3 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

La implantación de este nuevo sistema está prevista para 1..998, previo la normalización de
los correspondientes acuerdos con los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
ALEGACIONES AL ANEXO 7. INMOVILIZADO E INVERSIONES REALES
En este anexo se señala que la Diputación Foral de Gipuzkoa no registró como gasto 771
millones de pesetas correspondientes a las obras de los enlaces de Antzizar-Gabiria y Ventas
de Irún, que fueron ejecutadas en 1996.
Efectivamente, se trata de certificaciones que se extendieron por obra ejecutada
anticipadamente por el contratista excediendo del importe de las anualidades fijadas en el
contrato.
El artículo 144 del Reglamento General de Contratación, que entendemos vigente, contempla
estos supuestos al señalar que en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe
de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo anterior desde la fecha de su
expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberían de producirse, por lo que consideramos
que se ha actuado correctamente.
Respecto al proceso de adquisición de los terrenos afectados debe manifestarse que el
sistema de trabajo que se requiere para ello está basado en el "procedimiento de urgencia"
establecido en la legislación vigente, procedimiento que permite obtener la disponibilidad de
los terrenos con anterioridad a su valoración y abono.
También hay que considerar que en la determinación del importe de una expropiación
inciden tanto las voluntades de los propietarios afectados como las resoluciones de un órgano
ajeno a la Diputación Foral, como es el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa, lo que da
lugar a modificación de las previsiones iniciales y desviaciones presupuestarias. Por otra
parte, los procesos de expropiación pueden prolongarse más de un año por diversas razones
ajenas al organismo expropiante y no se puede determinar a priori qué volumen de pagos se
van a efectuar en uno u otro año.
Finalmente, hay que considerar que durante la ejecución de los proyectos se producen
incidencias que dan lugar a disminuciones o ampliaciones de terrenos a expropiar, que exigen
una rápida respuesta en la gestión de nuevos terrenos, gestión que podría verse bloqueada si
se viera constreñida a la existencia de una partida presupuestaria cerrada que exigiera la
tramitación de transferencias o habilitaciones de crédito, con el consiguiente problema de
paralización de obras por interposición de interdictos.
Por todo lo expuesto, estimamos que el procedimiento que se sigue en la actualidad es el
correcto.