El Arbitraje en la Doctrina Constitucional Española - lima arbitration

BERNARDO M. CREMADES8. ConclusiónEl jurista práctico hace bien de abstraerse de vez en cuando de su diaria actividad.Siempre resulta una tarea fértil alejarse del concreto procedimiento arbitraly analizarlo desde el prisma constitucional. Reflexionar desde la óptica de laCarta Magna, o si se prefiere desde los derechos y libertades tal y como los estádefiniendo el Tribunal Constitucional, es de gran interés práctico. La Constituciónes el broche final de todo nuestro quehacer jurídico, también del suumcuique tribuire en vía arbitral.La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional entorno al «equivalentejurisdiccional», como así considera al arbitraje, resume tantas páginas de nuestralegislación y doctrina. Tiene su origen contractual en el convenio arbitral,pero con unos claros efectos procesales al dotar al laudo en que concluye elprocedimiento de los efectos de cosa juzgada.El árbitro no es un funcionario público ni se equipara su status al del juezestatal, pero ejerce funciones jurisdiccionales. Por ello, deben garantizarse losderechos constitucionales a quienes solicitan justicia en vía arbitral. El árbitrono puede plantear sus dudas al Tribunal Constitucional, ni cuestiones prejudicialesal Tribunal Europeo. Tampoco cabe apelar contra sus decisiones con unrecurso jurisdiccional por quedar impedido el juez en revisar el fondo de susdecisiones; se puede, eso sí, solicitar la nulidad de sus actuaciones y en especialde sus laudos arbitrales en supuestos graves, legalmente predeterminados.El árbitro debe aplicar la Constitución como norma suprema de nuestroordenamiento jurídico. En cuestiones procesales está obligado a garantizar alas partes los principios de audiencia, contradicción e igualdad. La doctrinaconstitucional le coloca también como garante del orden público, con el debidorespeto a la voluntad de las partes que por su convenio dieron origen ydespués vida al procedimiento arbitral.Acudir al arbitraje no cuestiona la tutela judicial efectiva, pues los jueces ylos árbitros son verdaderos socios en la garantía de la libertad contractual de laspartes en litigio. Se puede hablar de una verdadera ósmosis entre la autonomíade los árbitros y la correspondiente tutela judicial. En la medida en que losárbitros garanticen el orden público en sus decisiones evitarán la intervenciónjudicial en su actividad; por el contrario, la dejación de sus derechos y obligacionesobligará a los jueces y tribunales a ejercer su misión anulando en su casola decisión arbitral.LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006 219