límite la propia regulación de derecho necesario, no pudiendolos árbitros en un arbitraje de equidad, privar a un socio de su derecho deseparación ni reducirle los tres supuestos previstos legalmente.Posteriormente, Metalibérica interpuso recurso de amparo ante el TribunalConstitucional, alegando que tanto el Laudo como la sentencia de la AudienciaProvincial vulneraban su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso contodas las garantías, al ser irrazonables y arbitrarias, alegando entre otros motivos,que tanto el Laudo Arbitral como la sentencia de la Audiencia Provincialhabían prescindido del Derecho vigente, ya que el derecho de separación desocio no puede someterse a arbitraje, al tratarse de un derecho que no estáreconocido en nuestro ordenamiento excepto en supuestos muy específicos.El Tribunal Constitucional denegó el amparo solicitado, reconociendo (i)que el arbitraje es «…un medio heterónomo para el arreglo de controversias que se fundamentaen la autonomía de la voluntad…», que «…queda sustraído del propio procesoconstitucional…»; y (ii) que «…la Ley de Sociedades Anónimas permite someter el derechode separación de los socios a un arbitraje de equidad si… así se establece en los estatutossociales…».El Tribunal Constitucional consideró que no podía entrar a valorar la interpretaciónque de la Ley había efectuado la Audiencia Provincial, «…pues talfunción corresponde a la jurisdicción ordinaria…»; y no habiéndose privado a Metalibéricade su derecho a pretender la nulidad del Laudo, mediante el ejercicio de lacorrespondiente acción de nulidad, con todas las garantías procesales, el TribunalConstitucional consideró que esa sociedad no había sufrido indefensiónalguna. Todo lo contrario, la Sentencia de la Audiencia Provincial contenía unaextensa y detallada fundamentación jurídica de los motivos por los que se rechazabala solicitud de anulación del laudo.La aceptación del arbitraje en materia societaria evidencia la tendencia expansivaen el elenco de materias que pueden someterse a arbitraje. El arbitrajesocietario ha sido expresamente aceptado por la Dirección General de Registrosy Notariado, en su Resolución de 19 de febrero de 1998, 15 cuyos considerandoshan sido reproducidos posteriormente por la jurisprudencia del TribunalSupremo. 1615Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 19 de febrero de 1998.16Sentencia del Tribunal Supremo 355/1998, de 18 de abril de 1998 (fundamento de Derechocuarto); STS núm. 1139/2001 de 30 de noviembre de 2001.194 LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006
BERNARDO M. CREMADES4. El árbitro como juez designado por las partes4.1. El árbitro como juez designado por la partesEl arbitraje es hoy en día aceptado como institución que equivale a la tutelajudicial efectiva consagrada en el artículo 24 CE y que, en palabras del TribunalConstitucional constituye un equivalente jurisdiccional. Del mismo modo, elTribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha mantenido la postura deque el servicio ofrecido por un árbitro es el de «…resolver una controversia entre doso más partes…» que no puede asimilarse a la representación y defensa de losintereses que de las partes efectúan los abogados.La función jurisdiccional que desempeñan los árbitros no supone que éstosdispongan de las mismas facultades que los jueces y tribunales; y de maneraalguna los árbitros suplantan la función constitucional atribuida a los jueces dedecidir y ejecutar sus decisiones. Con razón se ha dicho que los jueces y losárbitros han venido a ser verdaderos socios en la solución de los litigios. Cuandodiferentes partes desean someter a arbitraje sus decisiones, también quierenque su voluntad sea respetada por todos y garantizada por el poder judicial.No puede equiparse, de manera absoluta, la función que desempeñan losárbitros con la ejercida por los Jueces y Tribunales. En cuanto al objeto, elámbito de aplicación del arbitraje sólo llega hasta donde alcance la libertad delos particulares; por ello, «…quedan extramuros del arbitraje aquellas cuestiones sobrelas cuales los interesados carezcan de poder de disposición…». 17Frente a las facultades que la Constitución otorga a los órganos judiciales,de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la potestad jurisdiccional del árbitro abarcaúnicamente la de juzgar, desempeñando una función pública «…cuasi-jurisdiccionaly en ese ‘casi’ está el quid de la cuestión...». 18El árbitro, que no… puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad,por estar reservada a los órganos judiciales (art. 163 CE), ni tampoco está legitimadopara formular cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de laComunidad Europea, por no ser órgano jurisdiccional … necesita además delbrazo secular del Juez para dotar de eficacia al laudo, mediante la adición oestrambote de una decisión judicial que ordene su cumplimiento, en una fasenetamente procesal, en un proceso de ejecución, porque sólo a los Jueces co-17Auto del Tribunal Constitucional 259/199318Id.LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006 195
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