INFORME FINAL SUBPOLÍTICA 06112019

ULTIMA VERSION, 05 DE NOVIEMBRE
DECRETO N°.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 44-
2013/145-2013 pronunciada el 13 de julio de 2016, declaró la inconstitucionalidad de la
Ley de Amnistía General para ia Consolidación de La Paz de 1993, excluyendo de la
amnistía los hechos que pudieran ser clasificados como crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional
Humanitario cometidos durante el conflicto armando por cualquiera de los dos bandos en
disputa; y exhortó a la AsamPlea Legislativa a promulgar un marco normativo de justicia
transicional y restaurativa basado en los principios de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición.
II.- Que dicha sentencia de inconstitucionalidad reconoció que "en el contexto de
transición de una guerra a la paz se presentan conflictos complejos que hay que resolver
conforme el ordenamiento jurídico vigente, y una de las herramientas a las que suele
acudirse es la amnistía"; que es "una herramienta legítima y eficaz para superar secuelas
de la guerra, promover el perdón, la reconciliación y la unidad nacional, y "es una
decisión política compleja" en la que deben armonizarse propósitos inicialmente
contrapuestos, como son el interés público de estabilidad política del país, siempre que
sea compatible con la Constitución y con los estándares de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario".
III.- Que a partir de la citada sentencia, se estableció la necesidad de emitir las
regulaciones complementarias encaminadas a consolidar la transición democrática
hacia la paz, que respeten la dignidad humana y garanticen los derechos de las víctimas
a 1a justicia y a la verdad como una garantía, para las futuras generaciones, de no
repetición de tales crímenes y para ello, la sentencia consigna que deben establecerse;
"parámetros para la selección y priorización de los casos que serán objeto de
investigación, enjuiciamiento y sanción. Un grado razonable de precisión sobre este
asunto es fundamental para balancear y equilibrar las exigencias de justicia, por una
parte; y el compromiso por la paz, por otra parte. Así lo exige también el principio de
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