Gerencia y modernización de la Administración Pública en el Perú

No existe un análisis del impacto regulatorio en el Estado y no hay nadie que lo haga. Cuando una
entidad crea un procedimiento o una norma, no solamente afecta su propia labor, sino también lo
que hace el resto. Ha existido una generación con muchos espacios de coordinación para simplificar
procedimientos, como por ejemplo la formalización de la minería, pero cada entidad se mira a sí
misma de tal forma que cuando se crean procedimientos transversales no funcionan porque cada
uno tiene tiempos y requisitos distintos, y nadie se ocupa de resolver dicho dilema. Los ejemplos son
múltiples y además, un elemento adicional es que muchas veces el cambio de regulación producto de
las simplificaciones implica cambios en la estructura y gestión internas de las entidades, para lo cual
no están preparadas.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sacado paquetes distintos para promover la inversión
privada y muchas de estas normas contienen temas de simplificación y de mejoras regulatorias.
Sin embargo, no basta comunicarle a una municipalidad que tiene cinco días para terminar un
procedimiento; se debe buscar que el municipio funcione de otra manera y muchas veces no existen
los recursos humanos y financieros, ni la asistencia pública para lograrlo. También es posible aplicar el
silencio administrativo positivo, tal como ocurre con muchas licencias de construcción que ni siquiera
son advertidas. En todo caso, el tema es complejo y se deduce de todo ello que no basta con generar
normas y simplificar costos y procedimientos, sino que se requiere también escudriñar la gestión de la
entidad hacia adentro, buscando generar estándares más sencillos de modo que la institución los pueda
ir implementando. Y para eso los recursos son imprescindibles.
Un segundo punto es la generación de plataformas de atención en donde el eje sea el ciudadano y
no la entidad. Hay varias propuestas y considero que son todavía iniciativas aisladas de algunas
entidades o iniciativas como los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), que han estado
inaugurándose, logrando una coordinación entre las entidades para brindar un mejor servicio, y
demostrando lo fundamental que representa el trabajo conjunto de cara a la ciudadanía y no pensando
solo en la entidad. En ese sentido, ha habido algunos avances, pero estos deberían convertirse en
políticas más transversales.
Como punto final, sería preciso mencionar un caso:
hace un par de años la Secretaría de Gestión Pública
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
realizó un concurso denominado El Trámite de
Más; se presentaron alrededor de 4,000 propuestas
o quejas ciudadanas y el 41% de ellas se referían
al maltrato. La gente no se quejaba porque tenía
que hacer largas colas o tenía que volver tres veces
- aspectos que tampoco les gustaba - sino que la
queja fundamental se centraba en dos cuestiones:
maltrato e información incorrecta. Justamente
estos dos aspectos, aparentemente sencillos de
resolver, son lo que la gente solicita con relación a
los temas mencionados.
“Las entidades crean normas
y procedimientos sin coordinar
entre sí y no hay ninguna
instancia ni una supra
instancia que revise toda esta
normativa y que determine cuál
debe existir, sus incidencias
y los riesgos de crear un
procedimiento”.
Mayen Ugarte
Docente y Especialista en Gestión Pública
Uno de los problemas a enfrentar es la volatilidad de la institucionalidad. En
el caso de la PCM, su función de pensar y conducir reformas tan complejas en
el largo plazo, lo que involucra gran cantidad de gente y otros elementos, se
contradice con el tiempo de duración en el cargo de los Secretarios de Gestión
Pública. Mariana Llona es una excepción, pero en general las rotaciones de
secretarios han sido muy rápidas.
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