INFORME FINAL SUBPOLÍTICA 06112019

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Decreto N° LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO QUE: I. La Constitución de la República, en su artículo 1, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, el artículo 144 establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen Leyes de la República. II El Estado salvadoreño ha adherido, suscrito y ratificado algunos de los más importantes tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; que generan obligaciones al Estado salvadoreño con relación al derecho a la verdad, justicia, reparación Integral y medidas de no repetición a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. III, En reiteradas ocasiones, el Estado salvadoreño ha reconocido su responsabilidad estatal por violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ai Derecho Internacional Humanitario cometidas en el contexto de conflicto armado interno; y por tanto, es su deber establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de estas violaciones en un marco de justicia. IV La Comisión de la Verdad para El Salvador, creada por los Acuerdos de Paz, en su informe denominado "De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador", reconoció que las víctimas y sus familiares tenían derecho a un resarcimiento moral y material, a conocer la verdad y a esclarecer e investigar los graves hechos de vulneración de derechos humanos; pero debido a la promulgación de Decreto Legislativo No. 486, del 20 de marzo de 1993, publicado en el Diario Oficial No. 56, Tomo No. 318, del 22 de marzo de 1993, el cual contenía la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en 1993, las víctimas de estos hechos no fueron amparadas por el Estado y, en consecuencia, no obtuvieron verdad, justicia ni reparación. V En la Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia, el 13 de Julio de 2016, se expresa "la necesidad de una regulación complementaria para una genuina transición democrática hacia la paz, que respete la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas, en especial, los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial, el derecho a la reparación integral, el derecho a la verdad y la garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH, debiéndose garantizar, en todo caso, el derecho al debido proceso de las personas
investigadas y enjuiciadas por los hechos cometidos durante el conflicto armado y que no pueden gozar de la amnistía conforme a los parámetros dictados en la presente sentencia". VI En consecuencia, es necesario dictar una Ley Especial que establezca medidas encaminadas a reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado y a investigar las graves vulneraciones de derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario que se originaron en el contexto del conflicto armado interno, finalizado en mil novecientos noventa y dos. POR TANTO, En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas y Diputados: DECRETA la siguiente: Ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO Disposiciones preliminares Objeto de la Ley Art. 1. La presente Ley especial tiene por objeto establecer medidas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado de El Salvador, relacionadas con el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el contexto del conflicto armado salvadoreño, conforme a los principios, reglas y prácticas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 2| l'fn/' '< to d# I.» ' í-y tU' h'lMÍf I» i iillUl'tM *11 v |livl r tl.Mil .imiiv. lio* hvrri tfiu" rl ( i < i « | canille"
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