Informe central - Prensa Red

Vitín Baronetto, Carlos Gonella y Carlos Vicente, fuera de la sala de audiencias.
el que mejor ilustró lo que desde hace un tiempo
se define como “dictadura cívico-militar”.
A fines de agosto, el juez federal de La Rioja
Daniel Herrera Piedrabuena ordenó detener en
la cárcel de Bouwer a los ex jueces Miguel Angel
Puga y Carlos Otero Alvarez –uno de los que
dictó la primera condena a Menéndez– y al ex fiscal
Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales
Luis Molina y Ricardo Haro les concedió el beneficio
de la prisión domiciliaria. Dos meses después,
procesó a Otero Alvarez por “encubrimiento”,
a Puga y Cornejo por “incumplimiento de la
obligación de promover acción penal” y sobreseyó
por falta de mérito a Molina y Haro (aunque el
fiscal Carlos Gonella adelantó que apelará los sobreseimientos).
A los procesados, el juez los acusa
de pretender “asegurar la impunidad de los autores
de aberrantes delitos con su inactividad”.
La conmoción en la torre del Parque Sarmiento
fue directamente proporcional al esfuerzo realizado
por los querellantes, el ex preso político
Luis Miguel Baronetto y sus abogados Rubén
Arroyo y Miguel Ceballos –hijo de una de las
víctimas de la UP1–, para sostener esta denuncia
presentada en septiembre de 2007.
A partir de que la jueza Cristina Garzón de
Lascano la separó de la instrucción de la causa
UP1, siguió un intrincado derrotero, en el que
dos jueces y cinco fiscales debieron apartarse, algunos
por “amistad íntima” o por adelantar opi-
UMBRALES - CRÓNICAS DE LA UTOPÍA - 17
nión y otros recusados por “decoro” o por favorecer
a los imputados. El caso parecía destinado
a languidecer por vencimiento de plazos procesales
o “punto final biológico”, hasta que fueron designados
como juez y fiscal “subrogantes” Herrera
Piedrabuena y Gonella, quienes se mostraron
ajenos a los compromisos de la “Sagrada Familia
Judicial” y reactivaron la investigación.
Para Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal
que coordina los juicios de derechos humanos,
“Córdoba ha dado un gran paso, que marca
un punto de inflexión y pone a la luz del sol
lo que realmente ocurrió en aquellos tiempos”.
Pero también alerta: “Las estrategias de impunidad
del sistema judicial seguramente va a seguir
operando como gran cepo para el avance de estas
causas. Hay que avanzar en las investigaciones
sin ningún tipo de miramientos ni privilegios
para nadie”.
Ya el juicio de la UP1 había revelado la complicidad
de la Iglesia Católica con aquellos crímenes.
Si se concreta, el proceso a los magistrados seguramente
mostrará por qué –como dice el auto de
procesamiento– no cumplieron con “el rol exigible
a quienes ocuparon tan altas magistraturas y funciones,
que no era otro que asegurar la vida, la integridad
y la dignidad de las personas”. n
*Periodista. Escribe en las revistas El Sur y El
Avión Negro.