Política cultural de la memoria histórica - Institute for the Study of ...

de megalomanía, de omnipotencia. Tendrían la capacidad natural para
no transferir sus propios traumas a las tareas por delante. Este realismo
provendría del don espontáneo para reconocer y emprender las tareas
realizables razonablemente, descartando y despreocupándose cómodamente
de las otras. Obviamente, esa ecuanimidad no indicaría la
falta de una agenda política propia, sino la confi anza interna en que la
capacidad de entender cabalmente el movimiento de la realidad permite
posicionarse en su fl ujo para que los objetivos personales correspondan
con ella y se los obtenga sin esfuerzo indebido.
Si examinamos el trasfondo histórico de esta descripción, en realidad
estamos hablando de la fusión de dos íconos: del estoico y del discreto.
En la tradiciones políticas más antiguas de la Modernidad, el discreto
es aquel consejero que asiste a la autoridad en el gobierno revelando
sensatez de juicio, tacto, ponderación, oportunidad y don retórico en la
expresión, en la acción, agudeza e ingenio, buen control y lucimiento
en la voz y en la presencia física, conjunto tal de sabiduría que sólo
puede emanar de una instalación rotunda y equilibrada en la dinámica
de lo real.
Estas premisas en cuanto a la personalidad del gobernante conforman
una estética del Estado de derecho porque señalan las condiciones
mínimas y básicas para restituir estabilidad, proyección futura y seguridad
al ordenamiento simbólico con que experimentamos la autoridad en
las rutinas cotidianas. Este mínimo de condiciones invalida la vigencia
inmediata de una sensibilidad social sublime ya que la proyección y
acción de la personalidad del discreto suspende la crisis traumática del
entendimiento, de la imaginación y de la representación de la experiencia.
Lo sublime queda ahora relegado al testimonio como forma de
elaboración de las consecuencias culturales de traumas individuales y de
grupos antes ocultos. Es obvio que de ninguna manera lo sublime pierde
importancia como acervo para la memoria histórica. Sin embargo, en la
narrativa de un discreto pierde su masividad descomunal y agobiadora.
En su narración un discreto lo puede someter a ese juicio y evaluación de
«ecuanimidad, calma lúcida, distanciamiento y perspectiva objetiva».
A pesar de ser mínimas, en La ley es más fuerte Rodríguez Elizondo
demuestra la extraordinaria efectividad crítica de las premisas ya discutidas.
Allí las usa para analizar e interpretar la signifi cación cultural del
encarcelamiento del ex-Director de la DINA, general Manuel Contreras,
y de su Jefe de Operaciones, el brigadier Pedro Espinoza, en octubre
de 1995. En mayo de ese año la Corte Suprema había confi rmado la
sentencia de siete y seis años de presidio dictada contra ellos por el Mi-
nistro Adolfo Bañados por su participación en el asesinato en Washington,
D.C., de Orlando Letelier del Solar, ex-Ministro del Interior y ex-Ministro
de Defensa durante la presidencia de Salvador Allende y ex-embajador
de este gobierno ante Estados Unidos.
Lo extraordinario del análisis de Rodríguez Elizondo está en que,
con los criterios éticos, legales y profesionales indicados propone un
diálogo cuerdo con las Fuerzas Armadas para reestablecer una articulación
profesional y de derecho con el gobierno democrático. En los
argumentos de Rodríguez Elizondo no se encuentran epítetos contra los
militares por sus crímenes pasados. En buena medida acepta y respeta
las afi rmaciones castrenses de que eliminar a Orlando Letelier era una
medida de precaución válida para la seguridad del gobierno militar. Pero,
a partir de allí, los interpela con calma, sangre fría e ironía pedagógica
por la brutal incompetencia con que llevaron a cabo la operación encubierta.
Desnuda los increíbles errores de la dirigencia de la DINA en
ese operativo, demostrando que tras su inefi ciencia había una corrupción
tan profunda de la jerarquía militar y una concepción tan irracional de la
actividad política que el Comandante en Jefe del Ejército, capitán general
Augusto Pinochet, no tenía otra opción que la de respetar la resolución
de la Corte Suprema y castigar a un colaborador cercano para preservar
el orden constitucional que él mismo creara.
Se trata de un procedimiento audaz y riesgoso, de difícil equilibrio
por cuanto la mesura del lenguaje necesario para la ocasión no permite
que las claves estratégicas sean del todo claras y evidentes. Una lectura
descuidada del ensayo podría fácilmente concluir que lo anima un oportunismo
tecnocrático amoral. Como lo ilustraron las tribulaciones de FASIC
en los primeros años del régimen militar, este tipo de malentendimiento
no puede descontarse. No obstante, es posible discernir meridianamente
que Rodríguez Elizondo ha invertido los términos predominantes
hasta ahora en la representación de lo sublime. La distorsión de las
funciones de la conciencia ya no residen en una Izquierda victimizada,
que de algún modo debe elaborar las consecuencias de su trauma. La
disfuncionalidad está en un Ejército que todavía se ampara en el mito
de que los vencedores son los que escriben la historia y, por tanto, no
necesitan rendir cuentas por sus actos. Rodríguez Elizondo arguye más
o menos subliminalmente que el mantenimiento de un Estado de derecho
es cuestión estrictamente profesional, para lo cual se necesita una cuota
apropiada de competencia. En la medida en que el Ejército no ha podido
desarrollar ese profesionalismo, sus representantes no son interlocutores
válidos en las negociaciones intraestatales. Por tanto, ponen en peligro
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