Informe central - Prensa Red

Con esa manía posmoderna por la
abstracción de los símbolos que tan
eficazmente utiliza la publicidad capitalista
–inaugurada, en un mundo
globalizado y dependiente, por el Imperio
con el 11S–; en nuestro país el 7D es identificado
por los propagandistas oficiales y paraoficiales
bajo una especie de “Ábrete Sésamo” de
la comunicación en la Argentina. Pareciera que
todo está por ocurrir a partir de entonces, como
si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
hubiera nacido de un repollo.
En medio de tanta vocinglería, olvidan mencionar
que esa ley sancionada en 2009 fue laboriosamente
construida ladrillo sobre ladrillo por
los trabajadores de la prensa y la comunicación
junto a organizaciones sindicales, sociales, académicas
y culturales con mucho vigor desde el
retorno de la democracia. Para nosotros, los trabajadores,
siempre ha sido un imperativo ético y
de conciencia en el ejercicio cotidiano y colectivo
de la memoria de nuestros 30 mil desaparecidos,
exigir la derogación del Decreto-Ley de
Radiodifusión de la tiranía oligárquico-militar
firmado con las manos manchadas de sangre de
Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Una
vez aprobada la nueva legislación antimonopólica
y de democratización del mensaje comunicacional,
sólo queda del andamiaje del estatuto
del coloniaje neoliberal la Ley de Entidades Financieras,
que sigue garantizando a los bancos
ser los grandes ganadores del modelo a costa de
chuparle la sangre a nuestro pueblo.
Un espectro finito
El empeño por reclamar una nueva Ley de Radiodifusión
fue mucho más enérgico luego de la
crisis de 2001 y concluyó con la redacción de los
21 Puntos para una Radiodifusión Democrática
en 2004, cuando todavía el Gobierno Nacional
y el monopolio Clarín vivían la luna de miel de
una sociedad plagada de jugosos negocios que se
consumaba –según confesiones de la mismísima
Presidenta– en habituales ágapes servidos en la
Quinta de Olivos donde concurría como invita-
UMBRALES - CRÓNICAS DE LA UTOPÍA - 83
do especial el hoy demonizado Héctor Magnetto,
hombre fuerte de la “Corpo”.
Pero vayamos por partes. La Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual, que insólitamente
todavía no se aplica, está únicamente dirigida
a regular las licencias de radio y televisión, propiedad
del Estado. Es decir, ocupan el espectro
radioeléctrico que, como todo el mundo sabe, es
finito. Esto significa que no atañe ni a los medios
gráficos, ni a Internet ni a ningún otro que no
tenga como soporte el audiovisual. Ahora bien,
el Gobierno demoró ocho meses en reglamentar
la nueva ley. Ningún vocero gubernamental ha
podido explicar por qué, si se trata de una norma
de tanta trascendencia, hubo semejante mora en
dictar y aprobar su reglamentación.
La verdad es que la ley está vigente y con posibilidad
de ser aplicada desde su sanción. No se
lo hace por dos motivos: Por un lado, por la férrea
oposición de la prensa hegemónica que utiliza sus
bien aceitados contactos con el mundo político,
empresario, judicial y cultural para llevar adelante
un intensa campaña de acción psicológica
contra la nueva legislación. Por el otro lado, es
insoslayable la responsabilidad del Gobierno. No
hubo voluntad política para llevarla a la práctica
y ahora juega todas sus fichas a esta especie de
finalísima en que se ha convertido el apocalíptico
7D. Bueno es recordar que sólo están judicializados
dos artículos referidos a la adecuación de los
monopolios.
En sala de espera
A quienes nos interesa destacar el avance que
implica que el 33 % de las frecuencias queden en
manos de organizaciones libres del pueblo sin fines
de lucro, compartiendo proporciones en partes
iguales –aunque asimétricas– con los medios
públicos y las empresas capitalistas, tenemos que
subrayar que hace tiempo que se podrían haber
solucionado los problemas de esa franja, la más
vulnerable y, paradójicamente, la más importante
en una estrategia de poder popular. El Estado debía
elaborar, en 180 días, un Plan Técnico. No lo
hizo. Tenía que realizar un censo. No lo hizo. Así
Por Juan
Carlos
Giuliani*