Informe central - Prensa Red

Entre el dicho y
el hecho
miedo, mi marido está
libre”. La frase, dicha por
una mujer ante las cámaras
de televisión donde acude pa-
“Tengo
ra acusar a su pareja de agresiones
físicas visibles, es una cachetada que nos
marca la distancia que hay entre el dicho y el hecho.
Porque por un lado, Argentina cuenta con leyes
específicas que abordan la violencia de género
y por el otro, no hay muchos sitios del territorio
nacional en los que se aplique.
Es usual que el hombre denunciado de agredir
a su pareja o ex pareja sea imputado por “lesiones
leves”; delito tipificado por el Código Penal
para aplicarlo cuando se infringe un daño que no
requiere más de 30 días de curación. Sin embargo,
hay una herramienta legal que debería garantizar
otro tratamiento para las mujeres víctimas
de violencia. Se trata de la Ley Nacional 26.485,
aprobada en marzo de 2009, en la que define a
la violencia de género como “toda conducta, acción
u omisión que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como en le privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte
su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, como
así también su seguridad personal”. Y agrega que
“quedan comprendidas las –acciones- perpetradas
desde el Estado o por sus agentes”.
Además, esta normativa establece una serie de
procedimientos que deberían garantizar la seguridad
de las mujeres, hecho que la realidad demuestra
que no se cumple. Por ejemplo, garantizan
el derecho a que el juez reciba a la mujer
agredida, que el trámite judicial sea gratuito, independientemente
de la condición económica de
la mujer y que, tras la denuncia, la Justicia debe
otorgar protección judicial urgente y preventiva.
¿Esos derechos quedan garantizados cuando
imputan al agresor por lesiones leves?.
UMBRALES - CRÓNICAS DE LA UTOPÍA - 69
La existencia de leyes progresistas que abordan la violencia de género, no garantiza su aplicación
en todos los juzgados del país. El andamiaje legal solo no es salvaguarda para prevenir un drama
que hoy se manifiesta a gritos. Llueven las denuncias, faltan las garantías.
Convención de
Belem do Para
D esde 1996, rige en Argentina con rango constitucional
la Convención de Belem do Para (Brasil,
1994), en la que afirma que “la violencia contra
la mujer constituye una violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y limita
total o parcialmente a la mujer el reconocimiento,
goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, a la
par que compromete a los Estados que la ratificaron,
generar acciones públicas para que se garanticen
esos derechos.
Natalia González, abogada del Consejo Provincial
de la Mujer, explicó que la ley 26.485 “le
da facultades al Juez para tomar medidas cautelares
como la restricción del domicilio o la exclusión
del violento, entre otras” y aclaró que el delito
que surja de la acción violenta es el que se eleva
a la Fiscalía para su investigación. “Es decir,
no existe el delito, tipificado en el Código Penal,
de violencia de género. Existe el acto de
violencia, lo que puede conllevar a un delito,
como el de lesiones leves u otros más severos”,
agregó al explicar las razones por las que no se
puede imputar al agresor por esa ley.
En la provincia de Córdoba existe, además,
otra normativa: la Ley 9.283 sobre violencia familiar
que protege no sólo a la mujer sino a quien
sea víctima de las agresiones domésticas.
En definitiva, las acciones que marca la ley sobre
violencia, apuntan más a la prevención y concientización
que a la punición, porque solo habilita
a la aplicación de las medidas cautelares y no
incorpora al Código las penas que puede sufrir el
agresor. Igual, su aplicación permitiría garantizar
a la mujer que una vez que denuncia, pueda vi-