Informe-barrios-desfavorecidos

Nuestra séptima hipótesis viene a decir que la segregación urbana y, en
particular, la formación y consolidación de barrios especialmente
desfavorecidos no son prima facie el resultado de decisiones deliberadas de las
administraciones y/o de determinados agentes urbanos. Las explicaciones que
a este propósito apelan a las teorías conspiratorias o, en su caso, achacan la
responsabilidad a voluntades malsanas son las más de las veces explicaciones
simplistas, superficiales e, incluso, demagógicas. Antes bien, la segregación
urbana, tal como la conocemos en nuestras sociedades occidentales, es una
consecuencia no intencionalmente buscada, pero inevitable e independiente de
la voluntad de los actores sociales, de una determinada forma de hacer ciudad,
presidida por el dominio de unas relaciones de producción basadas en la
iniciativa privada y la búsqueda del beneficio de los particulares sobre el interés
común. La segregación urbana, en definitiva, no es sino una manifestación
especialmente visible del hecho estructural más amplio de la desigualdad social
engendrada por un sistema de relaciones basado en la primacía del capital
sobre el trabajo y en la prosecución del interés particular sobre las necesidades,
expectativas y deseos del común.
No obstante, si bien la formación y existencia de los barrios desfavorecidos no
es un efecto intencionalmente buscado ni el resultado de decisiones deliberadas,
sino que deviene como una consecuencia objetiva y aplastante de determinados
y precisos procesos sociales y económicos; en otro plano sí cabe establecer que
la mayor o menor agudización de la cuestión de los barrios vulnerables está
directamente enlazada en una relación directa de causa-efecto con el mayor o
menor déficit de inclusividad del Estado de bienestar. En tal sentido, y ésta es
nuestra octava hipótesis, la lucha contra los factores exclusógenos y contra las
lacras sociales que deparan, así como contra su acumulación y especificación en
los barrios desfavorecidos, en un aspecto muy relevante sólo es abordable
desde la voluntad de los actores sociales. Esta, por así llamarla, hipótesis
voluntarista atribuye a las políticas públicas y a las políticas que emergen de la
sociedad civil organizada la capacidad de restañar –unas veces de manera
radical y otras veces de manera remedial- las cesuras y heridas generadas por
aquellos procesos. La hipótesis, en cierto modo, reproduce aquí la conocida
tesis de que la misión principal y constitutiva del Estado de bienestar consiste
en corregir las disfunciones del mercado. Nuestra hipótesis, en realidad, va más
allá, es más ambiciosa, en tanto que imputa al Estado de bienestar la
responsabilidad de la realización de un proyecto de justicia social articulado en
torno al binomio igualdad-libertad.
El significado pleno de la hipótesis anterior supone, por un lado, que las
políticas de bienestar que cabe propugnar no se fundan tanto en el reparto de
subsidios entre las familias de los barrios desfavorecidos (asunto distinto sería
la evaluación que se pudiera proponer a propósito de la renta universal) como,
más bien, en la dinamización del tejido social y económico de los mismos, la
integración social de los colectivos en riesgo de exclusión, la recuperación
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