Política cultural de la memoria histórica - Institute for the Study of ...

VERDAD SIN JUSTICIA
Hacia el futuro se abre la tarea de crear «políticas culturales de
la memoria histórica» para Chile, de manera que las nuevas generaciones
tengan los parámetros imaginarios para entender la convulsiva
experiencia humana precipitada a partir del 11 de septiembre de 1973.
Este trabajo intenta una contribución desde el campo de estudio de los
discursos culturales. Apoya sus interpretaciones en la objetividad de juicio
que proporciona el Derecho Internacional de Derechos Humanos, tanto
en tiempos de paz como de confl icto armado.
En virtud de este fundamento no consideraré las posturas ideológicas
que hasta ahora han predominado al discutir la situación de los Derechos
Humanos en Chile. No arguiré sobre la legitimidad o ilegitimidad de los
gobiernos de la Unidad Popular y de las Fuerzas Armadas; no culparé a
los militares por haber eliminado a muchos de sus supuestos enemigos
declarando en Chile un estado de guerra; no volveré a la conmiseración
melodramática por una Izquierda vencida, doliente y victimizada. Aceptaré
los argumentos justifi catorios de su acción tanto del gobierno militar
como de la oposición marxista y no marxista, así como los de la Iglesia
Católica. No obstante, evaluaré su acción concreta de acuerdo con las
normas fi jadas para todas las «naciones civilizadas» por las Naciones
Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y las
Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. Aun en situaciones
de máximo peligro para la seguridad de un Estado, el Derecho
Internacional demanda que se respete el derecho a la vida; se prohibe
la tortura u otros tratamientos inhumanos y degradantes; se prohibe la
esclavización y la servidumbre; se prohibe la condena retroactiva por
fi guras criminales anteriormente inexistentes (1).
Defi nir los términos «política cultural» y «memoria histórica» será la
tarea de los argumentos que siguen. Por el momento, como referente
preliminar, defi no la actividad política como los esfuerzos individuales,
hechos primordialmente desde la esfera privada, desde la base social, la
Sociedad Civil, con independencia del Estado, para encontrar las temáticas
apropiadas, los fundamentos teóricos y metodológicos y los canales
de comunicación adecuados para universalizar una conciencia crítica en
torno a la situación de los Derechos Humanos en una nación.
Es imperativo elaborar «políticas culturales de la memoria histórica»
desde la esfera privada porque todo parece indicar que en Chile no
habrá justicia efectiva por esas violaciones. La primera indicación ofi cial
de esto fue el Informe Rettig (1991), publicado por la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación. En él se demostró la voluntad de separar
dos términos que, en condiciones de normalidad institucional, serían
inseparables -verdad y justicia. Aunque con limitaciones, el término verdad
quedó razonablemente expuesto al cumplirse el Artículo Primero del
Decreto Supremo Nº 355 del 25 de abril de 1990 que creó la Comisión
(2). En él se encargaba la investigación de «las situaciones de detenidos
desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que
aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de
sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros
y atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo
pretextos políticos». El Artículo Segundo usó lenguaje rotundo para
erradicar la justicia de esta investigación, afi rmándose que en «caso
alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de
los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos.
No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que
con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los
hechos de que haya tomado conocimiento [...] Si en el ejercicio de sus
funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revisten
caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal
que corresponda» (pp. VIII-IX).
Obedeciendo estas directivas, el Informe Rettig describió la lógica
y los procedimientos represivos del régimen militar, pero no nombró a
los funcionarios responsables. Con esto la verdad descubierta se hizo
controversial, puesto que todavía ejercían en sus cargos magistrados
cuyos fallos consistentemente validaron las ilegalidades del gobierno
militar en la represión de sus oponentes. A esto se agrega el hecho de
que, hasta ahora, el Parlamento no ha actuado para derogar la Ley de
Amnistía de 1978. Esta ha sido usada para sobreseer la mayoría de los
juicios contra miembros de las Fuerzas Armadas que violaron derechos
de personas en actos de servicio. También debe considerarse el poder
exclusivo -y obviamente parcial- de las Fiscalías Militares para ver las
causas que involucran a personal castrense.
11 12