El Arbitraje en la Doctrina Constitucional Española - lima arbitration

EL ARBITRAJE EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLATribunales…». Del mismo modo, el arbitraje, como equivalente de la funciónjurisdicción ejercida por Jueces y Tribunales, obliga a los árbitros a garantizaresos derechos fundamentales, incluido el derecho al proceso debido, que formanparte del orden público español. La posibilidad de anulación del laudo,ante el juez competente, así como la posibilidad de amparo por el TribunalConstitucional que el artículo 53.2 CE proyecta sobre las libertades y derechos,suponen un control Estatal y equiparan el procedimiento arbitral, en garantíasprocesales, al sustanciado ante los órganos judiciales.La Exposición de Motivos de la LA expresamente se refiere al derecho dedefensa de las partes y al principio de igualdad como «…valores fundamentales delarbitraje como proceso que es». En este sentido, son aplicables al arbitraje unas normasprocesales de carácter imperativo, encaminadas a salvaguardar los principiosde audiencia, contradicción e igualdad; y no cabe su trasgresión por voluntadde las partes o por el árbitro.El artículo 24.1 LA (principios de igualdad, audiencia y contradicción) estableceque «…deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellassuficiente oportunidad de hacer valer sus derechos…». Este artículo es sustancialmenteidéntico al artículo 18 de la Ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercialinternacional.El principio de contradicción exige la audiencia de la parte frente a quien sedirige la demanda arbitral, concediéndole la oportunidad de hacer valer los mediosde defensa que estime oportunos. Este principio se satisface concediendo ala demandada la posibilidad de actuar en el proceso, debiendo cumplirse unasexigencias determinadas: (i) el derecho a la representación letrada; (ii) el derechoal conocimiento previo de la demanda; (iii) el derecho a contestar a la demanda; y(iv) el derecho a la última palabra en la fase de alegaciones y conclusiones. Lajurisprudencia del Tribunal Constitucional no deja lugar a dudas de que…la omisión o defectuosa realización de los actos de comunicación procesalconstituye, en principio, una indefensión contraria al derecho a la tutelajudicial efectiva cuando prive al destinatario afectado del conocimientonecesario para que pueda ejercer convenientemente su derecho de defensaen los procesos o recursos en que intervenga o deba intervenir, salvo quela indefensión esté motivada por el propio desinterés, pasividad, malicia ofalta de diligencia procesal del interesado…. 2929Id. p. 586, citando la Sentencia del Tribunal Constitucional 334/1993.200 LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006