Informe central - Prensa Red

72 - UMBRALES - CRÓNICAS DE LA UTOPÍA
Por Juan
Federico*
Un Código que
está en Falta
A las detenciones arbitrarias se le suma la nueva Ley de Trata que, bajo una tónica efectista, cambia
luces rojas por más clandestinidad. Otra vez: jóvenes, pobres y putas ante el atropello policial.
Durante sus primeros meses en su
tercer período como el jefe político
máximo de los cordobeses, José
Manuel de la Sota, a contramarcha
de los reclamos de los sectores populares
organizados, en lugar de derogar (o reformar)
el impresentable Código de Faltas provincial,
que deja la puerta abierta a la Policía para
que trabaje de la peor manera, lo potenció.
Cuando en febrero dio inicio a las actividades
de la Legislatura, anunció: “No se puede andar
tirando bombas de estruendo en la cara de la gente,
tampoco se puede andar dañando la propiedad
pública o privada (…) La Constitución no autoriza
el daño y muchos menos la violencia. Los
cordobeses estamos hartos de la violencia”. Y
propuso sancionar a quienes tiren bombas de estruendo
o quemen cubiertas en manifestaciones
de protesta.
Claro que de las causas de esas marchas nada
mencionó.
Poco después, en marzo, anunció un mega
combate contra la trata de personas y el narcotráfico.
Mientras que en el segundo punto se
propuso que la justicia provincial se hiciera cargo
del “narcomenudeo” (¿de qué sirve cerrar un
“quiosco” de expendio de drogas si la cadena que
lo hizo posible permanece intacta?), para que los
fiscales y jueces federales se preocupen sólo en
perseguir a los “narcos gordos”, pasó un tanto
desapercibido que el supuesto combate contra la
trata de personas sólo se trataba de otra reforma
al Código de Faltas, con más artículos y mayor
competencia para la Policía.
La nueva ley 10.060 de “Lucha contra la trata
de personas” se superpone con otras dos leyes
más completas y que existen desde hace décadas.
En Argentina está permitida la prostitución, pero
no la explotación del trabajo sexual ajeno.
Desde 1932, hace 80 años, está vigente la ley
de profilaxis Nº 12.331, que prohíbe el proxenetismo
y es de competencia de la justicia de cada
provincia. Prohíbe la existencia de “casas de tolerancia”
y reprime a los que las sostengan, administren
o regenteen. Sin embargo, los prostíbulos,
“whiskerías” y locales en los que los proxenetas
se quedan con una tajada de lo que recaudan con
el trabajo sexual de las mujeres, jamás cerraron.
¿Qué pasó? Estos lugares cambiaron de nombre,
apelaron a distintos eufemismos y funcionaron
como prostíbulos con la anuencia de las autoridades
políticas, judiciales y policiales.
En abril de 2008, el Congreso Nacional aprobó
la ley 26.364, que tipificó el delito de trata de
personas como de competencia federal e impuso
severas penas para aquellos que esclavicen
personas (sexual o laboralmente), ya sea por la
fuerza, por engaño y/o aprovechándose de la vulnerabilidad
de la víctima.
Ahora, con la última ley provincial, se intenta
ordenar lo mismo que está legislado hace casi
80 años: que cierren los prostíbulos en los que