INFORME FINAL SUBPOLÍTICA 06112019

2. Los que hayan sido elevados a plenario conforme al Código Procesal Penal de 1974, o los que
hayan iniciado por medio de requerimiento fiscal o acusación conforme al Código Procesal
Penal de 1998.
En todos los casos se observarán los derechos y garantías del debido proceso reconocidas en la
Constitución de la República y el derecho internacional vigente para el Estado de El Salvador.
Salvo las personas condenadas, en los casos previstos en la letra "a)" del inciso segundo del presente
artículo, cuando estos finalicen la etapa procesal de instrucción, los jueces competentes procederán
a realizar audiencia preliminar y, en caso fuere procedente, elevarán a etapa de juicio, la cual deberá
ser objeto de tramitación y sentencia por un tribunal técnico, de conformidad con la legislación
procesal penal vigente, en atención a la garantías constitucionales y del debido proceso judicial
reconocidas en la actualidad por la legislación nacional e internacional vigente.
Las diligencias o actos de investigación que hubieren sido practicados conforme a los códigos
procesales de 1974 y 1998 podrán ser valorados para fundar cualquier decisión judicial o la sentencia
en los procesos que se sigan conforme al código procesal penal vigente.
Principio de la Ley Penal más Favorable
Art. 77. La ley penal más favorable será aplicada cuando una ley posterior hubiere modificado los
elementos constitutivos de la misma acción u omisión, o bien, se establezca una sanción penal más
beneficiosa para la persona responsable.
Imprescriptibilidad de Los crímenes de lesa humanidad y de guerra
Art. 78. En los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, prevalecerá el principio de
imprescriptibilidad conforme al derecho internacional.
Juicio de la verdad con estándares de los derechos humanos
Art. 79. Las víctimas, sus representantes o cualquier persona natural o jurídica, podrán solicitar la
investigación, procesamiento y, en su caso, sometimiento a juicio de las personas responsables de
graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
La extinción de la acción penal por muerte de la persona o personas imputadas no extingue el deber
de investigar y en su caso establecer la verdad de lo ocurrido, el grado de participación y su
responsabilidad civil.
En cuanto a la responsabilidad civil, la persona o personas fallecidas serán representadas de
conformidad del derecho común.
En cuanto al esclarecimiento de la verdad, la persona o personas fallecidas señaladas como presuntas
responsables de los crímenes podrán ser representadas por personas acreditadas para ejercer la
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