Informe central - Prensa Red

70 - UMBRALES - CRÓNICAS DE LA UTOPÍA
Género
vir en paz y con los recursos para autovalidarse.
Pero aquí, hay otra cachetada que nos vuelve
a marcar la diferencia entre el dicho y el hecho.
¿Quién hace cumplir la restricción? Supuestamente,
los agentes públicos policiales ordenados
por la Justicia. Sin embargo, en los hechos,
esto no es así.
Se sabe que a partir de la visibilización de la
violencia de género, muchas mujeres se animan
a denunciar situaciones que viven en el ámbito
doméstico. Una vez conseguida la restricción, no
cuentan con el apoyo económico para volver a
empoderarse de su vida ni con el apoyo judicial
para garantizar que el agresor no se acerque.
“Cuando pedís que te garanticen, por ejemplo,
un hotel para la mujer que no puede volver a su
casa por el riesgo que implica, te dicen que no
hay presupuesto. Es que los programas de violencia
familiar dependen del Ministerio de Desarrollo
Social y no del Ministerio de Justicia”,
agregó González.
“Esta situación hace que muchas vuelvan con
el agresor, porque quedan como las únicas responsables
para sostener la denuncia, la restricción
o la exclusión. Y después que una mujer ha
vivido años de maltrato, es difícil sostener esa
posición si no hay acompañamiento”, concluyó.
Pese a la falta de operatividad, la ley es un
avance en materia de reconocimiento de un problema
restringido por siglos al ámbito doméstico.
De esta manera, la visibilización anima a muchas
a la denuncia, lo que es un primer paso. Pero sin
las garantías que debe proporcionar el Estado, la
denuncia por sí sola no alcanza para liberar del infierno
de la violencia a personas de todas las clases
sociales y ámbitos geográficos que, a fuerza
de golpes, insultos o presiones económicas, horadaron
su autoestima; y pese a todo quieren dar los
pasos para volver a ser y sentirse mujeres. n
*Periodista. Redactora de El Diario de Villa
Maria
Perpetua por
femicidios
A l cierre de esta edición de Umbrales, Diputados
aprobaba por unanimidad la ley que castiga
los crímenes de género, que incluye a mujeres
y a personas trans. La pena es prisión perpetua,
mayor que la condena por homicidios –entre 8 y
25 años-, pero mantiene el mismo criterio que en
los casos en que el asesinato tiene el agravante
de tratarse del cónyuge. Sin embargo, el femicidio
no aparece como figura penal autónoma en el Código
Penal sino que se lo considera un agravante
en la pena cuando el homicidio sea de una mujer
o persona trans.
Tipos de
violencia
La ley 26.485 no restringe la
violencia a su manifestación
física o agresiones directas sino
que establece cinco tipos de
violencia:
Física: es la que se emplea
contra el cuerpo de la mujer
produciendo dolor, daño o riesgo
de producirlo.
Psicológica: La que causa daño
emocional y disminución de la
autoestima degradando a la mujer
mediante amenazas, acoso,
hostigamiento, manipulación,
insultos o restricción al derecho
de circulación, entre otros.
Sexual: Acción que vulnera, con
o sin acceso genital, el derecho
de la mujer a decidir sobre la
vida sexual o reproductiva.
Económica: Toda acción dirigida
al menoscabo de los recursos.
Incluye los ardides para disminuir
el patrimonio de las mujeres
y también define como violencia
económica a “la percepción de
un salario menor por igual tarea
dentro de un mismo lugar de
trabajo”.
Simbólica: La que a través
de patrones estereotipados,
mensajes, valores, íconos o
signos, trasmita y reproduzca
dominación, desigualdad y
discriminación, naturalizando la
subordinación de la mujer en la
sociedad.